Un juez de Tamaulipas volvió a aplazar la audiencia intermedia contra los 12 policías acusados de la masacre de Camargo en la que murieron 19 personas, de las que 17 eran migrantes centroamericanos. Fuentes jurídicas señalaron a Animal Político que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 3 de febrero.
En un principio, la cita estaba convocada para el 8 de diciembre de 2021, pero el juez la aplazó debido a que algunos de los abogados defensores no habían tenido acceso a algunos videos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) considera que son pruebas de su responsabilidad en los hechos. En este caso el argumento fue el mismo, ya que uno de los abogados dijo no haber podido visualizar las imágenes.
Mientras el procedimiento sigue adelante, los 12 policías permanecen en prisión en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El aplazamiento se registra cuando se cumple un año de la masacre, que tuvo lugar el 22 de enero. En ella fueron asesinadas 19 personas, de las 17 son migrantes centroamericanos (16 guatemaltecos y uno salvadoreño) que estaban en tránsito hacia Estados Unidos.
Los cuerpos aparecieron calcinados junto a dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, que habían recibido 113 impactos de bala.
Dos semanas después del hallazgo de los restos y después de que los familiares de las víctimas alertas del ataque, 12 policías estatales fueron detenidos y vinculados a proceso
Los uniformados están señalados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Actualmente hay dos investigaciones en marcha. Una, la dirigida por la FGJE de Tamaulipas contra los policías que siguen encarcelados. La segunda, en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que analiza una posible trama de tráfico de personas en la que estarían involucrados agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). La camioneta Toyota Sequoya fue interceptada meses entes en un operativo contra presuntos coyotes en Escobedo, Nuevo León, y apareció posteriormente en una nueva operación para cruzar migrantes a Estados Unidos.
En el aniversario de los hechos, las familias se reunieron en Comitancillo, Guatemala, el municipio del que eran originarias la mayoría de víctimas. Ahí celebraron una misa en recuerdo a los difuntos y, posteriormente, se inauguró un mural que conmemora la tragedia. Posteriormente, las familias realizaron actos íntimos en cada uno de los domicilios.
Con motivo del aniversario de la masacre, diversas organizaciones emitieron un comunicado en el que denuncian la pasividad de las autoridades.
ONG exigen perspectiva en la investigación
“365 días han pasado desde el hallazgo de dos vehículos con cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, sin que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas haya esclarecido cabalmente estos crímenes, pese a la detención e imputación de varios policías, y sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya actuado para desarticular las redes criminales detrás de estos hechos”, dice el comunicado, que viene firmado por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Jesuita de Apoyo a Migrantes.
“365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño”, dice el texto. Como informó Animal Político, las autoridades mexicanas llevan ignorando a las familias desde que los cuerpos fueron trasladados a Guatemala y no se han cumplido las promesas de apoyo económico y reparación del daño formuladas cuando se conoció la masacre.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a través de su presidente Raymundo Ramos, cuestionó que la investigación no llegue hasta el director del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la policía estatal, Arturo Félix Rodríguez Rodríguez. Nueve de los 12 policías detenidos forman parte de esta dependencia, por lo que Ramos lamentó que el oficial “siga sin ser imputado como autor intelectual”.
“Hoy el gobernador de Tamaulipas, el Fiscal General del Estado y el secretario de Seguridad deberían estar ofreciendo cuando menos una disculpa pública”, dijo el activista, que pidió a FGR y CNDH “rendir un informe de sus acciones realizadas en materia de investigación y atención a los familiares de las víctimas”.