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Dueño de predio, donde encontraron restos de 60 personas, obstruye a buscadoras en Hermosillo

De acuerdo con la líder de Buscadoras por la Paz Sonora, el dueño del terreno no les permite ingresar una retroexcavadora que necesitan debido a la dureza del suelo. "Hasta me dijo que los que encontramos por algo estaban enterrados, que por ser delincuentes”.

Decenas de familias se encuentran a la espera de una orden de cateo que les permita ingresar una retroexcavadora al predio donde se encontraron los restos de 60 personas a inicios de este año.  

El motivo, aseguró la líder del colectivo de búsqueda que lidera la actividad, es que, tras la identificación de los restos encontrados, otras personas esperan encontrar allí a sus seres queridos desaparecidos y, al ser un predio extenso, no ha sido descartado.

“(La orden de cateo es necesaria) porque el señor (dueño del predio) dijo que no entrará la retro, que nosotros si podemos entrar, que paguemos para que nos ayuden, pero el terreno está muy duro y queremos descartar. Hasta me dijo que los que encontramos por algo estaban enterrados, que por ser delincuentes”, afirmó Cecilia Delgado, líder de Buscadoras por la Paz Sonora. 

Los argumentos del dueño, de acuerdo con la madre buscadora, se resumen en que con la maquinaria se haría “un desmadre” y que se iba a destruir la comida de las vacas “por un muertito”. “Si no encuentran nada, nomás me harán perder”, le dijo el propietario al colectivo. 

La postura de la Fiscalía de Sonora contrasta con la situación narrada, pues el pasado 14 de octubre la dependencia afirmó, mediante un comunicado oficial, que el caso fue “esclarecido” luego de judicializar a “siete probables responsables”. 

“Las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado, así mismo como se informó, se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada uno de las víctimas quienes ya fueron entregados a sus familias”, establece el boletín oficial. 

Las familias de personas desaparecidas informaron a Proceso que mantienen dudas sobre la versión oficial debido, entre otras cosas, a que parece improbable que todos los cuerpos fuesen dejados allí por las mismas personas.  

Aunado a ello, se cuestiona la decisión de las autoridades de poner el énfasis en que los restos pertenecen a personas que, sin excepción, se encontraban relacionados con el crimen organizado. 

El “cementerio clandestino” fue encontrado por el colectivo liderado por Cecilia Delgado a finales del mes de enero, aunque la búsqueda se prolongó por varias semanas debido a la magnitud del hallazgo. Fue así como asistieron al sitio colectivos y familias de Guaymas y otros municipios del estado, muchas de las cuales se encuentran a la espera de la orden de cateo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

Rescatan a 10 menores de edad y a tres adultos de red de trata de personas en Sonora

Las autoridades detuvieron a Erasmo “O” y a Cecilia “V”, presuntos responsables de mantener cautivos a los afectados, originarios de Chiapas.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo en Hermosillo, Sonora, en el que fueron rescatados diez menores de edad y tres adultos presuntamente víctimas de trata de personas.  

En la acción, las autoridades detuvieron a Erasmo “O” y Cecilia “V”, presuntos responsables de mantener cautivos a los afectados, originarios de Chiapas.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, la diligencia fue ejecutada tras obtener una orden de cateo solicitada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos.  

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, peritos de la institución y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 

En el lugar fueron aseguradas 18 actas de nacimiento, tres teléfonos celulares, dos cartulinas y ocho tarjetas con leyendas relacionadas con la mendicidad, además de recipientes con monedas y billetes de distintas denominaciones. El material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. 

Las personas rescatadas fueron canalizadas a la Cruz Roja y trasladadas a un albergue en Hermosillo. La FGR informó que continuará las investigaciones para determinar responsabilidades por los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de 60 cuerpos por ‘ajuste de cuentas’ en Hermosillo

Siete personas han sido detenidas como presuntos responsables del caso. Sonora ha visto en los últimos años un aumento en los niveles de violencia debido a las constantes pugnas entre grupos delictivos.

