PRESENCIA DISCRETA Y SIN APORTES LEGISLATIVOS

Blanco forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Zonas Metropolitanas y Deporte, pero no ha destacado por presentar propuestas o emitir posicionamientos relevantes en ninguno de esos temas.

UN PASO MÁS MEDIÁTICO QUE POLÍTICO

El exseleccionado nacional llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2024 tras concluir su gestión como gobernador de Morelos. Su presencia en la política nacional ha estado marcada por su alta exposición mediática y un perfil de bajo rendimiento legislativo.

Con cero iniciativas propias, escasa participación en debates y ausencias registradas en votaciones, Cuauhtémoc Blanco mantiene un desempeño que contrasta con el papel que se espera de un representante federal.

El centro de salud de Coatetelco es la única opción en su comunidad. Es de un solo nivel. Tiene consultorios, pero la gente se queja de que no hay personal médico. La farmacia es un cubículo pequeño donde una trabajadora despacha los pocos medicamentos que hay.

De acuerdo con el contrato número CE-MOR-SERV-011-2025, la empresa debió hacer la recolección, almacenamiento y distribución de medicamentos en las farmacias de más de 200 hospitales, lo que se conoce como “última milla”, entre el 22 de abril y el 30 de junio de 2025.

Así consta en el documento firmado por Jair Jiménez Gil, coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar en Morelos, e Iván Herrera Espinosa, titular de la jefatura de Servicios Administrativos y Finanzas. Sin embargo, los pacientes comprueban el desabasto cada vez que van por sus medicinas y no se las entregan, como relatan las personas entrevistadas.

Entre los faltantes están fármacos básicos, como Linagliptina, Trayenta y Eritropoyetina, para atender la diabetes; la Loperamida, básica para el dolor de estómago, o el Losartán, fundamental para controlar la presión. Uno de los pacientes se quejó incluso de que no hay jarabe para la tos.

En los recorridos realizados por Animal Político en el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital de la Mujer de Yautepec y las clínicas comunitarias de Yautepec y Coatetelco, se comprobó que las farmacias de las unidades médicas tienen los letreros de C&M y los trabajadores usan batas con el logo de esta empresa.

Además, continúa dando servicios al gobierno federal. En su página de Facebook ofrece trabajo eventual para Rutas de la Salud, el programa de Claudia Sheinbaum para distribuir medicinas que arrancó el 19 de agosto en Morelos, con 24 camionetas que repartirían 416 mil medicamentos en 204 centros de salud y unidades médicas de los 36 municipios del estado.

Animal Político buscó al IMSS-Bienestar para tener más información del tema. En una nota informativa, la dependencia descartó que hasta ahora haya tenido un problema en la distribución de medicamentos con C&M, y señaló que la contratación de esta compañía se dio porque el gobierno no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir y distribuir las medicinas para los hospitales.

Red de empresas favorecidas con millones de pesos en contratos

C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación es parte de una red de tres empresas creadas entre 2019 y 2022, y que a los pocos meses de su constitución comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health S.A. de C.V. y Comercializadora Manhos S.A. de C.V. son las otras dos empresas que forman parte de la red. Ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por haber incumplido contratos en 2023.

Además de incumplir sus contratos, la red de empresas tiene en común que tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., otra compañía propiedad de Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena y precandidato a una diputación federal en 2023, como reveló Animal Político este 29 de septiembre.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, institución que benefició a la red de empresas con contratos por al menos mil 161 millones de pesos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health, otra empresa que incumplió y sigue siendo contratada

Santek Health S.A. de C.V., otra empresa de la red beneficiada durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, ha sido favorecida también por la administración de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos.

De acuerdo con la Auditoría, esta empresa incumplió con el servicio integral de anestesia a hospitales de Morelos en 2023. A pesar de eso, en el primer año del gobierno de González Saravia recibió siete contratos por hasta 84 millones de pesos.

