Un diagnóstico interno revela que la CEAV requiere para el año que viene más de 2 mil 500 millones, pero se aprobaron menos de mil. No hay dinero suficiente para contratar a casi 150 funcionarios y garantizar pagos a 3 mil victimas.
En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.
Pero el presupuesto que finalmente aprobó la Cámara de Diputados para la CEAV fue de 958.2 millones de pesos, es decir, un recorte del 62.8 por ciento respecto a lo que había planteado la propia Comisión para su correcto funcionamiento.
Este déficit presupuestal se suma a múltiples dificultades que ha venido acumulando la CEAV, desde la ausencia de una persona que la encabece por más de año y medio, hasta la acumulación de juicios de amparo en su contra por no cumplir con resoluciones o pagos de reparaciones, la falta de personal en diversas áreas clave, entre otros.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAV realizada el pasado 12 de agosto, y de la que Animal Político tiene copia, el anteproyecto de presupuesto– aprobado por unanimidad por los 12 integrantes de la junta de Gobierno – fijó en 2 mil 575 millones 720 pesos el presupuesto que requería el organismo para 2022.
Al tomar la palabra el subsecretario Encinas advirtió que dicho presupuesto representaba un incremento superior al 200 por ciento respecto a los 843 millones con los cuales había funcionado la comisión en 2021. Dijo que esta alza en los recursos era necesaria por el incremento en el número de personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, pero además por dos situaciones “extraordinarias”.
La primera de ellas fue la eliminación del fideicomiso del Fondo de Atención a Víctimas y por ende de los recursos que ahí estaban destinados para cubrir las indemnizaciones y reparaciones del daño, sumado a la eliminación de la subcontratación de personal vía “outsourcing” con la cual había operado permanentemente la CEAV.
Y el segundo motivo es la necesidad que tiene la CEAV de cubrir montos de reparaciones del daño que unilateralmente ha venido fijando la Suprema corte de Justicia de la Nación en casos como el de la Guardería ABC o el de la llamada “Guerra Sucia”. Son resoluciones derivadas de demandas de amparo que la comisión está obligada a cubrir por orden judicial.
El director General de Administración y Finanzas de la CEAV, Hanzel Homero Alvízar Buñuelos, detalló que con el incremento de recursos se buscaba, por un lado, abrir plazas para el personal que ya no es posible mantener subcontratado. Esto luego de que dicho esquema fuera prohibido tras una reforma legal.
“La razón de la variación es el decreto que salió este año y que obliga a cambiar el esquema de contratación de algunas personas que colaboran en la institución, y que estaban mediante outsourcing. Es necesario migrar a esas personas a un esquema de plazas eventuales. Estamos hablando en total de 147 plazas”, dijo el directivo.
También se requería de presupuesto para otorgar servicios de mantenimiento a los equipos informáticos, de nómina y otros con los que cuenta a Comisión y que por años no han recibido el servicio adecuado. “Son equipos que por mucho tiempo no se les ha dado mantenimiento y que si bien siguen funcionado no se quiere poner en riesgo la operación de la Comisión ni la atención a las víctimas”.
Pero el incremento más importante, añadió Alvízar Buñuelos, tiene que ver con la necesidad de garantizar los apoyos económicos a las víctimas, desde traslados e indemnizaciones, hasta reparaciones del daño. Reveló, por ejemplo, que tan solo por medidas de alimentación y alojamiento se requiere de 40 millones de pesos al mes.
“Es importante que quede de manifiesto el ejercicio que se está haciendo desde la CEAV para garantizar que los apoyos que requieren las víctimas estén ahí y con independencia de la extinción de fideicomiso, se mantengan como ha sido este año y estén todos los recursos para las víctimas” dijo el funcionario.
Además de lo anterior se contemplaba invertir en el reforzamiento de los servicios que se otorgan en los distintos centros de atención a víctimas ubicados en los diversos estados del país.
