Dos policías estatales fueron sentenciados a 50 años de prisión por la muerte a balazos del ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez, a quien aparentemente confundieron con un delincuente la noche del 7 de febrero del 2020, en el municipio fronterizo de Río Bravo, informó la Fiscalía del Estado.

El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en contra de Adán Wilfredo M. y Oscar Alberto O., quienes al momento de los hechos eran elementos de Seguridad Pública del Estado.

A un mes de que se cumplan los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, familiares, activistas y ciudadanos se congregaron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para la XCV Acción Global por Ayotzinapa y México con la demanda de que se castigue a todos los responsables de este caso.

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue blanco de intimidaciones y amenazas por parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa luego de en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa Florence Cassez, detenida en diciembre de 2005 acusada presuntamente de secuestro.

Un juez federal rechazó frenar la ejecución de cualquier orden de aprehensión emitida en contra del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, acusado y sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

El Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión definitiva solicitada por el exfiscal del gobierno de Roberto Sandoval.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los familiares no aceptaron el plan de seis a 11 meses para rescatar a los 10 mineros que siguen atrapados en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, pero su gobierno permanecerá en el sitio hasta encontrarlos.

“Se está buscando qué opción es la mejor y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”, recordó.

Sin reforma constitucional, este 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa de ley integral para que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional y no se quede “en el aire”, como la Policía Federal.

“No queremos que esta nueva institución quede en el aire, como sucedió con la Policía Federal que se creó durante el gobierno de Ernesto Zedillo y se fue echando a perder. De ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles y se corrompió por completo”, aseguró.

El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la “Ley Vicaria”, que busca combatir la violencia ejercida a través de la sustracción de hijos menores de edad, reforma que fue criticada por colectivos y organizaciones feministas, al ser la primera en el país que reconoce como víctimas a hombres y mujeres.

El abuso de la prisión preventiva oficiosa es porque el Poder Judicial no funciona y no defiende a los pobres, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio y que haya un Consejo de la Judicatura que funcione bien.

La población adulta de México consideró que la seguridad ciudadana es el asunto de mayor insatisfacción en el 2022, junto con el país y la ciudad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE), el Inegi señaló que al observar la diferencia entre los promedios reportados en los meses de julio de 2022 y julio de 2021, de los 12 dominios considerados, 11 presentaron una disminución, mientras que nivel de vida mantuvo el promedio.

La solicitud de familiares de los 10 mineros atrapados en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, de que renuncie la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, “eso ya es politiquería”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mismo tiempo reconoció que “es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves, lamentables”.

Un megaproyecto eléctrico está a punto de otorgarse bajo consideraciones opacas por invitación a tres o más personas y, entre los posibles beneficiarios por ser a quienes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convocó a cotizar, se encuentran familias conocidas.

Las firmas convocadas son Eléctrica Aselec, empresa de Edgardo Meade de Zamacona, familiar del excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña; La Jolla Internacional, una filial mexicana de la empresa china Harbin Electric, relacionada con la pareja del director de la CFE, Julia Abdala; de Grupo Dragón, la firma de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y de HyR, una contratista menos notoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 26 de agosto del 2022, que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva que es constitucional el “acuerdo” para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), él ya cumplió con su labor.

El político tabasqueño recordó que el 1 de septiembre del 2022 enviará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional, misma que será legal, no constitucional. Asimismo, defendió su propuesta de militarizar la GN, al asegurar que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo de la gente.

Uno de Morena, el otro del PRI, pero dos ex gobernadores con hartas sospechas de corrupción, se dicen ahora “perseguidos políticos”. En ese cinismo que proporciona la impunidad política en México, en cualquier gobierno de cualquier partido, y en un momento en que pareciera que el Gobierno Federal y la Fiscalía Ggeneral de la República administran la justicia basados en la venganza política, Jaime Bonilla Valdez y Alejandro Moreno Cárdenas han encontrado un espacio para victimizarse.

El ex gobernador de Campeche y actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es investigado por la fiscalía de aquella entidad federativa y titulada por Renato Sales, por tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

El caso Ayotzinapa tomó nuevamente vuelo tras el informe final de la llamada Comisión de la Verdad que derivó en la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura y delitos contra la administración de la justicia que lo sumieron en prisión formal sin derecho, por ahora, a llevar su juicio en prisión domiciliaria.

Hay, además, una veintena de personajes –exfuncionarios, militares, entre otros –que, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron en una suerte de “complot” para armar la llamada verdad histórica que, por cierto, no ha sido derrumbada por las nuevas investigaciones efectuadas por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

A diferencia de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, “nosotros no torturamos a nadie” para obtener los datos y llegar a las conclusiones que se muestran en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo esta mañana Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este viernes, explotó un ducto de gas LP de Pemex en el barrio de San Jacinto, en el municipio de Amozoc. No hubo lesionados ni muertos.

La explosión se registró alrededor de las 11:20 horas en el lugar ya mencionado.

El empresario y excandidato a alcalde de Cuautla, Carlos Benítez Sánchez, murió la madrugada de este viernes luego del ataque armado que sufrió la tarde del jueves.

La Fiscalía de Morelos detalló que el ataque sucedió en la avenida Insurgentes, en la Colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuautla, al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación general de Servicios periciales.

El Estado mexicano debe garantizar la seguridad de los jueces en lugar de hablar de que se pone en riesgo a juzgadores y juzgadoras si se eliminan de la Constitución el artículo que impone la prisión preventiva oficiosa o automática a personas que son acusadas de delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, delincuencia organizada y narcotráfico, afirmó el académico de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa.

Miembros del Ejército Mexicano al mando del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, asesinaron y desaparecieron a seis de los 43 normalistas, reveló el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.