Omitiendo detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC

Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca adjudicada a la familia Peña-Rivera, entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera primera dama del País, por allá de noviembre de 2014, y el grupo de investigación de Aristegui Noticias develó que poseían una mansión valorada en unos 7 millones de dólares, que además estaba a nombre de una empresa relacionada con el Grupo Higa, el principal constructor de los gobiernos del priista, quien salió a dar la cara por la casa fue la esposa, entonces y ahora apodada La Gaviota por una interpretación en una telenovela.

Sola, con un traje morado, contra una pared, con los brazos sobre una mesa y sosteniendo documentos en sus manos, Angélica Rivera habló por ella y defendió su patrimonio. Pocos le creyeron. Sin embargo, salió a dar la cara por su familia, incluido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.

En Baja California, después de que el 10 de mayo el esposo de la gobernadora informó vía Facebook que su visa de turista le fue revocada, y que con ello había afectado a su esposa, Marina Ávila, no ha dado la cara en 27 días. El primer caballero del estado, y recién afiliado a Morena, ha permanecido escondido en algún lugar de México, o del mundo, y ha dejado sola a su esposa.

No sólo la dejó con la crisis más grande que haya tenido cualquier gobierno estatal en México: que un gobernador, en este caso mujer, en funciones, le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, que prácticamente le prohibieran el acceso a ese país, y para agravar el asunto, estando al frente de la administración de uno de los estados fronterizos con la Unión Americana una relación binacional prioritaria en esta región económica.

A los días del anuncio de la revocación de las visas, primero la del esposo y luego la de la gobernadora, otro escándalo, el segundo en menos de dos semanas, sacudió al gobierno de Baja California: una casa de cuatro millones de dólares, que la propia mandataria presumió en redes sociales, localizada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, donde departió con sus padres y su hija, pero que está a nombre de un polémico empresario, Fernando Salgado, ligado no sólo a Morena, también al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y en algunos proyectos al gobierno del estado, a Carlos Torres Torres y hasta al exfiscal, Ricardo Iván Carpio.

Ambas polémicas, las más grandes que han sucedido en Baja California con el retiro de la visa norteamericana a la mandataria estatal, algo que nunca había ocurrido en el País, y en la utilización de una mansión millonaria en San Diego, la gobernadora Marina Ávila Olmeda las ha enfrentado sola. De su marido nada se sabe, sólo lo que publica en Facebook.

De tener una vida muy pública, de representar junto a su hermano Luis Torres los intereses de la gobernadora, de ser escoltado por camionetas oficiales con escolta y apoyado en las relaciones públicas por el publirrelacionista de Jorge Hank y del gobierno del estado, Miguel Ángel Badiola, Carlos Torres pasó al ostracismo. Se escondió, se esfumó, se ocultó del ojo público y el martes de esta semana, el 3 de junio, finalmente hizo desde donde se encuentre refugiado, lo que debió hacer cuando el retiro de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos: se deslindó del cargo “honorario” que su esposa le concedió y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño también.

Si como Torres Torres dijo en su publicación inicial que lamentaba “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar”, y él se consideraba responsable de lo que su esposa estaba viviendo, la pregunta es por qué no se deslindó de su gobierno de manera inmediata. De hecho, fue la gobernadora, quien días después de informar de las revocaciones a ambos de las visas norteamericanas, lo ratificó en el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos.

Hubieron de pasar 25 días, para que finalmente el esposo se deslindara de los espacios de gobierno que ocupaba en la administración de su mujer y en la de Tijuana. Finalmente, fue convencido quizá, o entró en razón tal vez, de hacerse a un lado y no seguir explotando las posiciones políticas de su pareja para provecho de sí mismo, como lo ha hecho sistemáticamente desde 2019 cuando ella era alcaldesa de la capital bajacaliforniana.

La cuestión es que -a diferencia de Angélica Rivera, que lo hizo de frente, con cámaras, que no se escondió y continuó con su vida de primera dama de México-, Carlos Torres, el primer caballero de Baja California, no da la cara; informa desde la oscuridad, agazapado en algún lado justificando poner “pausa” a su vida pública para dedicarse a su familia, a sus hijos, pero dejando sola a su esposa con la crisis política más grande que ha habido en el estado, de la cual es protagonista.

Ahora sí que en el caso de la familia Ávila-Torres no hay un gran hombre detrás de una gran mujer, sino un hombre camuflajeado en el gobierno de su esposa, amparado en un partido político poderoso, confiado en la protección del oficialismo desde la Presidencia de la República, oculto en algún lugar, alejado del ojo público, arropado con la impunidad de investigaciones truncas en la FGR, pero muy señalado por la autoridad de los Estados Unidos que le niega el acceso a su territorio.

