En un comunicado, precisó que dicha facultad se ejercerá a través del director general de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Alfonso Sánchez Montiel, a quien se nombra delegado para tales efectos.
Destacó que el municipio de Ajalpan enfrenta un caso de alteración grave del orden público por los hechos ocurridos el lunes. En esa localidad, subrayó, “se perdió la paz, el orden y la seguridad en los bienes e incluso la vida de dos personas”.
Ante esos hechos de violencia, las propias autoridades municipales se vieron rebasadas por la población, admitió.
El gobierno de Rafael Moreno Valle puntualizó que el mando de la seguridad pública municipal que asumirá la PEP comprenderá todo el territorio del municipio de Ajalpan y durará el tiempo que sea necesario, “hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y derechos, y no excederá de 180 días naturales”.
De igual manera, manifestó que la autoridad municipal acatará las órdenes que se le transmitan en cumplimiento del resolutivo primero del acuerdo.
Por separado, el procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, reconoció que eran pocos los elementos de la Policía Municipal y por eso no pudieron hacer frente a la turba que atacó la presidencia y sacó por la fuerza a los dos detenidos.
Sin embargo, no explicó las razones por las cuales, pese a saber que había pocos elementos de seguridad pública municipal, no se autorizó de inmediato el ingreso de la Policía Estatal.
Mientras tanto, Felipe Copado Molina, hermano de los dos encuestadores que fueron linchados en Ajalpan la noche del lunes, demandó “que el gobernador actúe y nos dé la cara”.
Asimismo, exigió la detención de quienes participaron en el linchamiento, porque –dijo– existen todas las evidencias para identificarlos.
La acción de los pobladores de Ajalpan, subrayó, fue “un acto de barbarie”, e informó que los abogados de la empresa para la que laboraban José Abraham y Rey David llegaron a Tehuacán –donde acudieron para reclamar los cuerpos– para apoyar en los trámites obligados en estos casos.
Indignado por lo que sufrieron sus hermanos, Felipe manifestó que si los responsables del crimen pedían que se aplicara la ley, ahora es la familia de las víctimas la que solicita que se cumpla con la legalidad, se detenga a los asesinos y se les castigue.
Una cuñada de Rey David responsabilizó directamente a las autoridades del doble homicidio porque, subrayó, era su deber protegerlos, sobre todo porque sabían que no habían cometido ningún delito, pese a lo cual no cumplieron con su deber y permitieron que la turba los linchara.
Y adelantó que iniciarán denuncias contra los gobiernos municipal y estatal por no actuar correctamente.
En tanto, el presidente municipal Gustavo Lara Torres se negó a dar datos sobre quiénes iniciaron la agresión en contra de los encuestadores, pero dijo que están bien identificados y ya proporcionó esa información a la Procuraduría General de Justicia del estado.
En las fotografías y videos de lo ocurrido esa noche aparece un joven con playera roja, de manga larga, pantalón blanco, un casco negro y el rostro cubierto, quien prendió fuego a los cuerpos, acción que fue aplaudida por decenas de espectadores, entre ellos una mujer de la tercera edad que porta un mandil y varios jóvenes que igualmente se cubrieron el rostro.
La mayoría de los participantes, tanto en el linchamiento como en el saqueo del Palacio Municipal, fueron jóvenes, incluso menores de edad, a quienes el alcalde Gustavo Lara relaciona con pandillas que operan en el municipio y que a su parecer fueron contratados para cometer los disturbios, aunque se negó a señalar a los supuestos contratistas.
Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que las credenciales exhibidas con el logotipo y nombre de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que portaban los dos jóvenes linchados, son falsas.
A través de un comunicado detalló que después de que se tuvo conocimiento de que había credenciales con el logotipo y nombre de dicha institución, el departamento de servicios escolares realizó una revisión de sus expedientes para poder ubicar a Rey David y Abraham Copado Molina, con lo que pudieron confirmar que los jóvenes no eran estudiantes pues no tenían registro de ellos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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