Los cadáveres de 60 hombres fueron localizados a inicios de este año en una zona rural de Sonora confirmó el miércoles la fiscalía local en un comunicado, en medio de un aumento de la violencia ligada al narcotráfico en la región.

La institución estatal informó que, de acuerdo a las pesquisas, los cuerpos localizados entre enero y febrero en la capital del estado, Hermosillo, pertenecían a personas que fueron secuestradas por “ajustes de cuentas” entre organizaciones delictivas que operan en la zona.

“Se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada una de las víctimas, quienes ya fueron entregados a sus familias”, agregó la fiscalía, precisando que al menos siete personas han sido detenidas como presuntos responsables del caso.

Sonora ha visto en los últimos años un aumento en los niveles de violencia debido a las constantes pugnas entre grupos delictivos que pelean el control de las rutas, principalmente hacia Estados Unidos, para controlar el tráfico de droga y migrantes.

Organizaciones de derechos humanos dedicadas a buscar cadáveres reportados como desaparecidos también han documentado y denunciado persecución contra ellos, sobre todo durante los operativos de búsqueda en zonas apartadas. En algunos casos han sido secuestrados o asesinados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Obra mortal en Cajeme pudo prevenirse: ¿quién dio la orden de seguir?

Tres empleados murieron en una obra de alcantarillado en el municipio de Cajeme, Sonora, cuyo presidente es Javier Lamarque. ¿Quién dio la orden de continuar a pesar del peligro? Fiscalía investiga.

Tres trabajadores de una empresa privada murieron tras descender siete metros de profundidad para realizar trabajos en el sistema de alcantarillado de Cajeme, Sonora, a pesar de que el gobierno estatal había advertido del peligro de continuar con los trabajos sin antes drenar el agua. 

Pese a los esfuerzos de rescate, tres empleados fueron hallados sin vida mientras que el cuarto fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica y en estado grave.

¿Quién dio la orden de continuar? El presidente municipal de Cajeme es Javier Lamarque, quien hace los nombramientos del organismo operador del agua (OOMAPAS), que a su vez subcontrata obras de alcantarillado mediante licitaciones públicas.

Sin embargo, Lamarque culpó en declaraciones a la prensa a la empresa privada “que está haciendo un trabajo en colectores”, de la cual no dio el nombre, y negó que OOMAPAS, dependiente del ayuntamiento, la haya contratado, por lo que se mantiene el misterio de quién dio la orden de continuar la obra a pesar del peligro.  

Lamarque está entre los nombres que más suenan para abanderar a la 4T en las elecciones para la gubernatura de Sonora en 2027.

La Fiscalía estatal ya investiga los hechos para deslindar responsabilidades. De acuerdo con los informes preliminares, antes del accidente, cuatro supervisores, entre ellos uno de la Secretaría de Infraestructura (SIDUR) y otros del organismo operador (OOMAPAS), habían decidido suspender temporalmente los trabajos hasta que se drenara el agua acumulada en el área, señaló la dependencia estatal.

Personal y directivos de SIDUR expresaron solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas. “Les brindaremos acompañamiento y apoyo integral en todo momento”.

La SIDUR aseguró que la obra fue licitada conforme a derecho y bajo los más altos estándares de transparencia y remarcó que está siendo ejecutada por una empresa constructora privada, que aparentemente decidió continuar con la obra pese al peligro.

Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra ya realizando las investigaciones y peritajes correspondientes, para determinar las responsabilidades que haya lugar, así como las sanciones correspondientes.
Cuerpos de rescate intentaron rescatar a los trabajadores de la empresa constructora que  resultaron atrapados, lamentablemente, tres perdieron la vida, informaron de manera preliminar autoridades locales. 

Autoridades señalaron que entre los lesionados uno de ellos fue llevado en estado crítico, aún con vida a un hospital, para recibir atención médica especializada.

