Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó la orden judicial mediante la cual obtuvo información de movimientos financieros presuntamente asociados con lavado de dinero, fueron absueltos dos supuestos implicados en el caso contra Gerardo Sosa Castelán por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.
Un tribunal dictó la sentencia en favor de María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, acusados de recibir, transferir y ocultar activos a cuentas vinculadas con Sosa, quien tiene el control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde hace cuatro décadas. Entre éstas, con base en la imputación original de la FGR, estaban registros bancarios a nombre de las hijas del exrector y expresidente del Patronato de la casa de estudios –órgano encargado del manejo financiero institucional desde el que supuestamente se orquestó la malversación–, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto.
Con base en la causa penal 263/2020, iniciada contra el jefe del denominado Grupo Universidad o La Sosa Nostra, organización a la que la fiscalía le dio categoría “criminal”, al afirmar que se dedicaba a sustraer recursos de la UAEH en presunto favor de dicha familia política, Hernández Gayosso, que estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, era uno de los manejadores del dinero proveniente del erario universitario, junto con los prófugos Francisco Natalio Zamudio Isbaile, operador contable, la asistente de éste, Anastasia Elizabeth Baños Baños, y las hermanas Sosa Cravioto, contra quienes también se libraron órdenes de aprehensión.
En tanto, a Montalvo Sierra, que desde las detenciones del 31 de octubre de 2020 permanecía en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, la FGR la acusó de movilizar los recursos a través de una empresa con apariencia de simulación de operaciones, sin activos ni personal, denominada Contabilidad del Siglo XXI, que, afirmó, creó con otra coacusada María Cruz Campos Álvarez, por supuestas órdenes de Zamudio Isbaile.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Pachuca, ambas constituyeron Contabilidad del Siglo XXI el 18 de enero de 2001 y, además de ser accionistas, fungieron como presidenta y vicepresidenta. Después abrieron una cuenta en Scotiabank en la que, en el periodo 2011-2018, recibieron los 58 millones de la universidad que dispersaron mediante cheques.
Las acusaciones, de acuerdo con la exposición del Ministerio Público ante el juez de control desde la audiencia inicial, se basaron en informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que integra la carpeta de investigación. El rastreo, según estos registros, se extendió a la UAEH, las firmas dispersoras y los receptores finales: Contabilidad del Siglo XXI, cuatro despachos contables igualmente de Zamudio Isbaile (Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca), la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo, excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo y exaspirante a la nominación del partido Morena para la gubernatura de Hidalgo, así como los detenidos y prófugos.
Al ordenar la absolución el pasado 14 de diciembre, el juez de control Daniel Ramírez Peña expuso que, al no presentarse orden judicial con la que se obtuvieron los datos bancarios, esta prueba –que muestra la dispersión del dinero–, no es considerada lícita.
Esta misma “prueba” ahora denegada, referida desde las carpetas de investigación por esta causa penal, también es parte de los elementos con los que la FGR sustenta su acusación contra Sosa Castelán, por lo que está determinación judicial podría favorecerle.
Desde febrero del año anterior, el líder del Grupo Universidad dejó la cárcel de máxima seguridad del Altiplano después del cambio de medida cautelar que recibió: de prisión preventiva a prisión domiciliaria.
El deteriorado estado de salud del también exdiputado federal priista, que había sufrido infartos y padecía un problema lumbar, según la exposición de sus abogados, fue el motivo por el cual se cambió el resguardo en cárcel federal dictada desde el 6 de septiembre de 2020, cuando Sosa Castelán fue vinculado a proceso por el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien consideró que había elementos de posible responsabilidad tanto en delincuencia organizada, por la supuesta confabulación para drenar las arcas de la UAEH, y el lavado de dinero.
De la información de la causa penal a la que Proceso ha tenido acceso se conoce que los ahora absueltos participaron de la siguiente manera:
Entre las operaciones bancarias a nombre de María Cruz y de María Luisa Montalvo están 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017 por un millón 192 mil 308 pesos a una cuenta de Adriana Sosa Cravioto, y siete más por 806 mil 769 pesos a la de Ana Carmen Sosa Cravioto, entre el 4 de marzo de 2014 y el 12 de marzo de 2018.
A Montalvo Sierra también imputan haber enviado 23 millones 567 mil pesos a una cuenta Banorte a nombre de Gerardo Sosa, y un millón 271 mil 574 pesos a otra en Santander que pertenece a Francisco Natalio, entre más operaciones que involucran a miembros del grupo La Sosa Nostra y sus empresas.
A su vez, Hernández Gayosso depositó desde una cuenta personal terminación 3682 de Banamex, un millón 929 mil pesos a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XIX entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2018.
De igual forma, el expediente de su causa refiere que antes hizo transferencias por 51 mil 226 pesos a la cuenta HSBC de la firma fantasma entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011; por 320 mil 405 pesos desde una cuenta Scotiabank entre el 6 de diciembre de 2011 y el 27 de marzo de 2018, y por 400 mil pesos desde una cuenta Santander, entre el 5 de enero y el 25 de marzo de 2018.
En el caso Sosa, el Ministerio Público lo había acusado de ser contador personal de Zamudio Isbaile, ayudar al manejo de los cuatro despachos contables dispersores y trasferir también recursos.
En la absolución, el juez no aprueba que los coacusados sean inocentes de los delitos que se les imputaron, sino que la falta de orden judicial –documento que es parte de los requerimientos de colaboración por los cuales se estructuró el caso– convierte los datos bancarios en prueba ilícita, que debe carecer de valor.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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