Este medio publicó ayer que el Ejecutivo estatal sacó en efectivo y con destino desconocido esa suma millonaria de recursos públicos —que debieron haberse invertido en seguridad, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de los más pobres—, a través de compañías de traslado de valores, cheques y empresas fantasma.
En total, son ocho las empresas que recibieron el dinero público que, tras triangularlo entre ellas, acabó convertido en efectivo antes de desaparecer, de acuerdo con una investigación federal realizada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas empresas estaban legalmente constituidas al momento de recibir los recursos, pero solo en papel, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) demostró que en realidad nunca contaron con la infraestructura necesaria para dar servicios. Mientras tanto, sus dueños tienen las características usuales de prestanombres: son personas de escasos recursos que dijeron desconocer estar registradas como accionistas de compañías que recibieron cientos de millones del erario.
En paralelo a las investigaciones de las autoridades federales, este medio hizo una revisión en el Registro Público de Comercio de las ocho razones sociales y comprobó que forman una red, pues comparten un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, un abogado de 54 años cuya dirección lleva hasta la colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
—Yo no tengo nada que ver con esas empresas —respondió en cuanto se le preguntó por las compañías que obtuvieron más de mil millones de pesos del gobierno de Chiapas y que él mismo liquidó de manera casi simultánea los días 19 y 20 de junio de 2020.
Estas sociedades dejaron constancia por escrito de que el motivo de la disolución fue la falta de ingresos, a pesar de que, por ejemplo, Comercializadora TGZ obtuvo más de 800 millones de pesos en 2018 del erario chiapaneco.
—Usted aparece en documentos públicos como el apoderado legal que liquidó todas estas empresas —se le planteó.
—Sí, pero yo no tengo nada que ver. A mí ya me revocaron de todo.
—Lo que sucede es que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT. Por ejemplo, Comercializadora TGZ fue boletinada el 22 de febrero de 2021; Comercial Abastecedora Chloe, el 29 de octubre de 2020; Publicidad y Servicios EMAI, el 22 de febrero de 2021…
—Ah, miren, pues no sé. Les digo que yo no tengo nada que ver con eso.
—¿A usted solo lo contrataron para liquidar estas empresas? ¿O por qué aparece entonces en la documentación oficial? —se le insistió.
—Sí, gente de Oaxaca me llamó y me dijo: “Oye, encárgate de esto”. Pero no tengo nada que ver con esos notarios.
—El problema es que esas empresas fantasma recibieron muchos recursos públicos y los triangularon para sacarlos en efectivo y desaparecerlos, según pudimos saber de una investigación federal en curso…
—Ah… pues ahí sí no sé. Déjenme su tarjeta y yo les digo a los notarios que se comuniquen con ustedes —propuso el abogado Sánchez Piña. Sin embargo, nadie se comunicó de vuelta.
En esa misma colonia Pedregal de Carrasco se buscó a Rodrigo Gómez Ayala, quien consta en documentos oficiales como accionista de Arrendamientos Paragran. Esta empresa fantasma recibió 325 millones de pesos de otra sociedad fantasma que le trianguló el dinero, Comercializadora TGZ, y a pesar de que —al menos en el papel— es una compañía millonaria, tiene su dirección fiscal en una ranchería de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, en una zona de casas construidas con madera.
En la vivienda del supuesto accionista millonario, se localizó a una mujer de nombre Esmeralda, quien dijo ser la madre de Rodrigo Gómez Ayala, que en ese momento no se encontraba en el domicilio. La mujer negó en reiteradas ocasiones que su hijo fuera empresario, y mucho menos que fuera accionista en una compañía que recibió tal cantidad de dinero público.
—No, no. Mi hijo es psicoanalista —recalcó—. Se dedica a ir a las casas a atender personas, aunque a veces también lo hace por internet.
En la colonia Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, se buscó a Juan Antonio Trinidad Sánchez, el otro supuesto dueño de la compañía oaxaqueña Arrendamientos Paragran.
