Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Llega a la Corte exfiscal acusado de omisiones en caso Digna Ochoa; trabaja en la ponencia de la ministra Sara Irene

José Antonio Pérez Bravo ocupa el segundo cargo más alto en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías. Desde ahí puede revisar sentencias que cuestionan al Estado mexicano, incluido el caso de la abogada asesinada.

El exfiscal José Antonio Pérez Bravo, acusado por presuntas omisiones y negligencia en la investigación del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa, consiguió trabajo en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el directorio de la Corte, Pérez Bravo tiene el cargo de secretario de Estudio y Cuenta coordinador de la ponencia de la ministra Sara Irene. Es decir que ocupa el segundo puesto más alto en dicha ponencia, sólo por debajo de la ministra.

Ahora, desde el Máximo Tribunal del país no solo tiene bajo su cargo coordinar la elaboración de proyectos de sentencia, como el que resolverá el tema de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al país por el caso García Rodríguez y otro vs México, sino además la posibilidad de revisar la propia sentencia que dicho organismo internacional elaboró sobre el caso Digna Ochoa, en el que concluyó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos.

Animal Político buscó al equipo de comunicación social de la Suprema Corte, para conocer los motivos para la contratación de Pérez Bravo y sobre el posible conflicto de interés que pueda haber al momento de resolver asuntos de interés nacional, como los descritos, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta alguna.

El caso Digna Ochoa: 24 años de impunidad

La tarde del viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, en la colonia Roma, que se encuentra en pleno corazón de la Ciudad de México.

Al momento de ser encontrado, su cuerpo tenía dos heridas de bala calibre .22. Un orificio en la cabeza y otro en la pierna que le traspasó por completo el cuerpo.

El 19 de julio de 2002, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Digna Ochoa había cometido “suicidio disimulado”, al que se le quiere dar apariencia de homicidio, provocada por una fuerte depresión.

Margarita Guerra y Tejada, la primera fiscal del caso encargada de la investigación, dijo que esta conclusión estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”, pero reconoció que un supuesto diario íntimo y diversos correos electrónicos que la abogada envió a sus amigos fueron los hechos más contundentes para concluir que se trató de un suicidio.

“Ella nos hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de periodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialistas pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó”, dijo.

Cuatro años después de su muerte, la familia de Digna Ochoa pidió que su cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Una nueva indagatoria concluyó que no era posible descartar el asesinato, pero no se culpó ni procesó a nadie.

Las masacres de Aguas Blancas y El Charco, entre los casos que defendió Digna Ochoa

Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. A los 20 años, se graduó como licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana, desde donde comenzó a desempeñarse en la protección de derechos humanos y personas de escasos recursos.

Desde el inicio de su carrera trabajó casos de violaciones graves a derechos humanos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En 1991 se mudó al entonces Distrito Federal y comenzó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro Prodh, organización desde la que llevó casos como el de la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado en el que policías y agentes judiciales asesinaron a 17 campesinos en Guerrero, o la masacre de El Charco, en la que 11 jóvenes —supuestamente guerrilleros — fueron ejecutados por soldados.

Por este tipo de casos, Digna Ochoa fue víctima de diversas amenazas o secuestros. La primera vez que recibió amenazas de muerte fue en 1996. Tres años después, el 9 de agosto de 1999, fue la primera vez que personas desconocidas la privaron de su libertad durante cuatro horas: la sacaron de su casa para interrogarla por los casos que tenía en sus manos y le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales.

Debido a este tipo de situaciones, el 7 de septiembre de 1999 decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro Prodh. Dos meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa, ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos.

El 11 de noviembre de 1999, la CIDH sometió a la CoIDH una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. El organismo urgió al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada, quien decidió autoexiliarse en Washington, Estados Unidos, por miedo a ser asesinada.

Después de casi dos años, la CoIDH dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro Prodh. Así, en abril de 2001, regresó a México y continuó con la defensa de dos ecologistas campesinos en Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que se opusieron a la tala de bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán, por lo que fueron detenidos y torturados por militares, pero no pudo terminar el caso debido a que en medio del proceso fue asesinada.

La participación de Pérez Bravo en el caso Digna Ochoa

Entre el año 2002 y 2004, el fiscal José Antonio Pérez Bravo estuvo a cargo de las investigaciones ministeriales de la fiscalía especial encargada de investigar la muerte de la defensora, que formaba parte de la entonces PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz —actual magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Desde entonces, el Estado mexicano trabajó la investigación por la muerte de Digna Ochoa en el ámbito penal, misma que duró cerca de 10 años, en la que se le practicaron diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos, entre otros procedimientos, pero no cambiaron en sustancia la conclusión del supuesto suicidio.

En su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación cometidas en la primera etapa de la indagatoria, que determinó que la muerte de Digna Ochoa fue por supuesto suicidio, entre las que encontró omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas balísticas.

La CIDH emitió un comunicado el 18 de febrero de 2020 donde anunció que el 2 de octubre del 2019 envió el caso de la defensora Digna Ochoa a la CoIDH para su estudio y, en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado mexicano.

El lunes 26 de abril de 2021, jueces de la Corte Interamericana cuestionaron la resolución de la PGJDF sobre el supuesto suicidio de Digna Ochoa, durante un interrogatorio realizado a José Antonio Pérez Bravo, en la que fue presentado como testigo de descargo por parte del Estado mexicano.

Ahí, Pérez Bravo reconoció que los expedientes integrados por la entonces PGR —por las amenazas, secuestros y asesinato de Digna Ochoa— solo fueron utilizados como “contexto” en la indagatoria sobre su muerte, sin abundar en si las averiguaciones en la instancia federal concluyeron con la sanción de los responsables, según una nota publicada por el semanario Proceso.

