El artículo 20, fracción II, de la Ley castigaba con 13 a 24 horas de prisión a quien obstruyera “de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”, sin determinar ni siquiera qué autoridades tramitarían el permiso ni cuáles eran los requisitos para éste.
Finalmente, el artículo impugnado fue declarado inválido por su carácter inconstitucional y su ambigüedad.
No obstante, la mayoría de los ministros aprobó la constitucionalidad de otro apartado de la Ley que castiga con prisión y cárcel a quienes hagan ruidos “que notoriamente atenten contra la tranquilidad o salud de las personas”, a pesar de que se alegó que la disposición también podría ser utilizada para limitar la libertad de expresión.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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