Quizá, con el ocultamiento de Carlos Torres, con el hecho de dejar sola a su esposa enfrentando las crisis políticas y personales que tiene, sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2027 también se hayan esfumado, así como su persona que se perdió en medio del peor brete que se tenga en la historia de Baja California.

La protesta ciudadana sigue: sea con carnes asadas, con gritos de “Fuera Marina” en cualquier concentración de personas, o con el ya muy popular “¿Y el Torres?”, emulando a quienes en Sinaloa buscaban al Gobernador Rubén Rocha. Pero en Baja California, quisieran saber dónde está el esposo de la gobernadora y por qué no da la cara. Al menos, como sí lo hizo La Gaviota, en 2014.

Gerardo Tamayo fue identificado como el hombre asesinado a balazos la tarde del pasado 5 de junio en la colonia Conjunto Urbano Universitario. Era considerado uno de los presuntos líderes de un grupo dedicado al tráfico de personas que operaba en Mexicali.

El director estatal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), César González Vaca, informó que la víctima presentaba más de 60 lesiones por arma de fuego, así como más de 60 lesiones adicionales causadas por esquirlas, sumando un total de más de 120 heridas.

“En total son más de 120 lesiones las que presenta en todo su cuerpo. La causa determinante del fallecimiento son las heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen”, declaró.

Aunque el cuerpo ya fue identificado, aún no se han presentado familiares a reclamarlo. No obstante, las autoridades informaron que todo está listo para que pueda ser entregado en las instalaciones de SEMEFO.

El ataque ocurrió el pasado jueves en las calles Arqueólogos y Ceylán, en la mencionada colonia. Sujetos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo gris y dispararon contra Tamayo y su acompañante, para luego huir del lugar.

El otro ocupante del vehículo fue trasladado al Hospital General de Mexicali con una herida en el brazo. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Gerardo Tamayo había sido detenido en varias ocasiones por autoridades municipales, con antecedentes por portación de arma de fuego, posesión de arma prohibida y delitos contra la salud. Además, estaba vinculado con un grupo delictivo de polleros que operaba en la capital de Baja California.

Durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con efectivos de la secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Marina (SEMAR), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), además de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, tras ejecutar una orden de cateo detuvieron, el 3 de junio de 2025, en la colonia Los Altos, en Tijuana, Baja California, a José Antonio Ramírez Talavera, alias “El Chaparro”, de 42 años de edad, con posesión de armas de fuego, droga, cartuchos y dos vehículos.

Dicho individuo estaba identificado como un supuesto generador de violencia en Baja California, encargado de un grupo de Los Arzate o Los Aquiles -asociados con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”-, dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar ejecuciones y vigilancia o “halconeo”.

Además, “El Chaparro” era subordinado de Édgar Vicente Escobar Rodríguez, alias “Chore” o “Camarón”, quien a su vez sería operador de René Arzate García, alias “La Rana”, segundo al mando del grupo delictivo de Los Arzate o Los Aquiles.

“En seguimiento a trabajos de inteligencia para detener a generadores de violencia, se ubicó un domicilio en la calle Manuel Flores de la colonia Los Altos, en el municipio de Tijuana, donde se resguardaba José Antonio ‘N’, encargado de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar actividades de vigilancia y homicidio”, informó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado conjunto.

“Para salvaguardar la integridad de la población, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas con lo que se obtuvieron datos de prueba suficientes, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir la propiedad”, detalló el Gobierno de México.

“Los elementos de seguridad cumplimentaron la orden de cateo, donde detuvieron a José Antonio ‘N’, de 42 años de edad, además aseguraron aproximadamente 15 kilos de droga, 500 pastillas, tres armas largas, cinco cargadores, 300 cartuchos útiles y dos vehículos. Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica”, finalizó el Gobierno Federal.

“En una acción encabezada por elementos de investigación de @SSPCMexico y @FGEBC en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ se ejecutó una orden de cateo en Tijuana, donde fue detenido José Antonio ‘N’, alias ‘Chaparro’, identificado como generador de violencia en la región”, escribió Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su cuenta de la red social X.

“El detenido era responsable de la distribución y venta de droga, así como homicidios y fungía como uno de los operadores de la célula delictiva ‘Los Aquiles’. Durante el operativo, se aseguraron más de 15 kg de droga, 500 pastillas, tres armas de fuego, cargadores, dos vehículos y cartuchos”, abundó el funcionario federal, quien anexó dos fotografías.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó, el 9 de agosto de 2023, a los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias “El Aquiles” y “La Rana”, respectivamente, así como a Rafael Guadalupe Félix Núñez, a quienes calificó como tres miembros “notoriamente violentos” del Cártel de Sinaloa, involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas.

