El Partido Revolucionario Institucional (PRI) resolvió expulsar a Nallely Ileana Gutiérrez Gijón, exsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, por supuestas conductas antipartidistas.

De acuerdo con la Comisión de Justicia Partidaria, en el caso de Gutiérrez Gijón se acreditaron actitudes de apoyo a fuerzas políticas y candidatos ajenos al partido; realizar actos que pretendieron provocar divisiones en el partido; proceder con indisciplina grave y encabezar actividades de desprestigio en contra de otros dirigentes.

Las siete instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción proyectan, en total, disponen de un presupuesto de 76 mil 817 millones de pesos para el próximo 2022. Sin embargo, de esa bolsa de dinero, en realidad solo 3 mil 532 millones, es decir, apenas un 4.6%, estará realmente destinado a combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder. 

Así consta en el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), publicado en el documento del Proyecto de Presupuesto 2022. Este Anexo se incluyó por primera vez en este 2021, y es una herramienta presupuestal que, a partir de la integración de cuatro ejes, permite que el dinero público destinado a un tema particular, en este caso corrupción, y en el que participan varios entes, pueda ser rastreado y así evaluar su eficacia.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo ayer una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Dos muertos y dos hombres gravemente heridos fue el saldo que dejó un fuerte ataque a balazos en una plaza comercial de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, la tarde noche del pasado viernes.

Fue poco después de la 19:00 horas cuando las personas comían al interior de la taquería Juárez, ubicada en la Plaza Andenes, sobre avenida Universidad, en el fraccionamiento Villarreal, cuando llegó un sujeto y disparó en contra de los comensales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Quirino Ordaz Coppel, el Gobernador saliente de Sinaloa, como embajador de México en España, informó este sábado la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrard.

Cuatro hombres que pepenaban los escombros retirados de la zona afectada por la inundación de Tula, Hidalgo, fueron asesinados a tiros por un grupo armado en la localidad de San Francisco Bojay.

Tres cuerpos quedaron tirados en el sitio. Aunque uno de los lesionados fue trasladado a una clínica de la región aún con vida, no sobrevivió por las heridas de bala.

A días de terminar la Legislatura, diputados locales aprobaron la noche del viernes una iniciativa de ley que otorga al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros funcionarios protección con escoltas que puede prolongarse toda su vida si se considera necesario.

El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las mujeres, al considerar inconstitucional la penalización del aborto, no tendrá un efecto inmediato en las causas penales que ya están abiertas en otros estados que no sean Coahuila, pero sí ha dado pauta a que las personas en esta situación presenten amparos bajo este criterio, los cuales tendrán que acatar los jueces.

Es decir, las mujeres y personas que actualmente se encuentran dentro de un proceso penal abierto o que estuvieran privadas de la libertad por el delito de aborto en alguna entidad federativa que no sea Coahuila pueden presentar un amparo para solicitar se apliquen los razonamientos que fueron vertidos por parte de los ministros, quienes el pasado martes determinaron la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.

Familiares de Mónica Cuevas, torturada y presa hace más de una década en México, pidieron este sábado a las autoridades que sea liberada cuanto antes en medio de la promesa del Gobierno de liberar a personas injustamente encarceladas.

En agosto de 2021 se registraron 460 hechos de extrema violencia o “atrocidades” en México, según el estudio Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios periodísticos, elaborado por la organización Causa en Común.

El análisis entiende por atrocidad “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”. Al respecto, indica que la tortura se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 130 registros, siendo Guanajuato la entidad con más casos.

En agosto se registraron 128 mil 900 nuevos puestos de trabajo ante el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), es el incremento más alto para un mes de agosto desde que se tiene registro, de acuerdo con el reporte mensual del Instituto.

El acumulado de la creación de empleo, de enero a agosto, es de 647 mil 91 puestos de trabajo.

Para el 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó un presupuesto de 364 mil 484 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales del 4% con respecto al 2021.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 se advierte que, aunque el presupuesto solicitado a programas y acciones para mejorar la infraestructura escolar del país tendría un incremento del 9% en términos reales con respecto al destinado en 2021, para el próximo año se destinarían 14 mil 763 millones de pesos, es decir, el 4% de todo el presupuesto de educación.

