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Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

Por: Draco Dracul on miércoles, noviembre 12, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Grupo Salinas se dijo víctima de "acoso y persecución" luego de que la Secretaría de Hacienda incluyera a dos empresas del conglomerado en su investigación por lavado de dinero y la Secretaría de Gobernación suspendiera su operación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer ayer que la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de 13 casinos listados para bloquear sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), algunos propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, luego de que una investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Gabinete de Seguridad, revelara operaciones en efectivo en dichos establecimientos, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Grupo Salinas aseguró que se trata de una "persecución de Estado".
"Se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas", explicó la Segob en un comunicado.
La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la Ley y con las personas usuarias de los servicios de centros de apuestas y plataformas.

Ante la noticia de la indagatoria y sanción, Grupo Salinas, propiedad de Salinas Pliego, reveló que algunos de sus casinos figuran entre los investigados, pero sostuvo que todo se trata de una "persecución".
"Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado. Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero", explicó la SHCP.
En un comunicado, la institución dijo que algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.


"Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal", compartió la Secretaría.
Grupo Salinas denuncia "acoso y persecución" del Gobierno

Por su parte, Grupo Salinas indicó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son dos de la compañías bajo la mira de la UIF, situación por la que el conglomerado se dijo víctima de "acoso y persecución".
"En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron hoy de una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero, entre las que se encuentra Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca", aseveró el conglomerado empresarial.


Grupo Salinas señaló que siempre ha sido respetuoso de la Ley. Afirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, al igual que todas sus  empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector.

Añadió que conjunto con sus socios internacionales, en particular del Reino Unido, han dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero. "Confiamos plenamente en ello y estamos preparados para demostrarlo ante cualquier instancia competente", subrayó.
"Esta acción arbitraria de la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo que se permite distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país", acusó Grupo Salinas.
Un día antes, Ricardo Salinas Pliego publicó un video en sus redes sociales con el que aseguró que existe una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en México, además de defender el libre mercado y cuestionar las políticas de redistribución económica.
"Hola, amigos. ¿Pues qué creen? Otra vez la Presidenta con el mismo cuento de siempre. Diciendo que no pago impuestos. Falso, falso de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos. Ahora tenemos una añeja controversia y como ustedes saben, ahora lo va a resolver este nuevo poder judicial espurio", dijo el dueño de Elektra en X, antes Twitter.
En este sentido, aseguró que la SCJN es un Tribunal espurio, ya que menos del ocho por ciento de los mexicanos votaron en las elecciones judiciales. "Así que, ¿qué se puede esperar de una resolución de una Corte de mentiritas? Bueno, pues otro clavo en el ataúd de la democracia. Sin embargo, le aclaro, como le dije hace una semana: dígame cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar y terminamos de una vez con todo esto".

"No tenemos una posición oficial del SAT de cuánto tenemos que pagar. Mientras tanto, en México se acabó la democracia porque se acabó la división de poderes, se acabó el amparo, nos dejaron el desamparo. ¿Y quiénes son los nuevos jueces? Partizanos al servicio de Morena. Esa es la verdad. Aquí estamos viendo una violación gravísima a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más los míos, ¿eh? Y bueno, la Presidenta habló de nuestras posiciones políticas y cómo son distintas. Es cierto, somos muy diferentes", subrayó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Por: Draco Dracul on miércoles, noviembre 12, 2025 / Comentarios: 0 ,

Omar García Harfuch informó los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la mañana de este miércoles cómo lavaban dinero los casinos mexicanos que fueron suspendidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda, ya que presuntamente recurrían al uso de identidades robadas y falsos ganadores para cometer dicho delito.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el encargado de informar los resultados del trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero.
"Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México", dijo durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum Pardo.
García Harfuch señaló que gracias al trabajo conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad, realizado en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificaron "patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero".


Por ello, agregó, "se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero".

Harfuch apuntó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) revisó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones; mientras que la UIF se encargó de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
"Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN [Red de Control de Delitos Financieros] y OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], del Departamento del Tesoro de Estados Unidos", destacó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Para el funcionario federal, "esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero".
Además, añadió, contribuye al intercambio de información financiera, a la coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como al cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El encargado de la SSPC contó que, durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.

Lo anterior ayudó a identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta. También posibilitó el hallazgo de los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
  • Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.
  • Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
  • Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
El Secretario de Seguridad subrayó que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

En su intervención, compartió que derivado de estos hallazgos, se impulsaron varias acciones conjuntas:
  • Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
  • Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
  • Se suspendieron temporalmente las actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
  • Se bloquearon las páginas electrónicas de casinos virtuales no autorizados.
  • Se bloquearon las cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Posteriormente, se dio inicio a una nueva etapa de prevención, donde la UIF y diversas dependencias desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial (IA), y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.

El funcionario federal sostuvo que con estas acciones se avanza de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. "Sólo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia", remató.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios

Por: Draco Dracul on miércoles, noviembre 12, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La reforma prohíbe a los bancos emitir tarjetas sin consentimiento y cobrar comisiones o cargos por productos financieros no contratados.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros con el objetivo de impedir que las instituciones financieras emitan tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso de los usuarios.

Con 467 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el Pleno avaló el proyecto presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien solicitó que se considerara de urgente resolución. La propuesta fue dispensada de trámites y enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.

Monreal explicó que millones de personas en México han recibido tarjetas de crédito o débito que nunca solicitaron y que, tiempo después, generan cobros por anualidades o intereses moratorios. Estas prácticas, señaló, han afectado el historial crediticio de muchos usuarios al ser reportados negativamente ante el Buró de Crédito.
“Muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o a través de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a sus domicilios, a los domicilios de las personas, sin que las hayan solicitado. Luego, al trayecto del año, les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad. Y al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o adquirir algún derecho de inclusión financiera”, expuso el Diputado Ricardo Monreal en Tribuna.
¿En qué consiste la nueva reforma?

La reforma prohíbe a los bancos y entidades comerciales emitir tarjetas sin solicitud o autorización expresa del usuario, así como cobrar comisiones, anualidades o cargos asociados a productos financieros no contratados.

De acuerdo con el dictamen, las instituciones deberán garantizar que toda información relacionada con costos, cargos y comisiones sea clara, veraz y suficiente, conforme a los principios de transparencia y protección al consumidor.

También se establece la prohibición de mensajes o promociones que induzcan al público a pensar que las tarjetas carecen de costos cuando, en realidad, generan comisiones o recargos adicionales.

