La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

Agregó que las sanciones fueron por actuar en apego a las funciones y responsabilidades contempladas en la Constitución, la Ley Orgánica y la normativa universitaria.

“Los universitarios aludidos cumplieron con su deber como autoridades de la UNAM. Aplicaron la normativa en contra de acciones que lastiman a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por la violación a las normas básicas que rigen nuestras funciones sustantivas”, dice el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNAM.

De igual forma, se acusó que la sentencia “vulnera el derecho a la información”, ya que la jueza pidió al exrector de la UNAM y al exdirector de la FES Aragón a abstenerse de realizar en el futuro expresiones que “atenten contra el honor y la reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, directora de tesis de la ministra.

El pasado 31 de marzo, Enrique Graue, exrector de la UNAM, y Fernando Macedo, exdirector de la FES Aragón, impugnaron la sentencia que los obligaba a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis presuntamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Así, ambos lograron frenar momentáneamente el pago de la multa interpuesta en su contra por una jueza de la Ciudad de México, por supuesto daño moral cometido contra la profesora. Esto ya que, de acuerdo con la condena, ambos exdirectivos habrían atacado el “honor y la reputación” de la académica.

De acuerdo con los estrados judiciales, desde el pasado 26 de marzo la jueza Flor de María Hernández Mijangos, titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, admitió a trámite la apelación “en ambos efectos” interpuesta por Graue y Macedo.

La apelación en “ambos efectos” implica que la maestra Martha Rodríguez Ortiz no puede cobrar, por ahora, los 15 millones de pesos que fueron fijados como indemnización a su favor, en tanto la sala civil de la Ciudad de México a la que le corresponda conocer del recurso, determine si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada por la juez Hernández Mijangos.

En caso de que la sala civil confirme o modifique la sentencia, esa decisión puede ser impugnada mediante amparo directo, lo que mantendría suspendida la ejecución del pago ordenado por la juez hasta que un Tribunal Colegiado dicte su resolución.

El caso Esquivel contra la UNAM

El 21 de diciembre de 2022, el académico Guillermo Sheridan, dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo publicado en el portal de noticias Latinus.

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023, el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de académicos involucrados en su proceso de titulación, como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen proFESional, entre otros, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM.

Pese a lo anterior, su equipo legal comenzó a presentar una serie de amparos y recursos judiciales para impedir que la resolución del Cuética se dé a conocer, bloqueando de esta forma que se pueda conocer la determinación de la máxima casa de estudios del país.

En cuanto a la maestra Rodríguez Ortiz, en el mismo artículo, el académico Guillermo Sheridan señaló que eran al menos cuatro tesis idénticas dirigidas por la asesora, razón por la cual la UNAM tomó finalmente la decisión de rescindir su contrato.

Rodríguez Ortiz tomó la decisión de presentar una demanda civil en contra del exrector de la UNAM y el exdirector de la FES, pero no como autoridades sino como particulares, situación que fue aceptada por la jueza Hernández Mijangos.

Manifestaron que la sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis “ostensiblemente plagiadas”, por lo que castiga a los funcionarios que tuvieron que ocuparse del asunto y consideraron que la justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política.

Piden desechar demanda de Ortiz

Confiaron en que se reivindiquen el Derecho y el sentido común y se deseche la demanda de Ortiz Rodríguez.

“Ya ha sido ominoso que la ministra Esquivel obstaculice el ejercicio de transparencia y de ética académica que habría con la publicación del dictamen sobre su tesis. A ese abuso de poder, ahora se quiere castigar a los entonces funcionarios universitarios que no hicieron más que cumplir con su deber”, precisaron.

El pasado 20 de marzo, Hernández Mijangos condenó a Enrique Graue, exrector de la UNAM, y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por supuesto daño moral.

La condena emitida en contra de Graue y Macedo fue por haber atacado el “honor y reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, luego de que se descubriera que dirigió las dos tesis que pudieron ser plagiadas.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia de la que Animal Político tiene copia.

Caso del plagio de la tesis de ministra Esquivel

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en su tesis de licenciatura de la UNAM.

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

En ese sentido, Esquivel Mossa rechazó en varias ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional.

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia de la que Animal Político tiene copia. 

¿Cómo empezó el caso del supuesto plagio de la tesis de la ministra Esquivel Mossa?

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo publicado en el portal de noticias Latinus. 

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional, entre otros, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM.

En su resolución, la jueza no sólo condenó al exrector Graue y al exdirector de la FES Aragón a que “se abstengan de realizar en el futuro expresiones que atenten contra el honor y la reputación” de a profesora Rodríguez Ortiz, sino que además les ordenó a que públicamente “aclaren la falta de veracidad e imparcialidad en el tiempo que efectuaron las manifestaciones, expresiones y/o opiniones vertidas con malicia efectiva sobre la demandante, así como a la publicación y/o divulgación del presente fallo, a costa de los demandados. 

También les ordenó pagarle los 15 millones de pesos con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo “se procederá en la vía de apremio relativo al embargo de bienes de su propiedad”.

En la sentencia, la jueza también sostuvo que fue “ilegal” que el exrector emitiera lineamientos para que los Comités de Ética (de la UNAM y de la FES Aragón) pudieran determinar si se cometió alguna falta o no en el caso, señalando incluso que la maestra Ortiz “pertenece a un grupo vulnerable que precisa mayor protección, dado que cuenta con setenta años de edad”. 

