El miércoles 13 de agosto de 2025 en el Congreso de Baja California, tras varios requerimientos abierta e impunemente ignorados, finalmente Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), decidió atender la instrucción de supuesto “Poder” Legislativo para comparecer y dar cuenta de los avances en materia de investigación, persecución, importación y consignación de los delitos en la entidad.

En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.

Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.

A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.

Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.

La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.

Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.

La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.

Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.

De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.

Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.

Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.

Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.

Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.

Aunque encuestadoras serias y otras de las que trabajan para el mejor postor, se han dedicado en los últimos meses a demostrar cuantitativamente que la popularidad de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, sigue en descenso no sólo en el estado, sino en el país, donde en las mediciones su nombre aparece en el último lugar de las 32 entidades federativas, una realidad que suele confirmarse de manera por demás bochornosa para la mandataria estatal: con abucheos.

A la manifestación pacífica del 17 de mayo de 2025, cuando miles de personas se concentraron alrededor de una carne asada en la explanada del Centro Cívico en Mexicali, para pedir su salida del gobierno después que su credibilidad y confianza cayera a partir del 10 de mayo de 2025 cuando anunció que el gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a aquel país (unos minutos antes su esposo Carlos Torres Torres había anunciado lo mismo en su caso), la gobernadora y su esposo decidieron, ahora sí, mantener un bajo perfil.

Aun así, en la soberbia del poder, su partido Morena, sus funcionarios, sus legisladores y algunos seguidores pagados le organizaron un mitin de apoyo para dar la impresión de unidad, y de que, si había una parte de la población que ya no confiaba en ella, que la quería fuera del gobierno, había otra que le daba su total respaldo. Pero aquello no salió bien. Fue evidente el gasto público, el acarreo, el despilfarro, los miembros del gabinete organizando el acto nada espontáneo, como sí lo fue la carne asada en Mexicali

Después de esa mala experiencia, la gobernadora decidió cerrar todo acto al público. Sus conferencias de prensa sólo para los comunicadores y, particularmente, los de a modo del gobierno; los actos públicos con asistencia controlada, de hecho, dejó de hacer sus videos para redes sociales durante algún tiempo.

Su esposo, Carlos Torres Torres, desapareció de la escena pública; presuntamente viajó a Europa, lo mismo que su hermano Luis Torres Torres, cuando se supo que al primero le quitaron la visa y el segundo aparecía con su hermano, en una carpeta de investigación por el delito de huachicol y huachicol fiscal, abierta a partir de un decomiso en marzo de este año, en el puerto de Ensenada.

A pesar del respaldo que le dio su esposa la gobernadora, Carlos Torres renunció a los dos cargos honorarios que tenía en las administraciones públicas, la de Baja California y la de Tijuana, donde gobernadora y alcalde, respectivamente, lo nombraron coordinador de proyectos especiales. Argumentó que se retiraba de la vida política y pública, para concentrarse en la familia y los negocios personales, aunque bien a bien se desconoce de qué vive el primer caballero del estado, económicamente.

Después de dos meses y medio de guardar bajo perfil, de acudir a taquerías sin cámaras para que la videograben, de no hacer giras por colonias y evadir cualquier acto masivo, dado que, en las manifestaciones y concentraciones multitudinarias los ciudadanos suelen entonar el cántico de “¡Fuera Marina, fuera Marina!”, hace unas semanas la gobernadora reactivó su vida en las redes sociales. Muy a su estilo, grabando videos desde su camioneta o en sus actos, para promoverlos en Facebook, Instagram o TikTok, pero la reacción de los usuarios de redes sociales tampoco ha sido buena para la mandataria.

Las publicaciones de la gobernadora, y las que poco a poco ha empezado a hacer también su aún desaparecido de la escena pública esposo, suelen abultarse de comentarios negativos para ellos. A pesar que es evidente que existe un equipo detrás que borra comentarios de odio en las publicaciones de los dos protagonistas y desvisados políticos, no hay esfuerzo que alcance para borrar de las redes sociales y la internet, la animadversión que muchos gobernados tienen hacia la titular del poder ejecutivo estatal.

También muy dada a acudir a cuanto concierto importante se desarrolla en el estado, Marina Ávila había dejado de asistir a las presentaciones de artistas, precisamente, para no ser abucheada, como sucedió cuando la mencionaron en un acto de graduación, o como ha sucedido en las manifestaciones orgánicas en su contra en varios municipios del estado.

Pero el lunes 11 de agosto la gobernadora, como muchas otras bajacalifornianas, no se resistió al concierto de la colombiana Shakira en Tijuana. La cantante de “Las caderas no mienten” reinició una segunda etapa de su gira por México en el estadio del equipo de fútbol del exreo del Hongo, Jorge Hank Rhon (estuvo preso por acopio de armas en 2011, y existen carpetas abiertas por homicidio donde se le menciona, pero no se le investiga).

