jueves, 1 de octubre de 2020

Así demolió el TEPJF estatutos y reglas de Morena

Uno a uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiró mediante una veintena de fallos emitidos en casi 6 meses, todos los candados y requisitos estatutarios establecidos por Morena desde su fundación para auto gobernarse y elegir dirigentes.

El principal beneficiario de esas sentencias del TEPJF ha sido el aún diputado federal morenista, Mario Delgado Carrillo, quien contiende por el liderazgo de ese partido gracias a un proceso tal como lo propuso hace un año: sin padrón, con encuesta abierta a la militancia y simpatizantes, a cargo de tres encuestadoras y sin el requisito de haber sido antes consejero nacional.


Todas esas son reglas novedosas, inexistentes en el estatuto de Morena.

Pero, aunque fue a su medida como quedó confeccionado el proceso, Delgado Carrillo sólo ha ido una vez a litigar ante la Sala Superior un asunto, para revocar una amonestación pública en su contra por presunta promoción personalizada.


En realidad, todas las demás han sido resoluciones promovidas por otros morenistas, algunos afines, los que, proponiéndoselo o no, lo han colocado en la recta final para hacerse del control de Morena.

La decisión será producto de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes de ese partido, realizada por tres encuestadoras y en proceso conducido por el Instituto Nacional Electoral (INE) –como lo ordenó el TEPJF- para definir la presidencia y la secretaría general morenista hasta 2023.

Junto con Delgado Carrillo están en medición –del 2 al 8 de octubre- el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y las candidatas Yeidckol Polevnsky, actual secretaria general, además de Adriana Menéndez  e Hilda Mirna Díaz. A la secretaría general se miden otros 13 aspirantes.

Pero por ahora, a juzgar por una “encuesta de reconocimiento” realizada previamente para acotar el número de candidatos, es Muñoz Ledo quien está arriba, al menos en la mente de los entrevistados, pues lo reconoció 41.70%.

El 27.10% ubicó a Delgado Carrillo, y ambos legisladores quedaron muy por encima de todos los demás aspirantes a dirigir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).


Los próximos 10 y 11 de octubre Morena tendrá nueva dirigencia, a través de encuestas abiertas, en proceso ajenos a sus documentos básicos.

Elecciones al gusto

El proceso de relevo de dirigencias de Morena debió resolverse desde noviembre de 2019 pero el desorden y pugnas internas han tenido en crisis a ese partido desde hace ya casi dos años.

Por estatutos, la elección interna es una cadena de congresos distritales; consejos y congresos estatales y consejo y congreso nacional, en el que es esencial el control de la estructura partidaria.

Así inició el proceso en 2019, pero fue anulado por violencia, incluso armada, en algunos congresos distritales.

Delgado Carrillo no fue electo como congresista nacional –necesario para ser elegible como líder– pues por desorden se suspendió la asamblea en la que participaría, en el distrito 13, en la alcaldía de Iztacalco.

Bertha Luján, entonces aspirante, fue electa congresista nacional y consejera, al igual que Polevnsky.


Pero la violencia, más las denuncias de “manoseo” del padrón condujeron a que en octubre el TEPJF anulara la elección.

Hoy, un año después, aún no hay líderes, pero Morena espera que tres empresas privadas, las encuestadoras BGC, Ulises Beltrán y Asociados; Covarrubias y Parametría, definan a sus líderes.

No son el estatuto, los dirigentes ni los órganos del partido los que controlan ese relevo, sino que ha sido el TEPJF al resolver la sentencia principal, 9 resoluciones incidentales y otro paquete de recursos –más de 20- los que rigen en Morena.

Se trata de la sentencia JDC 1573/2020 que anuló la elección, pues, a propuesta del magistrado Indalfer Infante, se ordenó al CEN, en ese entonces con Polevnsky como secretaria en funciones de presidenta, renovar dirigencias en 90 días.

No lo hizo, pues perfiló quedarse hasta pasada la elección de 2021 y argumentó largas tareas de reafiliación.

Por eso, en febrero el TEPJF optó por confirmar a Alfonso Ramírez Cuéllar en la dirigencia provisional electa en enero por Congreso Nacional –encabezado por el otro bloque, el de Luján–, pero ordenó renovar liderazgos vía encuesta pues estimó que ese método no trasgredía el principio de autodeterminación y auto organización del partido, y le dio un plazo de 40 días.

