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A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Desde el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a Jorge Raúl Tirado. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo.

El 12 de enero de 2021, la vida de Jorge Raúl Tirado cambió de manera dramática. Ese día, Raúl, comerciante desde los 17 años, padre de tres hijos, fue detenido por policías fuertemente armados.

El motivo: lo acusaron de ser integrante de una banda de secuestradores

Las pruebas: su voz “se parece” a la que las autoridades tienen de una serie de casos denunciados en el Estado de México y porque su teléfono aparece en una base de datos vecinal.

En entrevista para “Café y Noticias”, Jafet Tirado, hermana de Raúl, dijo que “la vida te puede cambiar de un momento a otro, para ti y toda tu familia por personas a la que no les importa más que inflar números y cifras”.

Detalló que el día de la detención, Raúl estaba trabajando en Nezahualcóyotl y de forma burlona los agentes le dijeron que lo habían investigado por cuatro años y no le habían encontrado nada. Sin embargo, ejecutaron la orden de aprehensión y le expresaron: “Échale ganas”.

Su familia ha llevado una agotadora lucha legal para demostrar la inocencia de Raúl Tirado y se han encontrado con un caso que apenas se sostiene.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, el Ministerio Público detuvo a Raúl porque su número telefónico se encontraba en el registro de llamadas de un policía municipal de Nezahualcóyotl asignado a la colonia en la que Jorge vivía con su familia. En una ocasión Jorge llamó al policía para pedirle apoyo por el choque del vehículo de su hermana.

En ese momento, ese policía era investigado por un caso de secuestro, denunciado a finales de 2016. Al referirse a Jorge Raúl con la palabra “jefe” fue motivo suficiente para se le considerara dentro del caso como “negociador” del secuestro.

Jafet, quien también es periodista, narra que el policía le dio la atención y pidió una ambulancia. “Además este policía vigilaba el mercado donde mi hermano tenía dos locales de venta de ropa. Esa fue la conexión. El policía se refirió a él como: ‘Sí, jefe. Le doy el apoyo, jefe’”. Y agrega que la llamada que tuvo, para las agentes fue el indicio para investigarlo, “porque si le dijo ‘jefe’ era probablemente un tema de rango”.

Ese 12 de enero en su traslado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los agentes le mostraron retratos de personas que él no reconoció. En todo de burla le dijeron “no te preocupes, ahorita los vas a conocer”.

La víctima de secuestro y sus familiares vieron fotos de Jorge Raúl y negaron conocerlo; tampoco reconocieron su voz.

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que es la unidad que inició la fabricación del delito, “usó audios de enero de 1994 para hacer las comparativas de voz con las que se vinculó al proceso, cuando en ese año Jorge Raúl era un adolescente de 16 años y la carpeta sugiere que la negociación la hizo un adulto”, detallan familiares de Raúl.

La carpeta de investigación la inició la SEIDO en 2017, año en que empezaron a seguirlo y a intervenir sus comunicaciones. La hermana de Raúl dijo que la persona que encabézala esa unidad era Gualberto Ramírez, “quien ahora está preso por presuntamente fabricar casos, torturar personas y crear culpables en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Era la unidad, que estaba a cargo de esta persona y su gente, a la que a mi hermano le empieza a fabricar el delito”.

En 2021, esa dependencia ya convertida en FEMDO,  pidió una orden de aprehensión contra Raúl, por presuntamente estar relacionado con un caso de secuestro denunciado a finales de 2016. A pesar del seguimiento de años, la prueba sólo fue que él conocía a un policía que estaba acusado de secuestro.


Sin embargo, la defensa legal de Raúl encontró un peritaje en donde se demuestra que no hay coincidencia en la voz. “Ya detenido la Fiscalía le vuelve a tomar pruebas de voz y vuelve a compararlas y su peritaje sale negativo. No coincidencias. Ese peritaje lo intentan esconder, porque no lo presentaron como prueba ante el Juez”, explicó Jafet.

Posteriormente, la FEMDO lo vinculó con otros dos secuestros que se tuvieron  un modus operandi similar y de nuevo, las únicas pruebas presentadas en su contra son los audios donde presuntamente la voz de Raúl es la del negociador.

Antes de su detención, Jorge se dedicaba al comercio. Desde los 17 años vendía lámparas decorativas y material eléctrico en distintas partes del Estado de México y Morelos, ya que su familia tiene una microempresa de lámparas desde hace 35 años. También tenía dos locales en renta en el mercado de la colonia El Sol, donde además era el tesorero. En 2020 se graduó como Licenciado en Mercadotecnia.

