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Exigen atención específica para defensores y periodistas ante violencia en Michoacán

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que las estrategias del gobierno federal para combatir la violencia en Michoacán deben reconocer y atender a los defensores y periodistas en la entidad «como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz».

En un comunicado, las organizaciones que integran el Espacio OSC enfatizaron que los defensores del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, son quienes enfrentan «los mayores niveles de riesgo en Michoacán», los cuales se agravan por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, «frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales».

«La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos», agregaron. Tan sólo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra defensores del medio ambiente.

Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» frente a las formas de violencia que enfrentan los defensores y periodistas en la entidad, donde al menos nueve defensores fueron asesinados de 2016 a 2025 y ocho periodistas ultimados de 2006 al presente año. Además de asesinatos, precisaron que el entorno de agresiones a los que se enfrentan los defensores y periodistas incluye desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

De acuerdo con el Espacio OSC, los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo evidencian «la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán», la cual «ha sido denunciada durante años».

Frente a la violencia, se pronunciaron por que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, y que ha sido criticado por las comunidades indígenas del estado como «discriminatorio, unilateral y engañoso», atienda a los defensores y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, para lo cual «es indispensable» fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil.

Finalmente, el Espacio OSC urgió a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a que establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra defensores y periodistas, «garantizando verdad, justicia y reparación», así como exigió la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales y las estatales con los defensores y periodistas, con el fin de monitorear las acciones de protección y robustecer las medidas de prevención, entre otras medidas.

COMUNICADO:

Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.

En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.

En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.

Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.

Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.

Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.

Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Señalan a Semanario ZETA en narcomantas; Artículo 19 urge protección del Estado

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 17 de octubre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, ello luego de que los días lunes 13 y martes 14, del mismo mes y año, fue mencionado en una serie de narcomantas, las cuales fueron colocadas por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado, en diferentes puntos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

‘El medio de comunicación fue señalado tras publicar, el lunes 13, una investigación sobre el robo de droga por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) a un grupo criminal. En las mantas se puede leer: ‘…no vamos a fusilar a ningún inocente, como la nota que sacaron en el zeta putas lacras…’; mientras que otra señala: ‘No inocentes como dice el zeta unidad kia y pickup…’, recordó la ONG internacional, en un posicionamiento público.

“Lo anterior, sucede en un contexto de otras agresiones, ocurridas durante este año, en contra del medio de comunicación y su directora como amenazas, actos de intimidación, bloqueos informativos y, por lo menos, cuatro ataques DDOS masivos en intentos para bajar su página”, agregó Artículo 19, cuyo director regional para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

“De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para prevenir agresiones y proteger la integridad de quienes ejercen la labor periodística y el derecho a la libertad de expresión”, enfatizó la ONG internacional.

“Las autoridades deben investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos de las personas periodistas, por lo que la Fiscalías en México deben aplicar el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, agregó la organización no gubernamental.

En vista de lo anterior, la organización exige: Al gobierno estatal de Baja California, garantizar la seguridad de las y los periodistas de dicha entidad para erradicar cualquier tipo de ambiente hostil que impida realizar de forma segura el ejercicio periodístico y así, garantizar una vida democrática para la sociedad”, insistió la ONG internacional.

“Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas [dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal], establecer comunicación con la periodista Adela Navarro [Bello] e integrantes del medio a fin de acordar medidas que garanticen su protección y seguridad”, finalizó Artículo 19.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEO.

Exige A19 protección para Luis Daniel Nava, periodista amenazado y agredido en Guerrero

La organización Artículo 19 (A19) exigió a a las autoridades que atiendan «de forma inmediata» al periodista Luis Daniel Nava Jiménez, corresponsal de Proceso y El Sur: Periódico de Guerrero, a quien sujetos armados y uniformados de negro amagaron y robaron el teléfono celular y computadora en Chilpancingo, Guerrero.

A19 demandó a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos que se coordine con el Mecanismo Federal de Protección para atender «de forma inmediata» al Nava Jiménez, cuyo ataque, el pasado 9 de noviembre, sucedió luego de que reportara la desaparición y masacre de 11 personas en la entidad, en donde pobladores denunciaron la omisión de autoridades estatales.  

Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez firman compromiso con RSF para proteger el periodismo

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, firmaron la propuesta de cinco puntos estratégicos, con el fin de reforzar la acción de gobierno a favor de la protección de los periodistas y del derecho a la información.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha mantenido como el país con el mayor número de periodistas asesinados, hasta el momento se registraron 38, a esto se suma al ataque que cada mañana desde su conferencia de prensa atiza contra los medios de comunicación, a quien tilda de "medios de manipulación". En este contexto y ante la ausencia de este tema en la campaña presidencial, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez han suscrito un acuerdo para la protección del periodismo con Reporteros Sin Frontera (RSF).

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, firmaron la propuesta de cinco puntos estratégicos elaborados por RSF, con el fin de reforzar la acción de gobierno a favor de la protección de los periodistas y del derecho a la información.

Protección a periodistas: lo que falta por hacer en México

Amnistía Internacional y el CPJ evaluaron la eficacia del mecanismo creado en el gobierno de Felipe Calderón para salvaguardar la integridad de los comunicadores. En su reporte señalan deficiencias y formulan recomendaciones a las instancias involucradas.

En los últimos siete años han sido asesinados ocho comunicadores que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Esta cifra, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar las políticas federales que buscan garantizar la seguridad de quienes ejercen la profesión informativa.

Carta de 123 periodistas a AMLO; le exigen ejercer su derecho de réplica, sin ponerlos en riesgo

Tras la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe, un total de 123 corresponsales y comunicadores mexicanos exigieron, el 28 de diciembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ejerciera su derecho de réplica, sin poner en riesgo la integridad de los periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) -organización no gubernamental, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial- fue la que dio a conocer la misiva.

Artículo 19 urge al gobierno a tomar medidas ante filtración de datos de reporteros

Artículo 19 reprobó la filtración al señalar que México es “uno de los países más letales contra la prensa”, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos.

La organización Artículo 19 urgió a periodistas quienes hayan asistido a las conferencias mañaneras en los últimos años, y cuyos datos personales fueron filtrados, a “activar protocolos de seguridad y tomar debidas precauciones”.

Asimismo, pidió al gobierno federal clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó, específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión.

“De frente a la libertad”, programa de la ONU y Segob ante los reclamos periodistas y defensores

El representante adjunto de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, recordó que, a petición de la Segob, en 2019 el organismo elaboró el Diagnóstico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, del que surgieron casi un centenar de recomendaciones.

Después de cuatro años de que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hiciera una serie de recomendaciones al actual gobierno para atender la situación de riesgo contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció el arranque de la campaña “De frente a la libertad”, patrocinada por la Unión Europea y diseñada con la colaboración de la ONU-DH.