Desde el inicio de la 4T, los militares han jugado un rol preponderante, no solo en la seguridad pública del país; también tienen a su cargo la construcción de obras emblemáticas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya.
Si por algo se ha caracterizado el gobierno de la Cuarta Transformación, es por el rol preponderante que han tenido tanto el Ejército como la Marina. Antes de ganar la Presidencia, en 2018, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por sacar de las calles a los militares y regresarlos a los cuarteles. Sin embargo, eso está lejos de suceder, pues ya se promulgó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, del propio presidente, en el que se ordena “a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”, el cual concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. Es decir, habrá militares en tareas de seguridad todo el sexenio.
Pero los uniformados no solo se encargan de la seguridad pública del país, también tienen a su cargo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la edificación del Parque Ecológico Lago de Texcoco y de un nuevo aeropuerto en Tulum. Además realizarán el sexto y séptimo tramo del Tren Maya -y recientemente se anunció que incluso operarán tres tramos a través de una empresa-; dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, 266 cuarteles de la Guardia Nacional y remodelarán 32 hospitales que quedaron inconclusos en sexenios pasados.
Tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el discurso del primer mandatario versó en separar una cosa de la otra, en no descalificar a todas las Fuerzas Armadas por un hecho aislado de posible corrupción.
Sin embargo, poco a poco se fue delineando el discurso de no acusar sin pruebas y la crítica a las agencias de Estados Unidos. Hoy, a más de un mes de haber regresado a México, la FGR no ha informado nada sobre la investigación que habría iniciado contra el general.
El 15 de octubre a las 21:04 horas, la noticia sobre la captura de Cienfuegos Zepeda, se hizo oficial. El canciller Marcelo Ebrard publicó en redes sociales que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le había notificado que el exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto había sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.
Cienfuegos Zepeda, un militar de carrera con cuatro estrellas, fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como parte de la ‘Operación Padrino’, en la cual se le imputaron cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
El tema se convirtió en un obligado de las conferencias matutinas. Para ese entonces, López Obrador se enfocó en relacionar el caso con la corrupción que imperó en las administraciones que lo antecedieron, a las cuales calificó como “narcogobierno” y “gobierno mafioso”.
No obstante, subrayó que las acusaciones contra el militar se tenían que probar e insistió que independientemente de lo que resultara durante el proceso en su contra, su gobierno defendería al Ejército, ya que, apuntó, es una institución fundamental del Estado y no se podían hacer juicios a tabla rasa.
El caso evidenció la falta de comunicación entre las autoridades de ambos países, hecho que sirvió al Gobierno de México para externar su profundo descontento a Estados Unidos por no haber recibido información previamente.
Casi 15 días después de la aprehensión, el 29 de octubre, el Gobierno Federal dio algunas señales de las acciones que se tomarían en torno al asunto. El titular de Relaciones Exteriores anunció que se valorarían una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se fueran presentando a lo largo del proceso.
Sin imputaciones un día antes del juicio
El 5 de noviembre, el caso del general llegó al Tribunal Federal de Brooklyn con la lectura de los cuatro cargos en su contra, de los cuales Cienfuegos se declaró “no culpable”. Ese mismo día se anunció que el juicio iniciaría formalmente el 18 de noviembre ante la jueza Carol Bagley Amon. Sin embargo, un día antes, el 17 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República le dieron un giro inesperado al caso.
En un comunicado conjunto, informaron que se desecharían las acusaciones penales contra el general en el territorio norteamericano para que pudiera ser juzgado en México.
Tras el retiro de cargos, Cienfuegos fue traído a México y aterrizó en el hangar de la FGR ubicado en el aeropuerto de Toluca, Estado de México a las 18:00 horas del 18 de noviembre en calidad de ciudadano en libertad. Descendió de la aeronave Gulfstream a las 18:45 horas para ser trasladado a una sala privada donde se le practicó un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud, el cual resultó favorable. Luego de 38 minutos, a las 19:12 horas, Cienfuegos se fue a su casa.
Tras el insólito vuelco, el jefe del Ejecutivo negó tres cosas: que México hubiera ofrecido la captura de un capo a cambio de Cienfuegos, que su gobierno hubiera amenazado con expulsar a agentes de la DEA y que hubiera recibido presiones de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, aseveró que su intervención fue por la reputación del Ejército.
Además, el jefe del Ejecutivo comenzó a argumentar que no se podía permitir que agencias del extranjero juzgaran a mexicanos sin pruebas y pidió tenerle confianza a la justicia mexicana, asumiendo que ya eran otros tiempos.
Durante la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, el académico Sergio Aguayo consideró que el regreso del general Cienfuegos Zepeda a México fue un “triunfo para el presidente y para el secretario de Relaciones Exteriores”. Consideró que ambos jugaron muy bien sus cartas y que a su vez, el Ejército mostró “su poderío” y se reforzó la alianza entre este y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el periodista Ricardo Raphael destacó el “inmenso operativo de presión” ejercido por el gobierno mexicano hacia Estados Unidos y consideró que la FGR tiene enfrente una “bola de fuego” muy grande, ya que si investiga los hechos “se va a enfrentar al poder del Ejército y si no investiga, se va a enfrentar al poder de los Estados Unidos”.
El discurso del general
Con el tema Cienfuegos en boca de todos, llegó el 110 aniversario de la Revolución Mexicana. El presidente López Obrador guardó silencio, por primera vez el líder supremo de las Fuerzas Armadas no emitió un mensaje durante la conmemoración. La tribuna se la cedió a un único orador, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, quien no solo lanzó un mensaje de respaldo y lealtad a la actual administración, sino que dejó en claro que el instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo.
Del mismo modo, aseguró que la asignación de cargos en el Ejército tienen sustento en una trayectoria forjada en la preparación profesional constante, el esfuerzo, la buena conducta y un desempeño sobresaliente.
“De esta forma se asegura que las designaciones estén al margen de amistades, prebendas o favoritismos (…) El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino”, sostuvo.
Para la reportera de investigación Ana Lilia Pérez, este caso se trata del mayor desafío para el gobierno actual y la justicia mexicana, y previó que su conclusión no dejará contentos a todos. Por un lado, dijo, se ha pretendido mantener un halo de que los militares son incorruptibles, pero por otro, la protección de un militar dejará un halo de impunidad en la opinión pública.
AUTOR: REDACCIÓN.
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