A partir de este lunes 20 de octubre inicia la etapa del juicio del caso de Jorge Raúl y su familia espera que el Poder Judicial tome en cuenta todas las irregularidades que ha habido durante todo el proceso.

La fabricación del delito

Mientras lo trasladaban a las instalaciones de la FEMDO, ubicada en Avenida Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, uno de los agentes le dijo a Jorge Raúl: "Híjole güero, te estuvimos vigilando por 4 años, sólo me faltó meterme al baño contigo, y la verdad nunca te encontramos nada, pero ni modo, te tocó la de malas. Échale huevos".

Ese mismo día en las instalaciones de la FEMDO Jorge tuvo su primera audiencia por videoconferencia; ahí se enteró formalmente del delito que se le acusaba y le entregaron una copia de la orden de aprehensión en su contra, en donde leyó la teoría de la supuesta participación en el secuestro de octubre de 2016.

El hijo del dueño de una rosticería en ciudad de Neza fue secuestrado el 28 de octubre y liberado el 4 de noviembre de 2016.

Un mes después, en diciembre de 2016, la hermana de la víctima se encontraba atendiendo la rosticería y un hombre le encargó un pedido. Ese hombre era el policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López. La joven guardó su número y la foto del Whatsapp. Le comentó a su hermano que el sujeto le había dado mala espina. El miró la foto de Benjamín y lo reconoció como uno de sus supuestos cuidadores mientras estuvo en cautiverio. Esta información le fue compartida a la policía y semanas después, en febrero de 2017 empezaron a intervenir las llamadas de Benjamín.

De acuerdo con la teoría que le presentaron al Juez de distrito José Artemio Zúñiga Mendoza, para que emitiera un orden de aprehensión, Jorge Raúl estaría relacionado como "negociador" del secuestro porque estaba en el registro de llamadas del policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López.

A partir de ese momento las autoridades intervinieron el teléfono de Jorge Raúl.

De acuerdo con Jafet Tirado, hermana de Raúl, “no era raro que las llamadas de mi hermano aparecieran en el registro de este policía. La relación surgió cuando él estaba asignado en la vigilancia del cuadrante donde está la casa de mi hermano y la de mis papás, en la misma Colonia El Sol. Además, Benjamín patrullaba el mercado de la colonia, donde mi hermano y mi cuñada tienen 3 locales en renta, con los que solventan parte de la manutención de sus 3 hijos. Jorge Raúl además era el tesorero del mercado”.

En una de las llamadas intervenidas es cuando el policía le llama “jefe” a Jorge Raúl y aunque es parte del argot de los uniformados, para la fiscalía fue motivo suficiente para inventar la teoría de que era su “jefe” y que estaba relacionado con un delito.

Con ello aseguraron que él fue el negociador del secuestro y que su voz tenía "coincidencias" con uno de los registros del Banco de Voces de la Policía Federal.

“Para nuestra sorpresa, la voz con la que relacionaron a mi hermano no era la del negociador del secuestro de octubre de 2016; era la de un archivo de diciembre de 1994 tomado de su banco de voces”, agrega Jafet Tirado.


Este supuesto análisis de voz, realizado en abril de 2017, no se elaboró por un perito especializado en la materia, lo realizó una policía de grado tercero de la Policía Federal. Meses después, la FEMDO mandó a hacer su propio peritaje de voz en el que supuestamente también encontraron "coincidencias".

En la carpeta de investigación con folio MEX/0000891/2016 no hay un solo audio que pruebe que Raúl Tirado estuvo relacionado con un secuestro, a pesar de que intervinieron sus comunicaciones por casi 4 años. Los agentes de investigación integraron a la carpeta seis audios de sus llamadas intervenidas como pruebas y son una llamada de la compañía Totalplay para realizarle un cobro; una discusión vía telefónica de Raúl Tirado con su madre y una llamada al policía Benjamín para solicitarle apoyo por un choque vehicular.

A pesar de todas las irregularidades, el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, lo vinculó a proceso. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo.

Meses después la FEMDO giró otras dos órdenes de aprehensión en su contra por dos casos más de secuestro en el Estado de México y que las autoridades quisieron hacerlo parecer como el modus operandi de una “banda de secuestradores".

Para la familia de Jorge Raúl, la intención era muy clara: utilizar a Jorge Raúl como chivo expiatorio para justificar que están “trabajando” en la impartición de justicia a las víctimas. 

“Tan evidente es, que sólo copiaron las pruebas de la primera carpeta y las pegaron en la segunda, y posteriormente en la tercera, lo cual es ilegal”, aseguran.

