El análisis exhibe la desigualdad en las prioridades presupuestales. De esos hipotéticos mil pesos, las empresas productivas del Estado –Pemex y CFE– absorbieron 122.6 pesos, es decir, 15.8% más de lo que originalmente tenían autorizado.
En 2024 la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y hasta del entrante de Claudia Sheinbaum Pardo, se inclinó hacia las pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las jubilaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que el sector de la salud fue relegada al olvido, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en su análisis de la Cuenta Pública 2024.
A partir de un análisis, el CIEP redujo el presupuesto de 2024 a mil pesos. Con la lógica, de dimensionar de forma directa en qué se concentraron los recursos y qué áreas quedaron desprotegidas.
El análisis exhibe la desigualdad en las prioridades presupuestales. De esos hipotéticos mil pesos, las empresas productivas del Estado –Pemex y CFE– absorbieron 122.6 pesos, es decir, 15.8% más de lo que originalmente tenían autorizado.
Dentro de ese gasto desbordado, Pemex fue el actor principal, utilizó 65.3 pesos de los mil pesos, un 24.8% más de lo aprobado. La CFE no se quedó atrás, con 57.4 pesos, superando en 7.1% su presupuesto asignado.
“En particular Pemex ejerció 24.8% más de lo aprobado en gran parte para proyectos de inversión y pensiones; mientras que CFE lo hizo en 7.1%, por gastos de operación al igual que pensiones y jubilaciones”, apuntó el documento.
El caso de Pemex fue especialmente notorio en gran parte porque el sobrejercicio se destinó al Fondo Laboral Pemex y al pago de prestaciones a jubilados, que incluyen desde viáticos, hasta apoyos sociales para personal retirado.
Pero mientras las viejas estructuras corporativas recibían recursos de sobra, otras áreas esenciales padecieron recortes.
El gasto en salud tuvo un subejercicio del 30.4%, equivalente a apenas 7.3 pesos de cada mil.
La seguridad y protección ciudadana, en un país aún marcado por la violencia, registró un subejercicio del 29.9%, y en infraestructura, comunicaciones y transportes se dejaron de ejercer 12.8%, o sea, toda vez, se gastaron solo 8 pesos por cada mil.
“Este resultado muestra una priorización selectiva que no necesariamente responde a criterios de eficiencia social o equidad”, concluyó el CIEP.
Y es que aunque el gobierno gasta más, no necesariamente lo hace mejor ni con un enfoque social justo.
Presupuesto en 2024
En 2024, el gobierno federal cerró el 2024 con un gasto de más de 9.2 billones de pesos, lo que representó un sobregiro de 1.5% respecto al monto aprobado y un incremento de 7.5% en comparación con el ejercicio de 2023.
Con mentiras, contratos nulos y amenazas la empresa de clase mexicana construyó una subestación eléctrica que recibe transforma y distribuye la energía de 29 parques eólicos en Oaxaca.
La subestación eléctrica que recibe, transforma y distribuye la energía que producen 29 parques eólicos en Oaxaca fue construida sobre la injusticia denuncian comuneras y comuneros de Ixtepec, Oaxaca; quienes aseguran que hoy en sus tierras agrarias en vez de sembrar maíz, sorgo o ajonjolí, lo que hay son más de 300 torres y cables de alta tensión.
Así es el despojo de clase mundial que desde hace 17 años luchan sin recibir respuesta de la empresa mexicana, quién se defiende que hay contratos, pagos y que se trató de una expropiación avalada en asamblea, sin embargo, campesinas y campesinos confirman que no han recibido nada a pesar de las exigencias.
El acceso ya no está permitido, porque sus tierras ya están siendo usadas para recibir la energía que producen las más de mil 500 aerogeneradores, de los 29 parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec.
En un recorrido por la subestación, las comuneras y comuneros de 65 y 70 años de edad mostraron como en sus terrenos que antes producían alimentos para la vida; hoy se les niega el acceso y hay vigilancia día y noche los 365 días.
“Es mi terreno y no puedo entrar, mira tiene una tremenda barda, un gran candado. Me da mucha tristeza y coraje ver que hay una enorme construcción con vigilancia, mi papá murió luchando por recuperar sus tierras”, dijo Carmen Toledo Guzmán de 70 años.
