Un Juez sentenció a 50 años de prisión a 11 expolicías por el asesinato y calcinamiento de 19 personas, en su mayoría migrantes guatemaltecos, en enero de 2021 en Camargo, una localidad del estado nororiental de Tamaulipas, donde tuvo lugar una de las peores matanzas de migrantes de México.

Así lo anunció el martes Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública, durante la conferencia presidencial matutina.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas informó que fueron condenados a 50 años de prisión los policías imputados por el asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero de 2021.

Luego de tres meses y medio de juicio y a casi mil días de lo que se dio a conocer como la masacre de Camargo, finalmente un juez condenó este jueves a 12 policías estatales de Tamaulipas por el asesinato de 17 migrantes guatemaltecos y dos presuntos traficantes de personas. 

El juez Patricio Lugo Jaramillo, juez unitario de la Primera Región Judicial de Tamaulipas, consideró que hay elementos e indicios suficientes para acreditar el homicidio calificado, abuso de autoridad en informes y delitos en el desempeño de funciones administrativas, en contra de los uniformados tamaulipecos.

El niño tiene cuatro años y repite lo que dice su madre, como un loro, jaleado por ella y sus tías. “¡Justicia, justicia!”, grita el pequeño, que se llama como su padre, Adán Coronado. No sabe lo que dice, claro, pero provoca un efecto en las mujeres, sobre todo en la madre, Leticia Morales, que pasa de la risa al llanto varias veces en cuestión de minutos. Tiene una duda, Morales, una duda que atraviesa su garganta y tarda en salir, pero que cuando lo hace, se convierte en cascada: “¿Y él estaba vivo cuando lo quemaron?”.

La mujer escucha que no, que ya había muerto. Llora. Llora de alivio, o una mezcla de alivio y algo más. Se ríe. La mayor parte de los detalles que le han llegado sobre la muerte de su esposo son chismes de redes sociales. En la trastienda de la ferretería donde transcurre la charla, Morales y sus hermanas hablan unas encima de las otras. Una de las hermanas dice varias veces que “Leti necesita ayuda psicológica”. Morales ríe, llora y levanta la voz. Se va más lejos en la trastienda del negocio familiar, vuelve y empieza a hablar. Como si no hubiera pasado nada. “¿Usted sabe cómo murió?”, dice.

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, lanzó un operativo en el municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos.

Según informó la institución, se realizaron 19 diligencias de allanamiento “para ejecutar órdenes de captura y desarticular a una estructura criminal, la cual presuntamente habría sido responsable de traficar ilegalmente” a los guatemaltecos asesinados el 22 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas, cuando trataban de cruzar a EU.

A un año de la masacre de Camargo, Tamaulipas, en la que fueron asesinadas y calcinadas 19 personas, entre ellas 16 migrantes guatemaltecos, defensores de los derechos humanos exigieron a las autoridades avanzar en la investigación del caso y de las redes de macrocriminalidad en la región.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes pidieron también la reparación integral a las familias de las víctimas y las garantías de no repetición.

Un juez de Tamaulipas volvió a aplazar la audiencia intermedia contra los 12 policías acusados de la masacre de Camargo en la que murieron 19 personas, de las que 17 eran migrantes centroamericanos. Fuentes jurídicas señalaron a Animal Político que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 3 de febrero.

En un principio, la cita estaba convocada para el 8 de diciembre de 2021, pero el juez la aplazó debido a que algunos de los abogados defensores no habían tenido acceso a algunos videos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) considera que son pruebas de su responsabilidad en los hechos. En este caso el argumento fue el mismo, ya que uno de los abogados dijo no haber podido visualizar las imágenes.

Esta es una semana triste para Ricardo García Pérez. Mañana se cumple un año desde que su hija Santa Cristina García, de 20 años, fue asesinada en Camargo, Tamaulipas. Un año desde que recibió aquel mensaje que le anunciaba que su hija y otras 18 personas, habían sido tiroteadas y calcinadas cuando estaban a punto de alcanzar la frontera de Estados Unidos.

Durante todo este tiempo, las promesas de las autoridades dieron paso al abandono: no hay avances en el proceso judicial, con 12 policías estatales encarcelados, y nadie se ha acercado a las familias para cumplir con la reparación integral a la que tienen derecho.

Un juez de Tamaulipas aplazó la audiencia intermedia contra los 12 policías estatales acusados de la masacre en Camargo, Tamaulipas, para el 21 de enero de 2022.

La sesión estaba prevista para el 8 de diciembre. Sin embargo, tres de los abogados que representan a los agentes acusados alegaron no haber accedido a todas las pruebas desahogadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), según pudo saber Animal Político de fuentes jurídicas.