“La acción de hoy está dirigida a personas clave responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia los Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.

“El Tesoro sigue comprometido a aprovechar nuestras herramientas en apoyo de nuestro esfuerzo de todo el Gobierno para atacar agresivamente todos los aspectos de la cadena de suministro y privar a estos grupos criminales de los fondos que necesitan para operar”, agregó el funcionario federal estadounidense.

La OFAC detalló que dicha acción fue coordinada “de cerca” con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y era el resultado “de la colaboración continua” con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), así como la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que como “jefes de plaza” con sede en Baja California, para el Cártel de Sinaloa, los hermanos Arzate García, manejaban las operaciones de narcotráfico en Tijuana y los municipios circundantes, además de que estaban involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos.

“Conocidos por ser extremadamente violentos, los hermanos Arzate García también están involucrados en la realización de operaciones de cumplimiento, como secuestros y ejecuciones, para el Cártel de Sinaloa. En acusaciones separadas, ambas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados ​​de delitos de narcotráfico en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. A la fecha, los hermanos Arzate García continúan prófugos”, detalló el Gobierno estadounidense.

La OFAC también designó a Rafael Guadalupe Félix Núñez, quien inició su carrera delictiva trabajando como sicario del Cártel de Sinaloa. Pero en 2008, luego de la separación del Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva, el ahora fallecido Rodrigo Arechiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, formó un nuevo brazo armado al cual denominó “Los Ántrax”.

Entre sus integrantes originales se encontraba Félix Núñez, quien luego pasó a ser conocido como “El Changuito Ántrax”. Tras el arresto de Rodrigo Aréchiga Gamboa en diciembre de 2013, Félix Núñez asumió más responsabilidades en la organización y el 25 de julio de 2014, fue acusado formalmente de cargos de narcotráfico en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. Fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de 2014 y en 2017 escapó de una prisión en Culiacán de Rosales, con varios otros miembros del Cártel de Sinaloa. A la fecha permanecía prófugo.

“Desde su fuga de prisión, Félix Núñez se ha convertido en un poderoso y violento líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Manzanillo, Colima, México. La ciudad de Manzanillo alberga un gran puerto que lleva su nombre y sirve como puerta de entrada para las drogas ilícitas”, señaló la OFAC.

“El puerto de Manzanillo recibe envíos de todo el mundo, incluida la cocaína de Colombia y los precursores químicos ilícitos, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo, de Asia. Además de ser un punto de entrada a América del Norte, el puerto de Manzanillo también es un centro estratégico de transporte de drogas con destino final a los Estados Unidos”, indicó el Gobierno estadounidense.

La OFAC indicó que designó a los hermanos Arzate García y a Félix Núñez, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que habían contribuido materialmente o presentaban un riesgo significativo de contribuir materialmente a la comunidad internacional, proliferación de drogas ilícitas o de sus medios de producción.

“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”, abundó el Departamento del Tesoro de EE. UU.

El uso de equipo de espionaje y de información de inteligencia que puede resultar en la violación de Derechos Humanos, ponderando la investigación de delitos de alto impacto, se ubica en una línea muy delgada que sólo puede clarificarse por medio de la transparencia, el cuidado, los protocolos y la rendición de cuentas.

Pero todos estos conceptos -que no son ni remotamente actuales o modernos- son ajenos para la Fiscalía General del Estado (FGE), ente encargado de la investigación de delitos del fuero común, pero que bajo la flexible premisa de que debe proteger la secrecía la investigación, puede hacer lo que desea sin rendir cuenta alguna.

El autor de esta columna llevó a cabo una petición de acceso a la información con número 021381025000239, dirigida a la institución encabezada por María Elena Andrade Ramírez -hoy nombrada ya como “Fiscala”- que insiste en colocarse como una dependencia más del Poder Ejecutivo, aunque -en teoría- ya es independiente.

La respuesta de la FGE, a nombre del agente del Ministerio Público César Octavio Iribe Reyes, confirmó que la institución cuenta con el equipo de inteligencia para la intervención telefónica y para la geolocalización satelital de cualquier ciudadano que se pueda considerar probable responsable de un crimen.

Sin embargo, la institución refirió que no puede proporcionar el resto de la información solicitada. El único dato requerido era conocer sí durante el 2024 y 2025, la FGE utilizó este recurso para robustecer indagatorias y mencionar en cuántas ocasiones intervinieron teléfonos u obtuvieron datos satelitales de geolocalización. Es decir, números y datos que no influyen o afectan en expedientes específicos.

Sin embargo, argumentaron que la información solicitada debido a que hacer pública la diligencia de investigación pone en riesgo la misma, además de que alertará a los grupos delictivos que se encuentran bajo una indagatoria judicial.

