De acuerdo con documentos judiciales a los que Animal Político tuvo acceso, la Fiscalía encontró elementos suficientes para acusar a los cuatro abogados pertenecientes al despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” de ser presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Hasta ahora no ha encontrado evidencia para imputar a Julio Scherer de algún delito, aunque las indagatorias continúan.
La indagatoria, asentada en la carpeta de investigación FGR/FEECOC/UEIDCSPCAJ/SP/036/2021, se inició a partir de una denuncia que presentó el hermano del abogado Juan Collado (bajo proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero), en la que señaló que los litigantes les exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de negociar un supuesto criterio de oportunidad que le permitiría a Collado salir en libertad.
La agente del Ministerio Público que lidera el caso (adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia) reportó al juez que encontró evidencia suficiente que permite presumir no solo que ocurrió la extorsión, sino que además se realizaron pagos y que el dinero fue triangulado a través de prestanombres en francas operaciones de lavado. Tras revisar la información, el juez aceptó el caso que quedó asentado en la causa penal 550/2021.
Entre los acusados se encuentra el abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio, quien dijo a este medio que las acusaciones son mentira, y que la FGR les ha negado el acceso a la carpeta de investigación. Por ese motivo tramitaron un amparo y obtuvieron una suspensión provisional para que se les de acceso a la carpeta antes de que se lleve a cabo la audiencia inicial.
Junto con Juan Araujo, la FGR también acusó a los abogados Cesar Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. Todos ellos han sido citados a comparecer a una audiencia inicial programada para el próximo 28 de febrero ante el juez José Rivas González. Debido a las condiciones sanitarias la audiencia se realizará por videoconferencia.
En la referida audiencia los fiscales solicitarán que se vincule a proceso a los cuatro abogados por los referidos ilícitos y además expondrán la necesidad de que se les impongan medidas cautelares para garantizar que estén presentes y no huyan. De acuerdo con autoridades federales, se analiza incluso solicitar una prisión preventiva justificada.
La FGR tiene, además, otra indagatoria en curso en contra de abogados del despacho
“García González y Barradas”, por una denuncia similar de presunta extorsión. Dicho despacho ha participado en casos prominentes como el de Cooperativa Cruz Azul, el de la Universidad de Las Américas, y el de los presuntos desvíos en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
El despacho y la indagatoria
En los últimos años el despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” ha intervenido directa o indirectamente en la representación legal, asesoría o franca defensa de personas señaladas o involucradas en algunos de los casos más importantes de posible corrupción en el país.
Por ejemplo, el abogado Juan Araujo ha representado legalmente al empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, en el proceso que la FGR le inició tras acusarlo de haber sobornado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a cambio de que este gestionara la compra con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Bajo la representación de Araujo, dicho empresario consiguió salir de la cárcel tras cerrar un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a pagar a Pemex más de 200 millones de dólares.
Autoridades de la FGR confirmaron que el referido despacho también trabajó durante un tiempo en la representación legal de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu, y presunto participe en el desvío de más de tres mil millones de pesos, dentro del caso conocido como “La Estafa Maestra”.
Zebadúa también ha conseguido evitar la cárcel gracias a la colaboración que ha brindado a la FGR, ante la cual rindió una declaración donde acusó que detrás del esquema de la estafa estaba el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y la exsecretaria de Estado, Rosario Robles.
Públicamente, dicho despacho también ha reconocido que participa en la representación legal de la empresa Aleática (antes OHL) en diversos litigios que sostiene contra el abogado Paulo Diez por presuntos hechos de corrupción relacionados con concesiones carreteras en el estado de México.
Y el año pasado, según se reveló públicamente, el despacho también intervino como intermediario en las negociaciones que Juan Collado (abogado del expresidente Enrique Peña Nieto) llevó con la FGR en la búsqueda de algún tipo de acuerdo reparatorio o criterio de oportunidad.
Lo que la Fiscalía sostiene en sus investigaciones es que los abogados de este despacho presumían de tener contactos con altas autoridades de la FGR y del gobierno federal, entre ellos el propio Scherer, lo que es abría la puerta para negociar supuestos arreglos a cambio de exoneraciones o suspensiones de los procesos. No se trataba, según la indagatoria, de una representación normal o de pagos de honorarios sino de presuntas extorsiones.
Aunque la Fiscalía ha mantenido en sigilo estas indagatorias, el año pasado el abogado Paulo Diez, quien es la contraparte de Aleática en diversos procesos, acusó en el noticiero de la periodista Carmen Aristegui al exconsejero Julio Scherer y al despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” de estar coludidos para litigar casos particulares a través de otros despachos y de traficar influencias. Y sostuvo que tiene documentos que prueban este mecanismo.
Tanto Scherer como Araujo negaron estas acusaciones. Araujo reconoció haber colitigado junto al exconsejero en el pasado, pero negó que fueran socios.
Nos han negado acceso a la indagatoria: Araujo
Cuestionado por Animal Político sobre la acusación que la FGR ha presentado ante el juez, el abogado Juan Antonio Araujo rechazó que hayan incurrido en algún esquema de extorsión o tráfico de influencias. Dijo que estaban enterados de las denuncias, en las que también se ha implicado a Scherer, pero subrayó que la Fiscalía les ha negado el acceso a la carpeta de investigación.
“No nos han dado acceso a la carpeta de investigación y hasta este momento desconozco los hechos que nos pretenden imputar”, dijo el litigante.
Este medio tuvo acceso a registros judiciales en los que, efectivamente, se corrobora que la fiscal responsable del caso les negó a los imputados copia de la carpeta de investigación bajo el argumento de que es hasta la audiencia inicial que se les dará a conocer los hechos. Ello con el argumento de prevenir “fuga de información”.
En ese contexto, tanto Juan Araujo como Cesar González promovieron juicios de amparo y obtuvieron de un juez federal la suspensión definitiva en su favor, con la finalidad de que se les de acceso inmediato a los registros de la carpeta de investigación.
Otro despacho en la mira
Además de la indagatoria que involucra al referido despacho, la FGR también tiene en curso carpetas de investigación por hechos similares en contra del despacho “García González y Barradas”.
La indagatoria se integra a partir de la denuncia que promovió por presunta extorsión el hijo de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, exconsejero jurídico externo de la Cooperativa Cruz Azul, y quien actualmente se encuentra acusado y con orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con autoridades federales, Junquera denunció que supuestamente fue engañado y extorsionado por dicho despacho para negociar, con el supuesto apoyo de Scherer, un criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio.
Consultados por este medio el despacho “García González y Barradas” negó que tengan relación profesional o de colaboración con Scherer. Indicaron que la salida alterna al conflicto fue buscada directamente por Junquera y que ellos han actuado siempre en beneficio de los intereses de la cooperativa. Indicaron que desde el 25 de enero enviaron a la FGR un oficio solicitando acceso a la indagatoria y para apoyar en la misma, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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