“Nos quitaron las armas y posteriormente nos hicieron ir a la fiscalía con engaños, que nos iban a entregar las armas y los vehículos. Nunca nos dijeron que estábamos como sospechosos”. Es el testimonio de Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, policía estatal de Tamaulipas y una de las 12 imputadas por la masacre de Camargo en la que fueron asesinadas 19 personas, de ellas 17 migrantes centroamericanos.

Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirán luego en prueba contra ellos. Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.

Dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, circulan a toda velocidad por una brecha ubicada entre Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en la frontera chica de Tamaulipas, a escasos kilómetros de EU.

En la troca de una de ellas, aterrorizados, hay un puñado de migrantes, casi todos guatemaltecos. Detrás, pisándoles los talones, un convoy de policías formado por un pick-up de la secretaría de Seguridad del Estado, tres blindados de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales) conocidos como Mamba Negra y otros dos pick up. Los agentes hacen uso de sus armas y alguno de los perseguidos alcanza a llamar a sus familiares: “nos están disparando”, relatan.

Dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías municipales de Escobedo fueron vinculados a proceso en relación a la entrega indebida de una camioneta asegurada que, posteriormente, fue localizada en el municipio tamaulipeco de Camargo, con 19 migrantes calcinados en su interior.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía especializada de Control Regional, delegación Nuevo León, procedió contra estos servidores públicos por ser presuntos responsables del delito contra la administración de justicia.

El Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó por cinco años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. De las víctimas, 16 eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos.

Tras el hallazgo de los cuerpos fueron detenidos doce policías estatales que están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en documentos públicos. En el lugar de los hechos apareció un vehículo Toyota Sequoia que había sido asegurado dos meses antes en El Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra migración irregular. En relación a estos hechos, el INM anunció que ocho de sus agentes habían sido separados de sus cargos, sin dar más detalles. Ahora añade opacidad al suceso al reservar la información que obra en su poder.

En el caserío La Nueva Esperanza, aldea Tuilelen, en Comitancillo, el luto se arrastra desde que el pasado 22 de enero se confirmaron las sospechas de la matanza. Los cuerpos llegaron por la tarde al estadio de la cabecera municipal, donde fueron recibidos por cientos de vecinos. Con los entierros, que tendrán lugar en las próximas horas, se avanza en el luto. Queda el dolor del recuerdo, la pobreza que les empujó a migrar y las deudas contraídas por las familias de las víctimas para pagar a los coyotes. 

Los restos de las 16 personas guatemaltecas, víctimas de la masacre en Camargo, Tamaulipas, fueron repatriados este 12 de marzo.

El gobierno del estado informó que cubrió todos los gastos, tanto para la repatriación como para que los familiares de las víctimas pudieran acudir a Ciudad de Guatemala para la recepción de los cuerpos, y su posterior traslado a sus lugares de origen.

Las declaraciones de los 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo, Tamaulipas, se mantendrán secretas por el momento.

Así lo determinó el Poder Judicial del estado norteño ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político. Los agentes de la Policía Estatal están acusados de los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y fueron detenidos días después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. 

Autoridades de México y Guatemala informaron que preparan la repatriación de los cuerpos de las 16 víctimas identificadas como ciudadanos guatemaltecos asesinados en el municipio de Camargo, crimen perpetrado presuntamente por 12 policías que estaban al servicio de grupos criminales.

El envío de los cuerpos "se llevará a cabo una vez que hayan sido concluidos y elaborados los dictámenes multidisciplinarios", informó el Vocero de la Fiscalía estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que en el caso de los migrantes guatemaltecos asesinados en el municipio de Camargo, Tamaulipas, "no va a haber impunidad para nadie".

Al abordar en la conferencia matutina el tema de la inseguridad de las personas que se ven obligadas a migrar, reiteró que “cuando decidimos fortalecer la frontera sur para controlar el fenómeno migratorio, estamos pensando -y lo seguimos contemplando- proteger a los migrantes. Los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por lo que ya se sabe. Ternemos que cuidarlos, si entran y se dispersan no tenemos vigilancia, protección, y corren peligro y caen en manos de la delincuencia.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido a Mariana Sánchez Ávalos, la medica que realizaba su servicio social y fue víctima de un abuso sexual desoído por autoridades de distintos niveles.

Los 12 policías presuntamente involucrados en la masacre del pasado 22 de enero en el poblado Santa Anita, del municipio Camargo, donde murieron 19 personas, fueron vinculados a proceso por un juez de Control del Poder Judicial del estado, informó hoy la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas.

Se trata de Mayra E. “V”, Jorge A. “C”, Williams “F”, Edgar “M”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José L. “L”, Héctor J. “A”, Christian E. “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”, quienes serán juzgados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en Informes dados a una autoridad, precisó en un comunicado.