Las entidades emisoras deberán permitir la cancelación de las tarjetas no solicitadas por vía presencial, telefónica o digital, y ofrecer mecanismos disponibles las 24 horas del día, durante todo el año, a través de aplicaciones móviles, banca en línea o portales web.

Una vez que el usuario solicite la cancelación, la institución financiera deberá efectuar un bloqueo preventivo inmediato para suspender toda transacción o cargo asociado, con el propósito de evitar operaciones mientras se concreta la cancelación definitiva.

El proceso de cancelación no deberá exceder los cinco días hábiles a partir de la solicitud y deberá realizarse sin costo, comisión o penalización alguna. La institución tendrá la obligación de entregar al usuario una constancia digital o física que certifique la terminación del contrato.

Asimismo, queda prohibido realizar cargos por anualidades, comisiones o conceptos relacionados con tarjetas canceladas o no utilizadas, ni podrán generarse efectos en el historial crediticio por falta de uso o rechazo del producto.


En caso de que una entidad cobre montos indebidos, deberá reembolsarlos en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de la reclamación del usuario o desde la notificación de la autoridad competente.

La vigilancia de las disposiciones estará a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuando se trate de bancos y entidades financieras, y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el caso de emisores comerciales.

De acuerdo con la Condusef, durante 2024 se registraron 251 mil 528 reclamaciones relacionadas con productos financieros, de las cuales siete mil 594 correspondieron a solicitudes de cancelación no atendidas o no aplicadas, convirtiéndose en una de las quejas más frecuentes en el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Arte, mansiones y autos de lujo bajo el gobierno de Ramírez Bedolla

Por: Draco Dracul on miércoles, noviembre 12, 2025 / Comentarios: 0 ,

Alfredo Ramírez Bedolla reporta en su declaración patrimonial una casa de 4 millones de pesos, pero quien sorprende es su consejero jurídico, César Augusto Ocegueda, con una propiedad de 200 millones.

El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán enfrenta problemas de seguridad en un entorno marcado por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que plantó cara al crimen organizado y fue ejecutado por un joven de 17 años el pasado 1 de noviembre. 

Pero el mandatario morenista también tiene otros pendientes: la falta de austeridad de él y su propio gabinete, que no han dudado en tener propiedades millonarias y autos de lujo, como así lo revela una investigación de EMEEQUIS basada en la revisión de sus declaraciones patrimoniales. 

EL CASO DE BEDOLLA: LA CASA DE CUATRO MILLONES DE PESOS

El 2 de noviembre, Ramírez Bedolla llegó a un evento lejos de su agenda de gobierno: el funeral de Carlos Manzo. Sin embargo, ese acto de presencia de aparente solidaridad terminó con abucheos en su contra y huida entre reclamos.  

Pero más allá de la efectividad que la estrategia de seguridad del gobernador haya tenido en Michoacán, el mandatario vive una historia de bonanza. 

Según su declaración patrimonial actualizada en 2025, el gobernador reportó un inmueble valuado en cuatro millones de pesos, adquirido mediante crédito en 2022, con una superficie de 212 metros cuadrados. Es decir, cuando llevaba un año al frente del estado.

El funcionario aclaró que fue un error suyo.

Unos años antes, declaró un vehículo Honda Pilot 2019, valuado en 809 mil 900 pesos, igualmente adquirido a crédito y que sigue poseyendo. 

Registra 264 mil pesos por arrendamiento de inmuebles.

Además, forma parte de una empresa llamada PRO ORIGEN, la cual, según afirma en su declaración patrimonial, no le genera ingresos. En total, su sueldo neto anual como funcionario es de 1 millón 115 mil 9 pesos.


EL CASO DE CÉSAR AUGUSTO OCEGUEDA ROBLEDO Y SU CASA DE 200 MILLONES 

Sin embargo, el caso que más llama la atención por su magnitud es el de César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico del Estado de Michoacán desde 2021, que tiene una historia controvertida entre empresarios y políticos por presuntamente “hacer trampas jurídicas” cuando fue secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local (según narra una editorial de El Universal).

De acuerdo con su declaración patrimonial, Ocegueda posee un inmueble pagado al contado con un valor de 200 millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos. Adquirido en 2013 a la empresa Creación e Innovación de Espacios Sustentables S.A. de C.V.


Asimismo, reporta otro inmueble adquirido a crédito en 2024, cuando ya estaba en funciones, con un costo de 10 millones de pesos y una superficie de 990 metros cuadrados.
  • También declaró varios vehículos, entre ellos:
  • Un Mini Cooper valuado en 150 mil pesos.
  • Un BMW adquirido en 2014 por 180 mil pesos.
  • Y un Mercedes Benz de 2016, por 320 mil pesos.
La riqueza de Ocegueda resulta difícil de justificar, pues, según su currículum y su propia declaración patrimonial, ha ocupado únicamente cargos públicos desde 2013. Su salario actual asciende a 2 millones 150 mil pesos anuales, lo que significa que tardaría más de 93 años en reunir el monto equivalente al de su inmueble de 200 millones de pesos.

Incluso para cubrir el crédito de la casa de 10 millones, tendría que destinar 4.65 años íntegros de su sueldo actual. 

Según su CV en la Secretaría de Contraloría estatal, Ocegueda trabajó un año (2019) en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán (actualmente prófugo de la justicia), como subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, adscrito a la Secretaría de Gobierno, que estaba a cargo de Carlos Herrera Tello.

EL CASO DE RAÚL ZEPEDA VILLASEÑOR: 2 MILLONES DE PESOS AL CONTADO

Otro caso que genera dudas sobre la austeridad bajo el gobierno Ramírez Bedolla es el de Raúl Zepeda Villaseñor, encargado de la Secretaría de Gobierno del estado, y parte de la oficina del gobernador junto con Ocegueda. 

Su ingreso anual actual es de 1 millón 111 mil 690 pesos, y, al igual que en el caso anterior, ha ocupado únicamente cargos públicos desde 2010.

Sin embargo, en 2021, pagó de contado un inmueble con un valor de 2 millones 362 mil 574 pesos, adquirido por compraventa.


También adquirió en 2018 otro inmueble por donación, valuado en 369 mil 500 pesos. En 2019, obtuvo otro bien, también donado, por 185 mil 950 pesos, y en 2022 adquirió un cuarto inmueble a crédito, por 3 millones 500 mil pesos. ¿De dónde salieron estos bienes? 