Documentos oficiales emitidos por diversas autoridades federales, entre ellos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) y el Registro Agrario Nacional (RAN) confirman este despojo colectivo, confirmando que no hubo ninguna acta de asamblea que avale que la comunidad agraria cedió sus terrenos para la obra de clase mundial.
La defensa de las y comuneros a cargo de “Defensores de la Justicia”, confirman que no hubo expropiación, pero sí un despojo; además la empresa mexicana violentó el Convenio 169 de la OIT, al no existir una consulta libre, previa e informada como lo marca el estándar internacional.
El despojo de clase mundial es evidente de parte de la CFE señalan las campesinas y campesinos quienes acusan que fue avalado por sus representantes agrarios de Ixtepec, Oaxaca, en ese entonces representado por Germán Rosado conocido como “Chebola”, Alfonso de los Santos Santiago, en el 2008, -fecha se entregaron los terrenos a CFE-, y Baldomero Rosado y Juan Arrona.
Aunque el desgaste físico y emocional que ha dejado esos 17 años de lucha es evidente, no se rinden y aseguran que lo que queda es resistir por la vía legal.
“El 25 de abril del 2024, promovimos con los abogados que nos acompañan un amparo ante el juzgado federal donde con pruebas pedimos que CFE cumpla y nos pague, es evidente que lo que hizo acá, fue un despojo de clase mundial”.
Una injusticia al pueblo
“Ha sido una batalla muy dura y difícil, hemos denunciado por todos lados, pero no nos hacen caso” dice José Luis Palomec, campesino zapoteca de 70 años de edad y comunero de Ixtepec, Oaxaca que sigue en pie de lucha.
En su terreno que abarca 2 hectáreas justo a la mitad están colocados unos enormes cables de alta tensión y dos torres de alta tensión, que impiden que haga vida en su patrimonio.
La hija de José Luis Palomec de nombre Antonia se ha convertido en activista comunitaria, con el único fin de que se le haga justicia a su gente.
“Llevamos 17 años, desde el 2008, pidiéndole a las autoridades justicia para las y los campesinos, muchos porque creen que los campesinos son analfabetos y no. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó una queja donde le contamos de las violaciones graves que han vivido ellas y ellos, por ejemplo, que sus tierras no fueron expropiadas si no despojadas”.
La activista reafirma que la CFE argumenta que no afectó a nadie, porque supuestamente dichas tierras son de uso común, lo cual es una mentira, pues cada hectárea cuenta con título de propiedad de comuneras y comuneros, entonces dice es otra mentira de CFE y así lo quiso hacer pasar con la jueza.
Pero eso no es todo, Carmen Toledo Guzmán de 70 años relata que siente mucha tristeza ver en las tierras de su padre, la CFE construyó la subestación que distribuye toda la energía que producen los parques eólicos del Istmo.
“Mi padre Luis Toledo Hernández murió sin ver la justicia por sus tierras. La CFE la ocupó para construir la subestación, pero eso no es todo, se apoderaron de otro terreno de dos hectáreas donde desechan todos sus residuos, en fin, un despojo muy grande. No hubo contrato y no hemos recibido un solo peso”, señala.
Cuando Alejandrino Martínez Mendoza de 64 años edad llegó a su terreno ya estaba cercado con troncos de madera y alambres de púas. También había unos hombres vestidos con ropa café claro y logotipo de la CFE, ellos le dijeron que no podía entrar a su terreno porque ahí se colocarían unas torres de una subestación, entonces comenzó la batalla.
“Yo no entendía nada. Ese día me enojé mucho, les dije a esos hombres que era mi terreno. Ellos mandaron a la policía, y les dije, no porque me ves analfabeta, no voy a defender mi terreno. Llévenme a la cárcel, pero es mi terreno, sin embargo, las torres están en el centro de mi terreno, entonces no puedo ni meter mis ganados ni mucho menos cultivar mi maíz o mi calabaza”.
Alejandrino reconoce que el desgaste ha sido generalizado para todas y todos. “A veces me enojo mucho y pienso, cómo es posible que una empresa, que supuestamente es de todas y todos los mexicanos, nos quite nuestras tierras. Esto es un despojo”.
Lucharé por mi tierra hasta mi último día
Aunque visiblemente desgastada por una enfermedad, no impide a Imelda Saavedra Palomec defender sus tierras que también heredó de su padre.
