La violencia que se vive en los municipios de Chilapa y Zitlala no es nueva, las sangrientas cifras que arrojan los municipios día con día son conocidas a nivel nacional e internacional en donde destacan los encabezados sobre personas ejecutadas y desaparecidas; sin embargo, hay una gran parte de la población que suele pasar desapercibida y que las propias autoridades han buscado ocultar. Son estos municipios los que cuentan con mayor número de personas desplazadas, pero de cuyas historias poco se sabe, tan sólo en 2016 varios medios de comunicación señalaban el desplazamiento de al menos 500 habitantes de ambos municipios, desterrados de sus comunidades ante la violencia infringida que han desaparecido y ejecutado a sus seres queridos.
Un ejemplo marcado por la tragedia es el de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas del municipio de Zitlala quienes en 2016 sufrieron una embestida criminal por parte de un grupo de la delincuencia organizada dejando como saldo 6 personas asesinadas. Ante esta barbarie, ninguna autoridad intervino para proteger a una población inerme que no tuvo otra alternativa que salir de sus casas. Fueron 34 familias aproximadamente las que emprendieron la huida, encontrando un refugio provisional en el DIF municipal de Zitlala. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón solicitaron medidas cautelares que de inmediato fueron otorgadas por la gravedad del caso.
Como se ha vuelto costumbre entre las autoridades municipales, a la población pobre le otorgan a regañadientes algunos servicios de mala calidad. En todo momento regatean los apoyos y hacen sentir a las víctimas como seres que no tienen derechos y a quienes se les hace el favor de ayudarlos con lo mínimo. El caso de las personas desplazadas se puede catalogar de denigrante porque la autoridad municipal nunca cumplió con los compromisos establecidos de proporcionar los apoyos básicos para que las familias desplazadas pudieran rehacer su vida fuera de sus hogares. Fue tanto el desprecio y el trato discriminatorio que experimentaron por parte del personal de la presidencia municipal que optaron por regresar a su comunidad a pesar de los riesgos inminentes de ser víctimas de otra acción violenta. Con el apoyo del Centro Morelos se logró el acuerdo con el gobierno del Estado de brindar protección policiaca a las familias que habían decidido retornar a su comunidad, otro acuerdo básico fue que escoltarían a las familias que se vieran en la necesidad de salir de su comunidad para satisfacer alguna de sus necesidades básicas. Este acuerdo mínimo tampoco se ha cumplido a cabalidad porque no siempre se encuentra el número asignado de policías para brindar la protección requerida.
Las familias desplazadas que no tuvieron otra opción por parte del Estado más que retornar al lugar transformado en un territorio minado por la violencia, se acostumbraron a vivir a salto de mata. Para las autoridades este caso estaba resuelto con la implementación de medidas que no cubrían los compromisos asumidos con las autoridades estatales. Como siempre sucede con la población más desprotegida, el principal problema de estas familias desplazadas es experimentar el abandono y la desprotección. Se les deja a la buena de Dios a “vivir con el Jesús en la boca” para librarse de cualquier agresión.
Ante el clima de impunidad que impera en esta región las familias desplazadas sabían que en cualquier momento podía repetirse una nueva agresión, porque constataron que las autoridades nunca investigaron y mucho menos actuaron para detener a los agresores, por el contrario, este grupo adquirió más poder e impuso la ley del fuego en la zona. Consolidaron su presencia y lograron tener el control del territorio. Esta situación colocó en la mirilla a las familias desplazadas. Para los agresores la permanencia de estas personas no sólo es un obstáculo si no una provocación, porque valoran que su presencia con el apoyo policíaco es un desafío a su poder delincuencial.
Lo que sucedió este sábado 24 de marzo del 2018 fue sólo una advertencia de que pueden repetirse los trágicos hechos del 6 de enero del 2016.
