Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

En “la era de la criminalidad” que ya anticipaba antes de 2009, año en que falleció el escritor y periodista Federico Campbell, en torno al ejercicio del poder, el crimen, la injusticia, la descomposición social, en 2025, como en aquel año, y acaso en 1980, cuando se fundó ZETA, el riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación persiste.

En los últimos días, a propósito de reportajes que denuncian la omisión, por incapacidad, complicidad o impunidad, de la Fiscalía General del Estado en la excavación de unas fosas clandestinas, esta redacción ha sido objeto de advertencias por parte de criminales anónimos. “Dile Adela Navarro que se cuide”, fue la frase dicha una y otra vez, a partir del 29 de abril y hasta el 16 de mayo de este 2025.

Sin ampliar detalles sobre qué o de qué se tiene uno qué cuidar, la voz anónima, masculina, hizo la advertencia a las líneas telefónicas del Semanario. Primero a un número antiguo y en desuso, posteriormente al conmutador principal de la recepción de ZETA. Al principio, quienes integramos el Consejo Editorial del Semanario decidimos mantener la información de manera interna, pero sí elaborar fichas de tiempos, horas, días y formas de las llamadas.

Lo que sí se consideró desde aquel 29 de abril, fue informar de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo. Una autoridad que pudiera emprender una investigación al contar en su infraestructura con una “policía cibernética”, que se supone posee las herramientas para investigar y rastrear llamadas telefónicas como las que se recibieron en ZETA. Pero no.

El General nos dijo de entrada que investigaría, pero que sin un número de llamada entrante le parecía muy difícil poder rastrear el registro de comunicaciones. Y ahí quedó el tema.

Intentamos con Telnor, la compañía que provee el servicio de comunicación telefónica al semanario, pero la respuesta fue negativa. No entregan registros de llamadas entrantes, ni a los poseedores de la línea telefónica, a menos que una autoridad ministerial se los solicite.

Al tiempo, nada sucedió. Ni avances de la investigación que dijo el secretario de Seguridad que harían, ni nada más. No es de extrañarse en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad y la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles, las organizaciones criminales y los grupos que abusan de su poder, sea público o privado. De hecho, el 30 de diciembre de 2024, cuando en una narcomanta colgada en la zona fronteriza de Tijuana, fue mencionado el Semanario ZETA, tanto la FGE como la FGR respondieron, a pregunta expresa, que habían abierto carpetas de investigación, por terrorismo, aseguraron, porque se supone que el mensaje criminal es para causar eso, terror; pero tampoco, a la fecha, ha habido el desarrollo de investigaciones ministeriales, y por supuesto no conocemos de los avances de las mismas.

Cuando el 16 de mayo las llamadas anónimas a ZETA se reactivaron, con el mismo mensaje, con la voz masculina diciendo “Dile a Adela Navarro que se cuide”, fue entonces que decidimos en el Consejo Editorial hacerlo del conocimiento a Artículo 19, una organización de defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, donde de la mano de su director, Leopoldo Maldonado, decidieron a manera de protección, hacer públicas las condiciones en que este Semanario realiza su trabajo: bajo amenaza… una vez más.

Todo esto quedó consignado en la alerta que emitió Artículo 19 el miércoles 21 de mayo, que tuvo como resultado una escalada de apoyos locales, nacionales e internacionales hacia ZETA, a quien esto escribe y al periodismo que en el Semanario, fundado por Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, se realiza desde hace 45 años, recién cumplidos el 11 de abril de 2025.

Aparte del importante y vasto apoyo de medios, colegas, analistas, organismos de la sociedad civil, de defensa y protección de los periodistas, llegaron también algunos institucionales. El primero fue del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien se comunicó -y así lo recalcó- a nombre de la gobernadora Marina Ávila, para apoyar en lo que fuera necesario. Se le explicó que lo mejor sería que investigaran los hechos, para encontrar a quienes amenazan a los periodistas y ponen en riesgo la libertad de expresión, para que sean juzgados por ello. Que con ello se combate la impunidad.

El secretario de Seguridad, una vez más, se comunicó para informar que continuarían con la investigación de los hechos que él tuvo conocimiento desde el 29 de abril, cuando sucedieron por primera vez. La gobernadora, como suele hacerlo, mostró su apoyo a través de las redes sociales. En Facebook escribió: “Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración ésta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se unió a la solidaridad con ZETA. Su presidente, Jorge Álvaro Ochoa, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar y esclarecer amenazas telefónicas. Como lo hicieron organizaciones de defensa de periodistas y libertad de expresión, medios, periodistas, y actores locales y nacionales, todos a quienes desde esta redacción agradecemos su acompañamiento, confianza y solidaridad.

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que ZETA es amenazado. Ha sucedido muchas veces desde 1980 cuando se fundó, y ha llegado al atentado en tres ocasiones, cobrando la vida de dos de los fundadores y poniendo en peligro la de uno más. Es el riesgo de hacer periodismo de investigación en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad, la corrupción y el crimen, y existe un desdén apabullante para quienes ejercen la libertad de expresión.

En ZETA, seguimos haciendo periodismo de investigación, aun en un clima hostil, libres como el viento ayer, hoy y siempre. Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo al semanario. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.

De acuerdo con la información de A19, Navarro recibió ocho llamadas telefónicas entre el 29 de abril y el 16 de mayo, en las que una voz masculina repite el mensaje «Dile a Adela Navarro que se cuide». Las llamadas han sido tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que por décadas ha cubierto temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.

Las amenazas tras la publicación de la nota sobre las narcofosas, explicó la organización, se intensificaron luego de «revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal». Posteriormente, el semanario publicó un reportaje sobre la revocación de visas e investigaciones a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Tras recibir las llamadas, Navarro informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, «sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva», precisó Artículo 19. «La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público», agregó.

COMUNICADO:

El atentado al periódico El Debate dejó cuatro vehículos y la fachada del edificio con daños, la noche de hoy, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las instalaciones del diario fueron atacadas a balazos minutos antes de la 23:00 horas.

En cuanto a los perpetradores de la violencia, Artículo 19 señala al Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalentes a 45.75 por ciento del total.

Personas armadas atacaron la fachada del medio digital Diario Adiscusión, ubicado en en centro de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con el propio medio, los hechos ocurrieron a las 20:06 cuando dos personas a bordo de una motocicleta circularon por la calle Cristóbal Colón y sin detenerse dispararon contra las instalaciones, las imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia.

El cuerpo de Roberto Figueroa, periodista morelense, fue encontrado la mañana del 26 de abril. Primero lo privaron de su libertad verdugos anónimos; como suele suceder cuando matan a periodistas, lo siguieron, lo espiaron, fueron por su vida cuando salió de su casa para llevar a sus hijos a la escuela. En algún momento del retorno lo interceptaron y se lo llevaron, es de suponer, con violencia.

En su informe correspondiente al primer semestre de 2023 “Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado” la organización internacional Artículo 19 documentó 272 agresiones en el país, con el Estado como el principal perpetrador.

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de agresiones, 65, de las cuales 42 (más de la mitad) provienen de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Proceso, por no estar de acuerdo con el gobierno que él encabeza y por ser críticos de su gobierno.

E mandatario aseguró que había una época en la que los conservadores se disfrazaban le integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, o se decían independientes, y aprovechó para acometer contra los medios de comunicación.