Cabe señalar que Ciudad Obregón es la cabecera municipal de Cajeme. Esto significa que la ciudad es el centro administrativo y la localidad más poblada dentro de ese municipio. Cajeme es un municipio (entidad administrativa territorial) del estado de Sonora que incluye no sólo Ciudad Obregón, sino también más de 900 localidades rurales y urbanas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La millonaria deuda por oro que una minera de Baillères evade en Sonora

En 2014 un tribunal falló en favor de 67 ejidatarios ordenando a la minera Penmont restituir cerca de 700 millones de dólares. Sin embargo, la empresa negó la deuda ante sus accionistas en Londres. Los ejidatarios denuncian que la compañía ha recurrido al uso de narcotraficantes y guardias privados.

Unos 70 campesinos asentados en el norte de Sonora viven en circuitos propios de la migración interna pese a que son ejidatarios de una región de amplias tierras, gran biodiversidad y cantidades extraordinarias de oro bajo sus pies. 

Esto se debe a que desde hace más de una década la vida de la comunidad ejidal se vio interrumpida al involucrarse en una disputa con la empresa minera Penmont, que ocupó sus tierras de modo irregular para extraer minerales preciosos. La explotación de estos metales comenzó en 2010, aunque sólo existían permisos de exploración.

“Es muy difícil porque siguen saliendo algunos compañeros, porque el trabajo que hay ahorita no nos da para todos. Se van a Caborca, hay gentes que migran a San Luis Río Colorado, a Tijuana, a San Quintín a buscarse la vida, porque aquí hay muy poco trabajo. Nos estamos turnando para vigilar el ejido. Se van, pero no se van, porque están yendo y viniendo. Eso es lo que hemos tenido que hacer para defender aquí”, dijo a Proceso Erasmo Santiago, uno de los ejidatarios de El Bajío.

Uno de los frentes de este conflicto han sido los tribunales. Los ejidatarios cuentan con 67 fallos que les otorgan la razón, lo que implica en primer lugar que la minera tuvo que salir del territorio y, en segundo lugar, que debe devolver la cantidad de oro y plata extraídas fuera de la ley. Pero la compañía encontró maneras de postergar la ejecución de las sentencias judiciales desde el 14 de noviembre de 2014.

De acuerdo con los ejidatarios, y con su defensa legal, la dilación de la justicia en este caso se relaciona con que Penmont es filial de Fresnillo PLC, que a su vez forma parte de Industrias Peñoles y del conglomerado que encabeza Alejandro Baillères, el cuarto hombre más acaudalado de México.

Pero la razón por la que decenas de ejidatarios tienen que buscar el pan en otras tierras, para luego volver y hacer guardia en las suyas, tiene que ver con el otro frente que se produjo durante la disputa por la tierra...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

“Dejen de legislar con sus prejuicios”: colectivas de Sonora exigen despenalización del aborto

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, la colectiva Ni Una Más de Hermosillo, Sonora, señaló que la inacción institucional en torno a la interrupción del embarazo lleva a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.

El aborto en Sonora sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un “candado” legal en la Constitución local que protege la vida desde la concepción. Ante este marco restrictivo, colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica, denunciando una falta de “voluntad política y misoginia” con la que se gobierna en el estado.

Sonora es una de las entidades del país que aún no despenalizan el aborto, pese a que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica al determinar que vulnera los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

En ese estado del norte, la interrupción del embarazo solo está permitida por tres causales: violación, si ocurre de manera involuntaria o si la vida de la mujer está en riesgo. Fuera de ellas, la práctica se criminaliza.

En esa línea, Leslie Valdez, abogada e integrante de la colectiva Ni Una Más HMO, dijo a Animal Político que la lucha feminista va más allá de las causales, por lo que urgen al gobierno de Sonora, a cargo del morenista Alfonso Durazo, y al Congreso local, reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Nuestra postura es clara, la penalización es una medida institucional y exigimos la despenalización, pero no solo eso, no solo es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, es también que se den las condiciones adecuadas para tener un aborto digno”, aseveró.

