Entre los más importantes mecanismos contemplados en la ley están el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, así como el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el debido funcionamiento de instrumentos ya creados, como las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación para personas migrantes desaparecidas.
La Ley General es resultado de la lucha de años de las familias —a la que antecede una iniciativa no aprobada que impulsaron en los 90 quienes buscaban a personas desaparecidas de larga data—, que empezó a materializarse en 2014, recuerda Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Finalmente, fue publicada en noviembre de 2017 para entrar en vigor unos meses después.
“Se implementó en enero de 2018, pero lamentablemente una de las críticas posteriores de las familias es que no se llevó a la letra tal como se discutió. Ciertamente, toma en cuenta aspectos de derecho muy importantes, uno de ellos es la no revictimización de las familias, y de las mismas personas desaparecidas; por supuesto, la diferenciación de perspectivas de género, infancia y de otros tipos, la no discriminación y algo importantísimo, que es la debida diligencia”, apunta el académico.
Este marco es el que dio cabida a que hoy exista un Protocolo Homologado de Búsqueda y otros; sin embargo, a la fecha no ha sido suficiente. La prueba está —señala Chávez— en que, por ejemplo, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MAIF) está conformado, pero sigue sin aplicarse de lleno en medio de la crisis de desapariciones en México.
La ley contempla una atención a la violación de derechos humanos que es básica y necesaria, pero lo que hace falta es la reglamentación y llevarla a cabo. “Una Ley General tiene una implicación de obediencia hacia todos los estados en México, con sus propias leyes estatales de desaparición; sin embargo, no ha habido esa coordinación para aplicarla, sigue estando ausente, lo que implica también que no esté implementado un protocolo homologado de búsqueda a conciencia, que no estén respetándose las leyes estatales y que no estén instaladas de manera efectiva las comisiones estatales de búsqueda en el sentido de su aplicación y sus resultados”, cuestiona Chávez.
A pesar de su creación en todos los estados y de los más de mil 200 millones de pesos que han recibido en subsidios de la Federación en los últimos tres años, las comisiones estatales de búsqueda han desaprovechado más de 230 millones, documentó Animal Político; incluso, hay entidades que han devuelto más del 50% o hasta el 100% de esos recursos en algunos años. Además, una de cada tres funciona con menos de 10 personas y dos son unipersonales.
“Podrán decir ‘estamos instalados’; claro, ahí están en forma, tenemos un fondo muy bonito, un edificio, muchas computadoras, pero hace falta personal capacitado, hace falta esa coordinación interestatal, interinstitucional, y que los resultados estén a la vista. Tener la cifra de ya más de 110 mil personas desaparecidas en esta base de datos que está actualizando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debería alarmarnos, debería decirnos que no tenemos resultados en la no repetición”, señala Chávez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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