Relata qué tras acudir personalmente a las oficinas de la CFE ubicadas en Juchitán, Oaxaca a media hora de Ciudad Ixtepec y la sorpresa que se llevó fue que el encargado le comentó, qué a German Rosado, ex comisariado le pagaron por ocupar las 42 hectáreas.
Imelda refiere que luchará hasta sus últimos días, pues esas tierras significaron mucho para su papá, quién falleció en el intento de ver una indemnización justa.
Lo mismo ocurre con Isaura Morales Antonio de 70 años, con la muerte de su esposo, decide continuar luchando porque es lo justo.
Recorre sus tierras mostrando que antes sembraba maíz, sorgo y ajonjolí y ahora no puede, porque en las 6 hectáreas de su terreno colocaron 3 torres de alta tensión de unos 40 metros cada uno.
“Las tierras se echaron a perder, es imposible sembrar, nos da mucha tristeza y coraje, porque nunca nos pidieron permiso, simplemente llegaron y colocaron esas enormes torres”, afirma.
Una lucha de más de 6 mil días
Laura Morales Juárez y José Juan Julián Santiago, son abogados indígenas que forman parte de «Defensores por la Justicia», así se llama el colectivo que crearon y que acompaña a las y los comuneros en su lucha por buscar justicia intercultural, con perspectiva de género y derechos humanos.
Reconocen que la lucha que lleva más de 6 mil 200 días no es una tarea fácil, pues se trata de una encrucijada que surgió desde las instituciones públicas, quienes han utilizado las prácticas comunitarias y cooptado a sus representantes, para implementar proyectos que lejos de beneficiar a quienes han sido afectados de la comunidad de Ciudad Ixtepec, ha ocasionado su división y violentado sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales.
Además, es de precisarse, que el resto de la comunidad o no sabe lo que ocurre, o simplemente normaliza o no toma en consideración esta lucha que encabezan las comuneras y comuneros, pues como ellas y ellos mismos dicen, no se trata de exigir dinero, si no que no se violente más sus derechos nunca más.
“La lucha de las comuneras y comuneros zapotecas es una lucha justa, pero en este país, esto no se acepta cuando se impulsan proyectos de supuesto desarrollo, ya que solo se busca impedir reconocer los derechos a la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de quienes integran las comunidades indígenas, y eso es una vergüenza, en un país que dice reconocer la diversidad cultural”, señalan los defensores.
Dicen que a raíz de un amparo interpuesto han podido corroborar que existen irregularidades en torno a la actuación de la CFE y la supuesta expropiación de las tierras de la comunidad de Ciudad Ixtepec.
La esperanza ahora, es la resolución judicial, que esperan sea a su favor. “Esperemos que por fin haya justicia, casi son 20 años de lucha contra el despojo de una empresa de clase mundial”.
Un reporte histórico elaborado por Proceso, a partir de los datos de la CFE, revelan una trayectoria de pérdidas a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los resultados financieros de la empresa.
El año 2024 marcó un parteaguas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sólo por la transición en su Dirección, con la salida de Manuel Bartlett Díaz y la llegada de Emilia Esther Calleja Alor, sino por registrar las mayores pérdidas financieras en toda su historia reciente.
De acuerdo con el resultado financiero auditado, enviado este 24 de abril por la CFE a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa acumuló una pérdida neta de 271 mil 574 millones de pesos, una cifra que representa un aumento del 118% respecto al dato preliminar que había sido reportado anteriormente para ese mismo año.
Cabe recordar que en febrero de 2025 la CFE reportó a la BMV una pérdida neta de 124 mil 444 millones de pesos como resultado acumulado del ejercicio 2024. Esto contrastó con el resultado positivo del año anterior: en 2023 la empresa reportó una utilidad neta de 96 mil 191 millones de pesos.
El reporte histórico elaborado por Proceso, a partir de los datos de la CFE, revelan una trayectoria de pérdidas a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los resultados financieros de la empresa.
En 2022, la pérdida fue de 15 mil 666 millones de pesos; en 2021, de 106 mil 260 millones; mientras que en 2020 el saldo negativo fue de 85 mil 996 millones.
Por el contrario, en 2019 (año de transición) y 2018 la CFE logró ganancias de 25 mil 673 millones y 61 mil 625 millones de pesos, respectivamente.