“Todo ello se considera una violencia de género en contra de […] la ciudadana Martha Rodríguez Ortiz (quien) fue la única persona a quien los codemandados le imputan culpa, responsabilidad y sanción, derivado de las circunstancias que dieron motivo al procedimiento de investigación administrativa, y sobre la única persona que efectúa expresiones que vulneran su honor”.

Pese a que en junio de 2023 Esquivel Mossa logró que la juez Noveno Civil de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, declare que ella es la única autora de su tesis de licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionó la legalidad del proceso y el fallo y afirmó que este no es vinculante ni podía frenar la investigación sobre el escándalo del plagio.

Ante ello, la ministra acudió a instancias federales -que sí tienen jurisdicción sobre la UNAM- para frenar la resolución de la Máxima Casa de Estudios y con la que se aclararía quién plagió a quién.

El 25 de octubre de 2023 su abogado, Ulises Cortés Dehesa presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que solicitó reconocer la validez de la opinión de Alfredo Sánchez Castañeda, quien en enero de ese año era abogado de la UNAM, en la que afirmó que la institución educativa no tenía marco jurídico para revocar títulos ni jurisdicción sobre sus exalumnos.

Con ello, la ministra pretendía cancelar la investigación iniciada por el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) sobre el posible plagio de las tesis y evitar que la UNAM diera a conocer su resolución.

El magistrado presidente del TFJA, Guillermo Valls Esponda, forma parte de los aspirantes registrados ante el Poder Ejecutivo para ser ministro de la SCJN.

En marzo del año pasado, él y la ministra Esquivel Mossa participaron en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa que se realizó en Aguascalientes e incluso se fotografiaron juntos, de acuerdo con las redes sociales del propio TFJA.

Proceso informó (No. 2409) que Valls Esponda, además de ser hijo del fallecido ministro Sergio Valls, es vinculado con el diputado morenista Ricardo Monreal, quien supuestamente habría sido amigo de su padre.

El caso de Esquivel Mossa fue enviado a la Sexta Sala Regional Metropolitana del TFJA integrado por los magistrados Avelino Carmelo Toscano Toscano, Mónica Guadalupe Osornio Salazar y Rosana Edith de la Peña Adame.

El nombre de de la Peña Adame se encuentra en la lista de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de selección de candidatos para la elección judicial de este año.

De acuerdo con los registros públicos, buscará ser magistrada de Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

En su curriculum, destaca que durante toda su trayectoria profesional se desempeñó en diferentes puestos en la Procuraduría Federal del Consumidor, en el TFJA y en la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) como parte del equipo jurídico de la Dirección General de Transporte Pesado.

El 14 de febrero de este año la Sexta Sala Regional del TFJA emitió una sentencia en la que reconoció la validez del oficio AGEN/09/2023 emitido por el Abogado General de la UNAM el 10 de enero de 2023 y ordenó a la UNAM cancelar la investigación que realizó el CUÉTICA sobre las tesis de Esquivel Mossa y Báez Gutiérrez sin emitir resolución alguna.

Contra esa resolución la UNAM y el CUÉTICA tramitaron un recurso de revisión fiscal con número de expediente 248/2024 que fue enviado al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

Dicho tribunal originalmente estaba integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Liliana Hernández Paniagua.

El nombre de Cruz Ramos aparece en los registros de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), uno de los órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El caso fue turnado a la magistrada Hernández Paniagua, quien antes de resultar ganadora en el concurso de oposición para ser magistrada de Circuito, era Secretaria de Estudio y Cuenta del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, quien públicamente ha manifestado su desacuerdo con la reforma judicial impulsada por la 4T.

Sin embargo, poco tiempo después de haber llegado al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, la Comisión de Adscripción del CJF determinó cambiarla de adscripción sin dar a conocer las razones, por lo que actualmente se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en la CDMX.

Dicha comisión está integrada por los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Sergio Javier Molina Martínez, todos cercanos al oficialismo y aspirantes también a obtener una candidatura para la elección judicial de junio próximo para ser, los dos primeros, magistrados del TDJ y el último de los mencionados, para ser ministro de la SCJN.

Además, el consejero Molina Martínez tiene vínculos directos con la ministra Esquivel pues su esposa, Illiana Camarillo González, es su secretaria de estudio y cuenta, puesto en el que, según lo informado por Proceso el pasado 29 de septiembre, gana 119 mil 401.18 pesos mensuales.

Así, Hernández Paniagua fue sustituida con un secretario en funciones de magistrado llamado Hermes Godínez Salas, quien fue el encargado de realizar el proyecto de resolución del caso de Esquivel Mossa.

Godínez Salas es, de todos los funcionarios implicados en el carpetazo al caso del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, el que más vínculos tiene con Esquivel Mossa.

Antes de ser designado como secretario en funciones de magistrado, era secretario particular del magistrado Juvenal Carbajal Díaz, adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la CDMX.

El nombre de Godínez Salas fue uno de los incluidos en la lista de aspirantes a magistrado de Circuito, que pasaron a la siguiente etapa de la elección judicial ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

Mientras que Juvenal Carbajal fue, hasta agosto de 2021, coordinador de la ponencia de Esquivel Mossa en la SCJN y aspirante a magistrado del TDJ cuyo perfil ya fue avalado por los comités de los tres poderes de la Unión.

Con esta conformación el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa resolvió, el cuatro de diciembre pasado, confirmar en definitiva el fallo de la Sexta Sala Regional del TFJA.

La determinación fue celebrada tanto por Esquivel Mossa como por su equipo legal pues, con ello, el estigma que pesaba sobre su candidatura para mantener su cargo en la SCJN está prácticamente anulado.