“El asesino de Hidelberto es un soldado y el Ejército está protegiendo al asesino“, dijo Reyes en conferencia de prensa realizada en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la capital mexicana.
El abogado afirma que pese a que la PGR atrajo la averiguación previa 129/2015, la Sedena ha rechazado notificarle sobre los elementos que participaron en el operativo en el que se disparó contra población desarmada en el poblado costero.
“Van dos solicitudes de la PGR a Sedena para que informen quienes iban, qué batallón era, qué armas llevaban, qué instrucciones llevaban”, precisó Reyes.
Agregó que la cifra total de heridos de ese día fue de 18 y no de seis civiles como lo estimaron en un primer momento.
Ese 19 de julio pobladores de Ostula, en el municipio de Aquila, colocaron tres bloqueos en la carretera Federal 200 en protesta por la detención Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Santa Maria Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila.
Por su parte, el comunero Gregorio Santos Giron expuso que también demandan la libertad de Verdía.
Leyó un comunicado en el que piden: “La cancelación de las órdenes de aprehensión que existen contra otros integrantes de la comunidad de Ostula o de los grupos de autodefensa de la región”.
De igual manera, Nicolás Flores Lugardo, residente de bienes comunales de Santa María Ostula, alertó que temen nuevos ataques ante el anuncio del gobierno estatal de que el 31 de agosto vencen los permisos de registro de armas para las autodefensas de la región.
Flores apuntó que en su comunidad están armados porque conforman una Policía Comunitaria de acuerdo a sus usos y costumbres.
Puntualizó: “si nos hemos armado no es para combatir al gobierno, sino para defender a nuestras familias”.
Los comuneros denunciaron también que el cártel de Los Caballero Templarios, que los ha agredido por años, no ha sido desarticulado, por lo que exigen la detención de Federico González Medina, alías Lico y de Mario alvarez López alías El Chacal”
Finalmente, Christian Chávez de la Asocisación Jalisience de Apoyo a Pueblos Indígenas, aseguró que los ataques contra las comunidades nahuas de la costa michoacana, como Ostula, Pómaro y Coire, se deben al despojo de su territorio por su riqueza minera, tanto de manera ilegal como por las concesiones que tiene la minera italo argentina Ternium.
El costo de la comunidad, explicó, ha sido el de sufrir “ataques paramilitares con un saldo de 32 comuneros muertos y seis desaparecidos”. El caso de Ostula, ahondó, está en la Comisíon Interamericana de Derechos Humanos en demanda de medidas cautelares en favor de la comunidad ante la actuación en su contra por parte de agentes del Estado, pequeños propietarios e integrantes del cártel.
Comunicado de prensa de la comunidad indígena de Santa María de Ostula
La Sedena oculta al asesino del niño de Ostula: habitantes
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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