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Sentencian a 5 años de cárcel a Christian Iván por feminicidio de Keyla Nicole.

Cinco años de prisión es la condena que recibió Christian Iván “N”, el adolescente de 16 años responsable del feminicidio agravado de Keyla Nicole Duarte Acevedo, de 13 años, sentenciado este viernes 7 de noviembre.

La condena representa la pena máxima de internamiento que la legislación mexicana actual permite aplicar a una persona menor de edad por delitos graves. El crimen, que conmocionó a la comunidad de El Rosario de Abajo, en San Quintín, Baja California, se perpetró el pasado 1 de julio de 2025.

El proceso legal se resolvió a través de un juicio abreviado, un mecanismo mediante el cual el adolescente de 16 años reconoció su participación en los hechos. De acuerdo con la investigación, Keyla fue vista por última vez junto a Cristian cuando se dirigían a una zona conocida como “la cueva”. La vinculación a proceso se había obtenido previamente por la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La sentencia de cinco años se debe estrictamente al marco normativo vigente, según explicó Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El magistrado precisó que el caso se condujo conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dentro de este marco legal, y de acuerdo con el artículo 201 del Código Penal, la pena más alta aplicable para un menor de 16 años es de cinco años de internamiento en un centro especializado, incluso en procedimientos abreviados donde el imputado acepta su culpabilidad y las medidas sancionatorias.

Los hechos periciales revelaron la extrema brutalidad del feminicidio. El dictamen forense del Servicio Médico Forense (Seemefo) determinó que la causa de muerte de Keyla Nicole fue un traumatismo craneoencefálico, resultado de un golpe severo en la cabeza provocado por un objeto contuso, es decir, un objeto duro y sin filo.

El cuerpo de Keyla presentaba lesiones post mortem, incluyendo decapitación y cortes en las extremidades, causados por un objeto cortante y pesado aplicado con fuerza, indicando el uso de un instrumento con filo. Respecto a la inspiración del crimen, la Fiscalía General de Baja California (FGE) informó que Cristian “N” confesó haberse basado en la serie de televisión Dexter, que trata sobre un asesino en serie. En el cateo de su domicilio se encontraron dibujos detallados del crimen, descritos por la FGE como “planos o guía para no equivocarse”, incluyendo imágenes de un cuerpo con manchas de sangre apuñalado, desmembramiento desde la base del cuello, y un tercer dibujo que mostraba una cabeza, torso, brazos y piernas mutilados, reflejando lo que le hizo a la víctima.

Se presume que el joven habría planeado el asesinato con alevosía y ventaja. Antes de su desaparición, Keyla logró enviar un mensaje de auxilio a una amiga, expresando sentirse insegura porque Cristian “traía un palo”, un objeto que fue posteriormente localizado y estaba siendo analizado como posible arma. Testimonios de conocidos señalaron que Cristian estaba obsesionado con la Santa Muerte y gustaba de hacer comentarios sobre su deseo de “destazar” a una persona.

A pesar de que la Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez, había manifestado que buscarían alcanzar la pena máxima para Cristian “N”, también refirió la necesidad de un análisis minucioso de la legislación. La Fiscal señaló que cada vez se observan asuntos muy graves y atroces en los que intervienen adolescentes, a veces con un “alcance negativo mucho mayor que otro grupo -delictivo-“, destacando la limitación de cinco años impuesta por la ley.

La madre de Keyla Nicole, de 13 años, reportó su desaparición el 2 de julio. Trágicamente, la búsqueda inicial se vio obstaculizada por la omisión de la Policía Municipal de San Quintín, que habría negado la atención inmediata, indicando a los menores que debían esperar 72 horas para activar el protocolo de búsqueda, un hecho que fue asentado en la investigación. Lamentablemente, el cadáver de Keyla fue localizado descuartizado ese mismo día, 2 de julio, en un terreno deshabitado. Incluso durante el operativo de búsqueda, se reportó que un perro traía en el hocico una de las piernas de la menor.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Aseguran más de 750 mil litros de diésel en operativos conjuntos en Ensenada

El Gabinete de Seguridad pública confirmó la ejecución de un careo conjunto en Ensenada, donde fueron cateados dos inmuebles y asegurados 753 mil 012 litros de diésel, además de 11 tanques contenedores de distintas capacidades.