Ante la necesidad que tienen las madres de familia de acudir a las reuniones convocadas por el programa Prospera 10 de ellas junto con dos de sus esposos solicitaron el apoyo de la presidencia municipal para poder trasladarse a la cabecera. Contaron con una camioneta y un chofer que sin tomar las debidas precauciones se desplazó por la ruta controlada por el grupo delincuencial que privó de la vida a sus familiares. No tuvieron problemas en la ida; sin embargo, cuando regresaban un grupo de civiles armados instaló un retén en la salida de la comunidad de Tlaltempanapa rumbo a Copalillo y los increpó con la siguiente pregunta: “¿Quién viene al frente del grupo?”. Las mujeres atemorizadas no tuvieron otra opción que señalar a la esposa del comisario. De inmediato la señora fue obligada a bajarse del carro, separándola del grupo. Le apuntaron con sus armas y le dijeron: “No vuelvan a pasar por este camino. Tú sabes que quien no respeta esta orden le puede pasar lo que sucedió hace dos años. Ya no queremos que sigan los policías en su pueblo. Si quieres que no te pase nada tienes que ir con el comisario a decirle que saque a los policías que vienen de Chilpancingo ya no los queremos ver aquí. Más vale que le digas y que el comisario lo haga, porque si no vamos a ir a sacarlos a todos.” Las mujeres de forma milagrosa regresaron con vida. Saben que todas ellas podían correr la misma suerte que lamentablemente padecieron sus familiares en enero del 2016. Regresaron a su pueblo para contar lo que sucedió. Ante tanta indolencia de las autoridades han recurrido nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga y haga ver a las autoridades de Guerrero el incumplimiento de estas medidas y el riesgo inminente que corren de sufrir una agresión letal.
Este domingo de ramos la gente bendijo sus palmas con la esperanza de que las protejan de esta acción malévola del grupo armado que está tomando tierras de las familias que ya se fueron. Han perdido la confianza en las autoridades, por eso más de 23 familias optaron por salir como jornaleros agrícolas para trabajar en Sinaloa y andar de en campo en campo sufriendo los estragos de la explotación laboral, como un mal menor ante el inminente riesgo de perder la vida si retornan a su pueblo. Las 11 familias que permanecen en Quetzalcoatlán no vislumbran alguna otra posibilidad de encontrar un lugar donde puedan rehacer su vida. Por eso, se mantienen aferradas a su terruño y a sus casas de adobe. Por pertenecer a un pueblo indígena y tener como lengua materna el náhuatl perciben que fuera de su territorio nadie los va a aceptar, mucho menos tendrán un lugar y un hogar donde sembrar. Como no tienen estudios deducen que nadie los tomará en cuenta para ofrecerles un trabajo bien remunerado. Las 11 familias le han pedido al Centro Morelos que por su conducto hablen con las autoridades para que cumplan con las medidas cautelares, sobre todo que incremente el número de elementos policíacos para evitar que la amenaza vertida por el grupo delincuencial llegue a materializarse. Este domingo como a las 2 de la tarde los miembros de esta organización hermana constataron que no había en la comunidad ningún elemento de la policía del Estado. Después de media hora llegó una patrulla con sólo 3 elementos que permanecieron sólo 30 minutos. Por testimonios de las familias amenazadas manifestaron que esta patrulla regresó hasta las 9:30 de la noche. Hay serios temores de que se cumplan estas amenazas y que en cualquier momento este grupo delincuencial incursione nuevamente a la comunidad de Quetzalcoatlán y reedite la tragedia del enero del 2016.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a nuestro país, donde corroboró la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos. A lo largo de la visita la CIDH recibió información y testimonios acerca de la forma en que los grupos del crimen organizado, que se encuentran coludidos con agentes estatales, está conllevando, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares. También señaló que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores”.
Lo que están sufriendo estas familias de Quetzalcoatlán de las Palmas no es un hecho aislado, lamentablemente esta situación la padecen decenas de familias de otras regiones del Estado como la Tierra Caliente, Costa Grande, Zona Norte, Región Centro (en la serranía y el mismo puerto de Acapulco). Forma parte de la violencia que a diario cobra más de 6 personas en el Estado, es el viacrucis impuesto por el crimen organizado que se ha incrustado dentro de las instituciones de seguridad, logrando ampliar e incrementar su poder de fuego. Son las familias de comunidades rurales las que tiene que tienen que sufrir en silencio esta devastación que atenta contra su vida y su patrimonio. El desplazamiento interno forzado ha sido invisibilizado por las autoridades de Guerrero y como ya lo ha informado el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón es un problema que se acrecienta y que las autoridades han optado por trivializar esta situación propiciando su división y dándoles un trato indigno. A pesar de que existe la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno forzado, para las familias es letra muerta y lo peor es que son familias que están al borde de la misma muerte, sin embargo, las autoridades de Guerrero ni las ve ni las oye.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
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