En un video que comenzó a circular en redes sociales el martes 12, un día después de la presentación de La Loba en Tijuana, se ve cómo Marina Ávila llega al estadio y camina por un lugar de privilegio, dado que es más allá de las vallas que separan a los asistentes que hacen larga fila para entrar al estadio.

Quienes graban el video, a saber con la cámara de un celular, identifican a la mandataria estatal y le gritan, pero la gobernadora los ignora y continúa firme su camino hacia la zona designada para presenciar el “Las mujeres ya no lloran world tour”, por lo que, otras personas en la fila comienzan a abuchearla y a gritarle, una vez más, el ya tradicional cántico popular bajacaliforniano: “¡Fuera Marina, fuera Marina!”.

Fue muestra inequívoca, a justos tres meses que informó que le habían revocado la visa, del rechazo social que mantiene la gobernadora, que confirma en la cruda y difícil realidad lo que las encuestas demuestran científicamente, que su popularidad sigue en descenso; que no ha logrado levantarse del duro golpe del retiro de la visa, una situación nunca antes vista en México: que a un gobernador en funciones el gobierno de los Estados Unidos le retirara la visa para su ingreso a aquel país.

El descenso político de la gobernadora, cuyo periodo culmina en 2027, le llegó acompañado de una baja popularidad entre los gobernados que no olvidan y que, en cualquier momento, le recuerdan que ya no goza de su confianza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) ha revocado la visa de la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado.

De acuerdo con información obtenida por el Semanario ZETA, el pasado viernes 8 de agosto, el esposo de la Edil, médico de profesión y actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), fue retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, y enviado a segunda revisión.

Ahora, la orden del Departamento de Estado para revocar la visa al doctor Guerrero Delgado se ha hecho extensiva para su esposa, la Alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, afirma el Semanario. Sin embargo, el retiro del documento a la funcionario morenista no ha podido concretarse porque ella no ha intentado cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

El medio recordó que el pasado 15 de mayo de 2025, la Presidenta Municipal bromeo con la polémica por el retiro de visas al afirmar que años atrás fue enviada a segunda revisión debido a que fue sorprendida comiéndose un tomate justo cuando entraba en el rango de inspección de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

🚨 #ÚLTIMAHORA | Estados Unidos revoca visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante y su esposo, Luis Samuel Guerrero. pic.twitter.com/BtisBRV96m

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 15, 2025

En apenas una semana, dos fiscales han renunciado a sus cargos dentro de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), asegurando que se debe a “motivos personales”. 

El martes 5 de agosto fue el fiscal central, Rafael Orozco Vargas, y el lunes 11 de agosto, hizo lo propio el fiscal regional de Mexicali, Efrén Ruiz Romo.

La búsqueda por Daniel Alejandro N continúa, presunto responsable del feminicidio de la joven Destiny Cervantes, quién fue asesinada a las afueras de su hogar en Lomas Taurinas el pasado 9 de mayo.

“Nosotros lo que queremos es que él esté detenido. Creemos que están haciendo su trabajo (Fiscalía General del Estado). Nos interesa que se difunda la imagen de él, por si alguien lo puede ver en la calle y denunciarlo, nos ayudaría, porque al parecer está escondido”, compartió Melissa Olide Guillén, hermana de Destiny a ZETA.

A través de la imagen difundida en redes sociales de Daniel Alejandro N, han logrado obtener información anónima de su posible paradero; según refieren, el presunto agresor continúa en la ciudad de Tijuana

Fue el día 7 de agosto cuando recibieron la última pista, pues supuestamente lo habían visto en la zona del Fraccionamiento Las Californias, donde vivía. Al inicio, las autoridades de seguridad vigilaban el perímetro; pero al pasar del tiempo, no se han percatado de que continúe la supervisión del lugar.

“Supuestamente estaba con el cabello más largo, mucho más largo, como si no se lo hubiera cortado en todo este tiempo, y como si tuviera una toalla, una cobija en el cuello. No se si como para ocultar su identidad porque saben que lo están buscando, yo di aviso a la Policía y supuestamente la Policía iba saliendo de ahí”, comentó.

Olide Guillén señaló que por parte de la Fiscalía General del Estado continúan trabajando en el caso, la última vez que fue a declarar, les informaron sobre cateos realizados para dar con el paradero de Daniel N: “obviamente no nos dan más información, pero hasta la fecha no nos han dicho alguna novedad de que tienen pistas o algo”.

Pasan los meses y sin pistas del paradero del presunto responsable, la familia de Destiny Cervantes extiende el llamado a la ciudadanía para contactarse con ellos o las autoridades de manera anónima y brindar información que apoye a brindar justicia para la joven de 18 años.

