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Gertz Manero reconoce "años de impunidad" en caso del narcocampamento de Teuchitlán

El fiscal adelantó que el próximo martes se ofrecerán más detalles de una investigación que ha dejado ya la detención de 14 sospechosos, entre ellos José Lastra Hermida.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, reconoció la existencia de "años de impunidad" en el caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán, en Jalisco, donde recientemente se han descubierto numerosos restos humanos, y adelantó que la semana próxima se darán más detalles sobre la investigación gracias al arresto hace un mes de un integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación.

No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa", aseguró este martes en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gertz Manero adelantó que el próximo martes se ofrecerán más detalles de una investigación que ha dejado ya la detención de 14 sospechosos, entre ellos José Lastra Hermida, quien supuestamente era el encargado del adiestramiento de posibles nuevos miembros, a los que se seducía con falsas ofertas de empleo.

Aquella detención ha permitido tener "una buena cantidad de información" para las investigaciones, aseguró el fiscal, insistiendo en que el próximo martes se entregará por escrito los nuevos avances, entre ellos las pruebas de laboratorio.

"Ha sido un tema muy controvertido. Quisiera entregarles la documentación para que no hubiera duda", afirmó al tiempo que resaltó que habrá "absoluta transparencia".

Gertz Manero explicó que los restos de las prendas que se encontraron en las instalaciones del rancho Izaguirre ya han sido clasificadas y se encuentran en un inventario que será facilitado a quienes busquen identificar a estas personas, si bien no se entregarán "de manera irregular".

El Gobierno ya explicó que el Cartel Jalisco Nueva Generación reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad con sueldos de hasta 12.000 pesos semanales.

Una vez trasladados al rancho permanecían incomunicados mientras recibían adiestramiento físico y de manejo de armas. Dependiendo de sus aptitudes se les otorgaba un rango dentro de la organización o eran asignados a distintos puestos.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
AUTOR: 

La mentira

Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera.

No conozco una definición más precisa del Estado que la que Nietzsche dio en  Así hablaba Zaratustra: “Estado se llama el más frío de los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la mentira que sale de su boca: ‘Yo soy el pueblo’”.

A lo largo de su historia el Estado ha dado prueba de ello. En México, sin embargo, esa frialdad adquirió la dimensión del cinismo con la llegada al poder de la autonombrada Cuarta Transformación. Aun cuando el viejo priismo unificó en la idea del Estado al gobierno, al partido y al pueblo, y gobernó a base de mentiras, miedo y violencia, nunca, hasta el ascenso de Morena, se atrevió a decir que el Estado, el partido en el poder y el pueblo son una sola y misma cosa.

Esa mentira que, como dice el propio Nietzsche, sólo creen “los supefluos”, “los demasiados” que el Estado “devora, masca y rumia”, ha llegado con la administración de Morena a grados demenciales al querer hacernos creer que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino de reclutamiento y, como en su momento lo hicieron el PRI y Enrique Peña Nieto con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotinzapa, buscar reducir la violencia sistémica que padece el país desde hace 20 años, al esclarecimiento de lo sucedido en ese Rancho.

Contra los testimonio del pueblo, es decir, de las víctimas que lo descubrieron y junto con miles de fosas clandestinas han descubierto otros, de los testimonios de quienes lograron escapar del Rancho Izaguirre,  de las investigación académica y periodística que han puesto al denudo la realidad de esos campos y su relación con la violencia del país,  y de las declaraciones de uno de los muchos y posibles perpetradores –un tal José Gregorio el Lastra–, que afirma que en ese Rancho se reclutaba y mataba, el Estado, que dice encarnar al pueblo, lo niega y con ello lo traiciona y miente.    

Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera. Los Lager, como lo mostró Giorio Agamben en Lo que queda de Auschwitz, no eran al principio, es decir hasta La Solución Final, propiamente campos de exterminio, sino de reclutamiento forzado para tener no sólo mano de obra esclava, sino también ejecutores a sus servicios. 

Hay que recordar las tareas que al respecto realizaban los llamados Sonderkommandos y las labores de control carcelario de los Kapos. Quienes no eran aptos para ninguna de esas labores –esclavitud, exterminio o control–, los llamados Muselmänner, eran, como en el Rancho Izaguirre, asesinados y desaparecidos.
Aun cuando el Estado mexicano se empeñe en negarlo, México tiene campos de exterminio de ese tipo al menos desde 2010 en que se descubrió el de San Fernando, Tamaulipas. No están fijos como lo estuvieron en la Alemania nazi; no concentran en ellos poblaciones muy grandes, ni utilizan, como en la última etapa del nazismo, una tecnología sofisticada para exterminar y desaparecer cuerpos.
Se encuentran dispersos como hongos a lo largo y ancho de los mil 973 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, tienen una tecnología rudimentaria y brutal para exterminar y desaparecer cuerpos, y reclutan y asesinan según sus necesidades. Forman parte de todo un entramado de violencias sistémicas que, bajo el cobijo del Estado, va desde robos, secuestros, asesinatos, extorsiones, redes de trata, corrupción e impunidad.