A ello se suma una colección de pinturas y cuadros valorados en 600 mil pesos, según consta en su declaración patrimonial. 

Esta riqueza, que va en contra de los valores de austeridad republicana de la Cuarta Transformación, es un vistazo a la vida política de Michoacán; un estado que sufre de violencia mientras sus políticos compran propiedades millonarias, vehículos y obras de, todo bajo el amparo de Ramírez Bedolla y las personas que sirven en las oficinas de su estado. 

Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad, quien fuera acusado de impedir el trabajo de una fotoperiodista en las protestas por el asesinato de Carlos Manzo, a pesar de tener una maestría en derechos humanos, sólo reportó un terreno de 425 mil pesos adquirido en 2023, antes de que fuera designado por Ramírez Bedolla en su actual cargo.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Presupuesto 2026: tienen perspectiva de género 29 % de programas para la igualdad; refugios para víctimas, en la incertidumbre

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El PEF 2026 incluye incrementos en recursos para la igualdad y un nuevo anexo de cuidados, pero especialistas advierten que la fusión de programas de atención a víctimas pone en duda el alcance real de las políticas para las mujeres.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 es el primero en ser diseñado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó al poder con un discurso de trabajo a favor de las mujeres; sin embargo, especialistas señalan que el aumento en los recursos para la igualdad y la creación de un anexo transversal sobre cuidados no privilegia las políticas públicas con perspectiva de género.

El presupuesto contemplado en el Anexo 13, destinado a la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, será de 599 mil 145 millones de pesos, lo que significa 1.5 % más de lo que se aprobó para este apéndice en 2025, cuando se asignaron 576 mil 577 millones.

Aunque el monto destinado para el anexo equivale al 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 29 % de los programas contenidos en el apéndice cuentan con perspectiva de género.

El CIEP indicó que esto “refleja una integración limitada de la igualdad en el diseño y la ejecución de los programas”, pues más de la mitad (55 %) de estos recursos se concentra en programas asistenciales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para el CIEP, el Anexo 13, más allá de ser un mecanismo de etiquetado, “debe transformarse en una herramienta efectiva de política fiscal con enfoque de género, que oriente la asignación de recursos hacia el cierre estructural de brechas”, y destacó que el gasto debe dejar de concentrarse en transferencias universales para priorizar programas con objetivos medibles en autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia.

Anexo de cuidados, un avance hacia un sistema nacional, aunque sin programas nuevos

Por primera vez, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 incluyó un anexo transversal con 466 mil 674.9 millones de pesos de presupuesto etiquetado para programas con componentes de cuidados, lo que, asegura la asociación civil Fundar, refleja “una perspectiva que realmente está encaminada a mejorar las condiciones de las mujeres”.

“El anexo 31 tiene una lógica mucho más aterrizada de cómo busca el gobierno federal contribuir a avanzar hacia una sociedad de cuidados, y ese es un primer paso muy positivo”, explicó Andrea Larios, investigadora de la asociación, quien destacó la inclusión de la Pensión Mujeres Bienestar, como una acción diferenciada con perspectiva de género que reconoce a quienes por años han realizado trabajo doméstico y de cuidados.

Sin embargo, pese al reconocimiento de que este anexo sienta las bases hacia la consolidación de un sistema de cuidados, Larios apuntó que al igual que ocurre con los programas contenidos dentro del Anexo 13, varias de las acciones contempladas en el 31 son transferencias directas cuyos componentes son “insuficientes para avanzar hacia una sociedad de cuidados, porque se requiere también de una fuerte inversión pública en infraestructura social y de servicios”.

El análisis del CIEP indicó que el presupuesto destinado para este anexo equivale al 1.2 % del PIB, sin embargo, estos recursos se concentran principalmente en tres programas (80 %), de los cuales dos son transferencias económicas: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

También destacó que, en comparación con 2025, el PEF de 2026 tuvo una disminución en los programas de cuidados como los servicios de asistencia social integral (-96.6 %), servicios a grupos con necesidades especiales (-23.8 %) y atención a personas con discapacidad (-3.4 %).

Acerca de estos programas, el CIEP expuso que “la política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo de mayor financiamiento, sino también de una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social“.

Fusión del programa de refugios “afecta a las mujeres y pone en riesgo vidas”, alerta RNR

En cuanto al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, las especialistas expresaron preocupación, ya que hasta el año pasado contó con 501.9 millones de pesos de presupuesto, pero para 2026 se fusionó con el programa Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las causas.

Andrea Larios expuso que a pesar de que se asignaron 856 millones 782 mil 185 pesos para el nuevo programa, “a la hora de querer identificar el presupuesto con el que van a contar estos servicios –que incluirán los refugios, Centros de Justicia para Mujeres y Alertas de Violencia de Género– no va a ser posible conocerlo a detalle”.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), lamentó que a pesar de que hubo reservas en la discusión del PEF 2026 por la solicitud de que se etiquetara presupuesto específico para este programa, no fueron tomadas en cuenta, lo que deja en incertidumbre a las mujeres víctimas.

“Al no existir una asignación clara y desglosada para los refugios no se puede planear la operación del 2026. Si ahorita hay retrasos en la transferencia de los recursos de este año, eso lo agudizaría, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas“, comentó Figueroa.

La directora de la red calificó esta decisión como “un retroceso institucional contrario a estándares internacionales que rompe el principio de progresividad de derechos humanos. Nuestra postura sigue siendo que la vida y la seguridad de las mujeres no se negocian ni se fusionan, se garantizan”.

Anunció que continuarán exigiendo que se consideren al menos 510 millones de pesos para el programa de refugios, además de que llevarán el reclamo contra el gobierno mexicano por los retrasos y recortes presupuestales ante instancias internacionales, de modo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección y justicia de las mujeres y niñas en un contexto de violencia feminicida.

Entre enero y julio de este año, los refugios para mujeres tuvieron un incremento del 5% en los apoyos directos a víctimas, así como un aumento del 600 % en las ayudas que brindan a través de los centros de atención externa, en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que “evidencia que las violencias no han ido en disminución”.

Este incremento en las solicitudes ha sido atendido por la RNR a pesar de que el presupuesto ha sido insuficiente y en algunos casos ha sido otorgado con retraso por parte de las autoridades, situación que podría agravarse en caso de que los recursos disminuyan, mermando los servicios que se puedan brindar en los refugios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Muere la defensora de derechos humanos Blanca Martínez, discípula de Samuel Ruiz y Raúl Vera

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 ,

La acompañante de familias de personas desaparecidas apoyó la integración de las familias en el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

A consecuencia de complicaciones en una operación de esófago, murió esta madrugada la defensora de derechos humanos y directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Isabel Martínez Bustos, discípula del obispo de Chiapas, Samuel Ruiz y del hoy obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López. 

