Más de una decena de familias indígenas tzotziles, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas desde hace nueve años por la violencia que se vive en la región, hicieron un llamado al Gobierno estatal para su “reubicación integral”.

“Han pasado nueve años desde el trágico desplazamiento forzado que sufrimos (…) Desde entonces hemos vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad”, manifestó Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias desplazadas, quien también recordó que en ese periodo ocurrió la desaparición y asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández.

Desde 2016 este grupo de personas indígenas, originarias del municipio de Chenalhó, se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a enfrentamientos entre grupos armados que los expulsaron de su territorio, por lo que ahora viven hacinados en un campamento provisional ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde afirman estar sometidos a condiciones inhumanas.

Los desplazamientos forzados por la violencia en México, principalmente en Chiapas y Sinaloa, se duplicaron en 2024 con alrededor de 26 mil nuevas víctimas, concluyó el informe anual de la ONG Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).

La mayoría de los desplazamientos se registraron en Chiapas, que se convirtió “en un foco de desplazamiento en los últimos años debido a su ubicación estratégica en las rutas del tráfico ilegal”, señaló la organización.

De acuerdo con el informe, las localidades de Tila, Chenalhó y Pantelhó fueron las más afectadas por la violencia del crimen organizado que derivó en el desplazamiento forzado. Por su parte, en el norte del país, en entidades como Sinaloa, tan sólo entre septiembre y noviembre del año pasado se registraron 4 mil 400 víctimas desplazadas.

La organización señaló que el número de desplazados por la violencia en México es sólo parcial debido a la falta de un monitoreo sistemático del fenómeno, por lo que la cifra podría ser mayor.

A finales de 2024, alrededor de 390 mil personas eran víctimas de desplazamiento en México, que se posicionó como uno de los países con el mayor número de desplazados en América, antecedido por Colombia, Haití y Guatemala.

Los estanques de mojarras ya recobraron vida en los comedores de Lagos de Colón, municipio de La Trinitaria, Chiapas. “Apagamos el agua que los alimenta porque los turistas dejaron de llegar. La inseguridad trajo años de miedo y de crisis económica”, dice el propietario de un restaurante.

Los habitantes del ejido Cristóbal Colón sienten que por fin pueden tener un respiro, aunque algunos no creen en la estabilidad de la pacificación que el gobierno presume.

“¿Si de verdad, como dice el gobierno, se puede haber ido toda la gente armada? Mmhh, no sé. Tampoco sé más adelante cómo se vaya a poner la situación”, dice una mujer encargada de la limpieza de los baños del centro ecoturístico, que contempla un sistema de cuerpos de agua cristalinos rodeado por el sitio arqueológico del Lagartero. En 1995, los ejidatarios fundaron este proyecto que gestionan de forma comunitaria, donde el turismo de masa nunca ha llegado, y al que normalmente acuden visitantes locales.

Los visitantes dejaron de ir a Lagos de Colón en 2020 por la pandemia, que empujó a sus habitantes a retomar el trabajo en las milpas. Un año después pasó algo todavía peor: empezaron los enfrentamientos entre organizaciones criminales, que en esta región fronteriza con Guatemala eran frecuentes y a plena luz del día, con explosivos, quema de vehículos y drones artillados. Fue así que los chiapanecos dejaron a regañadientes de llegar a este destino, entre sus favoritos para pasar los fines de semana.

La mujer baraja las cartas mientras una bocina parpadea una cumbia a todo volumen. De vez en cuando habla de la seguridad que le infunden los patrullajes del cuerpo de élite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), lanzado en diciembre de 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez, y de cómo han permitido que se normalizara la vida cotidiana para los habitantes de la región. De hecho, frente a ella corre la vida fronteriza que durante años se congeló: los vehículos van y vienen de Guatemala, algunos traileros paran para comer o cargar gasolina, las combis salen todo el tiempo. Un chofer asegura que “aquí siempre fue muy tranquilo”, pero los hoyos de balas en los muros cuentan una historia distinta: han sido varias las batallas en Chamic, poblado de Frontera Comalapa, uno de los municipios chiapanecos más afectados por la disputa entre cárteles.

El crimen organizado ha ejercido un control total sobre la vida cotidiana de los habitantes, de acuerdo con el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, redactado por la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes. Los grupos criminales han ocupado casas y ranchos, impuesto toques de queda, cobrado derecho de piso incluso a quienes venden sus cosechas en un pequeño espacio del mercado, y han llegado a controlar hasta las fiestas familiares y los eventos comunitarios.

