Las instituciones carecían de infraestructura para ejecutar los contratos de servicios, por lo que subcontrataron a decenas de empresas –algunas de ellas no localizables– y entregaron casi 90% de los contratos por 700 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó este fraude en varias universidades del país desde 2011 y el esquema explotó mediáticamente en 2017 al conocerse la investigación periodística llamada La Estafa Maestra. Pese al escándalo, esa metodología continuó aplicándose en Veracruz.
De acuerdo con una investigación de AVC Noticias y CONNECTAS, el patrón que inició el gobierno del PRI se repitió con el PAN y continuó con Morena. Hoy se sabe que las instituciones educativas utilizaron una red que incluye la subcontratación de 30 empresas.
Al menos 15 de las 30 sociedades que debían ejecutar esos contratos millonarios no pudieron ser localizadas en sus domicilios fiscales –carecen de oficinas debido a que se manejan de manera virtual–; otras desaparecieron tras recibir los contratos. Tres de esas empresas también fueron señaladas por firmar contratos fraudulentos con las universidades públicas de Sinaloa y Campeche.
Las auditorías detectaron la firma de contratos fraudulentos por 190 millones de pesos durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), hoy preso por delincuencia organizada.
Durante la administración de su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), se detectaron 18 contratos por más de 596 millones de pesos. Y en el actual gobierno del morenista Cuitláhuac García se firmaron dos contratos que superan los 95 millones de pesos.
Los ITS de Perote, Alvarado, Poza Rica, Tantoyuca, el denominado Juan Rodríguez Clara, Pánuco, Cosamaloapan y la UPH utilizaron la misma red de empresas durante varios años para desarrollar servicios tan diversos como: talleres, servicios tecnológicos, servicios de gestión administrativa, calibración de equipo de laboratorio, asesoría jurídica, entre otros.
Un viejo esquema operativo
Entre las dependencias involucradas destaca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que firmó contratos con los ITS de Alvarado, Cosamaloapan, el denominado Juan Rodríguez Clara, Panuco, Perote y la Universidad de Huatusco por más de 340 millones de pesos.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios firmó contratos con los ITS de Cosamaloapan y Tantoyuca por 98 millones de pesos; Diconsa registró contratos por 150 millones de pesos con los ITS de Cosamaloapan y Poza Rica; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano figura en este esquema con contratos por 50 millones pesos.
Otras dependencias que entregaron contratos en Veracruz son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Nacional Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
En la mayoría de los casos no existe documentación que compruebe o justifique si los servicios contratados fueron ejecutados o si los entregables tenían deficiencias o sobrecostos de hasta 200% y las propias dependencias federales alegaron inexistencia de los servicios.
Las auditorías forenses evidencian el patrón sistemático que siguieron los ITS: recibían contratos plurianuales vía adjudicación directa, subcontratación de terceros en más de 49%, violentando la ley de adquisiciones; empresa sin activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, lo que significó también costos por encima del mercado. En algunos casos recibieron los recursos y 24 horas después transfirieron el dinero a cuentas bancarias de las empresas.
También detectaron que algunos subdirectores administrativos de los ITS a cargo de las cuentas bancarias que conocían el esquema de contratación permanecieron en sus puestos durante varios años en los gobiernos del PRI, PAN y Morena. Y aunque algunos fueron inhabilitados o apercibidos por diversos desvíos, continuaron firmando estados financieros hasta 2021.
En Veracruz hay 21 institutos tecnológicos y tres universidades técnicas que dependen de la Secretaría de Educación del estado. Para mantenerse reciben recursos federales y una aportación estatal. El director es nombrado por el gobernador y el órgano máximo de estos organismos es una junta directiva encabezada por ocho miembros, que preside el titular de Educación en turno.
Durante estos años, cuatro secretarios de Educación presidieron las juntas sin detectar el esquema: Flavino Ríos y Xóchitl Adela Osorio, durante la gestión de Javier Duarte; Enrique Pérez, en la de Miguel Ángel Yunes, y Zenyazen Escobar, durante la de Cuitláhuac García.
Para esta investigación se buscaron entrevistas con tres de ellos, incluso se enviaron cuestionarios a sus enlaces de prensa. Hasta el cierre de edición sólo Enrique Pérez, secretario de Educación durante la gestión de Yunes, respondió que no haría comentarios.
La punta del iceberg
La UPH firmó entre 2017 y 2018 para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Indaabin le adjudicaran de forma directa cinco contratos por 119 millones de pesos para la prestación de servicios técnicos y administrativos.
La universidad subcontrató a tres empresas para realizar los servicios: GN Plataforma Empresarial y Negocios, S.A. de C.V.; Financiera Obrera Mexicana, S.A. de C.V., y Lireyont, S.A. de C.V., y les transfirió 110.3 millones de pesos, que representan 93.9% del recurso público federal que había recibido.
