“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos”, destacaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por ello, señalaron que se requiere la creación de una comisión especial para investigar las masacres y desapariciones en contra de personas migrantes, ante la falta de colaboración regional.
De acuerdo con las organizaciones, el caso permanece en la impunidad y a 12 años de de los hechos no hay una sola sentencia por la masacre.
Las únicas dos sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos (delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego) y no por los 72 homicidios de personas migrantes.
Indicaron que el patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes es la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos, por lo que señalaron la necesidad de generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias.
El 24 de agosto de 2010, 72 migrantes fueron secuestrados y privados de la vida por un grupo de hombres armados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que esta masacre debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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