“Creo que el gobierno llegó a un acuerdo con los grupos criminales, es la única explicación posible de esta repentina pacificación”, dice una pobladora de Frontera Comalapa que vive desplazada. “Cuando entraron a Comalapa la gente tenía miedo a que hubiera balaceras, pero no hubo. ¿Cómo es posible que los grupos criminales no se resistieron? Creo que sabían que las fuerzas de seguridad iban a entrar, de hecho, los meros meros se fueron antes. Muchos pobladores están contentos de esta supuesta paz, pero se trata sólo de un reacomodo: los criminales y el ambiente de vigilancia permanente siguen”.

Operativos en Frontera Comalapa, Chiapas

El primer operativo de la era de Eduardo Ramírez en Frontera Comalapa se lanzó el 3 de enero de 2025. Este día, el presidente municipal interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, posteó una foto con un mando de la FRIP. “Hoy quiero agradecer a nuestro gobernador por este plan estratégico de seguridad para el estado de Chiapas. Quiero decirle, señor gobernador, que aquí en el municipio cuenta con un aliado”, dijo Villatoro en entrevista con un medio local.

Sin embargo, poco después, las fuerzas de seguridad lo detuvieron por su presunta relación con el crimen organizado. Villatoro había asumido su cargo tras la desaparición, el 3 de septiembre de 2024, del alcalde electo Aníbal Robrero Castillo, secuestrado mientras viajaba en carro cerca de Tuxtla Gutiérrez. 

La historia reciente de la presidencia de este municipio es muy atormentada y no fueron los únicos alcaldes en haber sido desaparecidos: en 2021, a causa de la inseguridad, no se celebraron las elecciones y el Congreso del estado nombró un Consejo Municipal. Luego, en diciembre de 2023, desapareció el ex edil de Frontera Comalapa, Irán Mérida Matamoros, que reapareció cuatro meses después en una video-entrevista con un grupo criminal. Mérida Matamoros nunca regresó a su casa. Poco antes, había sido secuestrado otro político de Frontera Comalapa: Rey David Gutiérrez Vázquez, aspirante a presidente municipal.

Sin embargo, viajando por la carretera federal 190 y por el camino que lleva a Lagos de Colón, todavía se observa una gran cantidad de viviendas y negocios vacíos. Una pobladora que hace tres años se tuvo que desplazar de Chamic afirma que, tras la visita del gobernador en febrero, los comisariados de los ejidos de Frontera Comalapa están presionando a las familias desplazadas a que regresen y los amenazan con quitarles la tierra si no lo hacen.

Junto con sus vecinos, que también se desplazaron de Chamic, esta mujer está trabajando en la reparación del tejido comunitario. “Invitamos a la resistencia pacífica y cotidiana a través de la recuperación de los suelos y de la producción de nuestros alimentos”, dice. “Trabajamos la confianza y mantenemos vivos nuestros sueños, los necesitamos para no morirnos. Y si un día retornaremos será de manera colectiva y organizada, para que entre todos agarremos fuerza para sostener al grupo”.

*En este reportaje de Animal Político, los nombres de las y los pobladores entrevistados han sido omitidos para proteger su seguridad.

Un grupo de 267 tsotsiles (61 familias) desplazados de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó que salieron en julio pasado a causa de la violencia, pidieron a las autoridades que les proporcionen ayuda humanitaria, ya que desde noviembre no han recibido nada.

Los desplazados que se encuentran en la casa de la cultura de Chenalhó manifestaron: “Nos han dejado abandonados, estamos sufriendo, mientras que los causantes de nuestro desplazamiento están vendiendo baratos nuestros terrenos, lotes y cafetales y nuestros hogares están destruidos”.

Al menos 500 personas fueron desplazadas por la violencia del crimen organizado el pasado 15 de marzo en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán, Michoacán, mientras que otras mil personas están “atrapadas” en otras cuatro comunidades de Tierra Caliente, donde grupos del crimen organizado no permiten la entrada ni salida de personas, ni de ayuda humanitaria, reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.

Las cuatro comunidades donde al menos un millar de personas no pueden salir son El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles. 

Todo lo anterior se da en un contexto en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca entrar y establecerse a la cabecera municipal de Apatzingán y en las comunidades aledañas, donde otros grupos delictivos, como el Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios, ya están establecidos. En la mitad de esa ‘guerra’ entre grupos criminales, se encuentran atrapados miles de ciudadanos.

