martes, 30 de noviembre de 2021

Piden mexicanos llevar crisis de desapariciones a la ONU

Como candidato y presidente electo, López Obrador se comprometió a crear varios instrumentos contra la desaparición de personas, incluido un mecanismo internacional contra la impunidad. Ya en la Presidencia su política se ha reducido a impulsar la búsqueda de fosas y cuerpos, lo que elevó de modo alarmante este delito en el país, denuncian los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin. Por ese motivo esperan que en un próximo informe, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU incluya la petición de organizaciones civiles mexicanas para que la crisis se aborde en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Calificada por Andrés Manuel López Obrador como “la herencia más dolorosa” que recibió al tomar la Presidencia de la República, la crisis de desapariciones de personas se ha agudizado, superando las 95 mil víctimas. Más de la cuarta parte de los casos ocurrieron durante los tres primeros años de su gobierno, alcanzando los niveles que dejó Felipe Calderón durante todo su sexenio.

Para los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin, esta crisis continuada es el resultado de “la falta de voluntad política” de la actual administración para “entender la dinámica de las desapariciones”, la resistencia a modificar la política de seguridad militarista, así como la negativa a crear el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que López Obrador se comprometió a establecer cuando era candidato y como presidente electo.

Integrantes del extenso equipo de defensores, organizaciones sociales y víctimas que elaboraron la Propuesta Ciudadana para la Construcción de una Política sobre Verdad, Justicia y Reparación a las Víctimas de la Violencia y de las Violaciones a Derechos Humanos, Dayán y Chamberlín coinciden, en entrevistas por separado, en la urgencia de acudir a la colaboración internacional para detener la crisis de desapariciones de personas en el país y acabar con la impunidad total.

Esto es necesario, puntualizan, para ir más allá de la búsqueda de fosas y de cuerpos, a la que se ha reducido la política gubernamental en la materia.

Académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Dayán reconoce que López Obrador heredó de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto “una crisis humanitaria brutal”, que lo llevó a comprometerse a atenderla como la “prioridad número uno”.

Recuerda que, en proceso de transición, decenas de activistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas se sentaron con representantes de López Obrador a fin de elaborar la Propuesta Ciudadana para atender la crisis, que contempla la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, la Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica y un Modelo de Reparación Extraordinario, en los que participaran las víctimas. Pero la propuesta “fue guardada en un cajón”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2352 del semanario Proceso

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

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