Negarlo, como se ha hecho desde que Felipe Calderón y el PAN desataron el infierno, y empeñarse en hacerlo ahora bajo el relato idiota de que el Estado y Morena son el pueblo, lo único que muestra es no sólo la condición criminal del Estado, sino su monstruosidad, su cínica frialdad para mentir y destruir al pueblo en nombre del pueblo. 

El Estado mexicano no puede ya escapar a esa condición. Aun cuando la narrativa oficial y la velocidad de los medios hayan arrojado el asunto a un tercer plano, la dimensión de la violencia ha quedado expuesta en el fractal del exterminio del Rancho Izaguirre.

La 4T y Sheinbaum podrán continuar mintiendo; podrá intentar controlar los daños con una retórica cada vez más estúpida y vacía, y buscar minimizar la realidad, pero los crímenes que a lo largo de casi 20 años ha permitido y ha ejercido en colaboración con organizaciones criminales, lo señalan ya a nivel mundial como un Estado que, como quedó expuesto en los Juicios de Núremberg en 1945, perpetra crímenes contra la humanidad y, como lo expresa la doctrina internacional de la Responsabilidad de proteger, formulada en 2005, es incapaz de defender a su pueblo de ellos. 

No es posible saber cuánto durará esta situación antes de que el Estado termine de devorarse a sí mismo y junto con él al país entero, o antes de que, impulsada por las partes sanas que aún quedan en el Estado, la comunidad internacional intervenga como es su deber desde que la ONU se creó y como lo exige la misma doctrina de la Responsabilidad de proteger.
Lo que sí es posible saber ya sin ninguna duda es que el Estado miente de manera abierta y sistemática, que es un monstruo frío, cínico y abyecto que destruye y cobija criminales, que está gravemente enfermo y cuya sobrecogedora presencia debemos resistir hasta que muera o sea sometido por el derecho. 
Sólo allí, donde el Estado y su mentira terminan, dice Nietzsche, “comienza el ser humano” y tal vez la posibilidad de refundar a la nación y edificar un verdadero y sano pacto social.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA.

Narcocampamento en Teuchitlán, la huella de muerte y complicidades del CJNG

El caso salió a la luz pública el 5 de marzo gracias a la labor del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio.

Si bien ha sido mucho lo que se ha dado a conocer de las acciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluso ya fue catalogado como terrorista por Estados Unidos, alrededor de la poderosa organización criminal aún hay muchas incógnitas.

En las últimas semanas algunas de las secretas prácticas que sigue para estructurar su ejército, que se estima en al menos 19.000 hombres, quedaron al descubierto tras la intervención de uno de sus campos de adiestramiento que operó por varios años en el “Rancho Izaguirre” del municipio Teuchitlán, a las afueras de la capital del estado occidental de Jalisco.

También fue detenido uno de sus operadores, José Gregorio Lastra, alias “El Lastra”, que tenía a su cargo el reclutamiento de miembros.

El CJNG está liderado por Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. “El Mencho” volvió a adquirir notoriedad esta semana a raíz de que su imagen fue proyectada en un festival de música en Jalisco durante el fin de semana.

El caso salió a la luz pública el 5 de marzo gracias a la labor del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio, de casi una hectárea, que por varios meses había permanecido en el olvido a pesar de que fue intervenido por las autoridades en septiembre del 2024.

A continuación, algunos datos clave y nuevas evidencias sobre el CJNG tras el hallazgo.

¿Cómo opera la red de reclutamiento del Cártel?

Se estima que el CJNG surgió al separarse del Cártel de Sinaloa, luego del asesinato en julio de 2010 de uno de los líderes de ese grupo, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal en manos de los militares.

Desde su conformación, ha mantenido tres modalidades de reclutamiento: el voluntario que, según especialistas, conforma el grueso de sus filas; la captación de exmilitares y expolicías que operan como mercenarios y que gracias a su capacitación previa entran a la organización como jefes, instructores y líderes de comandos; y el reclutamiento forzado que se evidenció en el “Rancho Izaguirre”.