Esas firmas, a su vez, entregaron los recursos a otras 13, algunas de las cuales no pudieron ser localizadas. En el caso de GN Plataforma Empresarial –cuyo socio principal es Gabriel Terán, quien trabaja en un despacho contable en una oficina de 20 metros cuadrados–, transfirió el dinero a Servicios y Consultoría empresarial Thunder, S.A. de C.V., una empresa creada dos meses antes; ésta entregó los fondos a otras cinco firmas.
Financiera Obrera Mexicana, S.A. de C.V., creada en Acapulco en 2015 y disuelta en septiembre de 2019, subcontrató a la empresa Comercializadora RAH, S.A. de C.V. –creada en 2017–, para la realización de los servicios.
Lireyont, S.A. de C.V., también trianguló el dinero con depósitos a otras cinco empresas, todas relacionadas con dos personas: Iveth Reyes Mireles y Adán García Jiménez. En el domicilio que esta sociedad registró en los contratos, ubicado en un edificio, una mujer contestó que esa empresa no tenía ahí sus oficinas; dijo que ella sólo recibe la correspondencia de la empresa.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la ASF constataron en auditorías de las cuentas públicas correspondientes a 2017, 2018 y 2019 que no hay evidencia física o constancia de que los trabajos se hayan realizado.
El entramado
Eduardo Carreón, exlíder del Partido Nueva Alianza, fue rector de la UPH de noviembre de 2015 al 16 de febrero de 2018, cuando fue destituido. Él firmó tres contratos con dependencias federales.
Carreón asegura que la firma de convenios entre ITS y la administración pública federal era conocida entre los directores. Relata que él asistió a un desayuno en la Ciudad de México donde se explicó la operación. La reunión fue convocada por el entonces director del ITS de Pánuco, Adrián Medina.
A esa reunión acudieron también los brokers o despachos que no eran parte de la administración pública federal, pero estaban ligados de alguna forma a las dependencias. Ellos se encargaron, según Carreón, de explicar el funcionamiento y los porcentajes de los recursos; incluso se habló de cobrar el porcentaje completo en efectivo o “por fuera”.
Cercano a Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Carreón fue cesado como rector de la UPH el 15 de febrero de 2018. Dos días después los depósitos de los contratos que firmó fueron depositados a la cuenta bancaria de la universidad.
“Eso me salvó; me pueden señalar de firmar los contratos pero no de ejercer el dinero. Cuando eso pasó, yo no era funcionario”, dice.
Adrián Medina, por su parte, confirma en entrevista que organizó las reuniones como contacto para informar de los contratos con la administración pública federal. “Era el enlace nada más, pero ya las cuestiones las platicaron los directores o rectores con los titulares de las dependencias”. Se negó a abundar sobre el asunto.
Fraude en el gobierno de la honestidad
Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, dice que este modus operandi fue detectado en varios de los informes individuales de fiscalización y por ello se han interpuesto al menos tres denuncias por el desvío de 134.4 millones de pesos.
En una breve reunión con esta reportera, reconoció que hay fallas en los órganos internos de control de los ITS para detectar la utilización de empresas factureras sin estructura que simulan la realización de contratos.
Asegura que el esquema no se repite en el gobierno de Morena que encabeza Cuitláhuac García, aunque admite que hay observaciones en proceso de solventación.
Pero las auditorías evidencian que el gobierno de Cuitláhuac García, quien ha tomado la bandera de honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo subcontrataciones que lo ligan con la empresa Lireyont, S.A. de C.V., utilizada en el pasado.
Entre 2019 y 2020 el Instituto Tecnológico de Perote recibió 92.4 millones de pesos de dos contratos con el Indaabin, para talleres y cursos especializados en avalúos.
Al no contar con la capacidad técnica para llevarlos a cabo, el instituto subcontrató a la empresa Active Promotions, S.A. de C.V., creada siete meses atrás, y le transfirió 90.1 millones de pesos.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Active Promotions, S.A. de C.V., se constituyó en mayo de 2018 y su objeto social principal es la prestación de servicios de mercadotecnia, pero en diciembre de ese año –los días previos a la firma del contrato con el ITS– modificó su actividad económica a “suministro de personal permanente”.
Esta investigación comprobó que la empresa fue registrada ante el Servicio de Administración Tributaria por Iveth Reyes Mireles, quien en enero de 2020 creó, junto a Adán García Jiménez, la empresa Servicios Administrativos SAVSE, S.A. de C.V.
Reyes Mireles y García Jiménez están vinculados con la creación de cinco empresas parte de esta red, como Lireyont, S.A. de C.V., utilizada anteriormente por la UPH; el ITS de Alvarado y también el Juan Rodríguez Clara, en el puerto de Veracruz.
Los entregables que comprueban los servicios del contrato tienen varias inconsistencias; por ejemplo, el ITS no presentó evidencia documental que ampare la contratación, según consta en auditorías.
En contratos públicos, Active Promotions, S.A. de C.V., declaró un domicilio fiscal ubicado en Puebla, donde se rentan oficinas virtuales.
Reportaje publicado en la edición 2373 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO/AVC NOTICIAS/CONNECTAS.
AUTOR: /FLAVIA MORALES.
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