Ley por ley, se construye un sistema que permite al Estado monitorear a la ciudadanía sin controles claros. Un modelo de control que pone en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
Pero detrás del apuro se esconde algo más grave: una estructura legal para el espionaje, la vigilancia militar y la concentración masiva de datos personales. Muchas propuestas ni siquiera tienen dictamen, evidencia de un proceso apresurado y opaco.
Ley por ley, se construye un sistema que permite al Estado monitorear a la ciudadanía sin controles claros. Un modelo de control que pone en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
CUENTAS BAJO LUPA
La reforma a la “Ley Antilavado” busca combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Un objetivo noble.
Pero su artículo 51 bis abre una puerta peligrosa: la Secretaría de Hacienda podrá acceder a información financiera y patrimonial de personas. Sin orden judicial.
Hacienda decide quién entra en esa lista y puede solicitar datos a cualquier ente público, desde municipios hasta órganos autónomos.
El riesgo no es solo vigilar a los corruptos o criminales. Esta red puede usarse contra activistas, opositores o cualquier ciudadano.
Además, actividades como comprar un auto, una obra de arte o donar a un orfanato ahora serán “vulnerables” y estarán bajo vigilancia.
Para organizaciones civiles —asilos, orfanatos, bancos de alimentos—, esto impone una carga administrativa desproporcionada que desincentiva donativos.
MILITARIZACIÓN DIGITAL
La Ley de la Guardia Nacional es aún más alarmante. Su artículo 9, fracción XXVI, genera ambigüedad sobre si se requiere autorización judicial para acceder a datos de telecomunicaciones o geolocalización en tiempo real.
Además, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública General faculta a la SEDENA para hacer inteligencia sin controles claros.
El Ejército —ya señalado por espiar a periodistas y activistas, como documenta la investigación “Ejército Espía” de R3D— podrá ahora monitorear comunicaciones “legalmente” y sin supervisión.
TODO CONECTADO
Este paquete se extiende a otras leyes que amplifican el control. La Ley General de Población impone la CURP biométrica como llave de acceso a servicios públicos y privados, desde salud hasta la banca.
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos vincula todos los trámites a la Llave MX, una herramienta digital basada en esa CURP. La oposición advierte que con esto el gobierno podría rastrear incluso compras en supermercados, aunque el oficialismo lo niega.
La Ley de Telecomunicaciones revive el padrón de usuarios de telefonía móvil, con datos personales y geolocalización en tiempo real, ya declarado inconstitucional en 2022.
La Ley de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia proponen interconectar bases de datos públicas y privadas —SAT, IMSS, catastros, registros vehiculares— sin salvaguardas.
La Ley de Desaparición Forzada crea una Plataforma Única de Identidad para gestionar datos en tiempo real. Aunque sus cambios están en revisión con familias de personas desaparecidas, eso refuerza la crítica al apresuramiento legislativo.
LIBERTAD O SEGURIDAD
El gobierno dice que es por seguridad. Pero la seguridad sin democracia es control. Es militarización. Es vulnerabilidad.
¿Quién protegerá tus datos si Hacienda, SEDENA y la Guardia Nacional los comparten sin freno? ¿Qué pasa si un servidor los filtra o si el sistema cae en manos criminales? La delincuencia organizada, mejor equipada que el Estado, podría aprovechar estas bases de datos.
Organizaciones como R3D han advertido que estas reformas legalizan prácticas intrusivas y debilitan la transparencia. Estamos a tiempo de alzar la voz. No se trata de simples reformas: se trata de un sistema de vigilancia que, sin límites, puede derivar en autoritarismo.
La historia lo demuestra: cuando un gobierno acumula datos sin restricciones, los usa para controlar.
FUENTE: EMEEQUIS (ANÁLISIS).
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
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