Entre el 1 y 3 de octubre de 2024, unos días después de que asumiera como gobernadora, Servicios de Salud de Morelos contrató nuevamente a Santek Health a través de tres adjudicaciones directas por hasta 49 millones 215 mil pesos, para servicios por dos meses. Los contratos fueron firmados por la titular, Jacqueline Hernández Ruiz.

Ambos servicios fueron incumplidos por Santek Health, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación. Del contrato por anestesias de 2023 cobró 37 millones de pesos, pero no hubo ninguna evidencia de que haya realizado el servicio.

Tampoco hay prueba de la realización de los 11 mil servicios de laparoscopía y endoscopía que debía realizar en 2022, y por los que recibió otros 37 millones de pesos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

“No hay material ni medicinas”, lamentan pacientes de Morelos

Cristina Pérez, mujer de 59 años y trabajadora del hogar, acompaña a su esposo, de oficio albañil, una vez a la semana al Hospital General de Cuernavaca para que reciba su diálisis y medicamento contra la diabetes, aunque no siempre le brindan una atención completa.

“Nos dijo la enfermera de diálisis que no hay material, se tiene que comprar, pero es muy caro. Ojalá Dios quiera y llegue porque hay mucho paciente que necesita la diálisis”, dice Cristina sentada en una jardinera del Hospital General de Cuernavaca, donde espera a que le den información de su esposo.

La falta de insumos para diálisis no es la única carencia. “Los medicamentos caros son los que hacen mucha falta”, señala Cristina, quien debe comprar la Trayenta, medicina para controlar el nivel de azúcar, que cuesta entre 1,800 y 2,100 pesos. También debe conseguir la Eritropoyetina, con un costo de entre 1,300 y 1,800 pesos, para evitar que se agrave el problema de diabetes de su esposo de 60 años.

“Yo trabajo dos días a la semana y me dan 700 pesos, y si las inyecciones cuestan mil y pico tengo que ver cómo comprarlas porque son tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes se las tienen que poner a mi esposo”, comenta Cristina.

🔴#Ahora | @kenialopezr, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que se debe investigar a la red de empresas que recibieron millones de pesos en contratos cuando Cuauhtémoc Blanco gobernó Morelos, y que incumplieron con los servicios de salud que debían dar.

📹@AlexisOrBal pic.twitter.com/0ypT0Oho61

— Animal Político (@Pajaropolitico) September 29, 2025

Población pide garantizar abasto de medicamentos

Abimael Cabañas, joven de 20 años, acudió al centro de salud de Yautepec para que atendieran a su bebé de cuatro meses por una enfermedad del estómago. El médico que revisó a la pequeña le recetó el antibiótico Metronidazol, aunque no lo tenían en la farmacia y tuvo que conseguirlo en una privada. Cuando no le dan las medicinas que requiere gasta alrededor de 500 pesos para conseguirlas, dinero que en ocasiones debe pedir prestado.

“He venido en varias ocasiones por cuestiones de salud y al ir por la medicina no la tienen. A veces son algunos medicamentos un poco básicos, como jarabe para la tos para niños y a veces no lo tienen”, comenta Abimael.

Aurelia, su suegra, lo acompañó. Ella es paciente del mismo lugar desde hace diez años por la hipertensión que padece, y ha sido testigo de la escasez de medicamentos como Losartán y Nifedipino, necesarios para tratar la presión arterial.

Ella usa su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para comprar los medicamentos que no le dan en el centro de salud. Gasta unos 80 pesos en sus medicinas cuando hay escasez.

“A veces uno no tiene el dinero, pero hay que comprar la medicina porque es lo lógico, hay que tomarla aunque ahorita está todo muy caro”, menciona Aurelia, mujer viuda que solo tiene una hija que la apoya.

Animal Político confirmó que las empresas beneficiadas, Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A., conforman una red en la que las mismas personas tienen cargos o acciones en ellas.