Más atrás, en 2017, la utilidad neta ascendió a 107 mil 910 millones, y en 2016 fue de 76 mil 256 millones. Para 2014 las ganancias fueron de dos mil 704 millones de pesos, mientras que en 2013 se reportaron pérdidas por 11 mil 824 millones.
No se cuenta con información de 2015 en la base de datos pública de la empresa.
Proceso verificó que la cifra de 271 mil millones de pesos no había sido reportada antes de 2015, en los documentos financieros presentados por la CFE.
Factores del desplome
Según explicó la propia empresa en el informe enviado a la Bolsa, el desplome financiero de 2024 tiene dos causas principales, la primera es la depreciación del peso mexicano frente al dólar y el cambio de régimen fiscal derivado de la reforma energética impulsada por la administración de la Cuarta Transformación.
En materia cambiaria, la paridad peso-dólar pasó de 16.9220 unidades en diciembre de 2023 a 20.2683 en diciembre de 2024, lo que causó una pérdida cambiaria de 169 mil 115 millones de pesos. Esta cifra contrasta drásticamente con la utilidad cambiaria de 73 mil 852 millones de pesos registrada en el año 2023.
Además, la CFE explicó que, a partir del 1 de noviembre de 2024, dejó de tributar bajo el régimen fiscal del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para pasar al Título III, en consonancia con su nueva figura como “Empresa Pública del Estado”. Este ajuste legal generó, por única ocasión, un efecto contable de gran magnitud: la cancelación del ISR diferido por 174 mil 954 millones de pesos, que impactó directamente en el resultado neto del ejercicio.
“El cambio en ley dio lugar, por única ocasión, a un impacto al resultado neto por cancelación de ISR diferido”, se lee en el documento oficial.
Consultado por Proceso, el analista energético Ramses Pech explicó que la diferencia entre el resultado preliminar reportado en febrero y el documento auditado se debe a que este último fue revisado por un tercero independiente, lo cual certifica la validez de las cifras presentadas.
Los estados financieros auditados son los que tienen plena validez legal y técnica. Son los que verdaderamente reflejan la situación financiera de la empresa.
La presidenta publicó en el Diario Ofician las leyes secundarias como un homenaje por el 87 aniversario de la Expropiación Petrolera.
Hoy comienza la integración vertical de Petróleos Mexicanos (Pemex) para fortalecer su eficiencia, su rendimiento, y empresa pública del Estado mexicano y del pueblo de México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la conmemoración del 87 aniversario de la Expropiación Petrolera, la mandataria dijo: “El mejor homenaje que podemos hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México, de entonces y de ahora, es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad”.
Agregó que lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas, que se reviertan las acciones de 1992 que dividieron a Pemex con el objetivo de privatizarlo.
En gobiernos anteriores, “la empresa se desendeudó, hubo un desendeudamiento real de Petróleos Mexicanos y, al mismo tiempo, inició el aumento de su producción y la recuperación de la capacidad de refinación de Petróleos Mexicanos y, al mismo tiempo, la capacidad de producción de fertilizantes, otra de las empresas privatizadas que acabó por dejar de producir en México los fertilizantes”.
Diputados morenistas y de MC aprobaron en lo general y en lo particular la enmienda de diez leyes que pretende reformar completamente el sistema eléctrico y petrolero del país.
Diputados oficialistas, junto a Movimiento Ciudadano (MC), aprobaron la reforma sobre leyes secundarias para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean empresas públicas el Estado.
La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 332 votos a favor y 83 en contra de la enmienda de diez leyes que busca reformar completamente el sistema tanto eléctrico como petrolero mexicano, además de que crea las leyes de los sectores Eléctrico e Hidrocarburos, de Planeación y Transición Energética, de Biocombustibles, Geotermia y de la Comisión Nacional de Energía.
La reforma expide la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos; las leyes de los sectores Eléctrico y de Hidrocarburos, también reforma disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La reforma aprobada por el Congreso fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publiqué en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posteriormente entre en vigor.
Reformas secundarias no benefician al pueblo: PRI
Durante el debate, que duró más de siete horas, los diputados de oposición afirmaron que estas reformas secundarias no beneficiarán al desarrollo del país ni a Pemex ni a CFE sino serán un retroceso para la economía de las familias mexicanas.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, dijo que no apoyarán la iniciativa ya que afirmó que estas modificaciones en materia energética no constituyen un desarrollo económico para el país, sino por el contrario, constituyen un grave retroceso que resta competitividad al sector y solo endeuda más al país.