A esto se suma la lentitud del Poder Judicial para agendar audiencias, argumentando que están saturados de trabajo. “¿Y la vida de mi hermano qué? ¿Y sus tres hijos sufriendo por no tener a su padre en casa? ¿Eso no importa? su hijo mayor, de 22 años, incluso tuvo que dejar la universidad para hacer el trabajo de su papá y mantener a la familia junto con mi cuñada”, cuenta la hermana de Jorge Raúl.

Jafet explica que luchar contra una carpeta sostenida por un audio, en donde dicen que la voz se parece ha sido pesado. Sin embargo, tras la reforma al Poder Judicial ven “una nueva oportunidad por parte de los jueces y rectificar el camino”.

“Muchos han criticado la reforma, pero para nosotros que estamos de este lado, decimos: ‘sí se tiene que hacer algo’, no se si es la forma, pero de este lado de víctimas ves a jueces que no les interesa o que no saben. Ahora para nosotros representa una esperanza. Confiamos en los nuevos jueces en que lleguen y logren ver las irregularidades que no vieron los anteriores o no quisieron ver”, finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN, PERLA VELÁZQUEZ.

Policía de García Luna inculpó a 2 víctimas de Aguas Blancas. Uno lleva 20 años preso

Antonio Barragán, sobreviviente de Aguas Blancas, fue capturado en 2001. En su cautiverio fue torturado, e ingresado a prisión donde continuaron las vejaciones. La Policía de Genaro García Luna lo acusó de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió. Al igual que él, Gilberto Aguirre Baena, otro sobreviviente de la masacre de hace 30 años, estuvo preso por 21 años acusado de homicidio. Él, a diferencia de Antonio, salió libre en abril del 2023 mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del Gobierno federal para personas injustamente presas.

La masacre de Aguas Blancas es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Ejemplifica el uso de la fuerza del Estado para aniquilar la protesta social y el menosprecio a los campesinos organizados y en resistencia.

A tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995, hubo una emboscada. Los testimonios relatan que los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) iban con destino a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café.

“Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en ‘El Vado’ por un grupo de policías y agentes judiciales estatales. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos”, relata la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El saldo: 17 campesinos asesinados; 14 heridos.


A pesar de las pruebas de que se trató de una dolorosa operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, el caso estuvo rodeado desde el inicio por irregularidades en la investigación y por una total impunidad; hubo algunos detenidos, como policías y mandos medios. Pero la justicia no alcanzó a quienes dieron las órdenes desde el gobierno; el entonces Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, compadre de quien fuera en ese momento presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue protegido.

Pero las víctimas no solo se limitan a quienes fueron asesinados ese 28 de junio.

Los casos de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Baena muestran que la persecución en contra de los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se mantuvo por años.

Antonio Barragán, sobreviviente de la matanza, está preso en un penal de Morelos desde 2001. Su caso está ligado a García Luna y la manera en como solía actuar el súper policía es evidente: fue capturado sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió.

Antonio trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California. Ahí fue que empezó una nueva pesadilla.

La historia de su detención nos lleva a otro caso de injusticia, que es el de estar preso por un delito que no cometió. A Antonio lo detuvo el policía Eduardo Gallo y Tello que lo torturó desde que lo detuvo hasta que logró meterlo en prisión e incluso ya dentro del penal continuaron las vejaciones. La tortura quedó debidamente registrada mediante el Protocolo de Estambul que salió positivo.

La intención era, además de atribuirle el delito de homicidio, que Antonio admitiera que formaba parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“A mí me detuvo una persona de nombre Eduardo Gallo y Tello. Tenemos entendido que Genaro García Luna pues está ligado con este señor Eduardo Gallo y entre estos personajes pues me fabricaron este delito. Y esta persona, Eduardo Gallo y Tello, pues fue quien se encargó de fabricar todos estos delitos. Él fue el que me detuvo en San Quintín, Baja California”, denunció Barragán en entrevista con SinEmbargo. “En el momento que él me detuvo, pues él me torturó con un policía que se llama Rey David. Ese policía es un policía judicial del Estado de Morelos”.
Antonio recuerda que cuando lo arrestaron le colocaron esposas y lo subieron a un coche rojo en donde comenzaron a darle golpes en el estómago. Saliendo de San Quintín relata que el vehículo ingresó a un camino de terracería donde le colocaron bolsas de plástico en la cabeza. “Me ponían de dos, de tres bolsas en la cabeza de plástico este señor Eduardo Gallo con el policía Rey David. Y ahí me empezaron a decir que me tenía que declarar culpable de haber matado a los secuestradores de su hija Paola Gallo. Yo le insistía que yo no había sido quien había matado a su hija, le insistía y le insistía y pues este señor no entendió”.