Además, tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, precandidato a una diputación federal en 2023 por Morena, y quien como consejero pudo participar en la elaboración del proyecto político del partido en la entidad.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a las tres empresas de la red, como confirman los documentos y actas de nacimiento obtenidas por este medio. 

También es dueño de tres empresas de verificentros junto con José Ceja Vega, antiguo socio de Cuauhtémoc en Blanco Sport S.A. de C.V., una proveedora de alimentos y bebidas constituida en 2003. En ella figuraba como apoderado legal Edgar Riou Pérez, quien luego fue secretario particular del exfutbolista en la gubernatura de Morelos.

Aunque Carmona Barón no ocupaba un cargo público, fuentes que pidieron anonimato lo señalan como un “operador” del mandatario. Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor Anticorrupción y exdirector de Análisis Estratégico de Morelos, atestiguó que se reunían en su oficina en Palacio de Gobierno para hablar de temas del sector salud.

“Yo lo vi unas dos o tres veces (en la oficina de Blanco). Pensé que era asesor en salud pública del gobierno porque sabía que Christian era representante de la farmacéutica Nadro en Morelos”, dijo Becerra Chávez sobre las reuniones que ocurrieron en 2019, cuando la red de empresas se empezó a constituir.

Respecto a los servicios que las empresas debían cumplir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los almacenes de los hospitales de Morelos, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aún así, el gobierno de Blanco les pagó 323 millones de pesos.

Aunque la Auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político obtuvo los contratos y confirmó que se trata de esta red de empresas que comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de ser constituidas, en algunos casos con irregularidades, como simulación de competencia o que no se dedicaran a los servicios contratados.

Por ejemplo, Santek Health se dedicaba a la sanitización de inmuebles e importación de productos, pero en 2022 ganó contratos para dar servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías de mínima invasión para detectar incluso tumores en el aparato digestivo.

Las medicinas y servicios debían llegar a clínicas comunitarias de los municipios con mayor pobreza, como Coatetelco o Xoxotla; Hospitales Generales, como el de Cuernavaca o Jojutla, y de especialidades, como el Hospital del Niño Morelense, de la Mujer de Yautepec, o la Unidad Médica Especializada de Hemodiálisis. 

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

Animal Político buscó a Cuauhtémoc Blanco, Cristian Carmona, Héctor Barón y a las tres empresas involucradas para pedirles entrevista y aunque se les informó sobre cada uno de los hallazgos de la investigación, sólo Cristian Carmona declinó emitir postura, de los demás no se tuvo respuesta.

Cuauhtémoc Blanco, de futbolista a gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco no era político. Su experiencia se había concentrado en el futbol, con 22 años de carrera como jugador profesional e ídolo popular como capitán en la Selección Nacional en Mundiales y del equipo América. 

En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con la promesa de encarcelar a su antecesor, Graco Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Su discurso lo apoyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, previo a las elecciones del 2018, dijo: “Vamos a combinar ‘la cuauhtemiña’ con la ‘pejemoña’ para golear y banquear, el primero de julio, al equipo de los malandros”.

Al concluir su periodo en agosto de 2024, Blanco enfrentó numerosos señalamientos de presuntos hechos de corrupción. Funcionarios del gobierno de Margarita González, su sucesora, han encontrado irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Obras, el Fondo para la Competitividad y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

Actualmente es diputado plurinominal por Morena y, pese a la acusación de abuso sexual en contra de su media hermana, la mayoría de su partido, Morena, impidió su desafuero, lo que le permitió evadir el proceso judicial. 

La red de empresas

Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco. 

Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon  la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.

En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.

Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.

Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.

Gobierno de Morelos paga y no recibe los servicios médicos

Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V.  y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V. fueron creadas entre 2019 y 2022, respectivamente, y a los pocos meses de operación comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Las tres empresas firmaron contratos por 1 mil 161 millones de pesos, en montos máximos. Sin embargo, hubo irregularidades en las asignaciones. 