Pero no tienen razón, porque la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establece una sección específica para que las Fiscalías -obligadamente- brinden información relacionada con intervenciones telefónicas o de geolocalización que no pongan en riesgo el trabajo de la FGE.

Además, el autor de esta columna no solicitó datos específicos de las investigaciones, ni mucho menos si se trata de investigaciones activas o antecedentes de un expediente judicial.

No conformes con negar la información, la FGE definió un periodo de cinco años para reservar cualquier dato relacionado con el tema, sin justificar la necesidad de ocultar los datos por el plazo máximo permitido por la Ley.

Sí la “Fiscala” Andrade Ramírez, acepta que tiene equipo y mecanismos para espiar a la sociedad, es obligación del Estado informar y justificar las acciones que violan los Derechos Humanos de los ciudadanos.

¿Qué garantiza que la “Fiscala” u otro funcionario de la FGE no utiliza los equipos con otros fines? ¿Cuántas veces y en qué condiciones irrumpen en la privacidad de las personas para robustecer investigaciones o para fines políticos? ¿Qué pasa con la investigación que no es relevante? ¿Existe una cadena de custodia de esta información? ¿cómo se almacena?

Todos estos datos carecen de una respuesta y la FGE no tiene disposición de informar un acto que no es diferente a una intromisión de una propiedad, que sólo puede justificarse a través de una orden de cateo, una invasión a la privacidad también. Pero la FGE se siente más cómoda escondiendo sus acciones.

Sí no hay transparencia en estas acciones, es imposible dejar de considerar que el gobierno tiene carta abierta para cometer espionaje contra la ciudadanía.

El Capitán de Fragata, Omar Armando Valdés Neria, fue nombrado nuevo Director de la Policía Municipal de San Felipe, en sustitución de Marco Vinicio Tisnado García, el cual dejó el cargo luego de mantener la titularidad de la corporación desde que José Luis Dagnino se volvió presidente del Concejo Fundacional de San Felipe hace ya casi 4 años.

La modificación en el séptimo municipio obedece -oficialmente- a rotaciones normales dentro de la Secretaría de Marina, pues el ahora ex jefe Marco Vinicio Tisnado, está próximo a jubilarse y será enviado a una misión castrense en el Sur del país.

La renuncia fue presentada el pasado sábado 31 de mayo, pero se hizo efectiva al término de la jornada electoral del primero de junio, toda vez que ya estaba definido todo el plan de trabajo para garantizar la seguridad dentro la jornada.

Este lunes 2 de junio, el Cabildo de San Felipe, recibió tanto la renuncia como la propuesta de José Luis Dagnino, presidente municipal del puerto, para presentar al nuevo mando de la seguridad, el cual fue respaldado por los ediles.

Según el curriculum vitae, Omar Armando Valdés Neria, es Capitán de Fragata Infantería de Marina, Paracaidista, quien ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, en 1999, como Cadete del Cuerpo de Infantería de Marina.

Cuenta con 24 años de experiencia de servicio al mando y manejo de personal, recursos financieros y materiales.

“Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo en diversas unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, así como Comandante y Jefe de Grupo de Comando en Compañías y Batallones de Infantería de Marina; específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco; siendo su última comisión operativa, la de Jefe de Grupo de Comando del Batallón de Infantería de Marina Número 37 en Coatzacoalcos, Veracruz”, reza el documento público.

Cuenta con experiencia en áreas civiles, como cuando en 2019 fue nombrado Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en La Paz, Baja California Sur.

Cuenta con “Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México”.

Cabe señalar que se ha hecho acreedor a las Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, Quinta y Cuarta Clase por haber cumplido de 10 y 15 y 20 años de servicio activo en la Armada de México, también ha sido merecedor del Distintivo de Mando Naval.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchó desde el plantón en el Sistema Educativo, avanzando hacia la garita de San Ysidro para llevar a cabo el cierre total del flujo vehicular proveniente de San Diego hacia Tijuana.

“Se va a cerrar la garita como medida de protesta y cobertura a esta mesa nacional”, indicó el Coordinador Estatal de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, con respecto a la mesa de trabajo que se llevará a cabo el día de hoy a las 12:30 p.m. con los titulares de las Secretarías de Gobierno, Educación y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Apenas iniciaba la jornada electoral que marcaría el rumbo de jueces y magistrados del Poder Judicial cuando ya eran reportados al Instituto Estatal de Baja California y al INE, que a la casillas ubicadas en el distrito correspondientes al municipio de Tecate, los encargados no llegaban.

En la delegación de la colonia Agrícola y Ganadera de Valle de Las Palmas, desmonte redes sociales informaron que a la casilla no llegó nadie, por lo que requerían de ciudadanos que se ofrecieran a desarrollar esta histórica elección.