Adela Navarro ya denunció ante la Fiscalía del estado las amenazas de las que fue víctima cuando Manuel Cisneros Romero se presento en el  Semanario ZETA acompañado de guardaespaldas armados y abogados. 

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, padre del joven asesinado Omar Cisneros Salcedo, llegó al medio acompañado de escoltas armados y rodeado de cámaras para exigir verla y confrontarla por una nota sobre el crimen de su hijo.

La Fiscal Ma. Elena Andrade confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros Romero quien llevó hombres armados y en forma intimidatoria requirió a la periodista Adela Navarro Bello, codirectora de #ZETA
Los detalles en: https://t.co/NwtopV8FTi pic.twitter.com/54SC84UdpV

— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) November 6, 2025

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, este 4 de noviembre, confirmó la denuncia presentada por Navarro Bello y calificó el hecho como “una comparecencia intimidatoria”.

“Ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado, acompañado de abogados y hombres armados”, declaró la funcionaria estatal.

De lo que sucede en Baja California, un hombre, padre de un hijo asesinado, socio de empresa bloqueada por el @USTreasury y la UIF, va a ZETA, lleva medios y amenaza al Semanario y a quien esto escribe https://t.co/Gtg1YSVsI6

— Adela Navarro Bello (@adelanavarro) November 1, 2025

La fiscal confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros: “Al llegar esta persona en esas condiciones, levantando la voz, tomamos la denuncia presentada por los abogados de la periodista. Se le ha brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones”, declaró Andrade Ramírez.

Agregó que se ha ofrecido protección especial a la periodista debido a la vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta tras el incidente. “Ella se siente vulnerable al recibir amenazas que, aunque sean verbales, también lo son. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, subrayó la fiscal.

LLEGÓ CON HOMBRES ARMADOS

De acuerdo con información publicada por el propio semanario, Cisneros Romero llegó gritando frente al edificio:

“Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro por la nota publicada sobre mi hijo. Se atreven a decir que está vinculado con los cárteles. Quiero que me dé la cara y me muestre las pruebas”. 

El empresario incluso acusó al medio de recibir dinero a cambio de publicar la investigación y advirtió que “vamos a ir por todo”, sin detallar a qué se refería.

📢 Exigimos a las autoridades @Mecanismo_MX, @FGEBC, @BCGobierno, que protejan la integridad de @adelanavarro y de las personas que integran el semanario @ZETATijuana ante los actos intimidatorios realizados ayer en su contra.

🔴 Recordamos que en el último año el semanario ha…

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) November 1, 2025

Artículo 19 insiste: “Las autoridades deben garantizar que los ataques a la libertad de prensa no queden impunes. ZETA no está sola”.

ZETA BAJO PRESIÓN

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detengan la criminalización e intimidación contra el portal de noticias e-Consulta, luego de que se reactivó una denuncia presentada desde 2020 contra Rodolfo Ruiz, director de ese medio. 

En un comunicado, la organización refirió que la actualización de ese proceso judicial, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurrió posterior a una serie de publicaciones en las que e-Consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

En “la era de la criminalidad” que ya anticipaba antes de 2009, año en que falleció el escritor y periodista Federico Campbell, en torno al ejercicio del poder, el crimen, la injusticia, la descomposición social, en 2025, como en aquel año, y acaso en 1980, cuando se fundó ZETA, el riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación persiste.

En los últimos días, a propósito de reportajes que denuncian la omisión, por incapacidad, complicidad o impunidad, de la Fiscalía General del Estado en la excavación de unas fosas clandestinas, esta redacción ha sido objeto de advertencias por parte de criminales anónimos. “Dile Adela Navarro que se cuide”, fue la frase dicha una y otra vez, a partir del 29 de abril y hasta el 16 de mayo de este 2025.

Sin ampliar detalles sobre qué o de qué se tiene uno qué cuidar, la voz anónima, masculina, hizo la advertencia a las líneas telefónicas del Semanario. Primero a un número antiguo y en desuso, posteriormente al conmutador principal de la recepción de ZETA. Al principio, quienes integramos el Consejo Editorial del Semanario decidimos mantener la información de manera interna, pero sí elaborar fichas de tiempos, horas, días y formas de las llamadas.

Lo que sí se consideró desde aquel 29 de abril, fue informar de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo. Una autoridad que pudiera emprender una investigación al contar en su infraestructura con una “policía cibernética”, que se supone posee las herramientas para investigar y rastrear llamadas telefónicas como las que se recibieron en ZETA. Pero no.

El General nos dijo de entrada que investigaría, pero que sin un número de llamada entrante le parecía muy difícil poder rastrear el registro de comunicaciones. Y ahí quedó el tema.

Intentamos con Telnor, la compañía que provee el servicio de comunicación telefónica al semanario, pero la respuesta fue negativa. No entregan registros de llamadas entrantes, ni a los poseedores de la línea telefónica, a menos que una autoridad ministerial se los solicite.