Comercializadora Manhos S.A. de C.V., fue constituida el 26 de marzo de 2022. Recibió su primer contrato por adjudicación directa siete meses después de su creación para dar mantenimiento a equipo médico.

Siete meses más tarde recibió un segundo contrato por el mismo servicio, y en febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación reveló que no hubo evidencia de que la compañía haya cumplido con el segundo contrato.

Santek Health S.A. de C.V. tuvo una historia parecida. Fue constituida el 23 de agosto de 2021. A cuatro meses de su creación recibió su primer contrato por adjudicación directa para dar el servicio integral de anestesia en hospitales, que incluía proveer equipo, insumos, e incluso recursos humanos.

Un año después, la compañía recibió un segundo contrato similar. En febrero de 2025, la Auditoría exhibió que Servicios de Salud de Morelos no entregó pruebas de que se hubieran realizado los 11 mil servicios de anestesias pagados en dicho contrato. 

Simulación de competencia y contratos recibidos sin objeto social

A estas contrataciones recurrentes se suma la competencia simulada entre las mismas empresas en procedimientos de contratación.

Servicios de Salud de Morelos invitó a Santek Health y Comercializadora Manhos a participar en los procedimientos de contratación 006-22-ADQ y 008-22-ADQ. Un documento obtenido mediante solicitud de información muestra que ambas empresas también participaron en las licitaciones de los contratos SSM/ADQ/010/2023 y SSM/ADQ/011/2023. 

En estos procedimientos Santek Health obtuvo contratos por 2 millones 920 mil pesos, mientras Comercializadora Manhos tuvo tres por 8 millones 53 mil pesos.

Estos contratos fueron para la adquisición de material de limpieza, material de laboratorio, productos químicos, accesorios y suministros médicos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, para el Departamento de Epidemiología y para el Departamento de Salud Reproductiva de la Infancia y la Adolescencia.

Aunado a esto, las dos compañías recibieron contratos por servicios que no estaban contemplados en sus objetos sociales, es decir, en la lista de actividades económicas que podían realizar.

El 22 de mayo de 2023, Santek Health añadió a su objeto social que podía dar servicios de anestesia y de cirugías de mínima invasión, sin embargo, para ese entonces ya había recibido cuatro contratos por los que podría recibir hasta 110 millones de pesos. 

Por su parte, Comercializadora Manhos agregó a su objeto social el 6 de febrero de 2024 que podía prestar servicio de mantenimiento preventivo correctivo a equipo médico, aunque para esa fecha ya había recibido dos contratos de hasta 162 millones de pesos.

En conferencia de prensa en el Senado, la legisladora emecista afirmó que la entrega de firmas no es un juego político ni electoral, ni de una misión que busque pegarle al régimen en turno, sino de defender los derechos de las mujeres mexicanas. 

“El fuero no puede ser sinónimo de impunidad. Cuando hay una denuncia tan grave como la de tentativa de violación, lo mínimo que debe hacer el Congreso es actuar. El mensaje debe ser claro: nadie está por encima de la ley”, subrayó Ballesteros. 

La entrega de las firmas ciudadanas la realizó un grupo plural, conformado por las diputadas de PAN, Tania Palacios Kuri y Diana Gutiérrez, la senadora de MC, Alejandra Barrales, entre otras más; las legisladoras coincidieron en que el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, deja una deuda histórica con las víctimas de violencia.

El adeudo con la CFE supera los 230 millones de pesos, resultado de omisiones acumuladas durante la gestión de Blanco como alcalde de Cuernavaca y de la administración municipal siguiente, encabezada por el morenista Antonio Villalobos Adán. 

El Consejo Ciudadano señaló que los usuarios ya habían cubierto, a través de sus pagos, los costos operativos que incluyen el suministro eléctrico, por lo que consideran que los fondos fueron desviados. Esto representa una afectación directa al bolsillo de la población. 

