De acuerdo con lo informado, el documento se basa en la omisión del gobernador y sus funcionarios para bridar seguridad pública, así como la posible complicidad gubernamental con el crimen organizado y el subejercicio de recursos públicos programados para el combate a la inseguridad.
La demanda fue entregada al presidente de la Junta Política y de Gobierno, el morenista Alejandro Martínez Bermúdez. En el comunicado hecho público por las organizaciones de abogados, se expone que la demanda es debido a la “acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de los presupuestos en materia de seguridad”.
En entrevista, Luis Ignacio Reyes Andraca, de la Nueva Asociación de Abogados, explicó que presentaron la denuncia de juicio político como una solicitud ciudadana.
“La moneda está en el aire, es un documento, me parece, nítido, estudiado, trabajado, probado, sobre todo. Están los elementos que creemos conductivos, por lo tanto, ya está en la cancha de los diputados, lo recibieron algunos de ellos por parte de la Junta Política porque ese es el acto protocolario”, después de presentarlo primero en la Secretaría de Servicios Legislativos.
De acuerdo con los demandantes, el documento está basado “en el Título Cuarto de la Constitución Federal, en el Título Séptimo de la Constitución local y en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estrictamente con base en varias hipótesis que concurren, consideramos concomitantemente al artículo Décimo de esta Ley”.
El proceso
La demanda deberá ser ratificada el próximo jueves. Luego pasará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que será la dictaminadora. En caso de ser dictaminada la denuncia como favorable a los demandantes, pasará a la Junta Política y de Gobierno que decidirá convertir al pleno legislativo en cámara de instrucción, mismo que, después de un proceso de desahogo de pruebas, podría destituir al gobernador y ponerlo a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien determinaría inhabilitarlo y, en caso de posibles delitos, se pondría a disposición de la Fiscalía del Estado.
El pleno legislativo tiene 20 diputados, de los cuales sólo cinco diputados apoyan al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Se trata de Arturo Pérez, Mirna Zavala, Edi Margarita Soriano, y Ariadna Barrera, de Morena, así como Érika Hernández Gordillo, sobrina de Elba Esther Gordillo, de Redes Sociales Progresistas.
En cambio, la oposición cuenta con 15 legisladores, las dos terceras partes, con lo que podría destituir al gobernador.
Los 15 diputados de oposición son los morenistas: Alejandro Martínez, Macrina Vallejo, Paola Cruz y Alberto Sánchez; los panistas Francisco Érik Sánchez, Andrea Gordillo, Ángel Adame y Óscar Cano; así como Agustín Alonso y Verónica Anrubio, de Nueva Alianza; Luz Dary Quevedo y Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano; el priista Eliasib Polanco, la petista Tania Rodríguez y Marguis del Rayo, de Morelos Progresa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
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