A dos semanas del regreso a clases presenciales, en la Ciudad de México se han detectado “casos esporádicos” de contagios de covid-19 entre algunos profesores y alumnos de las escuelas, pero “no ha sido necesario” cerrar ningún plantel, aseguraron autoridades del gobierno capitalino. 

“Sí se han detectado (casos). No tengo el número, pero no ha sido necesario el cierre, se ha intervenido por parte de la Secretaría de Salud, ya sea local o federal. Son muy muy pocos”, precisó esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Dos mujeres resultaron con quemaduras luego de ser atacadas con solvente por un sujeto que está prófugo.

Los hechos ocurrieron en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués, municipio conurbado con la capital de Querétaro.

Cansada de no encontrar justicia luego de dos años, María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que fue rociada con ácido por órdenes de su expareja, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que se investigue la negligente y dilatoria actuación del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJE) en su caso. 

En una videograbación, la joven de 26 años que ha tenido que someterse a múltiples cirugías y un largo proceso de rehabilitación, afirmó que se ha topado con un muro de impunidad en todo este tiempo para encontrar el camino a la justicia.

Pese a la creciente violencia en contra de los periodistas en México, el alza en la incidencia delictiva de casos de delincuencia organizada, y la acumulación de denuncias por tortura sin respuesta, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2022 prevé recortes en las fiscalías federales especializadas en indagar todos estos ilícitos.

El documento oficial enviado a la Cámara de Diputados plantea para la Fiscalía General de la República (FGR) – a la que están adscritas las fiscalías mencionadas – un presupuesto total para el próximo año de 17 mil 966 millones 54 mil 777 pesos que, tomando en cuenta el factor de la inflación, es similar al que la fiscalía ejerce este año.

La Guardia Nacional es hoy la mayor fuerza policial del país: con más de 100 mil elementos está encargada de tareas que van desde la prevención de robos hasta la intervención de comunicaciones o la contención de migrantes. Sin embargo, solo 5 de los 32 generales que la dirigen están certificados como aptos para ser policías.

Los otros 27 generales que coordinan operativamente a esta fuerza —al igual que casi el 85% de todos sus efectivos— carecen de las evaluaciones vigentes que prueben que pueden trabajar como policías. Además del potencial riesgo que eso representa se trata de una violación a lo que establece la Constitución, la ley del sistema nacional de Seguridad Pública, y la ley de la propia Guardia Nacional.

El gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo para solicitar la liberación de personas presas, bajo ciertas circunstancias, similar al decreto presidencial emitido el 25 de agosto pasado, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Agregó que, con base en este documento, se prepara la liberación de 40 personas para la próxima semana. Además, se publicará un Addendum que agregará al Acuerdo una visión de género especial para aplicar en favor de mujeres encarceladas con injusticias o “por humanidad”.

Jonathan Medina fue detenido en 2011 por el presunto delito de secuestro, a pesar de las inconsistencias con que la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital (hoy fiscalía general de Justicia) hizo la consignación.

Ayer, después de pasar 10 años recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, finalmente fue puesto en libertad tras comprobarse su inocencia, luego de que sus supuestos cómplices reconocieron durante un careo que fueron coaccionados y torturados para involucrarlo de manera injusta.

El Congreso del Estado planea modificaciones constitucionales con las que se prevé proteger con escoltas a los servidores públicos en funciones o retirados, entre ellos al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, más allá del tiempo posterior equivalente al que ocupó en el cargo, lo que podría generarle seguridad de por vida, con cargo al erario.

La propuesta, presentada por el priista Florentino Aarón Sáenz Cobos, tiene, como evidente propósito, beneficiar al actual mandatario panista, que en septiembre del 2022 deja el cargo y quien, como algunos otros trabajadores de Tamaulipas que resultarán beneficiados, “se encuentran en riesgo” por su persecución y combate al delito, particularmente al crimen organizado.