De acuerdo con el reporte oficial, los cateos se efectuaron en centros de almacenamiento y oficinas pertenecientes a las empresas Rudametkin y SAHISA, ubicadas sobre la calle Obregón, entre Tercera y Cuarta, así como en la calle Novena, entre Blancarte y Castillo, en la zona centro.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles en la región.

Participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) quienes informaron que el combustible asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estos cateos. Las empresas involucradas pertenecen a familias de Ensenada que por años han operado estaciones de gasolina en localidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con disparos por la espalda, ejecutan a agente de la Fuerza Estatal de BC

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la AEI, también en Tijuana.

Un sujeto disparó por la espalda a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras este se encontraba realizado labores en su automóvil afuera de su domicilio en el municipio de Tijuana, Baja California.  

Los hechos quedaron registrados en un video tomado por cámara de videovigilancia que circuló en diferentes medios de comunicación locales.

Conforme a las imágenes, se aprecia al policía estatal sin uniforme -identificado como Eduardo García López- mientras limpia el lado del piloto de un vehículo; en eso, un sujeto vestido de negro se acerca por detrás y le dispara.  

La víctima cae al suelo y, ahí, fue rematado en varias ocasiones por el agresor, quien huyó de la escena; también se aprecia a un testigo, quien sin inmutarse caminó a un lado de la escena del crimen.  

El reporte del asesinato fue alrededor del mediodía, por lo que se generó una movilización hacia las calles Idesia y Principal de la Colonia El Florido, sección II, en dicha ciudad fronteriza.  

Horas más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, en colaboración con diversas corporaciones, lograron detener a un presunto cómplice.  

Para esto ubicaron a Omar Eleazar “N”, a bordo de un sedán con rótulos de una empresa, unidad que coincidía con la que habría huido el responsable, según testigos.  

También fue encontrada un arma, mientras que de la escena del crimen los investigadores levantaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros; posteriormente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la FGE, también en Tijuana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Cisneros lleva medios a ZETA y amenaza a codirectora

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

No hay registro de amenazas contra empresario asesinado en Ensenada: fiscal de homicidios de BC

El fiscal declaró que sus familiares no mencionaron amenazas contra Omar Cisneros, pero, según la presidenta estatal del PAN en BC, los propietarios de la Birriería Guadalajara ya habían avisado de la tensión y peligro que sentían, pero no se hizo nada.

El fiscal Especializado en Homicidios de Baja California, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, declaró “no hay un registro como tal” sobre amenazas que hubiera denunciado el empresario Omar Cisneros Salcedo, de la birriería Hacienda La Guadalajara. 

El funcionario estatal lo refirió en rueda de prensa realizada este lunes 27 de octubre, luego del asesinato registrado durante la tarde del sábado 25 en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con los datos, el ataque a balazos fue registrado alrededor de las 19:00 horas en el interior del negocio, ubicado en la avenida Ruiz, en el corazón de la zona turística porteña.  

Gaxiola Rodríguez refirió que al lugar entraron dos personas del sexo masculino, quienes accionaron sus armas de manera directa contra Omar Cisneros. 

Tras esto, al lugar acudió la policía municipal de Ensenada y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para tratar de localizar a los responsables, a los minutos encontraron únicamente un vehículo aparentemente ligado con el hecho.  

Agregó que están recabando toda la información posible para la respectiva investigación. 

“Ya traemos un dato muy claro que no lo podemos proporcionar, pero estamos dándole ese seguimiento”, aseguró.  

—¿Hubo amenazas? —se le cuestionó. 

—No hay un registro como tal. Se tuvo con el papá, con la esposa. Ellos no mencionan el tema de amenazas. Habían tenido una circunstancia, una cuestión ahí de un estacionamiento. Es parte también de la posible investigación, pero es a lo que se está dando seguimiento —respondió el fiscal especializado en Homicidios.  

Birriería Guadalajara había avisado del peligro y autoridades no hicieron caso: Lizbeth Mata

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió a los tres órdenes de gobierno más atención para la seguridad del municipio de Ensenada, pues los propietarios de la Birriería Guadalajara ya habían avisado de la tensión y peligro que sentían, pero no se hizo absolutamente nada.  