“Ella era la menor de 5 hermanos y para todos, ahora las reuniones son para ver si hemos sabido algo nuevo o alguien, que sí ya sabemos algo. Es muy difícil, porque pasan 3 meses y ella no está, y él está afuera. Era una niña, tenía 18 años, sus amigas van a casa de mis abuelos, ahí fue donde le quitaron la vida, van a dejarle flores, a saludar, como a revivir momentos, eso es lo que hacemos tratar de revivir momentos con ella, es lo único que nos queda”, manifestó Melissa.

Daniel Alejandro N, es la ex pareja sentimental de Destiny, con quién había cortado lazos una semana antes del crimen, su relación estuvo marcada por un historial de violencia física, psicológica y sexual.

El 9 de mayo, habría acudido junto a su prima Coral Esmeralda N al hogar donde la joven víctima residía junto a sus abuelos en Lomas Taurinas, donde la privó de la vida tras disparar contra ella en la cabeza. Coral Esmeralda N, actualmente se encuentra en prisión preventiva y vinculada a proceso desde el pasado 3 de junio.

“De la Policía esperamos que este detenido lo más pronto posible, la sociedad si lo llegan a ver, obviamente esperamos que den aviso a las autoridades o algún familiar, alguien que les de confianza. Incluso hemos considerado ofrecer una recompensa. Queremos hacer justicia para Destiny, para que pueda descansar, nuestra familia también y que el pague por lo que hizo”, finalizó.

En caso de contar con información de utilidad el número de denuncia anónima en Baja California es 089.

El anuncio de una Estrategia de Seguridad contra la Extorsión, tuvo pocos elementos tangibles y rescatables; lo más importante es que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reconocen que existe la extorsión en Baja California, algo que históricamente se ha minimizado o negado bajo el argumento de que no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado lunes 4 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó una conferencia de prensa que tuvo como objetivo anunciar el Plan de Seguridad contra la Extorsión, que es un símil al anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el proyecto nacional.

Sin embargo, la exposición presentada durante dicha conferencia en la que se hizo acompañar de mandos estatales y federales, no representó una radiografía de la problemática de extorsiones y cobro de piso, sino que fue un reconocimiento de que la problemática puede existir, aunque presumieron que en Baja California nos colocamos en el lugar 19 a nivel nacional de este hecho delictivo.

Desde hace algunas semanas, en ZETA nos hemos dedicado a ofrecer información relacionada con las diversas modalidades de cobro de piso y extorsiones, donde parten casos como el del restaurante “Pez Gallo”, donde tres individuos pertenecientes a la comunidad masónica, de los cuales uno se hace pasar por abogado, extorsionaron a uno de sus “hermanos” por la cantidad de 800 mil pesos, bajo el argumento de que le debía a personas peligrosas, a las que recurrió para investigar si tenía una investigación en su contra, lo cual resultó falso.

O los casos de cobro de piso en el municipio de Tijuana, donde se entregaban anotaciones en pequeños fragmentos de papel para cobrar fuertes sumas de dinero a propietarios de negocios de diversos giros.

Todo esto es evidencia clara de que en Baja California se documentan casos de extorsión, pero no en todos se presentan denuncias.

A estos y otros modos de operación criminal, se le agregan los tradicionales casos de extorsión telefónica a comercios y a personas de diversos sectores de la sociedad, donde a través de un secuestro virtual o actos de intimidación, los ciudadanos optan por pagar enormes sumas de dinero a personas que -en la mayoría de los casos- se encuentran recluidos en los penales de entidades como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.

La narrativa ofrecida por el Poder Ejecutivo en el combate a la extorsión ubica como punto de partida el reconocimiento de que existe la extorsión, pero no lo plasmaron en la estrategia porque realmente no conocen la magnitud del problema.

Atribuyen a llamadas telefónicas de estafa o a grupos de dos o tres personas que se organizan para experimentar en un nuevo esquema criminal, en vez de asumir una postura de responsabilidad y de investigación en contra de estos grupos delictivos.

Las autoridades a cargo del general Laureano Carrillo Rodríguez y de María Elena Andrade Ramírez, carecen de información sobre el esquema criminal de la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pese a que cuentan con tecnología para localizar a una persona en cuestión de minutos a través de su celular.

El propio general Laureano Carrillo, aseguró que se crearán grupos interdisciplinarios efímeros para atender casos específicos que se documenten. Esto quiere decir que no funcionarán de manera permanente, sino cuando se requiera y sin especialización.

También anunciaron modificaciones al Código Penal para endurecer las penas y clarificar la tipificación del delito de extorsión, que actualmente puede generar penas de hasta siete años, con la posibilidad de incrementar dependiendo de ciertas características.

