José Antonio Pérez Bravo ocupa el segundo cargo más alto en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías. Desde ahí puede revisar sentencias que cuestionan al Estado mexicano, incluido el caso de la abogada asesinada.
De acuerdo con el directorio de la Corte, Pérez Bravo tiene el cargo de secretario de Estudio y Cuenta coordinador de la ponencia de la ministra Sara Irene. Es decir que ocupa el segundo puesto más alto en dicha ponencia, sólo por debajo de la ministra.
Ahora, desde el Máximo Tribunal del país no solo tiene bajo su cargo coordinar la elaboración de proyectos de sentencia, como el que resolverá el tema de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al país por el caso García Rodríguez y otro vs México, sino además la posibilidad de revisar la propia sentencia que dicho organismo internacional elaboró sobre el caso Digna Ochoa, en el que concluyó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos.
Animal Político buscó al equipo de comunicación social de la Suprema Corte, para conocer los motivos para la contratación de Pérez Bravo y sobre el posible conflicto de interés que pueda haber al momento de resolver asuntos de interés nacional, como los descritos, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta alguna.
El caso Digna Ochoa: 24 años de impunidad
Al momento de ser encontrado, su cuerpo tenía dos heridas de bala calibre .22. Un orificio en la cabeza y otro en la pierna que le traspasó por completo el cuerpo.
El 19 de julio de 2002, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Digna Ochoa había cometido “suicidio disimulado”, al que se le quiere dar apariencia de homicidio, provocada por una fuerte depresión.
Margarita Guerra y Tejada, la primera fiscal del caso encargada de la investigación, dijo que esta conclusión estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”, pero reconoció que un supuesto diario íntimo y diversos correos electrónicos que la abogada envió a sus amigos fueron los hechos más contundentes para concluir que se trató de un suicidio.
“Ella nos hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de periodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialistas pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó”, dijo.
Cuatro años después de su muerte, la familia de Digna Ochoa pidió que su cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Una nueva indagatoria concluyó que no era posible descartar el asesinato, pero no se culpó ni procesó a nadie.
Las masacres de Aguas Blancas y El Charco, entre los casos que defendió Digna Ochoa
Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. A los 20 años, se graduó como licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana, desde donde comenzó a desempeñarse en la protección de derechos humanos y personas de escasos recursos.
Desde el inicio de su carrera trabajó casos de violaciones graves a derechos humanos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 1991 se mudó al entonces Distrito Federal y comenzó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro Prodh, organización desde la que llevó casos como el de la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado en el que policías y agentes judiciales asesinaron a 17 campesinos en Guerrero, o la masacre de El Charco, en la que 11 jóvenes —supuestamente guerrilleros — fueron ejecutados por soldados.
Por este tipo de casos, Digna Ochoa fue víctima de diversas amenazas o secuestros. La primera vez que recibió amenazas de muerte fue en 1996. Tres años después, el 9 de agosto de 1999, fue la primera vez que personas desconocidas la privaron de su libertad durante cuatro horas: la sacaron de su casa para interrogarla por los casos que tenía en sus manos y le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales.
El 11 de noviembre de 1999, la CIDH sometió a la CoIDH una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. El organismo urgió al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada, quien decidió autoexiliarse en Washington, Estados Unidos, por miedo a ser asesinada.
Después de casi dos años, la CoIDH dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro Prodh. Así, en abril de 2001, regresó a México y continuó con la defensa de dos ecologistas campesinos en Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que se opusieron a la tala de bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán, por lo que fueron detenidos y torturados por militares, pero no pudo terminar el caso debido a que en medio del proceso fue asesinada.
La participación de Pérez Bravo en el caso Digna Ochoa
Entre el año 2002 y 2004, el fiscal José Antonio Pérez Bravo estuvo a cargo de las investigaciones ministeriales de la fiscalía especial encargada de investigar la muerte de la defensora, que formaba parte de la entonces PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz —actual magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Desde entonces, el Estado mexicano trabajó la investigación por la muerte de Digna Ochoa en el ámbito penal, misma que duró cerca de 10 años, en la que se le practicaron diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos, entre otros procedimientos, pero no cambiaron en sustancia la conclusión del supuesto suicidio.
En su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación cometidas en la primera etapa de la indagatoria, que determinó que la muerte de Digna Ochoa fue por supuesto suicidio, entre las que encontró omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas balísticas.