La acompañante de familias de personas desaparecidas apoyó la integración de las familias en el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el cual es pionero en la movilización nacional para visibilizar la problemática que hoy representan más de 133 mil casos.

Hace unos días inició festejó su cumpleaños 62 en compañía de amistades. La intervención quirúrgica la tenía programada en varias ocasiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Saltillo, donde la madrugada de este lunes tuvo complicaciones y perdió la vida.  

Martínez Bustos nació en la ciudad de Torreón, pero a los cinco años su familia se trasladó al estado de Guanajuato, donde siendo adolescente empezó a relacionarse con diversas causas sociales, principalmente en el sector campesino. 

El activismo lo desarrolló en el Frente Auténtico del Trabajo y apoyó la fundación del Centro Popular de Capacitación Técnica, donde daba clases de herrería y elaboración de zapatos y a la par formaba políticamente a obreros y obreras para hacer frente a la represión de la época y la definió “como un pan nuestro de cada día”. 

Estuvo en la Ciudad de México y posteriormente en Chiapas, relacionándose con las comunidades eclesiales cuando inicia la Teología de la Liberación y conoce a los obispos de Chiapas en ese entonces: Samuel Ruiz y Raúl Vera. 

Fue parte del proceso de diálogo en el surgimiento del movimiento armado en Chiapas, gracias a la invitación que le hizo Miguel Álvarez, quien era asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), pero al no avanzar el diálogo empezó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

En el año 2009, la defensora llegó a Saltillo, donde Vera López fue enviado años antes como obispo y fundó el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios donde empezaron a documentar los abusos contra la población migrante, pero también donde surgían los primeros casos de desaparición a raíz de la presencia del crimen organizado que operaba en Coahuila con la protección de las autoridades gubernamentales. Algo muy diferente a lo que ocurrió en la Guerra Sucia y de lo cual Martínez Bustos tenía información. 

“Lo que pasa en el estado de Coahuila son formas de violencia que México no había vivido”, dijo en una entrevista en el 2024 previo a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”. 

Sus posturas en la defensa de los derechos humanos y en particular en el caso de las familias de personas desaparecidas, provocó una tensa relación en los gobiernos de Humberto y su hermano Rubén Moreira, así como el del hoy senador Miguel Ángel Riquelme. En el caso del hoy mandatario, Manolo Jiménez Salinas, la defensora exigía cambios en la mesa de diálogo con las familias, cuyos casos son de larga data, y a quienes no les han presentado avances sobre lo qué ocurrió con sus seres queridos y sanciones a los responsables. 

El cuerpo de la defensora será velado en la ciudad de Saltillo y luego cremada para llevar sus cenizas al estado de Guanajuato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Ayudantía de Sheinbaum, “trampolín” de jóvenes sin experiencia en seguridad hacia salarios de lujo

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 ,

La Ayudantía, el grupo de seguridad personal de la presidenta, lo integran en su mayoría jóvenes con nula experiencia en protección. Creado por López Obrador, es usado como plataforma para obtener cargos públicos y salarios que superan los 90 mil pesos mensuales.

La Ayudantía, el grupo de jóvenes que resguarda el paso de la presidenta Claudia Sheinbaum en cada una de sus giras o actos públicos, como la caminata que apenas hizo de Palacio Nacional a la SEP, sigue fiel a la figura que impuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador: tienen nula experiencia en seguridad, casi todos logran un cargo en alguna dependencia federal, algunos de ellos aún cursan sus carreras universitarias y otros más sólo tienen antecedentes en el sector privado. 

Fiel al estilo del tabasqueño, no hay transparencia en el proceso de selección de quienes cuidan a la mandataria. Algunos de los que entraron con López Obrador continuaron hasta por ocho meses, otros más solamente mes y medio al cuidado de la titular del Ejecutivo.

Por esa razón los miembros de la Ayudantía difícilmente adquieren un conocimiento sólido para el acompañamiento de la mandataria, dado que uno de los objetivos es acomodarse o asignarlos en algún cargo público dentro de una dependencia federal, con actividades orientadas a los estudios universitarios que tienen, aunque algunos se mantienen truncos, pero con salarios mensuales brutos que superan hasta los 90 mil pesos. 

Salarios superiores a los 90 mil pesos

El director General de la Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, quien conduce las actividades de los demás elementos de protección para la presidenta, tiene un salario bruto mensual de 184 mil con 4 pesos, neto es de 127 mil 882.78 pesos. Comenzó en ese cargo el 16 de octubre de 2024, aunque entró a la Ayudantía desde septiembre de 2021, con López Obrador. 

Ramírez Mendoza es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. De 2017 a 2018 trabajó como coordinador de marketing deportivo en Televisa Radio; de 2019 a 2020 tuvo el mismo puesto en Grupo Radio Centro. 

En 2021 fue coordinador de marketing y contenido digital en “Ramírez Ibarrola Agente de Seguros, SA de CV”, después brincó a la ayudantía que le dio cercanía con López Obrador y ahora dirige el grupo de acompañamiento más cercano para la presidenta Sheinbaum. También declara ser accionista de la empresa Inmochula 40, SA DE CV., que pertenece al sector de la construcción. 

Diana Zitlalli Hernandez Solano, quien comenzó a trabajar el 1 de enero de 2022, aún con Amlo en la Presidencia, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública finalizada en ese año. De 2018 a 2021 trabajó como asesora en el Congreso de la Ciudad de México. Continúa como parte de la Ayudantía, con un puesto de dirección de área y un salario bruto mensual de 90 mil 493 pesos. 

Fernando Martínez Martínez aparece como subdirector de área en la Unidad de Administración y Finanzas. Describe sus funciones como “apoyo personal e inmediato para el desarrollo de actividades públicas de la C. Presidenta”.

Hasta la última actualización en su declaración patrimonial, en mayo de 2025, todavía cursaba la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la UNAM y para obtener el cargo presentó su “boleta”. Antes tuvo experiencia en mercadotecnia en el Grupo Lala y en Grupo Grisi.

Jimena Moreno Zertuche, que aparece con una Dirección de área dentro de la Oficina de Presidencia, tiene un salario bruto mensual de 98 mil 41 pesos, reportado hasta el 30 de junio de 2025. Entró a la Ayudantía en enero de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial, aún cursa la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM. Antes estuvo en el sector privado.