“El argumento oficialista de recuperar la soberanía energética no es más que una narrativa caduca y errónea, es esconderse detrás de un falso nacionalismo y no entender la importancia de diversificar las oportunidades que ofrece la inversión y la colaboración de particulares”, explicó.
Por su parte, el diputado panista, David Azuara Zúñiga, afirmó que esta reforma energética, que pretende disfrazarse de cambio, en realidad es un retroceso que amenaza la economía de las familias mexicanas.
“Las leyes secundarias que impulsan no buscan modernizar el sector energético ni generar inversiones productivas, sino convertir a México en un país atado a un modelo del siglo pasado.
“No podemos seguir permitiendo que sigan apostando por un monopolio estatal, ineficiente y opaco, cuando el mundo avanza hacia energías limpias y modelos competitivos. Lo más sensato sería fortalecer la transparencia y la competencia, en lugar de perpetuar la falta de claridad en la gestión de las empresas públicas del Estado”, enfatizó.
By: Draco Draculon jueves, febrero 13, 2025/comment : 0CFE,
Internet,
Nacional
La compra de las acciones de Altán permitirá que la empresa pase a manos del gobierno mexicano de forma permanente, aseguró la CFE.
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avaló la adquisición del 49 % de las acciones de Altán Redes, la empresa mexicana que se encarga de operar y comercializar la red compartida.
La operación se enmarca dentro del Proyecto Quetzal, el cual fue aprobado durante la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración, encabezado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
La decisión se tomó a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado 15 de enero en la que autorizó que la CFE adquiriera el 49 % de las acciones de Altán y el 24 % de los derechos corporativos.
Esta transacción asegura que el control de Altán pase a manos del gobierno mexicano de manera permanente y permitirá a CFE nombrar a dos miembros del Consejo de Administración de la empresa.
De acuerdo con la comisión, desde el inicio de su alianza con Altán en 2019 se han logrado desplegar 11 mil 383 torres que han beneficiado a 82 mil 178 localidades con más de 24 millones de habitantes.
Ambas empresas han tenido como objetivo proveer internet en zonas donde ningún otro operador tiene interés.
Ahora, con este proyecto, lo que se busca es reducir las barreras para el ingreso al mercado de telecomunicaciones, conectar a las localidades más alejadas, y garantizar el derecho a la conectividad.
Rescate de Altán
Altán Redes es una empresa mexicana responsable de diseñar, desplegar, operar y comercializar la Red de Todos, también conocida como red compartida, la cual se creó formalmente a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013.
Altán ganó la licitación de la red en 2016, lo que le permite actuar como mayorista, vendiendo el derecho de uso, su capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y empresas que deseen entrar al mercado de servicios móviles.
En junio de 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rescató a la empresa de la bancarrota bajo el argumento de que ésta ayudaría a cumplir con el compromiso de llevar internet a todos los rincones del país.
Esto implicó que Altan tuviera acceso a un crédito por 388.1 millones de dólares, de los cuales el 41 %, es decir, 161 millones de dólares fueron aportados por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el resto por proveedores, accionistas y clientes.
A su vez, el gobierno firmó un acuerdo para que el Estado mexicano se convirtiera en socio mayoritario de la empresa, una acción ampliamente criticada por especialistas quienes advirtieron sobre la falta de experiencia para administrar una firma de telecomunicaciones.
De acuerdo con el sitio de Altán, su cobertura abarcaba más del 95 % del territorio en junio de 2024, mientras que más de 120 millones de mexicanos, es decir, alrededor del 90 % de la población tiene acceso a la red compartida.
La CFE plantea generar 21,846 mega watts a partir de energías limpias, entre 2025 y 2030, lo que aportaría 38 % de la energía que requiere el Sistema Eléctrico Nacional.
La iniciativa privada aportará 22 % de las energías limpias que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca generar entre 2025 y 2030, así lo destacó el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional que presentó el gobierno federal este miércoles.
En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destacó que la CFE planea aportar 38 % de la energía que requiere el Sistema Eléctrico Nacional a través de procesos limpios y renovables, para 2030.
Actualmente, según lo presentó Emilia Esther Calleja, directora de la CFE, aporta con energías limpias 16.4 % de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, así que el Plan de Fortalecimiento y Expansión plantea al menos elevarlo al doble en cinco años.
