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Abuelas protestan por suspensión de apoyos para hijos de víctimas de feminicidio

De acuerdo con las abuelas, desde diciembre no les han entregado los cuatro mil pesos bimestrales que son destinados a la atención médica, educación y alimentación de los menores de edad.

Abuelas de niños cuyas madres fueron víctimas de femincidio tomaron las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la familia en la ciudad de Torreón, para denunciar que el gobernador Manolo Jiménez Salinas suspendió los apoyos económicos desde el pasado mes de diciembre.  

Los recursos de cuatro mil pesos bimestrales son destinados a la atención médica, educación y alimentación de los menores de edad.

Cristela Soto, madre de Daysi Viridiana Martínez Soto –asesinada por su pareja en el 2016–, y quien dirige el colectivo Madres Poderosas, señaló que en lugar de poder festejar a sus nietos este Día del Niño están obligadas a denunciar que el gobierno estatal suspendió los apoyos que establece el decreto publicado en el Periódico Oficial en el 2018, siendo Miguel Angel Riquelme Solís gobernador. 

El decreto fue reformado en el 2021, para cubrir los casos de hijos que siguieran estudiando hasta llegar los 25 años de edad. Jiménez Salinas emitió un nuevo decreto el año pasado, pero para el ejercicio presupuestal del 2025, éste no fue actualizado. 

“Estamos aquí tomando PRONNIF por el motivo de que no nos han entregado los apoyos a nuestros niños. En lugar de estarlo festejando en este Día del Niño estamos aquí pidiendo justicia por nuestros nietos, porque nos dejaron de dar la ayuda desde diciembre y ya llevamos dos bimestres que no nos han entregado”, explicó. 

La abuela dijo que en el colectivo hay 39 menores de edad cuyas madres fueron víctimas de feminicido, pero la cifra es superior por la cantidad de casos que hay en Coahuila. 

Lo que las abuelas han recibido como respuesta por par parte de las autoridades es que solo es cuestión de firmas para la emisión del nuevo decreto y se liberen los recursos, cuatro mil pesos bimestrales con los cuales se hace el pago de salud, educación y alimentación de los menores de edad y jóvenes que siguen estudiando en niveles medio y medio superior. 

“Dicen que faltan unas cuántas firmas. Nosotras somos 39 pero hay muchas que no están en la lista y de hecho se les ha mencionado, tanto al secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, como al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ricardo Martínez Noyola, que no es sólo el colectivo sino es en general porque ahorita hay mucho feminicidio y necesitamos los apoyos para nuestros niños. Nos dicen que ya mañana, que ya pasado mañana y pasan los días y por eso decidimos protestar aquí”, señaló. 

Durante el 2024 se registraron en Coahuila 15 feminicidios, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, lo que representó casi el doble de lo ocurrido en el 2024. Sin embargo, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 20 casos el año pasado y la mayor parte de los casos ocurrieron en Torreón. Hasta el pasado mes de marzo se tenían judicializados dos casos durante el presente año. 

La cantidad de niños y adolescentes que quedaron sin sus madres a causa de este delito es indeterminado aún, pero las abuelas afirman que están documentando los casos para que se pueda visibilizar la problemática. 

Por su parte el secretario general de Gobierno en Coahuila, Oscar Pimentel González, dio a conocer, en una entrevista anterior a la protesta realizada por las abuelas, que el tema lo revisaba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reconocía también que había problemas presupuestales para atenderlo. 

“Entiendo que el presidente de Atención a Víctimas del estado está en comunicación con las integrantes de la organización Madres Poderosas de la Laguna y están revisando los casos pata ver qué es lo que procede”, señaló.  

—¿Es una cuestión de recursos?, se le preguntó. 

“Exactamente y por eso tenemos que buscar cuales son las prioridades en términos de indemnización y lo debe hacer el gobierno federal, no lo tiene porque hacerlo el estado, porque habrá que ver los casos”, declaró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

CEAV operará en 2022 con déficit de más de mil 600 millones; peligran pagos y contrataciones

Un diagnóstico interno revela que la CEAV requiere para el año que viene más de 2 mil 500 millones, pero se aprobaron menos de mil. No hay dinero suficiente para contratar a casi 150 funcionarios y garantizar pagos a 3 mil victimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.

En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.