La líder blanquiazul lo declaró en conferencia de prensa realizada el lunes 27 de octubre en el puerto, en torno al asesinato de Omar Cisneros Salcedo, propietario del conocido negocio ubicado en la zona turística. 

A pesar de esto, hasta este lunes no han sido reportados detenidos por estas agresiones.  

Mata Lozano compartió sus condolencias a la familia, así como a las y los trabajadores, y lamentó que el municipio esté en “la antesala de la inseguridad”, tanto en comercio como en toda la ciudad.  

La panista remarcó que el ataque ocurrió “a plena luz del día” y en un lugar con mucha actividad turística, además de señalar que fue “un enfrentamiento dirigido”.  

“Decirles que la exigencia de seguridad es permanente: somos una de las ciudades más inseguras, no solamente del Estado, sino ya del país en general y hoy se siente en las calles de nuestra ciudad. Generaríamos una exigencia a las autoridades, tanto municipal, estatal y federal, porque ya ha avanzado no solamente en la extorsión, sino hoy a un asesinato dirigido y, además, que fue avisado la tensión y el peligro que sentía este comercio, y, aun así, no sucedió absolutamente nada”, remarcó Lizbeth Mata Lozano.  

Carlos Enrique García Lazcano, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN, también expresó en la rueda de prensa sus condolencias, al tiempo de recordar que el fallecido era su amigo.  

“Esperando que encuentren pronto el consuelo y la paz en sus corazones. Era un joven amigo personal y lamentamos mucho que las autoridades, que son las que nos deben de defender, no podemos confiar en ellas. Rogamos por la paz de ellos”, comentó García Lazcano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Cárteles de policías

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).


Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.

FUENTE: SEMANARRIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Teniente coronel reclama prisión preventiva por cadetes ahogados de la GN

El teniente coronel de zapadores David López Ordaz, extitular del Centro de Adiestramiento y de Combate Integral Regional (CACIR) de la Guarnición Militar de El Ciprés, presentó una demanda de amparo tras serle impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal por el que se encuentra vinculado a la muerte por sumersión en el agua de siete cadetes de la Guardia Nacional (GN), el año pasado en las playas del municipio de Ensenada.

La acción de defensa constitucional del exmando castrense se registra después de que el pasado 6 de octubre se registró la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada.

El juez Sergio Adolfo Peniche determinó que López Ordaz continúe tras las rejas con prisión preventiva justificada dentro de la carpeta judicial número 38/2024 y su acumulada 70/2024 de su índice, que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio por dolo eventual en agravio de los cadetes que perdieron la vida ahogados el 20 de febrero de 2024 en Playa Corona, tras obedecer la orden del mando militar de lanzarse al mar pese al oleaje elevado y al mal temporal, en una presunta “novatada”.

El teniente coronel ahora presentó una demanda de amparo a través de su defensa, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada, en espera de verse beneficiado con la protección de la justicia de la Unión y solicitó la suspensión provisional y definitiva para efecto de que el juez federal de la causa penal “señale fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar dentro de un plazo de 48 horas, donde deba fijar una diversa medida cautelar que no sea la de prisión preventiva justificada”. Desde luego, le fue denegada.

Al militar David López Ordaz se le responsabiliza penalmente, bajo el principio de presunción de inocencia, de la muerte de los cadetes Carlos Omar Frías Lanfard, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, Brando Francisco Gastélum Ayala, Luis Manuel Vilchis Díaz, Fernando Isaías Pérez López, Michael Arellano Wilkinson y Óscar Abraham Sánchez Reyna, cuyos cadáveres fueron localizados entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Sobrevivieron a la práctica Alan Santiago Pérez Ríos, Jesús Andrés Portillo Calderón, Mauricio Alberto cabrera y Saúl Alejandro Matlacala Pérez.

El proceso penal en el fuero federal es independiente de la responsabilidad que el teniente coronel López Ordaz enfrente en el fuero de guerra donde se le imputaron inicialmente la probable comisión de los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad, sin que se conozca hasta el momento el avance de tales pesquisas, dada la opacidad y hermetismo de la procuración y administración de justicia en el ámbito castrense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.