Infortunadamente, la estrategia contra la extorsión no incluyó mejores condiciones para un ente que podría ser considerado el eje central del combate a este delito, como lo es el C5i, donde sus trabajadores, sobre todo los del 089, trabajan extenuantes jornadas, sin derechos de seguridad social, e incluso con graves rezagos en temas tan elementales como diademas telefónicas, sillas y computadoras.

La estrategia contra la extorsión anunciada hace unos días representa una visión generalizada de la problemática que no se tropicaliza en los verdaderos problemas que se tienen en Baja California, en el cual pretenden cargar toda la responsabilidad a la denuncia de la ciudadanía, la cual no confía en sus autoridades.

Los cadáveres de Xandro Roldán Arce y Pablo García Nevárez fueron localizados, el 7 de agosto de 2025, en un arroyo de la zona de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de julio del mismo año, fecha en la que, según familiares y testigos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La localización de los cadáveres fue confirmada por el colectivo “Nosotras con Ellas”, el cual acompañó a las familias de Roldán Arce y García Nevárez, durante la búsqueda. En un comunicado, la organización no gubernamental señaló que los restos de los jóvenes se encontraban en avanzado estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Según el comunicado, las familias realizaron la identificación de los cuerpos mediante prendas y características físicas.

El hallazgo fue confirmado posteriormente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS), que informó que los cadáveres fueron encontrados en un arroyo, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en la delegación de San José del Cabo. Según la institución de procuración de justicia estatal, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de los jóvenes, y se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de Roldán Arce y García Nevárez ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando presuntamente fueron interceptados por policías municipales en la zona de El Zacatal, en Cabo San Lucas. La última ubicación conocida fue registrada por una cámara de videovigilancia de un comercio, donde se les observó esposados y siendo ingresados a una patrulla. A partir de ese momento, no se tuvo contacto con ellos.

Respecto a los agentes involucrados, el Gobierno Municipal de Los Cabos informó que los elementos señalados ya habían sido suspendidos de sus funciones desde que se recibió la denuncia por desaparición. Además, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento colaboró con las investigaciones de la PGJE-BCS.

El día 8 de agosto del mismo mes y año, los cuerpos de Roldán Arce y García Nevárez fueron entregados a sus familiares para su sepultura. Según testimonios recabados por los colectivos que acompañan el caso, los familiares exigieron justicia y sanciones penales contra los elementos responsables.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) emitió un pronunciamiento en el que informó que mantenía una queja de oficio y realizaba un acompañamiento puntual del caso. La CEDH BCS también solicitó medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas convocaron a una movilización para el día 10 del mismo mes y año en el centro de Cabo San Lucas, con el fin de exigir justicia, esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La PGJE BCS no ha revelado el número total de policías involucrados ni los avances concretos respecto a su responsabilidad penal. El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias ministeriales.

¡Justicia para Brenda! es lo que reclaman familiares y amigos de Brenda Lobo, quien fuera víctima de feminicidio en julio de 2019, en cuyo caso apenas hace unos días el presunto responsable, Daniel Vázquez Montaño, su pareja sentimental, fuera detenido luego de que se atrincherara en un domicilio de la colonia Roberto de la Madrid, en Tijuana.

“Estamos aquí tras 6 largos años de búsqueda de justicia, que esperamos que se haga oro que ya esperamos mucho tiempo. Pedimos justicia y que pague por feminicidio, que pague lo más que se pueda pagar en la pena máxima porque se lo merece”, manifestó Miguel Ángel Lobo, padre de Brenda.

De acuerdo con el señor Lobo, el psicólogo Daniel Vázquez Montaño violento por mucho tiempo a su hija, pero a pesar de ellos debido a que la tenía “muy trabajada” psicologicamente, además de que la amenzasba con hacerle daño a él, Brenda, aunque lo denunciaba, siempre terminaba regresando con él e incluso nunca reveló lo que sufría a su lado, sino que fue su propia familia la que se dio cuenta, pero por más que insistieron que lo dejara, la joven no hizo caso.

Según Adriana Milanez, presidenta y creadora de la Fundación Manls Entrelazadas, que ha brindado apoyo a la fmsilia de Brenda desde que ocurrió la tragedia, a la organización han llegado los testimonios de 14 mujeres más a las que Daniel Vázquez también manipuló psicologicamente y ejerció algún tipo de violencia contra ellas, de las cuales al menos cuatro ya han interpuesto denuncias en su contra.

Es por ello que familiares y amigos de Brenda exigen que el presunto responsable del feminicidio de la joven sea vinculado a proceso en la próxima audiencia que se llevará a cabo a las 11:30 de la mañana de este mismo viernes 8 de agosto.

“Confío en que la justicia haga su trabajo. Que lo refundan en la cárcel, eso es justicia”, expresó el padre de Brenda.

La detención del presunto feminicida