Desde noviembre de 2024, la violencia en Tierra Caliente y en las áreas limítrofes con los estados de Colima y Jalisco ha “escalado”, debido a la confrontación entre diferentes grupos del crimen organizado, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas.

Asimismo, en diciembre pasado cuatro soldados del Ejército mexicano fueron asesinados en Buenavista, Apatzingán y Cotija por minas terrestres, mientras que varios agricultores fueron lesionados y asesinados en los meses siguientes, también por minas. InSight Crime ha señalado que 40 % de los explosivos incautados en México en 2024 provenían de esta región de Tierra Caliente, mientras que el 30 % de las escuelas cerró en enero de este año debido a hechos de violencia.

Asimismo, en Michoacán existen comunidades como Coahuayana, ya colindando con el estado de Colima, donde ante la acción del crimen organizado se crearon grupos de autodefensas. 

En Coahuayana se creó también una ‘colonia de la paz’, a la que llegan personas desplazadas de las comunidades vecinas que huyen del crimen organizado.

Durante el sexenio anterior, “periodo tan atroz”, se profundizó en Chiapas la crisis de derechos humanos por la disputa del territorio entre bandas del crimen organizado que entre el caos gubernamental y los caminos de la lucha y resistencia han dejado cientos de desaparecidos y más de 15 mil 780 personas desplazadas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

Al presentar su informe anual “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” que describe la situación en ocho capítulos, el Frayba señala que la violencia ha alcanzado niveles, por el “absurdo negacionismo del sexenio anterior hacia el discurso de conceptos vacíos, reconociendo lo caótico del gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, y la parafernalia del poder bajo un espectáculo mediático del gobierno actual” de Eduardo Ramírez.

El Congreso del Estado de Michoacán firmó un acuerdo para desarrollar legislación específica destinada a atender las necesidades de las personas desplazadas dentro de la entidad, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El representante de la agencia, Daniel Macguirre, oficial senior de Protección de la agencia internacional, destacó la urgencia de una respuesta estatal efectiva para mitigar los efectos del desplazamiento forzado en el estado, que ha sido provocado por diversos factores, principalmente la violencia.

Macguirre expresó su agradecimiento por la invitación a participar en el Congreso y afirmó que este acuerdo es un paso fundamental para abordar las necesidades de las personas desplazadas en Michoacán.

“Cuando hablamos de cualquier ley, es trabajo del gobierno responder a las necesidades de sus ciudadanos. Este acuerdo y la ley propuesta permitirán tener una respuesta más eficaz para los desplazados dentro de este contexto específico. Es crucial que no esperemos a que la crisis se agrave para abordar este tema, como ocurrió en otros momentos de crisis en Michoacán”, señaló Macguirre.

Uno de los puntos clave del acuerdo firmado es la creación de una ley estatal específica que aborde el desplazamiento forzado de manera estructurada.

Macguirre explicó que el desplazamiento es un tema transversal que afecta a diversas áreas, como la salud, la educación y la reintegración social.

“Es fundamental que esta ley no sea genérica, sino que tenga respuestas específicas a las necesidades de las personas desplazadas. Desde el acceso a servicios médicos hasta la educación de los niños, cada aspecto debe ser considerado en la legislación”, detalló el representante de ACNUR.

“Este es un enfoque que hemos promovido desde el Congreso del Estado. Es una premisa que atraviesa transversal y horizontalmente la promoción de los derechos humanos“, agregó.

La diputada también destacó la importancia de generar un espacio abierto al diálogo en el que las propuestas y experiencias internacionales pudieran ser analizadas y discutidas en conjunto con los legisladores locales.

El evento también contó con la participación de diversas figuras clave dentro del Congreso, como la diputada Jacqueline, presidenta de la Comisión de Migración; el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Antonio Magaña de la Mora; y el diputado Reyes Galindo, quien representa un distrito afectado por altos niveles de violencia.

Este fenómeno, según la diputada Alanís, afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también estuvo presente, resaltando la importancia de la legislación local en el marco de la crisis de desplazamiento forzado.

La participación del ACNUR y el análisis conjunto sobre las posibles intervenciones del Congreso de Michoacán fueron aspectos centrales de la reunión, con la esperanza de avanzar hacia una legislación que pueda abordar de manera efectiva los retos del desplazamiento forzado en el estado.

Un grupo de 52 familias que se habían desplazado forzosamente por la violencia provocada por bandas del narcotráfico que se disputan el territorio de la frontera con Guatemala, regresaron en días recientes a sus ejidos en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, informó el alcalde de esta última localidad, Denis Gabriel Solís Alvarado.