Antonio Sánchez Purón, integrante del Consejo, destacó que este pasivo afectará las finanzas del organismo y, por ende, los recursos destinados a servicios y obras públicas. La ciudadanía terminará pagando un costo que ya había sido cubierto con el pago regular del servicio. 

Recientemente, la Junta de Gobierno de SAPAC y el Cabildo de Cuernavaca solicitaron al Congreso del estado autorización para firmar un convenio con la CFE que permita reestructurar el pasivo. El acuerdo contempla un pago escalonado de 130 millones de pesos: 3 millones mensuales hasta 2027 y 2.4 millones mensuales en 2028. 

Organizaciones ciudadanas advirtieron que este compromiso financiero reducirá la capacidad del municipio para invertir en infraestructura y en la atención de servicios básicos. 

Denuncian compra de materiales a empresa fantasma

Roberto Salinas, también integrante del Consejo Ciudadano, recordó que durante 2017 y 2018 se detectaron irregularidades, principalmente en la supuesta compra de materiales a empresas fantasma. “Eran materiales que nunca llegaron, nunca se comprobaron ni se justificó su colocación. Lo grave es que se pagaron millones por insumos que no existen”, dijo. 

Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, SAPAC pagó 207 facturas a una empresa creada con documentación falsificada: Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V., por un monto de 13 millones de pesos. La compañía fue constituida en febrero de 2018 utilizando de manera fraudulenta la identidad de Guillermo Cuenca Cuautle, ciudadano originario de Puebla, quien figura como accionista y representante legal ante el SAT. 

Los pagos se realizaron pese a que la empresa carecía de historial operativo y presentaba un perfil sospechoso, lo que apunta a un posible esquema de simulación de contratos. 

Además, en la administración siguiente, encabezada por Antonio Villalobos Adán, se contrató una empresa supuestamente para auditar los pagos anteriores. Aunque el contrato formal era por 250 mil pesos, la empresa recibió 17 millones, sin que se presentaran informes concluyentes ni resultados auditables. Según el Consejo, dicha empresa operaba como una estética o sociedad civil, sin capacidades técnicas ni experiencia acreditada en auditoría, lo que aumenta las sospechas de desvío de recursos. 

En octubre de 2020, integrantes del Consejo Ciudadano presentaron denuncias ante diversas instancias: 

1. Auditoría Superior de la Federación.  

2. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal. 

3. Congreso de Morelos. 

4. Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 

5. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

6. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

7. Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

8. Contraloría de Cuernavaca. 

9. Dirección General de SAPAC. 

10. Comisaría de SAPAC. 

No obstante, hasta ahora no se han informado avances sustanciales. 

Ante la falta de resultados, el Consejo Ciudadano hizo un llamado a: 

La gobernadora Margarita González Saravia, para dar seguimiento a las denuncias. 

El fiscal general del estado, para supervisar la Fiscalía Anticorrupción. 

El fiscal anticorrupción, para retomar las investigaciones relacionadas con SAPAC. 

El Ayuntamiento de Cuernavaca y SAPAC, para transparentar el convenio con la CFE y los procesos administrativos. 

El Congreso de Morelos, para impulsar reformas a la Ley de Agua y fortalecer la rendición de cuentas. 

El Consejo reiteró la invitación a la sociedad a exigir transparencia y evitar que el servicio público sea usado para enriquecimiento personal, situación que ha dejado a la ciudad con servicios deteriorados y una infraestructura debilitada.

De acuerdo con una de las denuncias, durante la gestión de Rezende y en plena pandemia por covid-19 se emprendió una campaña de “austeridad” en el Albergue de Adultos Mayores de Temixco, lo que causó la muerte de ocho ancianos, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las denuncias también apuntan a dudosos manejos en la compra de medicamentos, desfalco en las tarjetas de pensiones de residentes en ese albergue, así como el derroche y el fastuoso estilo de vida de la pareja, que hace “una nueva vida” en la Ciudad de México.

