"La cuestión es si basta una denuncia falaz, una instrucción política, una bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados y un juez que actúe por consigna, para remover de sus cargos a gobernadores, legisladores locales, magistrados, entre otros.
“El papel del tribunal es poner fin a todo conflicto, no postergarlo en la incertidumbre para evadir el costo político de decidir”, reprocharon.
A través de un comunicado emitido este martes, informaron el envío de una comunicación al presidente de la SCJN expresaron preocupación por “la tendencia en la conducción de controversias de especial trascendencia” que al Poder Judicial le toca resolver, considerando que la dilación es inexplicable pues lleva más de un año de dilación.
“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban claro que corresponde a los congresos locales determinar en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución”.
Como se sabe, existen dos proyectos de amparo, relacionados con el fuero y la punibilidad de García Cabeza de Vaca, tras una acusación de la Fiscalía General de la República y un proceso de desafuero aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados. El congreso local, de mayoría panista, implementó sus propias disposiciones y el asunto se volvió uno sobre las facultades federales y estatales que cayó en la ponencia del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá.
El proyecto no se ha votado por lo que los panistas advirtieron hoy:
“No es admisible manosear los tiempos procesales para que los casos constitucionales queden formalmente sin materia. El curso del tiempo no es decisión, sino claudicación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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