Al tiempo, nada sucedió. Ni avances de la investigación que dijo el secretario de Seguridad que harían, ni nada más. No es de extrañarse en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad y la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles, las organizaciones criminales y los grupos que abusan de su poder, sea público o privado. De hecho, el 30 de diciembre de 2024, cuando en una narcomanta colgada en la zona fronteriza de Tijuana, fue mencionado el Semanario ZETA, tanto la FGE como la FGR respondieron, a pregunta expresa, que habían abierto carpetas de investigación, por terrorismo, aseguraron, porque se supone que el mensaje criminal es para causar eso, terror; pero tampoco, a la fecha, ha habido el desarrollo de investigaciones ministeriales, y por supuesto no conocemos de los avances de las mismas.

Cuando el 16 de mayo las llamadas anónimas a ZETA se reactivaron, con el mismo mensaje, con la voz masculina diciendo “Dile a Adela Navarro que se cuide”, fue entonces que decidimos en el Consejo Editorial hacerlo del conocimiento a Artículo 19, una organización de defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, donde de la mano de su director, Leopoldo Maldonado, decidieron a manera de protección, hacer públicas las condiciones en que este Semanario realiza su trabajo: bajo amenaza… una vez más.

Todo esto quedó consignado en la alerta que emitió Artículo 19 el miércoles 21 de mayo, que tuvo como resultado una escalada de apoyos locales, nacionales e internacionales hacia ZETA, a quien esto escribe y al periodismo que en el Semanario, fundado por Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, se realiza desde hace 45 años, recién cumplidos el 11 de abril de 2025.

Aparte del importante y vasto apoyo de medios, colegas, analistas, organismos de la sociedad civil, de defensa y protección de los periodistas, llegaron también algunos institucionales. El primero fue del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien se comunicó -y así lo recalcó- a nombre de la gobernadora Marina Ávila, para apoyar en lo que fuera necesario. Se le explicó que lo mejor sería que investigaran los hechos, para encontrar a quienes amenazan a los periodistas y ponen en riesgo la libertad de expresión, para que sean juzgados por ello. Que con ello se combate la impunidad.

El secretario de Seguridad, una vez más, se comunicó para informar que continuarían con la investigación de los hechos que él tuvo conocimiento desde el 29 de abril, cuando sucedieron por primera vez. La gobernadora, como suele hacerlo, mostró su apoyo a través de las redes sociales. En Facebook escribió: “Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración ésta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se unió a la solidaridad con ZETA. Su presidente, Jorge Álvaro Ochoa, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar y esclarecer amenazas telefónicas. Como lo hicieron organizaciones de defensa de periodistas y libertad de expresión, medios, periodistas, y actores locales y nacionales, todos a quienes desde esta redacción agradecemos su acompañamiento, confianza y solidaridad.

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que ZETA es amenazado. Ha sucedido muchas veces desde 1980 cuando se fundó, y ha llegado al atentado en tres ocasiones, cobrando la vida de dos de los fundadores y poniendo en peligro la de uno más. Es el riesgo de hacer periodismo de investigación en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad, la corrupción y el crimen, y existe un desdén apabullante para quienes ejercen la libertad de expresión.

En ZETA, seguimos haciendo periodismo de investigación, aun en un clima hostil, libres como el viento ayer, hoy y siempre. Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo al semanario. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.

De acuerdo con la información de A19, Navarro recibió ocho llamadas telefónicas entre el 29 de abril y el 16 de mayo, en las que una voz masculina repite el mensaje «Dile a Adela Navarro que se cuide». Las llamadas han sido tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que por décadas ha cubierto temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.

Las amenazas tras la publicación de la nota sobre las narcofosas, explicó la organización, se intensificaron luego de «revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal». Posteriormente, el semanario publicó un reportaje sobre la revocación de visas e investigaciones a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Tras recibir las llamadas, Navarro informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, «sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva», precisó Artículo 19. «La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público», agregó.

COMUNICADO:

El atentado al periódico El Debate dejó cuatro vehículos y la fachada del edificio con daños, la noche de hoy, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las instalaciones del diario fueron atacadas a balazos minutos antes de la 23:00 horas.

En cuanto a los perpetradores de la violencia, Artículo 19 señala al Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalentes a 45.75 por ciento del total.

Personas armadas atacaron la fachada del medio digital Diario Adiscusión, ubicado en en centro de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con el propio medio, los hechos ocurrieron a las 20:06 cuando dos personas a bordo de una motocicleta circularon por la calle Cristóbal Colón y sin detenerse dispararon contra las instalaciones, las imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia.

El cuerpo de Roberto Figueroa, periodista morelense, fue encontrado la mañana del 26 de abril. Primero lo privaron de su libertad verdugos anónimos; como suele suceder cuando matan a periodistas, lo siguieron, lo espiaron, fueron por su vida cuando salió de su casa para llevar a sus hijos a la escuela. En algún momento del retorno lo interceptaron y se lo llevaron, es de suponer, con violencia.

En su informe correspondiente al primer semestre de 2023 “Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado” la organización internacional Artículo 19 documentó 272 agresiones en el país, con el Estado como el principal perpetrador.

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de agresiones, 65, de las cuales 42 (más de la mitad) provienen de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Proceso, por no estar de acuerdo con el gobierno que él encabeza y por ser críticos de su gobierno.

E mandatario aseguró que había una época en la que los conservadores se disfrazaban le integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, o se decían independientes, y aprovechó para acometer contra los medios de comunicación.