Casi 3 mil víctimas en riesgo
Durante la sesión de la Junta de Gobierno los funcionarios de la CEAV revelaron que existe un cúmulo de aproximadamente 3 mil potenciales casos de víctimas cuyos pagos de reparaciones e indemnizaciones están pendientes. En algunos casos se trata de nuevas víctimas, pero la mayoría son situaciones que vienen acumulándose desde años anteriores y que no han recibido los recursos a los que tenían derecho.
La Directora General de Asuntos Jurídicos, Grisel Galeano García, expuso que para garantizar el cumplimiento tan solo de estos apoyos era necesario contar con un presupuesto de al menos 90 millones de pesos mensuales, es decir, poco más de mil 80 millones de pesos en el año.
Sin embargo, al enviar el proyecto de presupuesto al Congreso la Secretaría de Hacienda desestimó lo que había aprobado la Junta de Gobierno de la CEAV y propuso un presupuesto de 968 millones de pesos, apenas un incremento superior al 11 por ciento respecto al año anterior. A ello la Cámara de Diputados le recortó otros diez millones de pesos, para dejarlo en 958 millones.
Reyna Velasco, abogada experta en representación de víctimas, dijo que esta decisión solo viene a perpetuar los problemas que ya de por si enfrentan las víctimas que por años han tenido que litigar en contra de la propia comisión para, primero, destrabar sus casos y se les reconozcan los beneficios a los que tienen derecho, y después para que se les pague.
“Las víctimas constantemente tienen que recurrir a los amparos para que los jueces les cuantifiquen bien los montos a los que tienen derecho y ahora la cosa se ve todavía peor. De por si este año (2021) ha sido ya un completo desastre no solo porque no haya fondo para víctimas, sino por la escasez de recursos para que opere la propia CEAV. Y quien sale perdiendo aquí siempre son las víctimas”, dijo la abogada.
Como ejemplo de esto la abogada dijo que existen cuatro casos de víctimas del atentado con granadas ocurrido en Morelia, Michoacán desde septiembre de 2008 y que a la fecha siguen peleando con amparos que la CEAV diversas situaciones, desde el reconocimiento de su calidad de víctimas hasta la cuantificación adecuada de los daños. Se trata de proceso que se alargan porque, además, la Comisión promueve recursos en contra de las resoluciones de los jueces.
Los problemas en estos casos no solo es el hecho del pago sino temas burocráticos como la lentitud para incluir a las víctimas en los registros, o la cuantificación inadecuada de los montos de indemnizaciones.
“La CEAV ha venido dilatado el cumplimiento muchas de las veces solicitado prorrogas que no tienen razón de ser pues se entiende que los expedientes de estas víctimas ya deberían estar integrados. Y en los que se encuentran en tramite la constante es la misma, son amparo promovidos por omisiones en la integración de expedientes y emisión de resoluciones de compensación o reparación del daño” dijo Velasco.
Año y medio sin comisionado
En junio de 2020 la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, renunció al cargo en medio de una crisis por los recursos presupuestales denunciados por la propia funcionaria, y por el reclamo de diversos colectivos y víctimas que acusaban malos tratos y falta de apoyos.
Desde entonces el país no ha tenido a una nueva comisionada o comisionado. Al frente de la CEAV quedó de encargado de despacho, Andrés Vázquez, quien un semestre después también presentó su renuncia al cargo.
La responsabilidad de que la CEAV continúe sin titular recae directamente en el Senado de la República el cual no ha nombrado al sucesor. Esto pese a que el Ejecutivo envió desde principios de año la propuesta de tres personas para encabezar al organismo, los cuales comparecieron en marzo ante la Cámara Alta.
En su momento, autoridades del Senado indicaron a este medio que el retraso obedecía a que no se podían llevar a cabo sesiones presenciales del pleno debido a la contingencia sanitaria. No obstante, desde agosto dichas sesiones se reanudaron y el nombramiento continúa sin poder llevarse a cabo.
El pasado 5 de diciembre el senador Ricardo Monreal, presidente de la junta de Coordinación Política del Senado, señaló en un tuit que confía en que la designación de la nueva persona titular de la CEAV pueda materializarse entre esta y la próxima semana antes de que concluya el periodo de sesiones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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