Para ello, la Comisión se planteó la generación de 29,074 mega watts entre 2025 y 2030, de los cuales, 6,400 mega watts serán aportados en cogeneración con empresas privadas.
La CFE planea generar 13,024 mega watts de energía por sí sola, a través de centrales térmicas y otras centrales de energía limpia, como la eólica y solar.
En el proyecto de cogeneración de energía se tiene contemplado que Petróleos Mexicanos (Pemex) aporte solamente 2,422 mega watts de energías renovables, es decir, el 11 % del total esperado.
Buscan brindar internet gratuito a 97.8 % del país en 2030
La directora de CFE también anunció que para el cierre del sexenio el plan de expansión contempla abastecer de internet gratuito a 97.8 % de la población del país.
Actualmente, CFE cuenta con 27,284 kilómetros de red de fibra óptica y 3,824 torres de telecomunicaciones, así como con 108,607 puntos de Wifi gratuito. Tan solo Telmex presume tener 280,000 kilómetros de red de fibra óptica en el país.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que el gobierno federal invertirá 46,611 millones de pesos en 65 proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).
Además, se invertirán 3,600 millones de dólares para ampliar y modernizar las Redes Generales de Distribución (RGD), con el propósito de mantenerlas en buenas condiciones.
“Es un programa que considera el desarrollo de infraestructura para expandir y reforzar las redes de transmisión y distribución en manos del Estado, con una inversión estatal de más de 46 mil millones de pesos y 3 mil 600 millones de dólares, respectivamente, para transmisión y distribución”, explicó Luz Elena González.
La Secretaria de Energía subrayó que hoy se presentarán "las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos". "Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México", apuntó.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la mañana de este miércoles las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética, las cuales enviará hoy mismo al Congreso de la Unión para revertir las modificaciones que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013. El objetivo ahora es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalezcan como empresas públicas del Estado.
"Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado", dijo.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que este cambio "parece algo menor" o que la CFE y Pemex ya no van a ser productivas; sin embargo, aclaró que esto no es así, pues ambas empresas "van a ser más productivas todavía, más eficientes, más transparentes".
"Van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado, se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México", destacó.
Además, Sheinbaum comentó que en el Artículo 28 constitucional quedó establecido que la CFE y Pemex ya no deben ser catalogadas como monopolios. "Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada", explicó.
"Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Digamos que es una reversión de la reforma del 2013, de [Enrique] Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico estas leyes", agregó.
De acuerdo con la mandataria mexicana, “estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013” establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública "y al mismo tiempo dejan participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo".
La Presidenta aseguró que el decreto que devuelve CFE y Pemex al Estado fortalecerá su papel en el sector energético.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sean nuevamente empresas públicas.
Serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero la Reforma energética aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social.
El Senado de la República aprobó el miércoles, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la reforma constitucional en materia energética, con el que le devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas a cargo de conducir el sector energético mexicano.
Starlink, una empresa de Elon Musk, ganó contratos con la CFE para ser proveedor de internet y de torres para servicios de señal de telefonía celular.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio contratos a la empresa de satélites Starlink de Elon Musk por 3.331 millones de pesos para ofrecer servicios de internet y telefonía celular en México.
En la conferencia matutina de este 15 de noviembre, Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la CFE, reveló que la empresa de Elon Musk ganó dos contratos por licitación pública para cumplir con las metas de su programa Internet para todos.
El contrato con la empresa del magnate es para proporcionar Internet en “diversos puntos públicos de atención prioritaria dentro de la República en comunidades rurales”.
Starlink, la empresa proveedora de Internet satelital del magnate Elon Musk, ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desplegar su servicio en comunidades rurales, informó ayer la agencia Reuters.
De acuerdo con la agencia, Starlink Satellite Systems de México ganó el concurso frente a otras dos empresas por “haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio”.
En septiembre de 2021, el presidente López Obrador, en una de las giras que realizó al estado, convocó al empresario nayarita, Antonio Echevarría García para que tras dejar su encargo como gobernador de Nayarit se sumara a su gabinete.
La Comisión de Energía del Senado de la República recibió la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para designar a Antonio Echevarría García, exgobernador de Nayarit, como consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con una votación de 9 a favor, la Comisión respaldó la nominación del nayarita Antonio Echevarría García por “su destacada experiencia en la gestión empresarial”.
