Durante el informe “Defensoras de derechos humanos en la mira, desafío para su protección integral en Oaxaca”, insistió en que en las Américas hay una crisis con una grave prevalencia de violencia, que va desde la estigmatización y la desacreditación hasta los ataques físicos, amenazas y asesinatos.
En el caso de Oaxaca, agregó, son impresionantes los datos de ataques contra defensoras de derechos humanos, que aumentó en 300% en tres años, principalmente por defender los derechos a la tierra, el territorio y sus recursos naturales.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los activistas revelaron que Oaxaca ocupa el primer lugar en agresiones a defensoras de derechos humanos a nivel nacional, al documentar 526 casos del 2012 al 2015.
Detalló que de 48 ataques que registraron en 2012, subió a 117 en 2013, luego se incrementó a 172 en 2014 y a 189 en 2015, lo que significa un incremento de 300%. Lo que llama la atención, dijo, es que las mujeres que son atacadas defienden lo más básico y luego la tierra, el territorio y el medio ambiente.
En los documentos que ha producido AI resaltan que los proyectos transnacionales como la minería, parques eólicos y defensa de la tierra generan mayor peligro y quienes padecen los ataques son los sectores más vulnerables que tienen un origen étnico, afrodescendiente o que es factor de discriminación, como ser mujer.
De ahí el llamado al Estado mexicano para que garantice la defensa de los derechos humanos y que las empresas tengan buenas prácticas.
Por su parte, la representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Yesica Sánchez Maya denunció que las defensoras a la tierra y el territorio, a la participación política y comunitaria, así como al derecho a un vida libre de violencia, son quienes han sufrido el mayor número de agravios y siguen enfrentando discriminación, así como riesgos de particular gravedad sobre todo en contextos comunitarios marcados por la impunidad.
Agregó que la nueva tendencia de gran preocupación documentada en el 2015 es la criminalización y ataques a las defensoras del derecho a la educación y derechos laborales.
Mencionó que en más del 30% de las agresiones contra defensoras los autores fueron identificados como autoridades, ello en el contexto de militarización y criminalización del movimiento social, magisterial y popular de Oaxaca.
Finalmente el informe evidencia la “ineficacia, dilación y omisión en la implementación de las medidas cautelares al documentar que la mitad de las defensoras agredidas estaban bajo la protección del gobierno en el momento de sufrir el ataque”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
FECHA: 10 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423203
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