Además, cuestionado sobre la posibilidad de que una persona que pretendía suicidarse se colocara guantes de látex para disparar en tres ocasiones, el exfiscal dijo que, de acuerdo con los peritajes, Digna Ochoa habría tirado un primer disparo al sillón, sobre el que quedó recargado su rostro, “para hacer prueba de sonido, y verificar si se acercaba una persona, el segundo en la pierna y el tercero en el cráneo”.

Pérez Bravo también señaló que en las pruebas periciales salió que Digna Ochoa no tenía rastros de pólvora en las manos debido los guantes de látex y que el orificio de entrada del proyectil en la cabeza fue en la región parental izquierda, “de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba”.

La jueza Elizabeth Odio Benito, entonces presidenta de la CoIDH, cuestionó al exfuncionario sobre el detalle de los guantes y el área donde entró la bala letal, pues dijo que era hecho sabido que Digna Ochoa era diestra.

—¿Una persona que se va a suicidar se pone guantes? —le preguntó.

—En el caso, así fue —respondió el exfiscal.

—Para dispararse en la parte izquierda, tendría que haber sido zurda, ¿era así? —insistió la jueza.

—No lo recuerdo —reconoció Pérez Bravo.

Familia de Digna pide investigar al exfiscal Pérez Bravo

El 28 de abril de 2021 se emitió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional en el caso de Digna Ochoa, por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada, y acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora.

El 25 de noviembre de 2021, la CoIDH dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ordenándole llevar a cabo distintas acciones de reparación y no repetición.

Cuatro años después de la sentencia, recién el pasado 3 de septiembre de 2025, la familia de Digna Ochoa denunció que el Estado mexicano ha incumplido las medidas de reparación del daño, por lo que pidieron acatar la orden de abrir el caso para encontrar a los responsables y encontrar las omisiones en que incurrieron funcionarios públicos.

“Nosotros pedimos particularmente que se investigue al fiscal Renato Sales Heredia que en su momento fue el creador —a mediados del 15 de diciembre de 2001— de la hipótesis del ‘suicidio simulado’. Posteriormente que se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, y posteriormente se investigue a José Antonio Pérez Bravo, a Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque ellos fueron los responsables de la investigación en su momento”, señaló Jesús Ochoa, hermano de Digna, según lo documentaron medios como Once Noticias y La Jornada.

Los casos emblema de la Corte que están en manos del exfiscal Pérez Bravo

El pasado mes de julio, tras llevarse a cabo las primeras elecciones judiciales, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos que trabajó durante más de ocho años para la extinta PGR y ahora Fiscalía General de la República (FGR), logró la novena y última posición para ser ministra de la Suprema Corte, tras recibir poco más de 3 millones de votos.

Un lugar que ocupará por ocho años a pesar de contar con un historial de impunidad de más del 90 % de los casos que llegaron a la oficina a su cargo y denuncias dadas a conocer por primera vez por Animal Político sobre trabajadores de la FGR que aseguraron que altos mandos les pidieron dinero para apoyar sus aspiraciones para ser ministra en la Corte, mismas que culminaron en la destitución de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa.

Al llegar a la nueva Corte, la ahora ministra recibió la oportunidad de resolver casos emblemáticos para el país, tramitados incluso por y contra las dependencias para la que trabajó como fiscal.

Entre esos casos emblemáticos que tiene en sus manos la ministra Sara Irene, y por ende el exfiscal Pérez Bravo, está el expediente 3/2023, relativo a la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

Desde el Máximo Tribunal del país, la ponencia de la ministra Sara Irene y el exfiscal Pérez Bravo también podría participar en la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso Digna Ochoa, por el que el Estado mexicano de igual forma fue sentenciado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Violencia deja 12 homicidios durante fin de semana en Sinaloa

Entre los eventos registrados, en Culiacán abandonan un cuerpo a unos metros de la Fiscalía del Estado.

El fin de semana último dejó en el estado 12 asesinatos, entre los que destacan dos agentes de Tránsito Municipal y un cuerpo abandonado a unos metros de la Fiscalía Estatal, ambos casos en la capital sinaloense. 

El homicidio de los agentes de vialidad en Culiacán ocurre el viernes último que tuvo jornada de cinco homicidios dolosos, aunque según el reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) el caso de los elementos de tránsito será investigado bajo la modalidad de “agresión a la autoridad”.

Al día siguiente el reporte marcó tres homicidios más, dos de ellos en Culiacán y uno en Navolato, en la comunidad de Villa Juárez. Este tomo fue un adolescente de 14 años. 

Para el domingo se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la Fiscalía Estatal en Culiacán. En el lugar fue encontrado un mensaje dirigido al vicefiscal Damaso Castro Saavedra. Los hechos se registraron la noche de ese domingo en una zona de mucho tránsito vehicular y a 100 metros de la sede de la FGE sin que hubieran detenidos. Ese día se reportaron cuatro homicidios dolosos en la entidad.

En total en Sinaloa hubo registro de 12 personas asesinadas entre el viernes y domingo últimos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Detienen a “La Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles cateados permanecen sellados y bajo resguardo policial.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, notificó sobre la detención de Verónica “N”, alias “La Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac, así como de otros tres integrantes de dicha organización delictiva. 

En su cuenta de X, el funcionario precisó que durante el operativo las autoridades aseguraron más de mil dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Paralelamente, la SSC emitió un comunicado en el que detalló que en la diligencia participaron sus uniformados, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.  

Los uniformados cumplieron dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas.  

En el primer domicilio, ubicado en la calle Traviata, fueron detenidos dos hombres de 23 y 42 años y una mujer de 41, junto con 109 bolsas de marihuana, 487 dosis de cocaína y 84 de metanfetamina.  

