Reprocharon la falta de interés del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para atender a las víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecuciones y desplazamiento que mantienen a Guerrero en los primeros lugares en homicidios dolosos y hallazgo de fosas clandestinas en la escala nacional.
Por ello, integrantes de colectivos de Chilapa, Acapulco, Iguala y Chilpancingo exigieron que se designe a la brevedad un fiscal especial en el tema de desaparición y búsqueda de personas que cumpla con los principios de autonomía y profesionalismo.
También, demandaron a los diputados locales que emitan el reglamento de la Ley Estatal 694 de Víctimas y que aprueben la iniciativa sobre la declaración de ausencia por desaparición de personas, para que los familiares puedan acceder a la protección de los bienes de las víctimas.
Los denunciantes plantearon la necesidad de que la Dirección de Servicios Periciales, actualmente dirigida por un joven que carece de cédula profesional y “su mérito” es ser hijo de un amigo del gobernador Astudillo, sea un organismo autónomo y no dependa de la Fiscalía General estatal.
También solicitaron la creación de una base de datos de ADN de víctimas y familiares para que la compulsa de perfiles genéticos sea más eficiente.
De esta manera, indicaron, se puede agilizar la identificación de los más de 400 cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos en las unidades del Servicio Médico Forense de la entidad.
Así lo expresaron durante el foro denominado “Las víctimas de un estado fallido” donde, por segunda ocasión consecutiva, se congregaron familiares de personas desaparecidas y desplazadas por la violencia en la sede del Congreso estatal para exigir a la estructura gubernamental atención a las víctimas.
El pasado 29 de agosto se realizó en el mismo lugar el foro “Entre el dolor y la esperanza”, que se caracterizó por congregar a los colectivos de familiares que desde la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron romper el silencio y hacer visible este problema que exhibió a la entidad como un extenso cementerio clandestino en México.
En ese entonces, los mismos participantes que se han convertido en una gran familia unida por la tragedia, denunciaron que la indiferencia, incapacidad y la colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército con la delincuencia han segado al gobierno frente a este crimen de lesa humanidad en la entidad y el resto del país.
Las víctimas asumieron el compromiso de “tomar las instituciones” para colocar el tema en la agenda pública, al afirmar que el gobierno tiene una alta responsabilidad en la desaparición de sus familiares, pues protegen a sus secuaces.
También exigieron investigar la línea de “la macrocriminalidad” por los negocios que grupos delincuenciales, “coludidos con la clase política en la entidad”, han realizado con el comercio de la droga en ciudades de Estados Unidos.
Suscriben acuerdo
Nueve meses después, las víctimas se volvieron a congregar para insistir en las mismas demandas y denunciar la indiferencia sistemática del gobierno de Héctor Astudillo ante estos delitos de lesa humanidad.
Incluso, los miembros del colectivo de Chilapa reprocharon que las cifras de ejecuciones y desaparecidos se han incrementado de manera proporcional a la indolencia gubernamental.
Por ello, las víctimas suscribieron un acuerdo elaborado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón donde se contemplan los siguientes puntos:
Que las familias de personas desaparecidas sean atendidas de manera integral por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que actualmente encabeza José Luis Gallegos, un personaje de “negro historial designado” por el gobernador Astudillo y avalado por el Congreso local.
También, urgieron a que la Secretaría de Asuntos Indígenas estatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas acompañen y brinden apoyo a las familias de desparecidos de comunidades indígenas.
Incluso, demandaron que el Congreso local realice las adecuaciones necesarias a la Ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en Guerrero.
Así concluyó este segundo foro de familiares de personas desaparecidas y desplazados por la violencia en la entidad, donde las historias de tragedia y corrupción gubernamental narradas por las víctimas contrastaron con el discurso oficial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/486152/familiares-desaparecidos-en-guerrero-piden-observadores-permanentes-la-onu