Juan Rodrigo Sandoval, con un sueldo bruto de 95 mil 25 pesos, reportado al 30 de junio de este año, describe que tiene “funciones de coordinación y apoyo logístico para el presidente de la República”, desde noviembre de 2022. De 2018 a 2021 trabajó en la Dirección de Gobierno de la alcaldía Iztacalco. Su primer empleo fue como ejecutivo administrativo en “Aarco Agente de Seguros y Fianzas”. 

Mario Esperanza Domínguez declara un cargo de logística en la Dirección de Área dentro de la Ayudantía. Tiene un salario bruto de 93 mil 510 pesos, ingresó en enero de 2022. Desde 2018 trabajó en el Congreso de la Ciudad de México; previamente fue oficial administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal.

Con el mismo salario aparece Miguel Oscar Casillas Sandoval, quien inició el 15 de octubre de 2024, es decir a partir de esta administración, como asesor jurídico en la Dirección General de Ayudantía. De 2023 a 2024 trabajó en la elaboración de proyectos de sentencia de la ponencia del exministro Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2020 a 2022 fue asesor del ministro presidente de la Corte, Zaldívar, hoy coordinador General de Política y Gobierno. 

Los afortunados

Quienes tienen labores de ayudantía son parte de la Coordinación General de Política y Gobierno, área en la que predominan altos salarios, en especial para los allegados del exministro Zaldívar, pues así como Casillas, también está Carlos Javier Castaños Villaseñor, “auxiliar en la coordinación abogado” en una dirección de área, con un salario de 156 mil 855 mensuales brutos y 109 mil 014.23 pesos. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Zaldívar, también fue su coordinador de oficina cuando presidió la Corte.

Hay otros casos que ejemplifican el trampolín que significa la Ayudantía de la Presidencia. 

Uriel Erazo García es un caso de éxito. Tomó posesión en la Ayudantía el 1 de julio de 2021. Fue de las herencias de AMLO, aunque sólo por mes y medio, debido a que logró brincar a una delegación de la Profeco, con un salario bruto mensual de 85 mil 968 pesos y neto calculado en 59 mil 747.76 pesos. En ese puesto se inició el 1 de diciembre de 2024 y tiene una ingeniería en sistemas automotrices por la Universidad Politécnica de Puebla. 

Su primera experiencia fue en el sector privado, en Anwemex, y tras casi dos años de vacío laboral comenzó como auxiliar administrativo en el Congreso de Puebla y después en la Coordinación Nacional de Becas “Benito Juárez”, en la misma entidad.

Ixchel Xiadani Martínez Ortiz es otra de las personas que logró permanecer en la transición presidencial, dado que inició desde septiembre de 2021 y terminó el 15 de noviembre de 2024. Ahora labora en la gerencia de la Red de Sucursales Noroeste del Banco del Bienestar. De 2018 a 2020 fue asistente legislativa en la Comisión de Defensa Nacional, en el Senado. 

Otro de los casos en los que se puede ver el ideal de quienes ingresan a la ayudantía con el objetivo de colocarse en puestos clave y salarios elevados es el de Alejandro Isauro Martínez, quien ingresó y ascendió en el sexenio anterior, hoy gana un sueldo bruto de 156 mil 855 pesos.

Entre 2017 y 2018 trabajó en Morena como coordinador estatal de defensa del voto. Su recompensa fue ingresar a la Ayudantía de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, para enseguida integrarse a la Comisión Nacional del Agua donde continúa. Su primer empleo en 2016 fue como profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia. 

Entre las atribuciones que tiene la Ayudantía están:
  • Participar en coordinación con las unidades de apoyo técnico competentes en el arreglo de escenarios para el desarrollo de eventos públicos en los que participe la presidenta, donde quiera que se lleven a cabo.
  • Determinar las acciones necesarias para resguardar la integridad de la mandataria federal.
  • Coordinar con los distintos cuerpos de seguridad y personal operativo las estrategias de prevención y seguridad para el desarrollo óptimo de la agenda de la jefa del Ejecutivo federal.
En noviembre de 2022 Proceso publicó que “los jóvenes que sustituyeron al Estado Mayor Presidencial para cuidar al mandatario Andrés Manuel López Obrador de las multitudes formaron parte de la Ayudantía, que terminó por ser la pequeña escuela de formación de servidores públicos que los llevó, de no tener experiencia laboral, a cargos de dirección con salarios entre 80 mil y 116 mil pesos al mes, apenas cinco mil menos que el Ejecutivo federal”. 

La tarde de este martes 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de una agresión sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, pese a la presencia de la Ayudantía.  

La mandataria caminaba a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, que se reallizó en la Secretaría de Educación Pública y que está a cuatro calles de Palacio Nacional. 

La jefa del Ejecutivo reveló que fueron integrantes de la Ayudantía quienes le sugirieron caminar de la sede presidencial a la SEP porque tardarían solo cinco minutos en llegar y en auto serían 20 minutos, sin tomar en consideración que no serían sólo unos minutos debido a los saludos, peticiones y fotos que algunas personas piden al paso de la presidenta. Ese día no sólo ocurrió ese acercamiento: un sujeto la agredió sexualmente ante una tardía reacción de los elementos de la Ayudantía.

A partir del hecho se cuestionó si debía reforzarse la seguridad de la presidenta de México para evitar cualquier escenario de la misma naturaleza. La mandataria dijo que no reforzará su seguridad porque no puede alejarse de la gente y que sólo lo haría en caso de presentarse alguna alerta, como una amenaza contra su integridad. 

Sin embargo, esa vulneración se dio de la única manera en que no le podía ocurrir al expresidente López Obrador, quien creó este “cuerpo de seguridad” para acompañarlo en todos sus actos públicos y terminar como funcionarios con altos salarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Detienen a director de la Policía de Jalapa, Tabasco y a 5 agentes más por vínculos con La Barredora

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 , ,

De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano "N" estaba relacionado con un jefe regional de La Barredora identificado como "El Mosca" o "El 70".

En un operativo desplegado el fin de semana contra la delincuencia organizada, fueron detenidos 51 personas, entre éstas el director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano Vázquez, y cinco agentes en activo, acusados de estar relacionados con La Barredora, brazo armado del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), cuyo liderato se atribuye al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. 