En el segundo inmueble, en avenida Porvenir, se detuvo a una Verónica “N”, de 31 años, identificada por las autoridades como probable líder de la célula, quien tenía en su poder 97 dosis de marihuana, 200 gramos y 53 dosis de metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína y 97 bolsitas de cocaína en piedra, además de un teléfono celular. 

De acuerdo con las indagatorias reveladas por la dependencia, los detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la venta de drogas, la extorsión y el homicidio en Tláhuac, Iztapalapa y algunos municipios del Estado de México.  

La mujer de 31 años también estaría vinculada con préstamos de dinero bajo la modalidad de gota a gota y despojo de predios, además, cuenta con antecedentes por portación de armas y delitos contra la salud en 2019. Uno de los hombres de 43 años tenía una investigación abierta desde 2010 por robo agravado. 

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles cateados permanecen sellados y bajo resguardo policial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

La Suprema Corte ya estrenó la recién promulgada ley de amparo

Con la nueva reforma en automático serán desechadas las peticiones para impedir que algún juzgador conozca de un caso como táctica de dilación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicó, por primera vez, la recién promulgada reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con siete votos el Pleno determinó dejar sin materia una contradicción de criterios que planteó la pregunta de si un magistrado o ministro puede ser declarado impedido para conocer de una solicitud para dejar fuera a otro juzgador dentro de un litigio.

La ministra indicó que la fracción II del artículo 59 de Ley de Amparo establece en qué casos exclusivamente pueden ser planteadas las recusaciones contra ministros o magistrados.

“Las recusaciones, exclusivamente, pueden plantearse para que Ministras y Ministros, así como Magistradas y Magistrados, se abstengan de conocer el fondo de la cuestión planteada, por lo que es evidente que dentro del trámite y resolución de un impedimento no podría plantearse una nueva recusación, ya que se trata de un procedimiento accesorio de la resolución de fondo del juicio”, señaló la ministra.

Y precisó que en la reforma vigente desde el pasado 17 de octubre se estableció que cuando se plantea una recusación contra un ministro o magistrado para evitar que participe en la resolución de cuestiones diferentes al fondo de un litigio, esta debe ser desechada de plano.

“En consecuencia, considero que ha quedado sin materia la posible contradicción de criterios, ya que si bien, cuando se denunció la diferencia de las decisiones de las Salas de la Corte abrió un punto de debate a resolver, actualmente la propia Ley de Amparo se ha encargado de resolver la pregunta que detonó el estudio de este asunto consistente en contestar si es procedente o no la recusación planteada para que una persona juzgadora se abstenga de conocer de un impedimento, pues es claro que la respuesta debe ser en sentido negativo, pero no por las consideraciones del proyecto, sino porque las nuevas reformas a la Ley de Amparo prohíbe, expresamente, formular recusaciones dentro de las cuestiones accesorias a las del fondo del asunto, como claramente lo es el trámite y resolución de cualquier impedimento”, indicó Esquivel Mossa.

De esta manera, la aplicación de la reforma a la Ley de Amparo impactará en los impedimentos planteados por los interesados en diversos juicios como estrategias de dilación de los mismos, pues en automático serán desechados.

En su intervención el ministro Giovanni Figueroa enfatizó a sus compañeros que debían determinar cómo aplicaría este nuevo criterio para los recursos o trámites ya iniciados a la fecha, tomando en consideración el artículo tercero de la reforma a la Ley de Amparo que establece que cuando ya concluyó una etapa procesal en un asunto, esta se rige conforme a la ley anterior y las subsecuentes se rigen por la ley reformada.

Sin embargo, sus compañeros en el Pleno hicieron caso omiso de dicha petición.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Álvarez-Buylla pagó proyectos a ella misma y su madre cuando dirigía Conahcyt

Otra controversia de María Elena Álvarez-Buylla: entregó 3 millones y medio de pesos a estudios científicos de ella y de su madre con dinero del Conahcyt cuando era titular, de acuerdo con documentos oficiales. Mientras eso pasaba, a miles estudiantes les era arrebatada su beca de investigadores.

María Elena Álvarez-Buylla Roces se “auto pagó” un estudio en el Conahcyt por 751 mil pesos siendo directora de la misma institución, para realizar una investigación sobre bioquímica, biología molecular, genética y genómica, justo cuando dejaba a miles de estudiantes sin becas de posgrado en el extranjero. 

Mientras tanto, el proyecto de Elena Roces, madre de Elena Álvarez Buylla, para la exploración “un área crucial de la patología metabólica: las alteraciones en la diferenciación de células inmunes y adipocitos dentro del tejido graso visceral, y su vínculo con la inflamación sistémica en ratas con hiperinsulinemia y obesidad”, recibió 2 millones 733 mil 518 pesos, también durante el periodo en que Álvarez-Buylla era la titular de la ciencia en México (2021) en el sexenio pasado.

El proyecto de Álvarez-Buylla es un informe técnico que detalla los avances y resultados de investigación en la disciplina de bioquímica, biología molecular, genética y genómica. 

El estudio, llamado “Patrones Genéricos y Sistémicos de la Diferenciación y la Proliferación en los Nichos de Células Troncales: Raíz de Arabidopsis thaliana como sistema de estudio teórico-experimental”, tiene como objetivo central entender los mecanismos sistémicos y genéricos que subyacen al ciclo celular, la diferenciación y la formación de patrones en los nichos de células troncales (NCT), utilizando la raíz de la planta Arabidopsis thaliana como modelo experimental.

La responsable de la investigación fue precisamente María Elena Álvarez-Buylla Roces, adscrita al Instituto de Ecología, y quien en ese momento también era titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

El proyecto resultó en la publicación de un libro y múltiples artículos en revistas internacionales como Plant Physiology, Frontiers in Plant Science y PNAS, además de la titulación de al menos tres estudiantes de licenciatura.