Nuevos documentos obtenidos por MCCI muestran cómo operó un mecanismo de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Un mensaje enviado por Guillermo Turrent, entonces titular de CFE Internacional, al ejecutivo de una empresa financiadora de la compañía texana Whitewater, deja al descubierto el modo en que se amañaron licitaciones que resultaron en pérdidas de cientos de millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad.
Funcionarios de CFE Internacional (CFEi) en el gobierno de Enrique Peña Nieto están acusados de coludirse con la empresa inexperta Whitewater Midstream LLC que recibió contratos para el suministro de gas y la construcción de gasoductos mediante licitaciones que presuntamente fueron manipuladas entre 2016 y 2017.
Dichos actos provocaron que la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad presentara pérdidas que se cuentan en cientos de millones de dólares desde el sexenio pasado hasta hoy.
La eléctrica estatal mexicana atribuyó las pérdidas en parte por la guerra entre Ucrania y Rusia, que elevó los costos del gas natural.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó la pérdida neta de 39.793,5 millones de pesos (unos 2,162 millones de dólares) en todo 2022, de acuerdo con su informe enviado este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores.
Este dato significó un retroceso menor en 63% a la pérdida de 2021, cuando la eléctrica estatal informó la pérdida de 106,260.1 millones de pesos (5,775 millones de dólares).
Manuel Bartlett presumió que el programa apoyará al sector de la población que “la Cuarta Transformación sí vio”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el proyecto “Internet para todos” llegará a 20 millones de mexicanos, un sector de la población que “la Cuarta Transformación sí vio”, aseguró el director general, Manuel Bartlett.
Que esa población no tenga acceso a un instrumento tecnológico “implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación; significa que millones de niños pueden para siempre quedar en desventaja frente a sus contemporáneos por la razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico no rentable. Esto es una inaceptable injusticia para el país”.
El director de la CFE expuso que mientras la inflación llega al ocho por ciento, las tarifas domésticas de bajo consumo se han incrementado 5.9 por ciento, las industriales 6.3 por ciento y las comerciales 5.9 por ciento, es decir, por debajo.
Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), compareció ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, luego de más de dos intentos, tras las cancelaciones de los pasados 27 de octubre y 3 de noviembre.
Los reportes financieros de CFE revelan que uno de los aumentos más significativos ocurrió en la deuda a corto plazo, pues pasó de 27.1 mil millones de pesos a 104.6, un aumento de más de 200%.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentó su deuda, en un año, en 21.3%. Así lo revela un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a partir de los estados financieros de la empresa del Estado.
“Al cierre del tercer trimestre de 2022 el saldo de la deuda de la CFE fue de 467.8 mil millones de pesos. Este saldo es 21.3% mayor al reportado al 30 de septiembre de 2021, que fue de 385.7 mil millones de pesos”.
La querella busca una compensación de al menos un millón de dólares en daños y perjuicios.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) demandó por incumplimiento de contrato a exdirectivos de una subsidiaria en Estados Unidos, alegando que adjudicaron indebidamente un lucrativo contrato de suministro de gas.
La demanda, presentada ante un tribunal en Texas, se produce en medio de esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador por replantear acuerdos en el sector energético que, en su opinión, perjudican a la generadora estatal y a Petróleos Mexicanos.
Los contratos otorgados a estas compañías han sido por adjudicación directa. Muchas de ellas tienen en común que fueron creadas solo pocos meses antes de ser contratadas y haber sido fundadas por hijos de políticos.
Durante la dirección de Manuel Bartlett, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comprado miles de toneladas de carbón por adjudicación directa a 51 empresas primerizas que —pese a no haber sido proveedoras del gobierno previamente— obtuvieron 3 mil millones de pesos en contratos en 2020 y 2021. Sus dueños son familiares de políticos de Coahuila o son compañías con los mismos representantes legales o accionistas veinteañeros.
Se trata de pequeñas compañías que fueron creadas apenas ocho meses antes de las contrataciones y otras, con más antigüedad, cambiaron el objeto social relacionado con la explotación de carbón para lograr ser proveedoras. Una de las primerizas en contratos fue Cia Minera El Pinabete, dueña de la mina que colapsó el 3 de agosto en Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 mineros que aún no han sido rescatados.
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