La CIDH emitió un comunicado el 18 de febrero de 2020 donde anunció que el 2 de octubre del 2019 envió el caso de la defensora Digna Ochoa a la CoIDH para su estudio y, en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado mexicano.
El lunes 26 de abril de 2021, jueces de la Corte Interamericana cuestionaron la resolución de la PGJDF sobre el supuesto suicidio de Digna Ochoa, durante un interrogatorio realizado a José Antonio Pérez Bravo, en la que fue presentado como testigo de descargo por parte del Estado mexicano.
Ahí, Pérez Bravo reconoció que los expedientes integrados por la entonces PGR —por las amenazas, secuestros y asesinato de Digna Ochoa— solo fueron utilizados como “contexto” en la indagatoria sobre su muerte, sin abundar en si las averiguaciones en la instancia federal concluyeron con la sanción de los responsables, según una nota publicada por el semanario Proceso.
Además, cuestionado sobre la posibilidad de que una persona que pretendía suicidarse se colocara guantes de látex para disparar en tres ocasiones, el exfiscal dijo que, de acuerdo con los peritajes, Digna Ochoa habría tirado un primer disparo al sillón, sobre el que quedó recargado su rostro, “para hacer prueba de sonido, y verificar si se acercaba una persona, el segundo en la pierna y el tercero en el cráneo”.
Pérez Bravo también señaló que en las pruebas periciales salió que Digna Ochoa no tenía rastros de pólvora en las manos debido los guantes de látex y que el orificio de entrada del proyectil en la cabeza fue en la región parental izquierda, “de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba”.
La jueza Elizabeth Odio Benito, entonces presidenta de la CoIDH, cuestionó al exfuncionario sobre el detalle de los guantes y el área donde entró la bala letal, pues dijo que era hecho sabido que Digna Ochoa era diestra.
—¿Una persona que se va a suicidar se pone guantes? —le preguntó.
—En el caso, así fue —respondió el exfiscal.
—Para dispararse en la parte izquierda, tendría que haber sido zurda, ¿era así? —insistió la jueza.
—No lo recuerdo —reconoció Pérez Bravo.
Familia de Digna pide investigar al exfiscal Pérez Bravo
El 28 de abril de 2021 se emitió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional en el caso de Digna Ochoa, por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada, y acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora.
El 25 de noviembre de 2021, la CoIDH dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ordenándole llevar a cabo distintas acciones de reparación y no repetición.
Cuatro años después de la sentencia, recién el pasado 3 de septiembre de 2025, la familia de Digna Ochoa denunció que el Estado mexicano ha incumplido las medidas de reparación del daño, por lo que pidieron acatar la orden de abrir el caso para encontrar a los responsables y encontrar las omisiones en que incurrieron funcionarios públicos.
“Nosotros pedimos particularmente que se investigue al fiscal Renato Sales Heredia que en su momento fue el creador —a mediados del 15 de diciembre de 2001— de la hipótesis del ‘suicidio simulado’. Posteriormente que se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, y posteriormente se investigue a José Antonio Pérez Bravo, a Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque ellos fueron los responsables de la investigación en su momento”, señaló Jesús Ochoa, hermano de Digna, según lo documentaron medios como Once Noticias y La Jornada.
Los casos emblema de la Corte que están en manos del exfiscal Pérez Bravo
El pasado mes de julio, tras llevarse a cabo las primeras elecciones judiciales, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos que trabajó durante más de ocho años para la extinta PGR y ahora Fiscalía General de la República (FGR), logró la novena y última posición para ser ministra de la Suprema Corte, tras recibir poco más de 3 millones de votos.
Un lugar que ocupará por ocho años a pesar de contar con un historial de impunidad de más del 90 % de los casos que llegaron a la oficina a su cargo y denuncias dadas a conocer por primera vez por Animal Político sobre trabajadores de la FGR que aseguraron que altos mandos les pidieron dinero para apoyar sus aspiraciones para ser ministra en la Corte, mismas que culminaron en la destitución de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa.
Al llegar a la nueva Corte, la ahora ministra recibió la oportunidad de resolver casos emblemáticos para el país, tramitados incluso por y contra las dependencias para la que trabajó como fiscal.
Entre esos casos emblemáticos que tiene en sus manos la ministra Sara Irene, y por ende el exfiscal Pérez Bravo, está el expediente 3/2023, relativo a la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Desde el Máximo Tribunal del país, la ponencia de la ministra Sara Irene y el exfiscal Pérez Bravo también podría participar en la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso Digna Ochoa, por el que el Estado mexicano de igual forma fue sentenciado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