Mientras que el proyecto de su madre se titula: “Alteraciones de la diferenciación de linfocitos T CD4+, macrófagos y adipocitos en el tejido adiposo visceral e inflamación sistémica asociada a hiperinsulinemia y obesidad en ratas: validación experimental de modelos dinámicos de la plasticidad celular”.

Este proyecto se centra en estudiar cómo la hiperinsulinemia y la obesidad en ratas afectan la diferenciación de células inmunes (linfocitos T CD4+ y macrófagos) y células de grasa (adipocitos) en el tejido adiposo visceral, y la consecuente inflamación sistémica. También busca validar experimentalmente modelos dinámicos de la plasticidad celular. 

Y MIENTRAS: ESTUDIANTES SIN BECA

Mientras tanto, hay más de 100 estudiantes de posgrado tan sólo del Cinvestav sin beca de manutención desde enero de 2024, pero a nivel nacional son miles. La crisis de financiamiento pone en peligro la continuidad de estudios e investigaciones en ciencia básica y de frontera, a pesar de las expectativas de un cambio favorable con la llegada de una presidenta (Sheinbaum) con perfil científico.

Más de 125 estudiantes de maestría y doctorado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), de diversas unidades, enfrentan incertidumbre: se quedaron sin beca de manutención desde enero de 2024. 

Este apoyo económico, que consideran un pago por su labor investigadora, es vital para cubrir renta, comida y transporte, poniendo en riesgo la conclusión de sus tesis y la continuidad de proyectos cruciales. 

Hasta septiembre de 2023, todos los estudiantes de posgrado del Cinvestav recibían una beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt). Sin embargo, debido a modificaciones estructurales y presupuestales, el SECIHTI redujo las becas asignadas al Cinvestav.

La beca SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) es un programa del gobierno mexicano que ofrece apoyo económico y seguridad social a estudiantes de posgrado (maestría, doctorado y especialidades médicas) inscritos en programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

El cambio de nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ocurrió el 22 de abril de 2023. 

MINI BECAS

Para paliar la situación, el Cinvestav creó las becas Sep-Cinvestav, generando una segregación entre los estudiantes. Aunque este programa cubrió el vacío temporalmente, sus reglas cambiaron constantemente. En enero de 2024, se les informó que la ayuda pasaría a gestionarse a través del programa Becas Elisa Acuña.

El problema se agravó cuando, en 2025, las Reglas de Operación de las Becas Elisa Acuña, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero, dejaron al Cinvestav fuera de los apoyos. Este “ir y venir” ha dejado a los 125 estudiantes sin sustento por meses.

María Elena Álvarez-Buylla tuvo una gestión polémica en el Conacyt (luego Conahcyt), al que pretendió limpiar de dispendios incurriendo en otros, como la famosa vacuna Patria contra Covid, que enfrentó varios retrasos en su cronograma original, que apuntaba a una disponibilidad para finales de 2021 (noviembre o diciembre, según anuncios del gobierno en abril de 2021). La aprobación de uso de emergencia por la Cofepris se otorgó en junio de 2024, lo que representa un retraso de aproximadamente 36 meses, esto sin contar que las variantes de Covid han ido cambiando con el tiempo.

El Conahcyt (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) ya no existe como tal. Fue elevado de categoría y ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez desde el 1 de enero de 2025.

A principios de octubre, Milenio dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de María Elena Álvarez-Buylla por presuntos malos manejos de recursos públicos en el año 2021 cuando era titular de Conacyt por 57 millones, monto relacionado con los procesos de extinción de cuatro fideicomisos. 

A lo que la aludida respondió en una carta difundida en sus redes sociales y medios como La Jornada que las irregularidades “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) del entonces Conahcyt y por la propia ASF, en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos”. 

ESTUDIANTES A LA DERIVA

No hay un número oficial, pero reportes independientes indican que al menos 2 mil 400 programas de posgrado en universidades públicas quedaron excluidos del SNP en 2024-2025, afectando potencialmente a miles de estudiantes (estimaciones varían de 1,000 a 5 mil, dependiendo de la matrícula). Esto se debe a la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (vigente desde agosto de 2023), que relega becas a “disponibilidad presupuestaria” para programas no prioritarios.

DOCUMENTOS:



FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Comisión de Hacienda aprueba Ley de Ingresos de 2026

Legisladores de Morena y partidos a fines aprobaron la Ley de Ingresos 2026 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que plantea entre otros incrementos en los “impuestos saludables”, un alza de 87% del IEPS a bebidas saborizadas.

También aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos y al Código Fiscal de la Federación con las que se retendrá ISR e IVA a personas físicas y morales que vendan en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Además, el SAT tendrá acceso a datos de usuarios de plataformas en tiempo real.

En total, se prevén 10.19 billones de pesos de ingresos totales en 2026. De éstos, 1.47 billones será deuda que pedirá el gobierno federal. Con ello, la deuda del país sumará 20 billones.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Japón envía ayuda para damnificados por las lluvias

Honsei indicó que Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (incluidos artículos de higiene) a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

El Gobierno de Japón envió ayuda a México para los damnificados por las lluvias extraordinarias (de hace casi dos semanas) y las posteriores inundaciones en cinco estado del país y que hasta ahora han dejado 76 muertos y 31 desaparecidos además de daños en caminos, infraestructura y en unas 100.000 viviendas.

“El día de hoy, el Gobierno del Japón ha decidido el envío de ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron cinco estados del país”, apuntó este lunes en un mensaje en redes sociales el embajador de la nación asiática en México, Kozo Honsei.

“Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad”, añadió.

Kozo Honsei, embajador de Japón en México.

En un comunicado que publicó junto a su mensaje, Honsei indicó que Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (incluidos artículos de higiene) a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en respuesta a los daños causados por las inundaciones en los cinco estados, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno.

“Teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos, Japón ha decidido proporcionar asistencia de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre”, señaló la nota.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno continúa en la fase de atención urgente tras las lluvias e inundaciones en estados del oriente y centro del país y que han dejado 76 muertos y 31, pero adelantó que ya alista un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10 mil millones de pesos.


“La primera estimación son 10.000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Hay recursos para atender la emergencia”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia “todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación”, apuntó.

Detalló que más de 52.000 personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

Sheinbaum explicó que la estrategia oficial se compone de cuatro ejes: atención a la emergencia, apoyo directo a familias damnificadas, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia del Senado

El representante del Partido del Trabajo sostuvo que se mantendrá “firme, digno, consecuente y comprometido” con la ‘Cuarta Transformación’.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará licencia para separarse del cargo.

El legislador ha enfrentado críticas por la casa de 12 millones que presuntamente adquirió con un crédito en Tepoztlán y por los viajes privados que ha realizado en avión.

En video en redes sociales, afirmó que necesitará el espacio para realizar una “tarea”, aunque dijo que la razón la anunciará este martes en conferencia de prensa.

El representante del Partido del Trabajo sostuvo que se mantendrá “firme, digno, consecuente y comprometido” con la ‘Cuarta Transformación’.

“No se puede estar en misa y en procesión”, fue una de las frases que dijo, aunque también negó que haya aceptado algún cargo.

Sostuvo que el cambio “es para bien”, es “necesario” y que será temporal, aunque no dio ningún tipo de detalle.
“No se preocupen de nada”.
Fernández Noroña adelantó que ya inició los trámites para separarse de su cargo, por lo que la información ya se conocía en ciertos sectores.


¿Quién es la suplente de Fernández Noroña?

Dunia Ludlow Deloya es la senadora suplente de Fernández Noroña.

Actualmente es directora de las tiendas de Superissste.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma fiscal permitiría suspender derechos digitales sin debido proceso: Negrete

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law (DPL Group), aseguró en 'Aristegui en Vivo' que la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación abre la puerta a que el SAT suspenda servicios digitales sin un proceso legal previo, lo que implicaría una violación directa a derechos humanos en el entorno digital.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law (DPL Group), expresó su preocupación por las implicaciones de una disposición incluida en la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, la cual obliga a las plataformas digitales a permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el acceso “permanente, en línea y en tiempo real” a determinada información fiscal.

Además, la legislación permite la suspensión de la emisión de facturas digitales de forma preventiva para evitar que se sigan generando comprobantes falsos.

Negrete señaló que esta reforma replica un intento anterior de establecer una medida similar en la Ley de Telecomunicaciones, que finalmente fue descartado. “Si tú recuerdas, el origen de la Ley de Telecomunicaciones hace unos cuantos meses tuvo como origen un artículo exactamente igual, que decía que se podían suspender las plataformas digitales de forma temporal. Ahora vuelve a nacer un artículo exactamente parecido, pero vinculado a la materia fiscal”.

El especialista advirtió que esta medida podría derivar en la suspensión de servicios digitales, con consecuencias graves para el ejercicio de derechos fundamentales en línea. “Esto es un tema muy grave, porque es la suspensión de los derechos humanos en el mundo digital”.


Agregó que derechos como el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la libertad de expresión actualmente se ejercen a través de medios digitales. “El derecho de acceso a internet nos garantiza que podamos acceder a plataformas de movilidad, a la libertad de expresión en todas las plataformas que usamos, tener educación, salud y empleo”.

Según Negrete, estos derechos solo pueden limitarse mediante un proceso legal establecido. “Los derechos humanos solamente se suspenden con el debido proceso. Cuando alguien quiere coartar tu libertad de expresión, tu libertad de movilidad, el libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho de acceso a la salud, a la educación, tiene que haber un debido proceso”.

Supervisión en tiempo real: privacidad comprometida

Además del posible impacto en los derechos digitales, el presidente de DPL Group expresó preocupación por la intromisión en la vida privada de los contribuyentes. Señaló que la supervisión fiscal en tiempo real implica riesgos directos al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

“Lo que quiere Hacienda es supervisar en tiempo real todas y cada una de las transacciones digitales que se están realizando. Todo esto, desde mi punto de vista, choca claramente con el derecho a la privacidad y con la posibilidad de acceder a los datos personales de los ciudadanos”.

Recordó que la actual administración ha mostrado poco respeto por la privacidad. “La 4T ha tenido como característica un poco respeto a la privacidad y al derecho de los ciudadanos a sus datos personales. El anterior presidente [López Obrador], muchas veces en las mañaneras, dio nombres y teléfonos personales de ciudadanos”.

Ausencia de garantías institucionales

Negrete cuestionó la solidez institucional para proteger los derechos digitales en México, destacando la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la falta de un organismo autónomo especializado. “Recuerda que desapareció el INAI y la Oficina de Protección de Datos Personales fue a parar a la Secretaría de la Función Pública, cuando México debería tener una oficina independiente del INAI y de la Función Pública en materia de protección de datos personales”.

El especialista aseguró que no ha encontrado antecedentes de una disposición semejante en otras democracias occidentales. “Por más que la revisara, en otros países no la encuentro. Probablemente en China […] pero en Occidente, no”.

Aún cuando Europa ha sido estricta en su regulación digital, explicó, no ha implementado medidas similares. “Incluso Europa, que ha sido tan rigorista en la regulación del mundo digital, incluso con el costo de ser una región que no está avanzando en su desarrollo digital, no tiene este tipo de exabruptos como el que estamos viendo en este caso”.

Finalmente, Jorge Fernando Negrete lamentó la ausencia de posicionamientos por parte de los órganos legislativos responsables del tema. “Hay una Comisión de Derechos Digitales en el Senado. No he escuchado ninguna opinión de la Comisión de Derechos Digitales del Senado en este aspecto. Estoy francamente sorprendido”.