Las recientes investigaciones de las autoridades mexicanas permitieron determinar que el CJNG utiliza las redes sociales —se han detectado al menos 60 páginas— para ofrecer oportunidades de trabajo falsas, especialmente de vigilantes, con sueldos semanales de unos 600 dólares y captar así nuevos miembros de manera forzada.

Gracias al testimonio de un sobreviviente del “Rancho Izaguirre” se conoció que los candidatos eran buscados en centrales de autobuses y llevados bajo engaño al predio para recibir entrenamiento en manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico por un mes, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Los que se negaban a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar eran golpeados, torturados y asesinados.

¿Cómo es su estructura organizativa?

Según explicó el especialista en seguridad David Saucedo, el CJNG tiene una estructura vertical encabezada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Dentro de la organización, hay “comandancias regionales” y un área que se dedica a la producción droga y la comercialización, precisó Saucedo.

La agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido que el cártel tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima que opera en 19 estados mexicanos. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende incluso a 25 estados, con predominio en Jalisco que es considerado el bastión de la organización. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.

¿Cómo consolidó su expansión?

El CJNG se ha convertido en menos de dos décadas de existencia en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y ha logrado arrebatarle el control de algunas de regiones al histórico Cártel de Sinaloa. Éste se ha ido debilitando debido a los conflictos internos de sus facciones y a la captura de varios de sus emblemáticos líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue apresado en julio pasado en Texas junto a uno de los hijos de Guzmán.

Al evaluar los factores que han favorecido la expansión del CJNG, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Carlos Flores, afirmó que su “capacidad de acción violenta” y sus prácticas de “corte de guerra irregular” han contribuido al crecimiento de su poderío, que coincidió con el desarrollo de la producción del fentanilo que ha dejado ganancias exorbitantes a los cárteles mexicanos.

Saucedo indicó que el CJNG también ha mantenido la práctica de aliarse con grupos criminales importantes, lo que le ha permitido llegar a algunos territorios de México y conformar una suerte de “franquicias” del cártel en algunas regiones como Aguascalientes y Tijuana.

Sus vínculos con autoridades y fuerzas de seguridad

El caso de Teuchitlán también permitió evidenciar cómo suele operar el Cártel Jalisco Nueva Generación en los territorios que controla gracias a redes de complicidades que desarrolla con las autoridades y fuerzas policiales que le permiten operar libremente, reconoció Flores.

A pesar de que el “Rancho Izaguirre” fue intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco —y diez personas fueron apresadas por el caso—, las investigaciones en el predio no avanzaron por seis meses, lo que ha alimentado las dudas sobre la actuación de las autoridades mexicanas. Recientemente fueron detenidos tres policías municipales por su presunta participación en la desaparición de personas en el rancho.

“Hay indicios que apuntan de manera pública cómo ese tipo de acuerdos han facilitado al Cártel Jalisco posicionarse en determinadas entidades (estados), al tiempo que van eliminando a sus contrarios con la propia ayuda, en algunas ocasiones, de elementos de fuerza pública”, sostuvo el investigador.

FUENTE: PROCESO/AP.
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Teuchitlán: Dan prisión preventiva a diez detenidos en Rancho Izaguirre por desaparición

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Un juez imputó a diez personas por el delito de desaparición cometida por particulares, tras ser identificadas por una víctima en hechos distintos a los de su detención, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

“Tras exhaustivas investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, este lunes 31 de marzo diez personas fueron imputadas”, señaló la institución en un comunicado.

Los acusados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, pero continúan siendo señalados por otros hechos y víctimas.

El año pasado, las 10 personas detenidas participaron en un enfrentamiento armado contra elementos de la Guardia Nacional; en el lugar fueron rescatadas dos personas y se localizó un cadáver envuelto en plástico.

Los imputados son Kevin N, Erick N, David N, Gustavo N, Christopher N, Juan Manuel N, Óscar Iván N, Luis Alberto N, Ricardo Augusto N y Armando N. “Lo que dio paso a un nuevo proceso penal en su contra”, indicó la Fiscalía.

Estas 10 personas ya habían sido vinculadas a proceso por los presuntos delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se realizará en los próximos días.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal aseguró que seguirá “enfocada en el avance del caso para que se procure la justicia”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Expolicía involucrado en caso Teuchitlán estuvo preso antes por desaparición forzada

José Antonio Solís Nava, uno de los expolicías municipales de Tala, Jalisco, imputado por su presunto involucramiento en la entrega de personas detenidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que fuesen reclutadas y adiestradas para servir al grupo criminal, ya estuvo detenido en una ocasión anterior por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Solís, capturado por la Fiscalía de Jalisco con base en una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control de Tequila del Sistema Penal Acusatorio, junto con su excompañero de corporación Gabriel Nieto Jiménez, son sospechosos de participar para el CJNG en el rancho Izaguirre, en la delegación La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.