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, Valdez hizo hincapié en que la penalización convierte el acceso a la interrupción del embarazo en una cuestión de clase social.

Además, sostuvo que la práctica sigue siendo un tabú en Sonora o “al menos así quieren manejarlo las autoridades”, por lo que atribuyó la inacción institucional al miedo de los legisladores a perder votos y privilegio.

Sin embargo, enfatizó que dicha inacción condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.  

La despenalización del aborto, un tema pendiente en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo sí se ha pronunciado respecto al tema en distintas ocasiones durante su administración que comenzó en 2021.

Por ejemplo, en septiembre de 2023 sostuvo que la entidad debía atender el mandato de la Corte que obliga a las entidades a legislar en favor de la despenalización del aborto, sin embargo, señaló la importancia de realizar una consulta pública ante la división de opiniones.

Un año más tarde, en entrevista con Uniradio, dijo que el aborto era uno de los asuntos “más sensibles para la sociedad, para la opinión pública” en Sonora y señaló que “todos los estados tendrán en un momento u otro que dar el paso de la aprobación” a menos de que el máximo tribunal del país reconsidere su propia jurisprudencia.

En esa misma entrevista, el mandatario indicó que la diputada de Morena, Celeste Taddei, presentó una propuesta, pero él insistió en la necesidad de “trabajar ese tema todavía más”.

Este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Durazo expresó que “en algún momento” habría que atender la sentencia de la Corte.

“Yo expresaba que el movimiento progresista del país tiene una agenda histórica que incluye ese postulado y también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que recomienda a los congresos de los estados legislar en ese sentido, tendremos que dar el paso en algún momento para atender esa sentencia”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, la despenalización del aborto es un tema que hasta el momento sigue pendiente de legislar en la entidad. Incluso, se ha señalado que no hay disposición del Congreso local para despenalizar la práctica.

En agosto pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, declaró que el tema requiere voluntad y los votos de la mayoría de las y los legisladores, sin embargo, enfatizó que no se percibe esa apertura dentro del Congreso.

“Yo creo que no la hay, sin embargo, no digo que no se pueda construir”, dijo Félix a diversos medios locales, quien se pronunció a favor de la despenalización y afirmó dar su apoyo para cuando se presente la iniciativa.

El silencio institucional por el tema del aborto en Sonora

Las exigencias para alcanzar la despenalización del aborto en Sonora se intensificaron desde julio pasado tras una reunión entre integrantes de colectivas y autoridades.

En el encuentro, relató la abogada Leslie Valdez, ella preguntó “qué iba a pasar con el tema” y la respuesta en ese momento, dijo, fue que el asunto no le compete al mandatario, pues se trata de una responsabilidad del Congreso. Sin embargo, las colectivas argumentaron que él podía presentar una iniciativa de ley.

Un mes más tarde ―el 15 de agosto―, sostuvieron un nuevo encuentro en el que esperaban la asistencia de Alfonso Durazo, pero no se presentó.

Ante cuestionamientos por no acudir al diálogo, el equipo del gobernador acordó gestionar una reunión que hasta la fecha no ha llegado, a pesar de haber entregado una solicitud para abordar el tema y tomar medidas en el asunto mientras sucede la discusión.

Con el documento esperaban obtener un enlace de seguimiento, pero solo ha persistido el silencio oficial.

Ante este panorama, el mensaje de las colectivas feministas ―incluyendo a Ni Una Más― es enfático y directo al exigir que dejen de lado los prejuicios.

“Dejen de legislar con sus prejuicios y su cobardía, quítense la venda de los ojos, nuestras vidas no son negociables y mucho menos nuestros derechos”, dijo Leslie Valdez.

Las exigencias para despenalizar la práctica en Sonora

La abogada explicó que en Sonora solo existen tres módulos de aborto, ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, lo que limita el acceso a lo largo de los 72 municipios de la entidad.