Y concluyó con una crítica al proceso legislativo que permitió la reintroducción del artículo: “Este mismo artículo fue el que dio origen a la Ley de Telecomunicaciones, que se debatió en el Senado de manera espléndida, y que dio como resultado una nueva Ley de Telecomunicaciones. Y se eliminó este artículo. ¡Lo volvieron a poner!”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Madres Buscadoras exigen seguridad para continuar rastreos en Sonora

Madres, padres y familiares de personas desaparecidas exigieron condiciones de seguridad para continuar las jornadas de rastreo en Sonora. Durante una reciente búsqueda realizada por el colectivo Madres Buscadoras, encabezado por Ceci Patricia Flores Armenta, la presencia de un solo agente de seguridad fue señalada como insuficiente y alarmante.

“¿Cuántas familias estamos aquí para solamente un elemento de seguridad?”, cuestionó Flores Armenta en un video difundido durante la jornada. Denunció la vulnerabilidad con la que enfrentan estas tareas, que corresponden al Estado. A pesar de reconocer la sensibilidad del gobernador Alfonso Durazo, insistió en que la situación requiere respuestas inmediatas. “Necesitamos que en esta ocasión apoye muchísimo más”, expresó.

El colectivo alertó que la inseguridad en los puntos de búsqueda y la falta de recursos han sido obstáculos constantes. “El miedo nos está matando. No podemos salir sin seguridad”, dijo la activista. Señaló que no es justo que las familias hagan un trabajo que corresponde al gobierno, sin contar con las herramientas básicas para realizarlo.

Desde su fundación, el colectivo ha localizado cientos de restos humanos y fosas clandestinas en distintos puntos del estado. Sin embargo, advirtió que sin protección ni recursos, esta labor se vuelve insostenible. “Queremos caminar sin miedo y con la seguridad de que vamos a estar seguras. Lo hacemos por amor a nuestros desaparecidos, pero necesitamos las condiciones para seguir”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¡Justicia para el padre Marcelo!”: miles marchan en San Andrés Larráinzar a un año de su asesinato

A un año del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, miles de personas provenientes de distintos municipios de Chiapas marcharon este lunes hacia San Andrés Larráinzar para recordarlo y exigir justicia. Con pancartas, consignas y una misa, integrantes del Pueblo Creyente denunciaron la impunidad que persiste en el caso, al señalar que sólo una persona ha sido sentenciada como responsable material del crimen.

La peregrinación inició alrededor de las 9 de la mañana en la tijera que conecta a Chenalhó, Pantelhó y San Andrés. Al mediodía, después de recorrer unos ocho kilómetros, las y los asistentes llegaron a la cabecera municipal para participar en una misa oficiada por el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar. “No se ha hecho la justicia verdadera que tanto anhelamos”, señaló el Pueblo Creyente en un comunicado. “Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad”.

Durante la jornada, el obispo exigió el castigo a todos los involucrados en el asesinato del sacerdote. En el mensaje leído durante la celebración, se recordó a Marcelo como un profeta de la paz que acompañó al pueblo en la denuncia de las injusticias. “La estructura de poder que reprime a los pueblos quiso eliminar las semillas que sembró, pero esas semillas se multiplican”, se leyó.

El comunicado también denunció la continuidad de la violencia en Chiapas, pese a los operativos de seguridad del gobierno federal y estatal. Las comunidades siguen enfrentando asesinatos, desapariciones, presencia del narcotráfico, desplazamientos forzados y represión. Se denunció el encarcelamiento injusto de personas defensoras de derechos humanos y la colusión de autoridades con el crimen organizado. “No es posible que al asesino del padre Marcelo le hayan dado solo 20 años de prisión, mientras hay catequistas sentenciados a 110 años”, se reclamó.

Al cierre de la jornada, el Pueblo Creyente reiteró su demanda de justicia para Marcelo Pérez y otras personas asesinadas en la diócesis, como Simón Pedro y las víctimas de Acteal. También se pronunciaron contra la imposición de megaproyectos como la supercarretera San Cristóbal–Palenque, y llamaron a las juventudes a no apagar su voz ante la injusticia: “La juventud es aprovechar el ser útil y enfrentar los retos de la vida. Hoy es el día, atrévete”.

COMUNICADO:




FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP anuncia 4 ejes de trabajo para atender emergencia por lluvias

Las lluvias ocasionadas por las tormentas "Priscilla" y "Raymond" dejaron una estela de afectaciones en cinco estados del país; van 76 personas fallecidas hasta el momento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presentó esta mañana los cuatro ejes de trabajo que conducirán las labores de atención a las y los damnificados por las intensas lluvias de la semana pasada en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Los cuatro ejes de atención en los que se centrará el Gobierno federal son los siguientes: atención a la emergencia; apoyo a familias afectadas; reconstrucción; y fortalecimiento del sistema de pronóstico meteorológico y alertamiento a la población.
"El primer eje tiene que ver con la atención a la emergencia que aún no termina, seguimos trabajando en ello; el apoyo a la población; la reconstrucción; y lo que sería un trabajo importante de fortalecer el sistema de Atlas de Riesgo, alertamiento a la población”, puntualizó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina.


Sheinbaum Pardo detalló que aún hay comunidades que por el momento no tienen paso terrestre: "Seguimos trabajando limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación". "Esto tiene que ver con apertura de caminos, la limpieza de las calles, la atención a la salud, la limpieza de las viviendas y de los sistemas de agua potable", señaló.

La Presidenta dijo que el primer eje cuenta con más de 52 mil servidores públicos y voluntarios del Gobierno de México, así como con autoridades estatales y municipales, que están colaborando para atender la emergencia de manera directa en las comunidades.