“En el trayecto de San Quintín a Ensenada, pues la tortura siguió dentro del carro, me empezaron a dar toques eléctricos del lado derecho de las costillas, me empezaron a dar toques eléctricos y me salieron muchas ámpulas ámpulas, muchas quemaduras. Y en el camino, en ese mismo trayecto, Eduardo Gallo me decía 'ahora sí, cabrón, háblale a tus compañeros del EPR, que te vengan a rescatar, a ver si de aquí son bien cabrones, háblales por teléfono'. Le digo, ‘Mira, pues yo no conozco que es EPR, le digo', ‘¿Cómo no?’, dice”.


Antonio Barragán, en entrevista con SinEmbargo desde el penal de Morelos en el que está recluido, cuenta que la persecución tiene que ver con su activismo político, al ser, en el momento de la detención, miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente identificado de la masacre.

La violencia también fue institucional, ya que aunque él fue detenido en 2001, le dictaron la sentencia de 40 años hasta 2014.

“Soy un sobreviviente de esta masacre, pero no es como él quiere inculparme de algo que no. Yo soy un miembro activo de la organización campesina de la Sierra del Sur, sí. El 28 de junio asesinaron a mis 17 compañeros de la organización campesina, ahí venía yo en esas camionetas. Lo que pasa que este señor Eduardo Gallo, como le dije al principio, fue quien se encargó de llevar a cabo todo el proceso, porque que en todas las diligencias que yo logré estar en el juzgado segundo, pues siempre estaba él ahí y siempre estaba ahí él armado y siempre ahí se hacía lo que él decía al Ministerio Público, pues él traía una orden pues como de un alto mando, ahí le obedecían pues, ahí se hacía todo lo que lo que él decía imagínese un armado ahí siendo una persona civil”, denunció.

En octubre de 2024 la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el caso de Antonio Barragán, a pregunta expresa sobre la persecución que, como secretario de Seguridad, realizó Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón contra agrupaciones sociales, particularmente la Organización Campesina Sierra, manifestó que se revisara el caso.

Sin embargo, el equipo que acompaña a Antonio afirma que aunque ya hubo una reunión con Rosa Icela Rodríguez el pasado 4 de mayo, la respuesta es que el caso efectivamente se está revisando. Legalmente a Antonio únicamente lo han acompañado abogados de oficio, ya que no tiene los recursos para pagarse una defensa privada. Acusa que los abogados que le han asignado no le han ayudado.

“Abogados particulares no tengo, quien está al frente de mi caso es una abogada de oficio, pero la abogada de oficio ni cuenta se da de lo que se está haciendo por mi libertad, no ha hecho nada, pues tiene que como 2 o 3 meses que esta abogada agarró el caso, pero no no ha no ha hecho nada. Ahorita hay una exigencia que quieren un diálogo con la Presidenta de la República, pero no hasta ahorita yo no sé más”.

Encerrado, a 30 años de la masacre y cerca de cumplir 24 años presos, lo inunda una sensación de injusticia. Aunque se ha enfermado en algunas ocasiones, está bien de salud y se dedica a elaborar bolsas para que su familia pueda venderlas y ganar algo de dinero.

“A pesar de tantos años no puedo decir que estoy mal, sí me he enfermado, pero ahora sí que la he librado de enfermedades menores. Pero sí, en estos 24 años le he echado ganas, he estado trabajando, haciendo bolsas y luchando por mi libertad, he estado exigiendo justicia, no he parado de luchar por mi libertad”.

Su caso se suma al de Gilberto Aguirre Baena, también sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien estuvo preso por 21 años luego de ser detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California, acusado de un homicidio que no cometió.

A diferencia de Antonio, Aguirre Baena salió libre en abril del 2023 del penal de Las Cruces, Acapulco, Guerrero. Este hecho se logró mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del gobierno federal para personas injustamente presas.

En entrevista con SinEmbargo, dijo que se trató de una masacre cobarde y cruel por parte del Gobierno. Recordó que fue una emboscada a sus compañeros que sólo traían palos, porque su manifestación era pacífica.

“El Gobierno después quiso decir que mis compañeros iban armados, pero se investigó y se supo que era mentira. Fueron rendidos y tendidos al piso, en donde les daban el tiro de gracia”, dijo para “Café y Noticias”. Agregó que él iba en una camioneta más atrás y el vehículo que masacraron fue el que iba más adelante.