La agenda de las colectivas feministas de Sonora, incluyendo a Ni Una Más, articula una exigencia clara para poner fin a la criminalización del aborto y garantizar el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La demanda principal es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, así como la creación de las condiciones para un aborto seguro y legal en el estado.

Las colectivas señalan, de acuerdo con la abogada Valdez, que la penalización actual es una medida institucional que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad al dejarlas sin acceso a los apoyos necesarios, mientras otras tienen que viajar a otros estados o buscar el acompañamiento de redes feministas.

En ese sentido, dijo, han identificado barreras legales específicas que deben ser eliminadas para garantizar el derecho a decidir, como es la disposición que contempla la protección de la vida desde la concepción.

En sus demandas al gobierno, solicitaron al Ejecutivo girar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Salud para garantizar el acceso al aborto voluntario hasta la semana 12, argumentando que esto es una obligación constitucional de los estados, aun cuando el Código Penal no se haya reformado.

También pidieron llevar a cabo las diligencias necesarias para que exista una campaña permanente sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad.


En tanto, a la Fiscalía del Estado, demandaron que suspenda la apertura de carpetas de investigación, “así como cualquier integración de carpetas para su judicialización por el delito de aborto voluntario”.

Asimismo, colectivas instaron a revisar y archivar las carpetas abiertas por aborto voluntario.

Movilización del 28S en Sonora

Las colectivas feministas de Sonora convocaron a una marcha para este domingo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el marco de su estrategia constante de presión y visibilización por el tema.

La movilización tiene como objetivo central demandar el derecho a decidir.

La ruta de la marcha está diseñada, dijo Valdez, para enviar un mensaje directo a las autoridades como parte de su “triángulo de acciones” que busca presionar simultáneamente al Ejecutivo, al Congreso e informar a la sociedad, reafirmando que no cesarán las acciones hasta que deje de criminalizarse esta práctica en el estado y se garanticen las condiciones adecuadas para ella.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

Allanan camino para que sobrino de Ojeda Durán sea notario público

Ranjeet Kang Ojeda obtuvo la patente de aspirante a notario el 18 de marzo último, esto, en el contexto de que el gobierno de Sonora se ha pronunciado en contra de que se “obsequien” notarías públicas a personas con potencial conflicto de interés.

El gobierno de Sonora concedió que un sobrino consanguíneo de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, pueda ser notario público en el estado.

Se trata del abogado Ranjeet Kang Ojeda, de 36 años, originario de Benito Juárez, Quintana Roo, hijo de Luz del Carmen Ojeda Durán, hermana del marino en retiro.

Kang Ojeda obtuvo la patente de aspirante a notario el 18 de marzo último, según consta en el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La designación se formalizó mediante el oficio número 03.01-1-029/(2025), firmado por el mandatario y el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

En el documento se señala que el Ejecutivo estatal actuó “en ejercicio de mi atribución contemplada en el artículo 10, fracción IV” de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y que el aspirante ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la misma legislación.

El boletín establece que la notificación se realiza “para su conocimiento y se proceda al cumplimiento de las formalidades” previstas en el artículo 123 de dicho marco normativo, lo que abre paso al proceso de adscripción y la eventual asignación de una patente titular a Kang Ojeda, quien egresó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de las Américas, en Puebla, en 2017.
La condición de Kang Ojeda llama la atención, ya que Proceso constató que tiene un domicilio registrado en Benito Juárez, en un sector conurbado llamado Super Manzana 31, a 4.8 kilómetros del puerto de Cancún.
A la fecha no hay registro público de su actividad como abogado litigante en México, ni tampoco en Sonora.

La formalización de su estatus como aspirante a notario precedió a la trama de huachicol marítimo transnacional que involucra a los sobrinos políticos de Ojeda Durán originarios de Sonora, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Ambos son señalados desde el 9 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR) como líderes de una organización llamada Los Primos, que usó su posición de poder para corromper a personal de la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas en puertos federales, con el objetivo de ingresar ilícitamente hidrocarburos a México, mediante buques contenedores provenientes de Estados Unidos, con el soporte de toda una red de empresas transportistas nacionales en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guaymas y Ensenada durante los últimos seis años.