Al ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Frontera Comalapa colindante con La Trinitaria y con el vecino país, retornaron 30 familias; otras 22 familias regresaron a Chamic.

Después de siete meses de permanecer refugiados en Guatemala, más de 400 campesinos mexicanos decidieron regresar a sus comunidades en el municipio de Amatenango de la Frontera, localidad que abandonaron por la violencia provocada por los cárteles del narcotráfico que se disputan a balazos el territorio.

Delmi Elizabeth Chávez Roblero, directora distrital del Ministerio de Educación en el departamento de Huehuetenango Guatemala, confirmó que las familias chiapanecas dejaron la comunidad Ampliación Nuevo Reforma, donde vivieron desde el mes de julio pasado, cuando hombres armados irrumpieron en su comunidad y tuvieron que desplazarse forzadamente.

Unos 600 migrantes guerrerenses y michoacanos en Estados Unidos, víctimas de desplazamiento forzado interno, están en riesgo de ser asesinados en caso de ser deportados, alertó el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). 

El Estado mexicano, agrega el organismo, no cuenta con un marco jurídico que evite o atienda el desplazamiento forzado, el retorno y la reparación integral del daño.

Como cientos de familias de diferentes rancherías, habitantes de El Pinito han dejado sus comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, en busca de su seguridad y para pedir ayuda a los autoridades. En su mayoría son hablantes de la lengua ódami, lo que representa un doble esfuerzo adaptarse a otra cultura o para que sus inquietudes y problemas sean escuchados, así como la exigencia de seguridad y tranquilidad en su tierra.

A pesar de la violencia armada que esta semana ha desplazado a cientos de familias en las comunidades de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, “representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno niegan la existencia de este delito, puesto que ‘no hay denuncias penales’ y ‘no hay amenazas directas’ hacia las familias desplazadas, como si se tratara de movilidad voluntaria de la población”, denunciaron la Consultoría Técnica Comunitaria y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria.

Tras el anuncio gubernamental del retorno a sus comunidades de más de 200 personas desplazadas por la violencia en la región de Tierra Caliente, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán advirtió que todavía no existen condiciones de seguridad para el regreso de las familias.

En rueda de prensa realizada el martes, el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que los habitantes que huyeron en agosto de las localidades La Colonia, El Caracol, La Luna y Garachico, municipio de Buenavista —que habían encontrado alojamiento en un albergue de Tancítaro—, ya se encontraban nuevamente en sus lugares de origen.

Policías de Coahuila han provocado el desplazamiento de la población de la comunidad Ragantes 14 y ranchos aledaños, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, donde recientemente golpearon a un adolescente de 15 años de edad, a quien señalaron de “halcón”, pese a que los vecinos del lugar saben que se dedica al cuidado de ganado.

Hace un año sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.

Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado viviendas con bombas lanzadas desde drones, mantienen a 50 familias desplazadas y han asesinado con violencia extrema a seis de sus habitantes.

El Gobierno de Sinaloa descartó que en las últimas semanas se hayan presentado indicios de desplazamiento forzado por la violencia, esto en relación a los enfrentamientos registrados en el estado tras la captura de Ismael Zambada García conocido como El Mayo, y Joaquín Guzmán López.

La titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, señaló que no hay indicios de que en el estado se presenten hechos de desplazamiento interno derivado de los recientes asesinatos y enfrentamientos en el estado.

Pobladores tsotsiles de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, huyeron de sus casas y se refugiaron en la escuela del poblado, luego de que presuntos integrantes del grupo armado Los Herrera, los atacaron con armas de fuego.

“Los sicarios, más de cien hombres que habitan en el sitio llamado fracción Tzanembolom, nos llegaron a emboscar el miércoles; tumbaron las casas con marro, incluso escarbaron adentro para hacer sus trincheras, esperando a que regresemos”, dijo uno de los afectados.

“Andan sepultando a los muertos en la madrugada para que no se sepa, ya ni van al Ministerio Público”, señala ‘Samuel’, un habitante de Huajicori, que pide cambiar su nombre y voz ante el miedo de que le pase algo por su testimonio, pero asegura que quiere que se difunda lo que pasa en la sierra de Huajicori.

Que hay muertos, enfrentamientos, desplazamientos, desaparición y reclutamiento de personas en las comunidades rurales de este municipio de Nayarit.