La canciller Alicia Bárcena Ibarra había expresado el 22 de septiembre pasado una postura favorable a la iniciativa, rechazada por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
La abstención de México ocurrió en el marco de un rechazo generalizado de la iniciativa por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, y contrasta con la postura a favor de la resolución que la canciller Alicia Bárcena Ibarra había expresado el 22 de septiembre pasado, subrayó hoy la organización Fundar, que lamentó la inconsistencia de la diplomacia mexicana.
“México se ha colocado en una posición intermedia entre los países del “sur global” impulsores de la iniciativa y las grandes economías pertenecientes a la OCDE, quienes rechazan que las reglas tributarias internacionales sean discutidas de manera inclusiva”, planteó Fundar, y agregó que el proceso de regulación fiscal “podría beneficiarlo en un futuro”.
La resolución, presentada por el bloque de países de África, propone establecer una convención tributaria para definir reglas claras y vinculantes que eviten que las empresas trasnacionales y los ricos escapen a la recaudación de impuestos en los países de donde sacan sus ganancias.
Se estima que cada año 480 mil millones de dólares se esfuman mediante esquemas de optimización fiscal. La mayor parte de ese botín beneficia a los países ricos –donde se asienta sentada la mayor parte de las empresas transnacionales– y merma los ingresos fiscales de los países pobres, lo que se refleja en una escasa inversión en infraestructura y servicios públicos.
En el caso de México, se estima que 0.55% del PIB escapa cada año al impuesto, lo que permitiría financiar 20% del gasto en salud o 13% del sistema de educación pública.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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