En el caso del apoyo a las familias damnificadas, Sheinbaum expuso que a través de la Secretaría de Bienestar y de los servidores de la Nación se realiza el censo para conocer la cantidad de viviendas afectadas, y entregar los apoyos directos a las y los afectados.
Respecto a la reconstrucción, la Jefa del Poder Ejecutivo refirió que "no solamente se trata de limpiar los caminos o tener acceso provisional a los puentes: tenemos que rehacer puentes, tenemos que rehacer caminos, tenemos que reconstruir clínicas, tenemos que reconstruir escuelas y todo lo que tiene que ver con desazolve de ríos, plantas de tratamiento, reconstrucción de las viviendas, y finalmente también la reconstrucción de la actividad económica las localidades".

La doctora indicó que las secretarias involucradas en el proceso de reconstrucción ya están trabajando activamente. En el caso de caminos y puentes, se están elaborando proyectos ejecutivos para el restablecimiento de la infraestructura dañada y que, al concluir la emergencia, el Estado pueda continuar con las labores de reconstrucción.

Por último, la también científica precisó que para atender el último eje, el Gobierno "robustece al comité científico de pronóstico y riesgo; se realiza el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y por municipios; y se lleva a cabo un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos que ya trabaja la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para que el alertamiento llegue directo a las comunidades".


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde electo de Misantla, Veracruz, sufre asalto tras entregar ayuda a damnificados

En un video, el Alcalde de Misantla, Veracruz, detalló que los asaltantes que los atracaron se llevaron una camioneta, cámaras y teléfonos celulares.

El Presidente Municipal electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció que él y su equipo fueron víctimas de un asalto cuando volvían a su comunidad luego de entregar ayuda a familias damnificadas por las inundaciones en Veracruz.

El atraco ocurrió  la noche del domingo en una gasolinera ubicada en el municipio de Tihuatlán, en la región norte del estado; de acuerdo con el Edil electo, los asaltantes se llevaron una camioneta, equipo de grabación y teléfonos celulares.

En un video compartido en sus redes sociales, el Alcalde electo denunció los hechos, los cuales calificó como un "incidente desagradable" y aseguró que ningún integrante de su equipo resultó lesionado. "Todos estamos bien, sólo con los nervios y el temor", agregó.
"La gente buena somos más, les pido que se cuiden, ponen en riesgo nuestro patrimonio y, sobre todo, lo más importante que es la vida y la seguridad", dijo el Presidente Municipal electo.
El Alcalde electo de Misantla, militante de Movimiento Ciudadano, y su equipo acudieron al municipio de Alamo para entregar ayuda que fue donada por habitantes de la comunidad para las familias damnificadas por las inundaciones que azotaron al estado de Veracruz.

Omar Jaén recalcó que los integrantes de su equipo que fueron víctimas del asalto "son gente buena, gente que venimos a ayudar" y apuntó que afortunadamente todos salieron ilesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Silao registra el mayor aseguramiento de hidrocarburos en el estado

Autoridades federales y estatales, llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato.

A través de un comunicado informaron que el aseguramiento, fue derivado de una orden judicial de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe.
“La operación fue resultado de un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex (Petróleos Mexicanos) Seguridad Física”.
Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”.

Se apuntó que en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguro: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

FUENTE: ZONA FRANCA.
AUTOR: ZONA FRANCA.

Janine Otálora notifica al Senado que dejará su cargo de magistrada del TEPJF

Janine Madeline Otálora Malassis notificó al Senado de la República, el 20 de octubre de 2025, que dejaría su cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ocupaba desde noviembre del 2016.

“El día de hoy notifiqué al @senadomexicano mi decision (sic) de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior @TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años”, escribió Otálora Malassis, en su cuenta de la red social X.

“Por lo que concluiré mis funciones como magistrada de la Sala Superior @TEPJF_informa el próximo 31 de octubre […] He informado mi decisión para los efectos del artículo 98 constitucional que, en su párrafo primero, establece las reglas de sustitución de las y los integrantes del Tribunal Electoral”, dijo la funcionaria judicial.

“Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado […] Agradezco también a todas las personas que colaboraron en la Ponencia a mi cargo a lo largo de estos años reconociendo la calidad de su trabajo y su entrega”, finalizó Otálora Malassis.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Cuauhtémoc Blanco jugaba pádel, en plena sesión de diputados; pidió le pusieran asistencia

Cuauhtémoc Blanco Bravo -gobernador morelense, desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024-, y actual legislador federal de Morena, jugaba pádel, el 20 de octubre de 2025, mientras sus homólogos, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, revisaban la Ley de Aguas Nacionales.

La presidenta de la citada Comisión, Merilyn Gómez Pozos -también militante de Morena- pedía al ex mandatario estatal de Morelos el sentido de su voto. Sin embargo, el también ex alcalde de Cuernavaca, sudoroso y agitado, pedía que le tomaran asistencia, debido a que la sesión era a distancia.

“Cuauhtémoc Blanco si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias, muchas gracias”, dijo Blanco Bravo, cuando abrió su cámara y micrófono. “El sentido de su voto, diputado”, decía Gómez Pozos. Sin embargo, el ex gobernador, visiblemente distraído, solo repitió un “muchas gracias” y se desconectó de la sesión virtual, sin responder la pregunta.

“Pero si está jugando pádel, ¡no sabe qué está votando! […] hasta acá se escuchan los raquetazos”, bromeó Mario Zamora Gastélum, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Anda acosando mujeres”, comentó Silvia Patricia Jiménez Delgado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Blanco Bravo pidió que se registrara su asistencia 15 minutos después de iniciada la reunión virtual y cinco minutos antes de que concluyera. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro aprobó con 32 votos en pro, 11 sufragios en contra y cero abstenciones, su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expidió la Ley General de Aguas, además de que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gómez Pozos aseguró que de aprobarse, la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que entre sus disposiciones no se encontraba la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado y gobierno mexicanos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Audiencia de Contralmirante señalado por huachicol fiscal es aplazada nuevamente

El Contralmirante es considerado prófugo de la justicia mexicana pues se desconoce su paradero; su hermano, también relacionado con la misma red de corrupción, se encuentra actualmente en prisión.