AMLO, el impulsor de las encuestas

Las encuestas, en realidad, fueron por primera vez puestas en la mesa por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de agosto de 2019 en reunión privada con legisladores federales de Morena PT , PES y PVEM, donde advirtió que “los adversarios quisieran que se dividiera Morena” por lo que lo mejor era un sondeo.

Desde ahí el slogan de Delgado, el senador suplente Rojas Díaz Durán y Polevnsky, quienes por todo el país promovieron “hacerle caso al presidente” y al menos los dos primeros urgieron encuesta abierta a militantes y simpatizantes.

Luego vino la pandemia de covid-19, así que cuando a fines de marzo Ramírez Cuéllar por fin emitió convocatoria, al mismo tiempo suspendió todos los plazos para evitar contagios y en agosto pidió quedarse hasta pasado 2021.

Así, de febrero a septiembre, ha sido el TEPJF el que ha diseñado, vía sentencias, la elección en Morena: quienes podrían participar, quienes podrían ser encuestados y quien organiza el proceso.

El 20 de agosto, en una sola resolución el Tribunal liberó todos los controles y a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ordenó encuesta abierta a militantes y simpatizantes; canceló el requisito de ser consejero nacional para acceder a la dirigencia; quitó a Morena la responsabilidad y se la dio al INE.

Acusan magistrados yerros judiciales

Ese conjunto de fallos sobre Morena ha sido cuestionado incluso por magistrados del TEPJF y académicos, observadores del funcionamiento del órgano judicial.

Hay contradicciones e inconsistencias en al menos 18 resoluciones, según los magistrados Janine M. Otálora, exmagistrada presidenta del Tribunal, y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado, quienes además señalan el manejo irregular de los turnos con que son enviados los casos para su análisis y elaboración de proyectos de sentencia.

El Reglamento Interno del TEPJF marca que los asuntos relacionados (pues se impugna lo mismo, o hay relación con una sentencia principal como fue la de anulación) le tocan a un mismo magistrado.

Por eso, en principio el caso Morena correspondió a Infante Gonzáles, pero de forma anómala a partir de agosto, se turnó a De la Mata, y casos subsecuentes se dividieron entre dos ponencias, lo que genera las “evidentes incongruencias”, según los juzgadores.

Para ellos, las decisiones cuestionables permean en al menos 6 temas, votados por la mayoría de 4 magistrados, encabezados por el presidente, Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdés, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña, a veces con el voto de un quinto magistrado: Indalfer Infante.


De acuerdo a Reyes y Otálora, en voto particular emitido el 15 de septiembre (JDC 1903/2020), durante casi un año, se han emitido casi 20 sentencias que ponen en evidencia los virajes de opinión de sus pares en el TEPJF.

Las supuestas contradicciones denunciadas han sido sobre quien está facultado (legitimado) para impugnar el proceso interno; cuál debe ser el método; si es o no confiable el padrón; si es viable o no postergar la renovación y en qué plazo y reglas para elegir dirigentes.

Por ejemplo, el 2 y 30 de octubre de 2019 se autorizó a Morena a elegir el método que estimara conveniente.

El 26 de febrero, cuatro meses después, confirmó como dirigente a Ramírez Cuéllar y las resoluciones del Congreso que lo nombró, entre ellas el rechazo a usar encuestas. Pero el TEPJF le ordenó usarlas, aunque el estatuto sólo las permite para elegir candidatos a cargos de elección popular, no dirigentes.

Al siguiente mes, el 11 de marzo, los magistrados negaron al presidente de Morena su petición para aclarar detalles de la encuesta. Empero, el 20 de marzo, a resolver otro asunto, el pleno sí aclaró que la encuesta es entre quienes se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena.

Respecto a quien puede impugnar temas de la elección morenista, en noviembre del 2019 el TEPJF consideró que sólo quienes hubieran iniciado los recursos en “el juicio principal”.

El viraje fue el 26 de febrero, pues atendió un incidente de inejecución de sentencia y lo autorizó para “cualquier militante” en el caso de incumplimientos a resoluciones del Tribunal.