El funcionario y los policías preventivos cayeron en una redada realizada por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica?(FIRT), comando de élite integrado por fuerzas estatales y federales que desde principios de este año combaten la ola de violencia provocada por la agrupación criminal fundada por Hernán Bermúdez, quien fue nombrado en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) Miguel Luciano “N” fue aprehendido este domingo 9 de noviembre en Jalapa, localidad ubicada a 44 kilómetros de la capital Villahermosa. 

El alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández, señaló en sus redes sociales: “En línea con el proyecto del plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Javier May Rodríguez, hacemos público que estamos bajo el modelo de cero tolerancia, cero impunidad. Estamos con el firme compromiso y determinación de rescatar lo que por derecho merecemos todos que es la paz. La nula mano dura en tanto tiempo causó que Jalapa fuera fácil presa de la delincuencia”. 

Miguel Luciano "N" y los cinco efectivos policiacos se encuentran relacionados con hechos violentos ocurridos el 7 de noviembre en el municipio de Macuspana, donde fueron asesinadas tres mujeres en la ranchería El Castaño. 

En su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que el fin de semana hubo un operativo que dejó como saldo la detención de 51 "generadores de violencia", entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública de Jalapa y cinco efectivos más. Los detenidos, agregó, pertenecían a dos células del crimen organizado. 

De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano "N" estaba relacionado con un jefe regional de La Barredora identificado como "El Mosca" o "El 70".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.

Estigmatización contra Carlos González se produce en un contexto de creciente criminalización de defensores indígenas: FLD

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Las declaraciones de la diputada Judith Vanegas contra el abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI) Carlos González García se producen «en un contexto de creciente estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas que trabajan para proteger a sus comunidades y salvaguardar sus derechos ancestrales sobre la tierra en México», denunció la organización Front Line Defenders.

En un comunicado, la organización manifestó su preocupación ante los comentarios que Vanegas, diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, realizó el pasado 30 de octubre en la transmisión de una reunión de trabajo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Estudios Prospectivos de la Ciudad de México y otras autoridades.

Durante su intervención, Vanegas «aprovechó la oportunidad para hacer comentarios estigmatizantes contra el defensor de derechos humanos, Carlos González García», entre ellas la acusación de que es un «“enemigo histórico de todo lo que se intenta hacer” (por parte del gobierno), alegando que incita a los pueblos y comunidades indígenas», resumió FLD.

La diputada también se refirió al trabajo de González en contra de los proyectos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México y afirmó que «sí, tenemos que ver esto», en referencia al defensor. «Además, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum “sabe quién es él, sabe que se va a levantar”, dando a entender que lo considera un obstáculo para los proyectos del gobierno», declaraciones que, aseguró la organización, «se hicieron claramente en el contexto del trabajo de Carlos González García como defensor de los derechos humanos».

FLD aseguró que los comentarios de Vanegas contribuyen a crear «un ambiente de estigmatización» contra Carlos González García, lo que constituye una amenaza para su trabajo como defensor y aumenta el riesgo «para su vida, integridad y seguridad, especialmente tomando en cuenta el contexto de alto riesgo en el que sigue trabajando, en particular en Milpa Alta, donde las comunidades a las que Carlos García acompaña como abogado se enfrentan a riesgos debido a disputas territoriales y las crecientes presiones urbanísticas e inmobiliarias que amenazan las tierras comunales indígenas».

La organización urgió a las autoridades cesar toda estigmatización en contra González García y que se reconozca públicamente su labor de defensa de derechos humanos, así como que se adopten las medidas «necesarias y urgentes» para garantizar que los funcionarios del gobierno «se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen la labor de defensa de derechos humanos», especialmente de los defensores de la tierra, territorio y de pueblos indígenas.

Finalmente, FLD llamó a que se garantice en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México lleven a cabo su labor «de manera legítima, sin temor a represalias y sin restricciones».

COMUNICADO:

El 30 de octubre de 2025 la diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia realizó declaraciones estigmatizantes en contra del defensor de derechos humanos y abogado de luchas indígenas, Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Carlos Gonzalez García es un defensor de derechos humanos de México, abogado de comunidades indígenas, fundador e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI). Es uno de los abogados más reconocidos en el sector agrario y ha apoyado a las comunidades en diversos procesos de resistencia indígena contra el despojo, los megaproyectos y la violencia estructural. Ha sido el abogado durante muchos años de las comunidades de Milpa Alta, en la Ciudad de México.

El 30 de octubre de 2025, se transmitió en la página oficial de Facebook del Congreso de la Ciudad de México una reunión de trabajo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Estudios Prospectivos de la Ciudad de México y otras autoridades, en donde se abordó la planeación territorial de la ciudad. Sin embargo, durante esa reunión, la diputada de Morena Judith Vanega Tapia aprovechó la oportunidad para hacer comentarios estigmatizantes contra el defensor de derechos humanos, Carlos González García. Se refirió al defensor de derechos humanos como “enemigo histórico de todo lo que se intenta hacer” (por parte del gobierno), alegando que incita a los pueblos y comunidades indígenas. Judith Vanega también se refirió a su trabajo en contra de los proyectos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, afirmó que “sí, tenemos que ver esto”, refiriéndose al defensor. Además, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum “sabe quién es él, sabe que se va a levantar”, dando a entender que lo considera un obstáculo para los proyectos del gobierno (estas declaraciones se hicieron claramente en el contexto del trabajo de Carlos González García como defensor de los derechos humanos).

Estos comentarios contribuyen a crear un ambiente de estigmatización contra Carlos González García, lo que constituye una amenaza para su trabajo como defensor de los derechos humanos. También aumentan el riesgo para su vida, integridad y seguridad, especialmente tomando en cuenta el contexto de alto riesgo en el que sigue trabajando, en particular en Milpa Alta, donde las comunidades a las que Carlos García acompaña como abogado se enfrentan a riesgos debido a disputas territoriales y las crecientes presiones urbanísticas e inmobiliarias que amenazan las tierras comunales indígenas. Los comentarios se producen también en un contexto de creciente estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas que trabajan para proteger a sus comunidades y salvaguardar sus derechos ancestrales sobre la tierra en México, una tendencia que ha sido ampliamente documentada por Front Line Defenders.

Front Line Defenders expresa su preocupación por los comentarios que estigmatizan al defensor de derechos humanos Carlos González García. Front Line Defenders expresa su preocupación que estas declaraciones puedan deslegitimar su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Front Line Defenders recuerda la obligación de las autoridades mexicanas de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y generar un ambiente libre de agresiones para el ejercicio pleno de su labor.

Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades mexicanas a:

1. Cesar toda estigmatización en contra del defensor de derechos humanos, Carlos González García y que se reconozca públicamente su labor de defensa de derechos humanos.

2. Que se adopten las medidas necesarias y urgentes para garantizar que las y los funcionarios del gobierno se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de las personas defensoras de la tierra, territorio y de pueblos indígenas.

3. Que se garantice en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México , especialmente de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, tierra y territorio puedan llevar a cabo su labor de manera legítima, sin temor a represalias y sin restricciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Capo sinaloense ‘Don Neto’ reclama devolución de dinero que le quitaron tras ser capturado en 1985

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 ,

El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, de 94 años de edad -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”-, solicitó un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) levante el aseguramiento de sus cuentas, los bancos calculara los montos correspondientes y le devolvieran los recursos que le quitaron tras su captura, el 7 de abril de 1985.

No obstante, según lo informó el diario Reforma -el 9 de noviembre de 2025-, Gabriela Sandoval Saavedra, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda, argumentando que antes Fonseca Carrillo presentó una inconformidad ante un Tribunal Colegiado y que primero debería resolverse dicho recurso, antes de darle cauce a su amparo.

El capo sinaloense impugnó el desechamiento con un recurso de queja con el que pretendía que un Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenara admitir la demanda. Sin embargo, en su amparo, “Don Neto” no precisó la cantidad de recursos que tenía en sus cuentas, al momento de ser detenido, ni las instituciones bancarias donde las contrató.

Según Reforma, el capo sinaloense demandó que la vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisara que los bancos responsables realizaran “un debido cumplimiento de los cálculos de los montos que deberán ser entregados”.

Fonseca Carrillo purgó una condena de 40 años de prisión por el caso del secuestro, tortura y ejecución, perpetrado en febrero de 1985, de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), así como del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar.

Según lo reveló el diario Reforma, basado en fuentes de autoridades federales, “Don Neto” quedó libre el sábado 5 de abril de 2025. “También es el único que libró la extradición, ya que en 2015 el entonces canciller José Antonio Meade [Kuribreña] negó su entrega a Estados Unidos porque ya había sido juzgado y sentenciado en México por el asesinato del agente”, señaló el citado rotativo.

“‘El día 5 de abril compurgó su pena y no había más cosas por cumplimentar, ni en los estados’, dijo un funcionario federal relacionado al caso. En contraste, Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’, fue enviado a EU el 27 de febrero [de 2025], y Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, aunque el año entrante cumplirá su condena de 37 años por el mismo asunto, quedará libre hasta 2029, por una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho”, detalló el Reforma.

“Ahora, con 18 enfermedades diagnosticadas, incluidas artritis, pérdida de visión y un tumor en el colon, el capo tiene el derecho a desplazarse en territorio nacional sin obstáculo alguno”, abundó el citado rotativo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 10, 2025 / Comentarios: 0 ,

A cuatro años del enfrentamiento público entre Ricardo Monreal y el entonces Gobernador Cuitláhuac García por la detención de José Manuel del Río Virgen, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —donde el excolaborador cercano a Monreal ocupa un cargo clave— reportó que en el último año de gobierno de Cuitláhuac Veracruz registró un probable y millonario daño a la Hacienda Pública Federal; además, hoy, Del Río Virgen suena entre los posibles aspirantes a dirigir la institución.

El viernes 24 diciembre de 2021, el poderoso Senador Ricardo Monreal Ávila apareció en Veracruz. Iba decidido a rescatar a su amigo y entonces secretario técnico en la Jucopo, el emecista José Manuel del Río Virgen acusado de homicidio doloso calificado contra Remigio Tovar, quien fuera candidato a la Alcaldía de Cazones, Veracruz. Ese día, Monreal se lanzó contra del Gobernador de su propio partido, Cuitláhuac García. “Nos preocupa la seguridad de José Manuel Del Río y de todos […] Es muy endeble la acusación. No hay nada que lo involucre en este tipo de circunstancias”expresó.

—¿Ahí es donde ustedes dicen que puede haber una fabricación total? —le cuestionó una reportera de Veracruz.

—Yo lo sostengo, replicó Monreal.

Han pasado cuatro años desde entonces. Cuitláhuac García tiene un cargo menos visible, es Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y Monreal sigue manteniendo poder dentro de Morena, ahora como coordinador de los diputados guindas. Sus tentáculos son tan amplios que llegan hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con José Manuel Río Virgen, actual director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría. Pero no sólo eso, desde hace varios meses, Del Río Virgen es uno de los más visibles aspirantes a presidir esa institución.

Del Río Virgen llegó a la ASF en febrero pasado junto con otros colaboradores cercanos a Monreal. Ocho meses después, en el informe más reciente, la Auditoría señaló que el gobierno de Veracruz figura entre los estados con mayores irregularidades y observaciones. En particular, expone que durante el último año de gestión de Cuitláhuac García Jiménez se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de mil 78 millones de pesos en erogaciones destinadas al sector Salud, una cifra que –según se indica en el informe– equivaldría al 11 por ciento de los recursos federales recibidos para atender esa área.

La observación escaló a oídos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que fue cuestionada sobre las supuestas irregularidades detectadas por la Auditoría en la gestión de Cuitláhuac García. Sheinbaum se negó profundizar sobre el tema y se limitó a respaldar al exgobernador veracruzano.
“No hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la Auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder; y en caso de que hubiera algunas irregularidades, tienen que seguir su proceso”, respondió la mandataria.
Lo cierto es que esta disputa, que escaló hasta la conferencia de prensa mañanera, ha sido alimentada desde el organismo fiscalizador que encabeza un personaje como David Colmenares Páramo, señalado por operar desde una lógica en la que imperan los favores políticos en vez de la fiscalización de recursos, y que se dice que buscaría reelegirse tras culminar su periodo de ocho años el próximo 8 de marzo, sin embargo, otro de los nombres que suena y se perfila fuertemente es precisamente José Manuel del Río Virgen, aliado de Monreal.
“Después de Colmenares puede llegar cualquiera, no nada más esta persona (José Manuel del Río Virgen). Imagínate: ¡el botín del siglo!. Es un botín porque permite el desvío y el robo. Al dejar de observar o permitir como un favor a cambio, hay un efecto corruptor con los estados y municipios. Lo más triste es que el dinero que debería ocuparse para la población se está esfumando. Es un pleito; no quiero ni imaginarme hasta dónde va a llegar. La moneda está en el aire”, advirtió, por ejemplo, la auditoria forense Muna Dora Buchahin, despedida por Colmenares de la Dirección Federal de Auditorías Forenses y que hoy también busca contender por la titularidad de la ASF.
Pero no sólo ella señala los riesgos y la posibilidad de que un personaje como José Manuel del Río Virgen asuma frente a la Auditoría.

