La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Bienestar realizaron el nuevo “censo” de personas desaparecidas sin fijar reglas sobre cómo se llevarían a cabo las acciones de búsqueda y sin lineamientos sobre cómo evitar la revictimización de las familias que fueran consultadas.
Ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron estas reglas, pero lo hicieron nueve meses más tarde del inicio de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, tras la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e incluso 14 días después de que las autoridades presentaron los resultados de este ejercicio, con el que redujeron de 110 mil, hasta agosto pasado, a solo 12 mil los casos confirmados de desaparición.
El 3 de marzo de 2023, la CNB y la Secretaría de Bienestar suscribieron un convenio de colaboración para realizar el censo, pero fue hasta el 27 de diciembre de 2023 cuando ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron cómo llevarían a cabo este ejercicio y cómo se evitaría la revictimización de las familias consultadas.
Por qué cuestionan el censo de AMLO sobre desaparecidos en México
Edgar Cortéz, experto en temas de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cuestionó esta forma de operar.
“El convenio es el qué quieres hacer y el anexo técnico es el cómo lo vas a hacer (…) Evidentemente es una irregularidad porque el hecho de que firmes ese convenio, pero no tienes anexo técnico, significa que puedes hacerlo de manera discrecional, como quieras o como te convenga porque no tienes ese lineamiento”.
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, también conocida como censo de víctimas de desaparición, ha sido cuestionada por organizaciones, especialistas y familiares debido a fallas en su implementación y errores en sus resultados, por ejemplo, haber borrado casos de personas desaparecidas o clasificarlos de forma equivocada.
Acuerdo entre Secretaría del Bienestar y el Comisión Nacional de Búsqueda
Animal Político accedió a documentos clave de la Estrategia Nacional a través de solicitudes de información. En una primera instancia, la CNB entregó solo el convenio de colaboración que firmó con la Secretaría de Bienestar para realizar el censo. Luego se requirió la intervención del INAI para obtener el anexo técnico.
En este segundo documento, firmado con nueve meses de demora, exhibe el papel central que la Secretaría de Bienestar tuvo en la elaboración del censo: esa dependencia recibió de la CNB una lista con los nombres de víctimas y las buscó en sus bases de datos con el objetivo de encontrar “indicios útiles y/o nueva información”, es decir, cualquier tipo de actividad de las personas desaparecidas luego de su reporte de ausencia.
La CNB revisaría los resultados de esa primera búsqueda para seleccionar los casos con indicios útiles, mismos que serían enviados a las comisiones locales de búsqueda, a las fiscalías estatales y de nuevo a la propia Secretaría de Bienestar para realizar otras acciones para la localización.
Secretaría de Bienestar, ¿por qué busca personas desaparecidas?
La participación activa de la Secretaría de Bienestar en la elaboración del censo ha sido criticada porque sus funcionarios no están capacitados en temas de desaparición ni su papel en acciones de búsqueda está contemplado en la ley.
“Quienes han llevado en realidad el papel determinante es Bienestar a través de los servidores de la nación. Lo que sabemos por más de un testimonio es que en realidad la CNB en muchos casos ha tenido una participación marginal (en el censo)”, expresó Cortez.
Más allá de confrontar bases de datos, en el anexo técnico también se estableció que las acciones de búsqueda en campo consistirían en visitar los domicilios elegidos por la CNB para tratar de ubicar a las personas que tenían un reporte de desaparición. En este punto la Secretaría de Bienestar también participaría con su personal desplegado “para aumentar la capacidad operativa”.
Para las visitas casa por casa se agruparían los domicilios que estuvieran cerca uno del otro; se formarían células mixtas “para facilitar la construcción de confianza”; los funcionarios debían presentarse con nombre completo e identificación; y se debía proporcionar una explicación clara sobre las acciones realizadas.
El anexo técnico solo incluye la participación de la CNB y la Secretaría de Bienestar en la Estrategia Nacional y no se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que meses atrás estuvo a cargo de un Centro Telefónico en el que se realizaron más de 86 mil llamadas a familiares para conocer si sus seres queridos seguían ausentes.
Reglas contra revictimización de personas desaparecidas y familias
El anexo técnico firmado por la CNB y la Secretaría de Bienestar también estableció medidas que los funcionarios públicos debían tomar para evitar casos de revictimización al momento de visitar a las familias de personas desaparecidas.
Virginia Garay, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lamentó que el gobierno haya establecido las reglas de cómo elaborar el censo de desaparición hasta el 27 de diciembre de 2023, nueve meses más tarde de haberlo empezado.
“Por eso existieron tantas revictimizaciones, por eso existió tantas anomalía al momento de hacer este censo, por eso es que lastimaron a tantas familias (…) Esto habla de que lo hicieron al ‘ahí se va’, con sus prisas y urgencias, con esta necesidad de reducir el registro de los desaparecidos”, dijo Garay, madre de Bryan Eduardo, víctima de desaparición en el estado de Nayarit el 6 de febrero de 2018, cuando tenía 19 años de edad.
Revictimización y búsqueda de desaparecidos en México
La revictimización durante la elaboración del censo fue uno de los temas más criticados, debido a que en muchos casos las familias han buscado a sus seres queridos por años, sin que las autoridades avancen en las investigaciones para dar con el paradero.
En el anexo técnico del convenio de colaboración, las dependencias acordaron que en las visitas casa por casa el personal de gobierno debía ser “sensible a los posibles escenarios y grupos vulnerables con los que puede encontrarse, entre ellos, casos de mujeres, personas adultas mayores, personas que fueron víctimas de cualquier tipo de violencia, entre otros, y en ese sentido deberá evitar la revictimización y asumir que la persona desaparecida se encuentra con vida”.
De igual forma el anexo técnico estableció que “el personal debe evitar a toda costa antagonizar a las personas entrevistadas. La entrevista de ninguna manera debe convertirse en un interrogatorio”.
Aunque se establecieron estas reglas, Virginia Garay acusa que durante la elaboración del censo los funcionarios de la CNB y Bienestar sí incurrieron en revictimización.
“Fueron a muchas casas de familiares que tenían una persona desaparecida, preguntaban por su ser querido y las familias se sentían con temor porque las preguntas eran directas, no se presentaban, no hacían un preámbulo, no se identificaban formalmente”, señaló Garay, quien también es parte de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, un colectivo del estado de Nayarit.
Para la madre buscadora, el hecho de que el gobierno federal ya haya acordado de manera oficial las reglas para la elaboración del censo “es patada de ahogado, después de ahogado el niño quieren tapar el pozo, después de que entraron a las casas, revictimizaron a las familias, después de todo lo que hicieron están tratando de mencionar sus reglamentos”.