Sánchez Cordero se va al Senado sin grandes avances a favor de las víctimas

Olga Sánchez Cordero heredará a Adán Augusto López Hernández una lista de pendientes en la agenda de víctimas y, en general, en la de derechos humanos. No obstante, especialistas en la materia ven con dudas el nombramiento del hasta ayer Gobernador de Tabasco debido a que es un “desconocido” en el ámbito de derechos humanos, lo que genera incertidumbre sobre cuál será su agenda.

La agenda de víctimas y la implementación de los mecanismos para la justicia transicional son los dos grandes pendientes que deja la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación (Segob), y que ahora serán los retos para Adán Augusto López Hernández, quien dejará la gubernatura de Tabasco para asumir al frente de esta dependencia, consideraron especialistas y defensores de derechos humanos.

En este sexenio, la Secretaría de Gobernación dejó de acaparar el control político del Estado y se ha configurado en una dependencia que ha buscado resarcir las deudas en derechos humanos y atención a víctimas. Además perdió ciertas funciones como la de estar a cargo de acuerdos y negociaciones políticas, que pasaron a Palacio Nacional para ser atendidos directamente por el Presidente, así como el tema de seguridad que ahora está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Entrega Fiscalía restos de desaparecido en bolsas de plástico negras en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz entregó en bolsas de plástico negras y sin sellar los restos de Eladio Aguirre Chable, quien se encontraba desaparecido, denunció el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.

Los restos fueron entregados a los familiares de Aguirre Chable en condiciones “deplorables y precarias”, en un acto que el colectivo calificó como un “trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante”. Frente a ello, exigió la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, así como del fiscal Lenin Juárez Jiménez, por no haber respetado los protocolos en materia de personas desaparecidas para la entrega de los restos identificados.

ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.

La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución. 

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad. 

La CEAV dejó de indemnizar a víctimas de militares en 2020; reparaciones cayeron 100%

En 2020 y por primera vez en sus cinco años de existencia, la CEAV no indemnizó a ninguna víctima de violaciones a derechos humanos de parte del Ejército o la Marina.

La mañana del 4 de febrero de 2014 un grupo de soldados irrumpió en la casa de la señora Elvira Santibañez en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Sin ninguna orden de cateo, pero con el supuesto argumento de que estaba implicada con una banda de homicidas y secuestradores, los soldados tiraron a la mujer en el suelo, le amarraron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. 

“¿Ya me vas a decir de una vez o te mato? ¿si o no?… ¿ya vas a hablar?… ¡Te voy a dejar en muletas…! ¿qué te parece?” … le repite a Elvira una de las militares, al tiempo en que corta cartucho y otro la sofoca con la bolsa. Todo quedó registrado en video.

"Si se elimina fideicomiso de la CEAV no podremos seguir buscando”: familias de desaparecidos

Familiares de desaparecidos protestan en San Lázaro por la extinción del fideicomiso de la CEAV destinado a apoyo de víctimas.

María de Jesús Soria Aguado, de 50 años, perdió todo cuando su hijo Iván Yan Carlos Ibarias desapareció en 2016. El 9 de septiembre de aquel año, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su casa en Tejerías, Veracruz. Nunca han vuelto a saber de él. “Me convertí en desplazada. Los mismos ministeriales me dijeron que desocupase mi casa cuando puse la denuncia”, explica. En ese momento, Soria Aguado vivía de la tienda de abarrotes ubicada en su misma vivienda. De repente había perdido a su hijo, su casa y no tenía de dónde ganar dinero.

El próximo año militares tendrán más recursos; cae presupuesto para víctimas y policía civil

La FGR propone un pequeño incremento en sus recursos, pero con recortes en áreas de investigación de delincuencia organizada y desapariciones forzadas.

El proyecto de presupuesto para 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé incrementar los recursos para la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, principalmente por su involucramiento con obras de infraestructura, pero a su vez plantea recortes en la operación de los penales federales y en la comisión responsable de atender a las víctimas de la delincuencia.

Y aunque el país atraviesa un año en el que los niveles de violencia homicida se encuentran en cifras récord y a que las fuerzas de policía carecen de la preparación y evaluación suficiente, el proyecto oficial propone ligeras reducciones en los subsidios destinados a la seguridad pública en los estados y municipios, así como en el combate al secuestro y en inteligencia.