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó tajantemente que Del Río Virgen, pueda ser siquiera considerado para ocupar un cargo en la Auditoría, a acusarlo de tener vínculos con el crimen.

“¿Cómo va a ser si estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada? Parto de ahí, pero bueno, no sé que vayan a decidir, señaló con asombro la mandataria en entrevista en “Los Periodistas”.


El caso y su defensa

Fue el 22 de diciembre de 2021 cuando José Manuel del Río Virgen, entonces secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, acusado de presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.

Su captura generó de inmediato una fuerte reacción política, encabezada por Ricardo Monreal, quien en ese momento coordinaba a los senadores de Morena y mantenía una estrecha relación con Del Río, su colaborador más cercano en la Jucopo. El senador zacatecano calificó el arresto como una “persecución política” y lo describió como “un hecho maquinado, inventado y construido artificialmente, un ejemplo más del abuso de poder en Veracruz”.
En ese entonces, a pesar de los festejos navideños, Monreal viajó el 24 de diciembre a Veracruz acompañado por el senador y líder emecista Dante Delgado con la intención de visitar a Del Río, recluido en el penal de Pacho Viejo bajo prisión preventiva, aunque no se les permitió el acceso: “Vengo a Veracruz a cerrar filas con la gente dolida, lastimada, por eso estoy aquí, hoy 24 de diciembre. Le pido a mi familia que me disculpe, pero siempre me llama el deber. Hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pacho Viejo, entre otros a mi querido amigo José Manuel del Río Virgen, pero también a todos los que están detenidos injustamente”, escribió entonces en sus redes sociales.
Pero sus esfuerzos no quedaron ahí. En los días siguientes, Monreal anunció la creación de una Comisión Especial del Senado para investigar “probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho” en el caso de Del Río Virgen. La comisión fue presidida por Dante Delgado e integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas: Eduardo Ramírez (Morena, hoy gobernador de Chiapas), Miguel Ángel Mancera (PRD), Julen Rementería (PAN), Beatriz Paredes (PRI), Raúl Bolaños (PVEM) y Sasil de León (PES).

El exgobernador zacatecano mantuvo su respaldo político y personal a Del Río durante todo el proceso judicial: “La amistad, valor incalculable; la lealtad, principio invariable. He recibido cartas y mensajes de personas que sufren, fueron humilladas y tienen algún familiar inocente preso; estamos revisando. Nuestra plena solidaridad con José Manuel del Río Virgen y su familia. La justicia llegará”, escribió Monreal el 29 de diciembre de 2021.

Del Río permaneció 178 días preso en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, hasta el 17 de junio de 2022, cuando fue liberado por falta de pruebas que lo vincularan al asesinato de René Tovar. Un día después, Monreal celebró su liberación e informó que lo reincorporaría como secretario técnico en la Jucopo. Del Río, por su parte, aseguró que el entonces gobernador Cuitláhuac García lo había “secuestrado durante seis meses”.
El nombre de José Manuel del Río Virgen se mantuvo bajo perfil en los últimos años, pero volvió a cobrar relevancia a inicios de 2025, cuando comenzaron los movimientos en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El 5 de febrero se aprobaron varios cambios dentro del órgano fiscalizador, en una propuesta firmada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Entre los nombramientos se destacaba el de de Nélida Nayethzy Chavero Becerril, en la Dirección de Evaluación del Desempeño, y el de José Manuel del Río Virgen, designado al frente de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica.

Aunque Del Río no ha expresado públicamente su intención de competir por la titularidad de la ASF, y Monreal no ha manifestado un respaldo de manera pública, su nombre comenzó a aparecer desde abril –y ha continuado– en columnas locales y nacionales como posible aspirante y “alfil” del senador zacatecano para la sucesión.
Varios perfiles han mostrado abiertamente su interés en la contienda. Entre ellos, Emilio Barriga Delgado, quien hasta octubre se desempeñaba como Auditor Especial del Gasto Federalizado, pero además también se menciona la posibilidad de que el actual titular, David Colmenares, busque la reelección, una posibilidad que incluso generó que diputados de Morena, como Alfonso Ramírez Cuéllar, presentaran el 23 de septiembre una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La propuesta busca eliminar la reelección tanto del titular de la ASF como de la Unidad de Evaluación y Control (UEC).
“La no reelección del auditor o auditora superior de la Federación y de la persona titular de la UEC garantiza la renovación institucional y evita la perpetuación de intereses particulares en la fiscalización del gasto público”, señala el documento legislativo, que además argumenta que la medida fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales del combate a la corrupción.


En medio de esta próxima sucesión, la auditora forense Muna Dora Buchachin —quien también ha manifestado interés en participar— consideró que será la Presidenta Claudia Sheinbaum debería para asegurar que la elección se mantenga libre de influencias políticas. “De entrada hay que ver cuándo se publica la convocatoria para todos los que tenemos interés en estar. Pero, por supuesto, vamos a asegurarnos de que no haya mano metida, porque se sabe cuando ya está la mano metida. Eso es lo que no quisiéramos. Y bueno, eso nada más lo puede definir una persona en este país, que es la Presidenta”, señaló.

Y es que, si bien la auditora aclaró que, aunque el proceso corresponde al Poder Legislativo, no se trata de que haga una intervención directa del Ejecutivo, sino de la responsabilidad política que implica formar parte de un partido que se asume contrario a la corrupción:
“Y no porque ella se meta en el Poder Legislativo, sino porque forma parte de un partido que se presupone está contra la corrupción y que tiene una estrategia. Vamos a ver si el reto hacia ella de qué tamaño es, porque sí está desangrándose todo y hay un grupo muy grande que se quiere seguir siendo parte de la Auditoría. De tal manera, te puedo decir que, si la desaparecieran en lugar de sostenerla, no solamente se ahorrarían 25 mil millones del presupuesto, sino que también se quitarían mil problemas de corrupción que les cuestan a los estados. Fíjate qué terrible tener un análisis tan lamentable de lo que es la corrupción funcional en relación con lo que se pudo haber hecho mejor”, destacó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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