—Mi hermano no tiene ninguna empresa, y mucho menos una empresa que haya ganado mucho dinero, como me están diciendo ustedes. Además, nunca ha ido a Oaxaca —respondió una mujer de nombre Lucía, quien dijo ser hermana del supuesto accionista.
—¿A qué se dedica entonces el señor Juan Antonio?
—Es comerciante. Vende flores aquí en el Mercado Jamaica.
—¿Y no tiene ninguna relación con algún notario de Oaxaca?
—Pues la única relación con Oaxaca es que vez de en cuando manda flores ahí. Pero como también manda a otros estados, como, por ejemplo, a Veracruz.
—Entonces, ¿su hermano no es accionista de una empresa que obtuvo más de 300 millones del gobierno de Chiapas? —se le insistió.
—No, bueno —soltó una carcajada—. Créanme que si fuéramos millonarios… pues no íbamos a estar viviendo aquí, ¿verdad? —contestó la mujer.
“Si no tengo ni para unos calzones nuevos…”
En la misma alcaldía, pero en la colonia Balbuena, donde se encuentra otro mercado popular, La Merced, fue localizado Cecilio Almazán Ramos, un hombre de 74 años que sobre el papel es uno de los dueños de Maquinaria Industrial y Comercial Villanueva, SA de CV.
Esta compañía fantasma recibió 192 millones de pesos de Comercializadora TGZ, que previamente obtuvo ese dinero público de las secretarías de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer, de acuerdo con la investigación federal a la que se tuvo acceso. Maquinaria Villanueva se encargó de recibir el recurso y de sacarlo en efectivo mediante retiros en ventanilla bancaria.
Todo esto se le expuso a Cecilio Almazán Ramos.
—No, no, están ustedes equivocados. Aquí no es —dijo el hombre.
—Usted aparece en el acta constitutiva de esa empresa, aquí tenemos los documentos.
—Yo jamás en mi vida he ido a Oaxaca y jamás he tenido una empresa —respondió.
—Entonces… ¿usted no es dueño de Maquinaria Villanueva? ¿No es el accionista de esa empresa que obtuvo 192 millones?
—Miren, si no tengo ni para unos calzones, mucho menos voy a tener para abrir una empresa —zanjó el hombre.
En otra alcaldía de la Ciudad de México —a pesar de que las ocho empresas están constituidas en Oaxaca y algunas en Chiapas, la mayoría de sus supuestos dueños tiene dirección en la capital mexicana—, se buscó a Mónica Teresa Gutiérrez, de 55 años.
Según consta en el acta constitutiva obtenida en el Registro Público de Comercio, ella es una de las accionistas de Comercial Abastecedora Chloe, SA de CV, una compañía fantasma que recibió en 2018 más de 174 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas. Dicha empresa trianguló ese recurso público a un grupo de cinco sociedades fachada, entre las que estaban las ya citadas Paragran y Maquinaria Villanueva, además de Publicidad y Servicios EMAI, Importadora La Sureña y Annona París, que posteriormente sacaron el dinero en efectivo a través Cometra, una compañía de traslado de valores.
Todo esto también se le expuso a una mujer joven, quien dijo ser nieta de Mónica Teresa Gutiérrez.
—¿Accionista de una empresa, dicen? ¿Mi abuelita? No puede ser, deben estar equivocados.
A continuación, tras observar el documento oficial obtenido en el Registro Público de Comercio, la mujer explicó que su abuela no se encontraba, precisamente, porque trabaja largas jornadas de lunes a sábado como empleada de la limpieza.
—Para nada es accionista de una empresa. Nada que ver —insistió la mujer algo asustada cuando se le comentó que esa empresa ya había sido catalogada como fantasma por el SAT y que había obtenido mucho dinero del gobierno de Chiapas. —Les digo que debe ser un error, porque mi abuela es empleada de la limpieza —aseguró la joven.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE, ARTURO ÁNGEL, ELIA ALMANZA.
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