Apenas unas horas después de que el voto de una mayoría de Morena resolviera desechar la solicitud de declaración de procedencia de desafuero en la Cámara de Diputados, a finales de marzo, la oficina del fiscal Edgar Maldonado anunció que seguiría adelante con una investigación interna y con la carpeta iniciada por la denuncia de Nidia Fabiola, media hermana de Blanco.

En la acusación por la presunta tentativa de violación ocurrida a mediados de diciembre de 2023 aparece señalado también Ulises Bravo, otro hermano de Cuauhtémoc, a su vez denunciado por su pareja, Liu León, por violencia familiar y psicológica, principalmente.

Liu León declaró ante la Fiscalía que algunas de las agresiones físicas ocurrieron frente a Cuauhtémoc ya como gobernador. Según las fechas asentadas tanto en la denuncia de Liu como en la de Nidia, Ulises golpeó a la primera un mes antes del ataque sexual de Cuauhtémoc contra Nidia.

De acuerdo con esta última querella, la agresión sexual habría ocurrido en Casa Morelos, residencia oficial del estado. “¡Date cuenta de lo que estás tratando de hacerme!”, fue uno de los gritos que Nidia narró haber exclamado esa noche, mientras se defendía del entonces gobernador quien, aseguró, estaba fuera de sí, alcoholizado y con los ojos enrojecidos.

La mujer dijo creer que sus gritos lograron ahuyentar a Blanco, pese a que nadie de su personal, que se encontraba afuera de las habitaciones, intervino para auxiliarla.

Aunque Cuauhtémoc Blanco no vivió en la residencia oficial, la convirtió en escenario de fiestas privadas con amigos, funcionarios o familia, en las que no faltaron el derroche en gastos y, según lo señalado por excolaboradores del actual diputado –como quien fue su asesor anticorrupción, Gerardo Becerra­–, abundaron el alcohol y otros excesos...

PRI remueve de su cargo a Manuel Cavazos

Luego de que dicho comentario provocara enojo e indignación y se viralizara, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, publicó en sus redes sociales que las declaraciones que realizó el exgobernador “son inaceptables y no representan los valores del PRI”.

Dijo que en el partido respaldan “con firmeza a las mujeres y que el respeto no es opcional, “es un principio fundamental para ejercer el servicio público”.

“He tomado la decisión de removerlo de su responsabilidad al interior del partido. Esta determinación responde al compromiso que tenemos con una política responsable, respetuosa y a la altura del pueblo de México”, sostuvo.

El líder del partido tricolor nombró a Alejandra Andrade como nueva titular de la Secretaría de Operación Política del CEN del PRI, quien se desempechaba como subsecretaria de organización de ese órgano.

La definió como una “joven talentosa, con trayectoria, capacidad y firme compromiso”.

A pesar de su confianza en la Fiscalía de Morelos, el abogado no descartó que, en el Congreso, pueda repetirse el escenario de la primera solicitud de desafuero, cuando se produjo un “cierre de filas” en favor de Blanco. “Sabemos que es una posibilidad real. Lo interesante será ver cuáles serán los nuevos argumentos de quienes voten en contra en la próxima votación”, advirtió. Ante esa posibilidad, no descartó llevar el caso a nivel judicial y recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Por ahora, preferimos enfocarnos en fortalecer la investigación y presentar una nueva solicitud con pruebas más claras y fundamentadas”, expresó.

Aunque reconoció que la situación ha generado miedo en la familia de Nidia Fabiola, aseguró que no hay arrepentimiento por haber iniciado el proceso legal. “Al contrario, ella se siente más fuerte, porque considera que lo que está ocurriendo es una injusticia y está dispuesta a seguir luchando”, afirmó.

Finalmente, Dorantes Salgado hizo un llamado a las autoridades involucradas en el caso, en particular a la Fiscalía, a la presidenta del Congreso y a los diputados. “Esperamos que este caso no se politice más de lo que ya está y que, en la próxima votación, se emita un voto razonado y justo. Las diputadas y diputados deben actuar con responsabilidad, y esperamos que no se repita lo que ya ocurrió”, concluyó.