El acto ocurre también en un contexto donde el mismo gobernador Alfonso Durazo se ha pronunciado contra el uso político de las notarías públicas en Sonora, como ocurrió el 30 de agosto.

En un encuentro con los funcionarios notariales alertó que al participar en actividades políticas asumen el riesgo de “pervertir la fe pública” que depositan los ciudadanos en sus actividades conformando empresas o dando fe de actos legales.

“Lo único que les he pedido es que no hagan política desde su condición”, señaló el mandatario, para después insistir en que deben alejarse de militancias partidistas.

Previo a este pronunciamiento, en 2023 Durazo Montaño emitió una reforma a la Ley para evitar que el Ejecutivo estatal, al final de su sexenio, “obsequie” notarías públicas a personas con potencial conflicto de interés.

En Sonora hay 116 notarías públicas activas, según el directorio oficial actualizado al 16 de febrero de 2024.

Ayer viernes 19, el gobierno del estado difundió un comunicado con respecto de este tema, en el que señala que Ranjeet Kang Ojeda tiene acreditado el estatus de aspirante junto con otras cien personas que presentaron la documentación y el examen respectivo.

En el comunicado, firmado por la vocera Paloma Terán Villalobos, el gobierno estatal afirma que dicho estatus no significa una garantía para alguno de los aspirantes de que obtendrán la patente notarial que buscan.

El gobierno aludió a la Ley de Notariado de Sonora, que establece que todas las personas que cuenten con estudios de Licenciatura en Derecho pueden aspirar a convertirse en notarios. Y subrayó finalmente que Kang Ojeda deberá cumplir “con todos los requisitos y procedimientos que establece la ley”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS IBARRA.

Hijo de Guadalupe Taddei asciende a secretario particular del gobierno de Sonora en siete meses

El hijo de Guadalupe Taddei pasó de ser secretario de la Consejería Jurídica de Sonora a secretario particular del gobierno en poco más de medio año.

En poco más de medio año, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pasó de ser nombrado secretario de la Consejería Jurídica de Sonora a secretario particular del Poder Ejecutivo estatal.

La noche de este lunes 4 de agosto, el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer el nuevo nombramiento a través de una publicación en sus redes sociales.

“Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda Taddei como nuevo secretario particular del Poder Ejecutivo, y a Ramón Alejandro Acosta Cortez como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Estado”, escribió.

A inicios de enero, el ahora nuevo secretario particular del gobierno de Sonora había sido nombrado secretario de la Consejería Jurídica, cargo que desempeñó por tan solo siete meses.

Cabe mencionar que la familia de Guadalupe Taddei tiene diversos vínculos con Morena. Otro de sus hijos, León Fernando Piñeda Taddei, quien fue secretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa, fue nombrado director de Operación Fiduciaría y Mercadotecnia en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

También su primo Jorge Taddei Bringas fue superdelegado del gobierno federal en Sonora, quien a su vez es padre de Pablo Daniel Taddei Arriola, director de la paraestatal Litio Mx, y es pariente de Celeste Taddei Arriola, quien fue diputada por Morena también en Sonora.

¿Quién es Luis Rogelio Piñeda Taddei?

Jorge Luis Piñeda Taddei tiene dos licenciaturas: una en derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) y otra en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de Sonora. Además, tiene estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

En cuanto a su trayectoria profesional, el hijo de la consejera presidenta del INE fue director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, donde atendió y dio seguimiento a solicitudes de diputados en materia de investigaciones, estudios y análisis.

Piñeda Taddei también se desempeñó durante el periodo 2013-2016 como administrador en Ingeniería, Proyectos y Construcción (IPYC), “una empresa dedicada a la señalización vial, construcción y remodelación de vivienda”, según indica su currículum.

En esa empresa realizó labores de reclutamiento de personal y estuvo a cargo del material para la realización de proyectos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.