Gilberto Aguirre fue uno de los integrantes de la organización que tuvo que desplazarse de la zona tras la masacre en Aguas Blancas. Migró con su familia, porque sufrió persecución por parte del Gobierno.

“Sabíamos que si el Gobierno nos encontraba nos iba a desaparecer, como lo hizo con otros compañeros”.

Gilberto fue primero jornalero en el Estado de México, luego trabajó en la Ciudad de México, para terminar en la frontera con Estados Unidos. Pero el 16 de mayo del 2002 todo cambió: “Llevaba un año trabajando y me detuvieron. Ahí comenzó mi tortura”.

“Me empezaron a golpear brutalmente. Hay imágenes de cómo llegué torturado a la cárcel. Esas imágenes fueron cuando me pusieron hielo para que se me bajara la hinchazón, pero estaba más grave. Me torturaron varios días. Había varias amenazas, porque querían que yo me declarara culpable por los muertos que había habido en Morelos. Me decían que si no lo hacía iban a matar a toda mi familia.”.

Además, afirmó que él era consciente que el Estado quería desaparecerlo. “Cuando me detuvieron me dijeron que si no me declaraba culpable me iban a entregar con el Ejército, porque ellos me estaban buscando. Me decían que me iban a matar y tirar en un canal de aguas negras y así iba a desaparecer. Querían que yo entregara a mi otro hermano y a más gente de la organización”.

Gilberto pasó en la cárcel poco más de dos décadas, su sentencia era de 40 años por homicidio calificado. Ingresó cuando tenía 30 y salió de 51 años. Su liberación fue difundida en la conferencia de prensa en abril de 2023. La entonces titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez señaló que aunque se logró liberar a Aguirre Baena, quedaban pendientes los casos de Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.

En el caso de Avilés Mesino, dijo, "se están haciendo promociones ante el Poder Judicial de Guerrero, para obtener la libertad anticipada, pues lleva preso desde 2011; mientras que con Barragán Carrasco, "se necesita el apoyo del Poder Judicial de Morelos para obtener la libertad anticipada, por lo que se gestiona una cita”.

“Seguimos exigiendo justicia por la masacre de nuestros compañeros. No podemos quedarnos callados porque nuestra organización ha sufrido muchos muertos, desaparecidos y encarcelados. Le pido a la Presidenta Claudia que haya una reparación del daño, porque me robaron 21 años que pude haber hecho más en mi vida”, finalizó Gilberto.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN, PERLA VELÁZQUEZ.

Proyecto en la Corte propone liberar a detenidos del documental ‘Duda Razonable’

Desde febrero pasado, la Corte advirtió al atraer el caso que “podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a los derechos de los acusados”; nueve meses después, el máximo tribunal del país discutirá su posible liberación.

Un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone liberar a Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin, protagonistas del documental “Duda Razonable” y quienes fueron acusados y sentenciados por secuestro.

Esto, tras una investigación cuestionada por irregularidades en el proceso y por presuntos actos de tortura cometidos contra los detenidos durante 2015 en Macuspana, Tabasco.

Tres jóvenes en situación de calle son sentenciados a 23 años de prisión por no evitar un homicidio

Tres jóvenes en situación de calle fueron sentenciados por no denunciar un homicidio que no cometieron y del que tampoco tuvieron conocimiento hasta que las autoridades los detuvieron por una riña callejera ocurrida en otro sitio.

El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 23 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

Tortura convierte a Chiapas en fábrica de culpables: Frayba

En Chiapas, «la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE)», lo que convierte a la entidad en una «fábrica de culpables», principalmente indígenas, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

«Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control. Su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes», acusó el Frayba.

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Los indígenas tseltales detenidos por el supuesto crimen lideran la resistencia en contra de una carretera que uniría el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Este lunes será la audiencia en la que se definirá si son procesados o no.

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Ella es Juana, presa sin pruebas 7 años en México. “Su delito fue no hablar español”

Alonso, conocida por todos como Juanita, es una indígena chuj de 35 años originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, que sólo pretendía cruzar México para llegar a Estados Unidos y dar mejor vida a su familia, dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación. En 2014 la acusaron de secuestro y hasta el sábado permanecía presa en Reynosa sin sentencia.

La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó siete años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia.

Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante siete años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Los presos, miembros de pueblos indígenas, denunciaron que los obligaron a firmar confesiones bajo tortura.

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.