Con 291 votos a favor, 158 sufragios en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutió si se daba continuidad o se desechaba la solicitud de desafuero de Blanco Bravo, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana.

“No es mi papá, ni es mi media hermana, es media hermana de mi hermano mayor, lamentablemente mi mamá no cambió los apellidos, que les quede claro, ni es mi hermana, ni es mi papá. El día que lo soliciten, con mucho gusto también lo demostramos con ADN”, expresó el ex futbolista, quien reiteró, además, que la solicitud de desafuero que enfrentó, era una revancha política del Uriel Carmona Gándara, ex titular de la Fiscalía morelense.

“Usted pudo dar la cara sin fuero, hay gente que pide que renuncie”, lo cuestionó un reportero. “Eso no tiene que ver, el fuero”, respondió Blanco Bravo. “Pero también usted pudo haber pedido licencia”, replicó el periodista. “Pero aquí estoy, no me escondo, no corro. Aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy dando la cara”, expresó el diputado federal, quien también aseveró que no tenía poder y que nadier la protegía.

Asimismo, ex gobernador de Morelos confió que el caso se iba a esclarecer. Luego, a pregunta expresa, dijo que no tenía miedo de ir a la cárcel. Acusó que el proceso en su contra se trataba de una “revancha política” de Carmona Gándara. También recordó que denunció, en la Ciudad de México, al ex titular de la Fiscalía morelense, por extorsión.

Además, Blanco Bravo agradeció a los diputados federales que le dieron su “confianza” y votaron a favor de que se desechara la solicitud de desafuero en su contra.

“Hoy le tengo mucha confianza a la Fiscalía, la otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el ex fiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba las carpetas de investigación. […] Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la Fiscalía”, expresó el legislador.

“Yo sé que muchas diputadas están pasando violencia política muy fuerte por defenderme y de otras fracciones que confiaron en mí. Les digo que siempre voy a dar la cara por ellos, porque me han defendido. Así como lo he hecho en la cancha, me gusta hacer las cosas de frente”, apuntó el ex futbolista, quien también agradeció a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo respaldaron .

Respecto a las denuncias que inició la Administración encabezada por Margarita González Saravia -gobernador de Morelos desde el 1 de octubre de 2024 y militante de Morena-, contra supuestas irregularidades detectadas durante el Gobierno de Blanco Bravo, el legislador dijo que cada funcionario público sería responsable de sus acciones.

“No los voy a defender ni los voy a solapar, es una responsabilidad de ellos, entonces no ha habido nada, no se me acusa de nada, son trancazos, son trancazos me han hecho, han dicho que soy violador, golpeador, asesino, ratero pero como se los digo, en la cancha estoy paradito”, enfatizó Blanco Bravo.

Además, el ex futbolista también negó que haya estado detrás del crimen de Juan Manuel García Bejarano, encargado de la la Feria de Cuernavaca, en su edición 2017. Asimismo, rechazó agredir a su esposa, luego de que se filtró un video donde supuestamente la mujer se quejó de ser golpeada. “¿Ella ha dicho algo?”, planteó.

“Eso fue hace nueve años, yo estaba en Chicago [Illinois, Estados Unidos], al pobre, al que disparó [contra García Bejarano], a él lo obligaron y yo sé quiénes, ojalá la Fiscalía también se meta de fondo en esto, porque es un tema muy delicado”, dijo el diputado federal.

Naybi Ríos, representante legal de Blanco Bravo, con quien ingresó a las instalaciones de la Fiscalía estatal, explicó que el diputado federal se presentó para hacer una comparecencia voluntaria y “apersonarse” dentro de la carpeta de investigación SC01/9583/2024. Sin embargo, la litigante aclaró, el Ministerio Público no les dio acceso a la carpeta, “porque no hay acto de molestia”.

