sábado, 13 de marzo de 2021

Luis Ernesto Serna, exsecretario de Mancera, obtiene amparo contra orden de aprehensión

Luis Ernesto Serna Chávez, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera, obtuvo un amparo que lo protege de ser detenido por cualquier orden de aprehensión, detención, comparecencia o presentación.

Luis Ernesto Serna Chávez, exsecretario particular y amigo de la infancia del exjefe de gobierno y hoy senador Miguel Ángel Mancera, obtuvo un amparo que lo protege de ser detenido por cualquier orden de aprehensión, detención, comparecencia o presentación ante un juez penal.

En noviembre pasado se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) le sigue la pista al hermano menor de los Serna Chávez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración capitalina, de 2012 a 2018. La investigación se realiza en seguimiento a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la cual la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000277/2020 en contra del excolaborador de Mancera.

A mediados de octubre pasado, Proceso publicó que entre agosto y septiembre de 2020 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió dos carpetas de investigación contra los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, pues la Secretaría de la Contraloría General (SCG) encontró que en sus declaraciones patrimoniales de abril de 2018 no reportaron la propiedad de nueve inmuebles –casas y departamentos– adquiridos y remodelados en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.

De acuerdo con una nota del diario El Universal, publicada este viernes, la juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el juicio de garantías que solicitó Luis Ernesto Serna quien para conservarlo deberá depositar una garantía de 65 mil pesos.

“Se concede al quejoso la suspensión provisional de las órdenes de aprehensión, detención, presentación y comparecencia, así como su ejecución, que reclama de las autoridades judiciales señaladas como responsables, para el solo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la ejecución de las órdenes que reclama”, dice la publicación.

Según el texto mencionado, el acuerdo fue notificado el pasado martes 9 a Serna Chávez, quien deberá pagar la cantidad mencionada en los cinco días siguientes. De paso, el juez lo conminó a que, “si se informa la existencia de una orden de aprehensión en su contra, deberá comparecer ante el juez de la causa o carpeta judicial tantas veces sea requerido para continuar con su procedimiento”.

El 21 de octubre de 2020, personal de la FGR cateó la casa donde entonces vivía el yerno de Luis Ernesto Serna, Carlos Jiménez Rodríguez, en el número 7 de la calle Calero, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, por una investigación de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El inmueble cateado se ubica a sólo tres calles de Galeana, la vía donde Luis Serna tiene una propiedad de grandes dimensiones. También se localiza a escasos minutos de la calle Juárez, colonia Tlacopac, en cuyo número 57 se ubica otra propiedad a su nombre, de acuerdo con su declaración patrimonial de 2016.

Luis Ernesto no es el único que ha solicitado la protección de un juez para evitar ser detenido. A principios de enero de 2020, Julio César, exjefe del gabinete mancerista, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para frenar su captura. La decisión del juzgador se dio en el contexto de una serie de acciones penales que el gobierno de Claudia Sheinbaum --mediante la entonces Procuraduría General de Justicia local y la Secretaría de la Contraloría General-- ha realizado contra exfuncionarios del gobierno del actual senador de la República, acusados principalmente por desvío de recursos del erario.

El 20 de septiembre de 2019, Julio César Serna Chávez fue inhabilitado por 10 años para trabajar en el servicio público, luego de que la Secretaría de la Contraloría General detectó irregularidades durante su administración al frente de la Central de Abastos (Ceda).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

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