La participación de ambos exservidores públicos y de un tercer expolicía detenido desde octubre de 2024 (Emmanuel Avelar Manjarrez) trascendió después de la captura de 10 sujetos que el 18 de septiembre de 2014 se enfrentaron a la Guardia Nacional y mantenían a dos personas secuestradas en el predio y otra sin vida envuelta en plásticos.

Fue el domingo 23 de marzo cuando la Fiscalía Estatal informó de la localización de ambos exservidores públicos. José Antonio fue capturado en Colima, donde se ocultaba y Gabriel en su municipio.

Sin embargo, lo que no dijo la institución es que Solís Nava, ya estuvo antes imputado en 2023 por la desaparición forzada de un joven de nombre Leopoldo Álvarez Vela, de 28 años de edad, quien desapareció el 15 de julio de 2022 en la colonia Paseos del Sol, en Tala, Jalisco.

El dato fue confirmado a ZETA por familiares de Leopoldo, que nunca volvió a casa, y reconocieron al expolicía José Antonio Solís Nava como uno de los detenidos el lunes 29 de mayo de 2023 en la Comisaría de Tala, quien posteriormente fue liberado por un juez de control.

En efecto, en la fecha referida, policías investigadores de Jalisco rodearon la Comisaría Municipal de Tala para detener a cuatro, de ocho elementos señalados por la desaparición del joven Álvarez Vela, pero el domingo 5 de junio siguiente se conoció que los aprehendidos recuperaron su libertad por deficiencias del Ministerio Público en la imputación.

Junto a Solís eran imputados Jonathan Ismael G., Aldo Christian C., Cruz Antonio C., Ramón Martín H., José Refugio A., Jerson Isai T. y Luis Roberto R., algunos de los cuales nunca fueron detenidos.

Después de darse a conocer en la primera semana de marzo de 2025 el hallazgo del campo de adiestramiento y presunto centro de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, familiares de Leopoldo Álvarez Vela volvieron a publicar su cédula de búsqueda bajo la leyenda “Aún nos falta Polo”.

Se desconoce si la resolución de dejar en libertad a José Antonio Solís Nava y sus excompañeros policiacos en 2023 fue apelada por la Fiscalía y cuál sea el estatus actual de dicha carpeta de investigación. Sin embargo, el destape del caso es una luz de esperanza para la familia de Leopoldo para localizarle y que se haga justicia.

Actualmente también se encuentra detenido otro sujeto de nombre José Gregorio Lastra Hermida, de 51 años, el Comandante Lastra, presunto encargado del reclutamiento y capacitación de los reclutas en el rancho Izaguirre, quien fue capturado por autoridades federales en la Ciudad de México.

Con Lastra fue detenida Abril Dianeh R., de 43 años, quien también estaría involucrada junto a Lastra como operadores del líder regional del CJNG, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, quien opera el denominado GEDDRI (Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

CIDH llama al Estado a redoblar esfuerzos en la investigación de los hechos e identificar los restos humanos encontrados en Teuchitlán

La CIDH afirma que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación.

Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras.

La Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.

Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.

Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.

Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación.

El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.

Asimismo, es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el “Rancho Izaguirre”. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.

La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.

La situación de la desaparición masiva de personas en México ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR contrata estudiantes de antropología como peritos para caso Teuchitlán por falta de personal

La Fiscalía General de la República ofrece “contratación inmediata y urgente” a egresados de la licenciatura en Antropología Física para atender el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán; a nivel nacional sólo hay 52 especialistas de esta disciplina.

La Fiscalía General de la República (FGR) está recurriendo a la contratación inmediata de estudiantes egresados de Antropología Física para trabajar en la identificación de los restos óseos hallados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Con una breve publicación, el reclutamiento se hace mediante grupos como “Antropología FCPyS” y “Coordinación Antropología de CUCSH”, en la cual prometen a los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara “contratación inmediata y urgente en la FGR para ir a Jalisco”.

A los interesados se les pide enviar un correo con su currículum vitae a Ismael Iván Mosqueira García, titular de la Unidad de Especialidades Médico Forenses adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.


Los anuncios de contratación datan del 19 y 20 de marzo, casi tres semanas después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entrara al rancho e identificara restos óseos, así como ropa, cientos de zapatos y mochilas que consideraron pudieron pertenecer a personas desaparecidas.

Animal Político solicitó a la FGR una postura o entrevista sobre la falta de peritos en la institución, y la contratación de estudiantes egresados, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.