“Es una comparecencia voluntaria […] en la cual se está poniendo a disposición del Ministerio Público, tantas y cuantas veces pueda ser llamado, y para poder coadyuvar, con o sin fuero, poder coadyuvar dentro de las investigaciones”, comentó la abogada.

El legislador ingresó a las instalaciones de la fiscalía en compañía de la diputada Erika Gordillo, actual secretaria técnica de Blanco, y de su abogada Naybi Ríos. 

Blanco rechaza vínculo familiar y acusa irregularidades en el caso. 

En declaraciones a la prensa, Blanco Bravo reiteró que no reconoce ningún parentesco con la denunciante. 

—No tengo nada que ver con ella. Ni es mi hermana, ni él es mi papá. Que quede claro, afirmó. 

Al ser cuestionado sobre su disposición a realizarse una prueba de ADN, respondió que estaría dispuesto "el día que lo necesiten". 

Sobre la investigación en su contra, el legislador aseguró confiar en la actual fiscalía y criticó la gestión anterior, a la que acusó de manipular carpetas de investigación. 

—Hoy le tengo mucha confianza a esta fiscalía. La anterior era un desastre, cambiaban dictámenes, modificaban carpetas… Hubo tantos asesinatos que ojalá el fiscal actual pueda esclarecer. 

Defensa legal anuncia impugnación

Por su parte, la abogada Naybi Ríos anunció que impugnarán la negativa de acceso a la carpeta de investigación, argumentando que su cliente tiene derecho a conocer los detalles del caso. 

—Nos acaban de notificar que no podemos acceder a la carpeta porque no existe un "acto de molestia", lo cual es absurdo. La misma agente del Ministerio Público que solicitó el desafuero le tomó la comparecencia voluntaria y ahora dice que no hay investigación formal —señaló. 

Ríos también cuestionó la negativa de la fiscalía, sugiriendo que podría haber intentos de ocultar o modificar información. 

 —¿Por qué no quieren que tengamos acceso? ¿Qué intentan perfeccionar o subsanar antes de darnos la información? 

Mientras tanto, Blanco Bravo afirmó que permanecerá a la espera de que le entreguen la carpeta para conocer con precisión los señalamientos en su contra.

El martes la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero en contra del legislador con 12 abstenciones, 291 a favor y 158 en contra.

El proceso quedó sin efecto desde que la Sección Instructora aseguró que la solicitud presentaba inconsistencias y deficiencias y por eso desecharía el recurso.

Ayer la fiscalía de Morelos acató la resolución del Congreso de la Unión, que determinó la improcedencia del juicio de desafuero, acusado de tentativa de violación. Sin embargo, la dependencia anunció que la investigación sigue en proceso. 

La dependencia también recordó que la carpeta de investigación que originó la solicitud de desafuero fue abierta en octubre de 2024 y remitida a la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, bajo la dirección del anterior titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, quien fue destituido ese mismo día por el Congreso estatal. 

De acuerdo con la FGE, están a la espera del informe de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, solicitado tras las recientes declaraciones de miembros de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. 

“¿Quién la hizo (la denuncia)?, ¿qué fiscalía?, ¿ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local, solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la Cámara, pero la Fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, entonces que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.

El Pleno de la Cámara de Diputados desechó ayer de forma definitiva la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por lo que la Fiscalía de Morelos no tendrá vía libre para investigarlo por el delito de violación en grado de tentativa.

La solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos fue rechazada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, luego de un debate que duró unas dos horas.

Sheinbaum Pardo abrió un frente en contra del exfiscal Carmona, al que señaló de obstruir la justicia, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

Niega alianza con el PRI

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre una posible acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la votación de los diputados de ese partido para rechazar el desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco no representa una alianza electoral.

“Cómo creen que hay una alianza con el PRI, imagínense, lo que diría el pueblo. Una cosa es que un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, imagínense, con Alito, no”, consideró la mandataria.