La SCJN declaró este lunes inconstitucional la restricción impuesta a los altos funcionarios para que sean contratados por las empresas privadas durante un plazo de 10 años después de dejar su puesto en el Gobierno, hecho que criticó el Presidente, pues aseguró que no está de acuerdo con esta “mezcolanza inmoral”.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que no está de acuerdo con la decisión de la SCJN por considerar que es un retroceso en las prácticas que se llevaban a cabo en sexenios pasados.
“Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes? Y, ¿qué era lo de antes? La vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar, después de que termina su mandato como Presidente, de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles”, destacó el mandatario.
Y agregó que “[Felipe] Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica, particular, que controla la electricidad en España, y le ofrece a Calderón trabajar como consejero de la empresa cuando Calderón termina su mandato y forma parte del Consejo. Esto porque esas empresas tienen esas prácticas en España, contratan a políticos para que ellos manden, por eso en esos países no pueden bajar el precio de la luz”.
La SCJN declaró este lunes inconstitucional la restricción impuesta a los altos funcionarios para que sean contratados por las empresas privadas durante un plazo de 10 años después de dejar su puesto en el Gobierno, hecho que criticó el Presidente, pues aseguró que no está de acuerdo con esta “mezcolanza inmoral”.
“Entonces, ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior?”, cuestionó.
“Así está el Banco de México, todos los que trabajan en el Banco de México terminan ahí, a la Banca Privada o salen de la Banca Privada al Banco de México. Una mezcolanza, inmoral, promiscuidad política administrativa. No estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, es que ya nos ofendieron, por decir lo menos, con estas prácticas”, agregó.
Por unanimidad, los ministros votaron por anular el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, debido a que especificaron que afecta la libertad de trabajo y consideraron que el plazo que establece es excesivo.
Fue la Ministra Norma Piña Hernández quien propuso tumbar dicho candado, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, se lee en el proyecto realizado por Piña Hernández.
Por su parte, el Ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva”, expuso.
El pleno de la Suprema Corte también avaló la propuesta de declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
El pasado 16 de febrero, un Juez determinó inconstitucional el impedimento de 10 años establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que exfuncionarios del Gobierno trabajen en empresas privadas a las que regularon.
La reforma, aprobada en el actual sexenio, había incluido esta prohibición a la llamada “puerta giratoria” para impedir que funcionarios que supervisaron, o regularon e incluso tuvieron información privilegiada, luego salten al sector privado, ya que, argumentaron en su momento, permite corrupción en los más altos niveles de la administración pública.
AUTOR: REDACCIÓN.
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