FGR tiene sólo mil 565 peritos a nivel nacional

A a nivel nacional, la FGR cuenta con 31 coordinaciones de servicios periciales y una de servicios periciales y servicio médico forense. Entre todas ellas, al 2023 reportó un total de mil 565 personas peritas de distintas disciplinas y 45 auxiliares periciales, de acuerdo con el Informe de Servicios Periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la crisis de desapariciones en el país, con más de 125 mil personas desaparecidas, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a nivel nacional la FGR sólo reportó 52 peritos especializados en antropología física y 32 en antropología forense, la disciplina que se encarga de la identificación de restos óseos humanos para determinar, por ejemplo: identidad, forma y causas de muerte.


Asimismo, señaló contar con 73 especialistas en genética forense, disciplina que trabaja con restos orgánicos humanos como sangre, pelo, saliva, esperma o piel, o bien restos óseos, para hacer una identificación.

La mayoría de los peritos de la FGR correspondían a la especialidad de química forense, con un total de 155 trabajadores; seguido por medicina forense y criminalística de campo, cada una con 132 especialistas.

FGR reconoce falta de infraestructura y peritos

En enero de 2023, se produjo un programa de fortalecimiento para las áreas de investigación forense y pericial por parte de la FGR, ya que la misma institución detectó que “algunos Servicios Periciales у Médico Forenses de las entidades carecen de instalaciones adecuadas que permitan, por ejemplo, la práctica de necropsias medicolegales” o no había infraestructura adecuada o suficiente “para la conservación de cadáveres, segmentos o restos óseos”.

En el diagnóstico hecho por la Fiscalía, apuntó que a nivel nacional –incluyendo trabajadores adscritos a instituciones locales– hay un total aproximado de 6 mil 081 especialistas que intervienen en el tratamiento, identificación y disposición de cadáveres, segmentos y restos óseos.


“Se advierte un importante déficit en el número de especialistas necesarios para las labores de búsqueda y en su caso exhumación de cadáveres, tales como arqueólogos, de los que únicamente se cuenta con 13, así como los antropólogos físicos, que solo suman 52 (de los cuales nueve pertenecen al Estado de México y 12 son de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República)”, detalló en el documento.

El Centro Federal Pericial Forense de la FGR recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 un total de mil 398 millones 556 mil 998 pesos para su operación, de los cuales el 98 % corresponde al pago de personal, incluyendo trabajadores administrativos y operativos.

La Unidad de Especialidades Médico Forenses, en cambio, cuenta tan solo con un presupuesto de 11 millones 668 mil 681 pesos.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

No habrá carpetazo a investigaciones contra funcionarios omisos en caso Teuchitlán: Lemus

El gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, prometió que no habrá carpetazo a las investigaciones que se abrieron a funcionarios públicos por omisiones y responsabilidades en el caso de las investigaciones fallidas en torno al caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. 

Al acudir al informe de actividades del Consejo Ciudadano de Seguridad, efectuado en el salón del Ex Recinto Legislativo en Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que las investigaciones contra estos funcionarios seguirán abiertas aún con la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el Gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición hasta que se conozca la verdad”, manifestó. 

En el mensaje que pronunció en el acto efectuado a puertas cerradas, del que no se notificó que asistiría en su agenda pública, el gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.  

Recordó que durante su toma de protesta, el pasado 6 de diciembre, manifestó que la desaparición de personas es “sin duda la principal tragedia que vive el país”. 

El gobernador subrayó las acciones tomadas desde el inicio de su administración para enfrentar esta crisis, comenzando por la creación de la primera secretaría dedicada a la búsqueda de desaparecidos. Esta nueva dependencia, según Lemus, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio que implica asignar mayores recursos a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía especializada en desapariciones, así como a la Comisión de Búsqueda de Personas. 

Lemus resaltó que las autoridades actúen de manera oportuna, indicando que “las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización”. En este sentido, indicó que la estrategia de inversión en el nuevo sistema C-5, está orientada específicamente hacia la erradicación de las desapariciones en Jalisco. 

Asimismo, Lemus hizo un llamado a los ciudadanos y a diversas instituciones para trabajar juntos en la concientización sobre las ofertas laborales engañosas que afectan a los jóvenes. Subrayó la necesidad de colaboración con universidades, colegios y asociaciones civiles para prevenir que más personas caigan víctimas de estas falsas ofertas de trabajo. 

“Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir de aquí en adelante, unidos todos… Necesitamos ser empáticos”, concluyó Lemus.  

Destacó que, aunque el camino hacia la erradicación de la desaparición no será fácil, es a través de la unión entre la sociedad, el gobierno y las familias afectadas que se podrá avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para los desaparecidos en Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.