Otra contradicción habría ocurrido en la sentencia del 16 de abril de este año, pues ahí los magistrados indicaron que la pandemia justificaba aplazar la renovación de la dirección, pero el 1 de julio se resolvió que no, que la pandemia no justifica aplazar nada.

Los presuntos fallos incongruentes se habrían dado también en el plazo para la renovación de la dirección de Morena.

Según Reyes Rodríguez suman cinco resoluciones contradictorias. En la más reciente, del 20 de agosto, se rechazó prórroga pues los plazos para cumplir sentencias son “inmodificables”, pero se ordenó concretar el relevo en 45 días.

En febrero se ordenó a Ramírez Cuéllar renovar órganos en 40 días, en tanto que el 1 de julio a más tardar el 31 de agosto.

El TEPJF sirve a Morena

Lo que hay en los fallos del Tribunal es “desaseo” establece el periodista especializado en temas electorales, además de ex consejero de la ciudad de México, Eduardo Huchim.

Las resoluciones en el caso de Morena dan cuenta de bloques de interés, presiones, sentencias por compromisos políticos, señalan también Javier Martín Reyes, catedrático y coordinador de la licenciatura en Derecho del Centro de Información y Docencia Económica (CIDE) y Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Los tres coinciden en que los 4 magistrados Fuentes Barrera, Vargas, Soto y de la Mata son un “bloque sistemático” a quienes no siempre asiste la ley.

Del otro lado hay un “dúo” de magistrados, Otálora y Rodríguez, al que a veces se suma Infante Gonzáles, quien a veces vota en uno u otro grupo, lo que habla de falta de unidad interna, y de debilidad jurídica en sus resoluciones.

Los 7 fueron designados por el Senado el 20 de octubre de 2016 por los partidos entonces mayoritarios en el Senado: PRI, PAN y PRD, pero una parte rindió dos veces protesta.

Primero lo hicieron para cubrir periodos de 3, 6 y 9 años, y un mes después 4 de los 7 juraron de nuevo, pero ahora por periodos ampliados: a los magistrados de 3 años se les amplió a 7 y los de 6 años pasaron a 8 años.

Ahí –agrega Huchim- comenzó el “desaseo y el interés de resolver con criterios políticos y no jurídicos”.

El motivo es que se deben al Senado “porque es el que los nombra y porque cada magistrado tiene en su corazoncito la esperanza de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)…hay una tendencia a estar bien con el Senado y el líder, sea quien sea.

“Antes pudo ser Manlio Fabio Beltrones (PRI), cualquier panista o ahora Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena”, explica.

A su juicio, es por eso que las sentencias del TEPJF en el caso morenista buscaron beneficiar a una parte de ese partido.

Javier Martín Reyes, expone que todo indica que con sus resoluciones la mayoría de 4 magistrados en el TEPJF si ha servido a un grupo de Morena.

“Pareciera que sí cuando determina un método inexistente en el estatuto para la elección de dirigentes” y resulta que éste le conviene a una parte, agrega.

Se aprecia por las sentencias “que cedieron muy fácil y cuando los tribunales que empiezan a jugar a política, es altamente probable que terminen por servir a una facción”, dice.

Para Alfredo Figueroa, ex consejero, la actuación del TEPJF es evidente en sus sentencias y “a mí me parece muy claro que es un tribunal que vota en función de intereses de grupos de poder.

“El caso de la encuesta de Morena para definir a la nueva dirigencia favorece a unos grupos dentro de ese partido y perjudica a otros, y aunque no estaba ese método dentro de los estatutos para elegir dirigencia, la sugerencia del presidente fue atendida”.

Pero destaca que este comportamiento no es nuevo, y antes el TEPJF estuvo al servicio del PRI o del PAN como ahora lo está con Morena, y un grupo de este partido.


“Es un tribunal que se desprende de la revisión de las sentencias, ha estado cooptado, controlado por el poder político, por el Senado, por el propio presidente de la República particularmente en el sexenio de (Enrique) Peña Nieto, pero ahora también con Morena”, advierte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARINA GARCÍA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/651041/asi-demolio-el-tepjf-estatutos-y-reglas-de-morena