Estos hechos dejaron un adeudo millonario con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y advirtieron que los ciudadanos serán quienes asumirán las consecuencias financieras, por lo que exigen sanciones a los responsables y que no haya impunidad.
El adeudo con la CFE supera los 230 millones de pesos, resultado de omisiones acumuladas durante la gestión de Blanco como alcalde de Cuernavaca y de la administración municipal siguiente, encabezada por el morenista Antonio Villalobos Adán.
El Consejo Ciudadano señaló que los usuarios ya habían cubierto, a través de sus pagos, los costos operativos que incluyen el suministro eléctrico, por lo que consideran que los fondos fueron desviados. Esto representa una afectación directa al bolsillo de la población.
Antonio Sánchez Purón, integrante del Consejo, destacó que este pasivo afectará las finanzas del organismo y, por ende, los recursos destinados a servicios y obras públicas. La ciudadanía terminará pagando un costo que ya había sido cubierto con el pago regular del servicio.
Recientemente, la Junta de Gobierno de SAPAC y el Cabildo de Cuernavaca solicitaron al Congreso del estado autorización para firmar un convenio con la CFE que permita reestructurar el pasivo. El acuerdo contempla un pago escalonado de 130 millones de pesos: 3 millones mensuales hasta 2027 y 2.4 millones mensuales en 2028.
Organizaciones ciudadanas advirtieron que este compromiso financiero reducirá la capacidad del municipio para invertir en infraestructura y en la atención de servicios básicos.
Denuncian compra de materiales a empresa fantasma
Roberto Salinas, también integrante del Consejo Ciudadano, recordó que durante 2017 y 2018 se detectaron irregularidades, principalmente en la supuesta compra de materiales a empresas fantasma. “Eran materiales que nunca llegaron, nunca se comprobaron ni se justificó su colocación. Lo grave es que se pagaron millones por insumos que no existen”, dijo.
Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, SAPAC pagó 207 facturas a una empresa creada con documentación falsificada: Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V., por un monto de 13 millones de pesos. La compañía fue constituida en febrero de 2018 utilizando de manera fraudulenta la identidad de Guillermo Cuenca Cuautle, ciudadano originario de Puebla, quien figura como accionista y representante legal ante el SAT.
Los pagos se realizaron pese a que la empresa carecía de historial operativo y presentaba un perfil sospechoso, lo que apunta a un posible esquema de simulación de contratos.
Además, en la administración siguiente, encabezada por Antonio Villalobos Adán, se contrató una empresa supuestamente para auditar los pagos anteriores. Aunque el contrato formal era por 250 mil pesos, la empresa recibió 17 millones, sin que se presentaran informes concluyentes ni resultados auditables. Según el Consejo, dicha empresa operaba como una estética o sociedad civil, sin capacidades técnicas ni experiencia acreditada en auditoría, lo que aumenta las sospechas de desvío de recursos.
En octubre de 2020, integrantes del Consejo Ciudadano presentaron denuncias ante diversas instancias:
1. Auditoría Superior de la Federación.
2. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal.
3. Congreso de Morelos.
4. Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
5. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
6. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
7. Comisión Estatal de Derechos Humanos.
8. Contraloría de Cuernavaca.
9. Dirección General de SAPAC.
10. Comisaría de SAPAC.
No obstante, hasta ahora no se han informado avances sustanciales.
Ante la falta de resultados, el Consejo Ciudadano hizo un llamado a:
La gobernadora Margarita González Saravia, para dar seguimiento a las denuncias.
El fiscal general del estado, para supervisar la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal anticorrupción, para retomar las investigaciones relacionadas con SAPAC.
El Ayuntamiento de Cuernavaca y SAPAC, para transparentar el convenio con la CFE y los procesos administrativos.
El Congreso de Morelos, para impulsar reformas a la Ley de Agua y fortalecer la rendición de cuentas.
El Consejo reiteró la invitación a la sociedad a exigir transparencia y evitar que el servicio público sea usado para enriquecimiento personal, situación que ha dejado a la ciudad con servicios deteriorados y una infraestructura debilitada.
