A través de un pronunciamiento firmado por la directora ejecutiva, Tania Ramírez, la Redim reprobó la decisión de la Secretaría de Educación (SEP) de eliminar el programa a través de la publicación de las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra” (LEEN), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acuerdo que es contrario a los artículos primero y cuarto constitucional, relacionados con las garantías de la progresividad de derechos y la obligación de todas las autoridades de tomar decisiones “en términos de un mayor beneficio hacia las infancias”.
La organización resaltó que hay evidencias de que la permanencia de los menores en las escuelas “representa un elemento esencial para la prevención de su acercamiento a la delincuencia organizada”, sin contar con que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideran el Programa de Escuelas de Tiempo Competo como positivo para “coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica”.
Redim resaltó que la eliminación del programa afecta a los municipios con más alta marginación del país, ya que 87.3% de las 27 mil 063 escuelas que estaban inscritas se localizaban en zonas rurales y 21% daban educación indígena, sin contar con que 65.8% de los menores que asistían a esas escuelas aceptaron que la alimentación que recibían en esos espacios era la primera del día.
Tras recordar que “este grave retroceso” contra una población que ha sido duramente golpeada por la pandemia, la Redim lamentó que se tome una decisión de esta naturaleza “sin que el Estado haya subsanado la recuperación escolar de los aprendizajes académicos para los millones de niñas, niños y adolescentes que estuvieron sin clases presenciales y en medio del retorno a las escuelas, muestra una omisión dañina ejercida por quienes tienen el deber de garantizar sus derechos en México”.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el martes 8 de marzo, la organización alertó que la medida “también atenta contra los avances alcanzados en sistemas más igualitarios en el cuidado de niñas y niños y la inclusión laboral de madres”, de manera que las madres trabajadoras se verán obligadas a “buscar empleos más precarios de medio tiempo o incluso tendrán que evaluar la posibilidad de replantearse si pueden trabajar o no”.
La organización reprochó a las autoridades no atender las recomendaciones que organizaciones de la sociedad civil hicieron a la Comisión para el Regreso a Clases Presenciales de mantener el programa, por lo que exigieron “corregir esta regresividad que está ampliando la violación a los derechos que ya están sufriendo de niños, niñas y adolescentes en la actualidad y que a su vez afecta a las familias, especialmente a las mujeres”.
En el pronunciamiento firmado por Tania Ramírez, la Redim recordó que la población afecta representa 38 millones de personas que están siendo “invisibilizadas” con la decisión.
Urgimos al Estado a reencauzar esta medida hacia un modelo de protección de derechos más amplios y progresivos en el resguardo de las infancias que eran beneficiadas mediante este programa y que ahora se encuentran en un estado de desprotección y vulnerabilidad”, sentenció la directora ejecutiva de la Redim.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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