Una Jueza federal pospuso hoy, por segunda ocasión, la audiencia judicial que tiene pendiente el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sospechoso de formar parte de una red de corrupción por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, el llamado huachicol fiscal.

Los abogados de Farías Laguna solicitaron al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Mario Elizondo, reprogramar la cita judicial de su cliente, debido a que la Fiscalía General de la República todavía no entrega completa la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por casi 19 páginas.

Las autoridades judiciales citaron a Farías Laguna este lunes en el centro de justicia de El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para tener una audiencia inicial, sin embargo, la Jueza responsable del caso no la celebró pues ni los defensores del imputado ni la parte acusadora se presentaron a la audiencia programada.

El pasado 10 de septiembre, Fernando Farías Laguna obtuvo de un Juez una suspensión que frenó temporalmente su captura. José Alberto Rodríguez Rivera, Secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió dicha medida luego de que el Contralmirante denunciara que la orden de captura y ejecución la libró un Juez de control. También acusó que las autoridades le negaron acceso a la carpeta de investigación.


Un día antes, el 9 de septiembre, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas, incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -hermano del Contralmirante- por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos.

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años. Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El caso del Contralmirante resulta de interés público puesto que el exfuncionario tiene nexos familiares con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó en su cargo durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor

Las tres instituciones financieras señaladas por el Tesoro de EU –CIBanco, Intercam y Vector– se encuentran o en proceso de desaparición o siendo adquiridas por otras entidades, luego de las acusaciones por lavado de dinero en EU y su consiguiente prohibición en aquel país.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) contra Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, señalados por lavado de dinero entre otras cosas, han entrado en vigor este lunes 20 de octubre, cuando estaba marcado el final de la última prórroga concedida por el Gobierno estadounidense, por lo que la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana ha quedado confirmada.

A finales de junio, el Tesoro de EU, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), puso en la mira en tres instituciones financieras con sede en México, a las cuales designó como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides". Se trata de CIBanco, Intercam y Vector.

El FinCEN detalló que las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Estas leyes otorgan al Tesoro facultades ampliadas para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso cuando se trata de actividades vinculadas a cárteles del narcotráfico.


De acuerdo con lo establecido por FinCEN, las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible asociadas a dichas entidades.
El Departamento del Tesoro afirmó que CIBanco e Intercam, con activos totales en ese momento por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestionaba casi 11 mil millones de dólares, desempeñaron de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

En cuanto a CIBanco, FinCEN lo señala como una institución financiera extranjera que opera fuera de EU y que representa una preocupación principal debido a su patrón sostenido de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado operaciones delictivas relacionadas con opioides por parte de cárteles mexicanos, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. También se le atribuye la facilitación de adquisiciones ilícitas de precursores químicos provenientes de China.

Respecto a Intercam, el Tesoro de EU asegura que también es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero por su prolongada relación con operaciones financieras que facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Se le vincula específicamente con el CJNG y con el procesamiento de transferencias de fondos en dólares que habrían financiado la adquisición de precursores químicos en China.

En el caso de Vector, FinCEN afirma que sería una institución facilitadora de actividades de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como de la adquisición ilícita de precursores químicos provenientes de China.

CIBanco, en proceso de liquidación

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer hace un par de semanas que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al banco de lavado de dinero el pasado 25 de junio.

"Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó el IPAB en un comunicado.

El lunes 13 de octubre el IPAB inició el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco, indicó el Instituto. Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.

Respecto al pago de obligaciones, el IPAB dijo que los efectuará en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que el banco haya entrado en estado de liquidación, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud de pago, tomando como base la información que la institución en liquidación mantenga en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos.

Los depósitos de los cuentahabientes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (tres millones 424 mil 262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura, explicaron la autoridades, es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables.

Las sucursales de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, que se muestran continuación permanecerán abiertas a partir del 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, pero no para operaciones activas o de servicios.

Vector anuncia transferencia de cuentas y activos a Finamex

La Sociedad Anónima de Capital Variable, Vector Casa de Bolsa, anunció a principios de octubre la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa.

En el comunicado que publicó Vector Casa de Bolsa se subraya que esta operación "no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa". A la par, destacó que esta transferencia cuenta con el "cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes, y se realiza bajo los más altos estándares de seguridad, transparencia y apego a la regulación".

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó la institución.

Intercam: entre Kapital y StoneX

A diferencis de las otras dos, Intercam sigue viva, pero solamente gracias a que Kapital Bank adquiriera una "parte significativa"  –de acuerdo con la Secretaría de Hacienda de México– de las operaciones de esta institución, que incluye activos de Intercam Banco, así como activos, pasivos, sucursales y fideicomisos del Grupo Financiero, incluyendo la casa de bolsa y la operadora de fondos.

Por otra parte, la semana pasada la empresa estadounidense de recursos financieros StoneX anunció que completó la compra de Intercam Advisors e Intercam Securities, los negocios del grupo financiero en EU, que no estaban incluidos en las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro, de acuerdo con el sitio especializado Bloomberg.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El SAT tiene contemplado realizar más de 16 mil auditorías en el 2026 a contribuyentes grandes, medianos y pequeños, así como a empresas de comercio exterior identificados con conductas de alto riesgo fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló este lunes los criterios para su plan de fiscalización 2026, que incluye la auditoría a 16 mil 200 contribuyentes identificados con conductas de alto riesgo fiscal, como evasión de impuestos, elusión indebida y solicitudes de devoluciones ilegales.

La medida anunciada por el organismo de recaudación busca combatir la evasión y elusión fiscal mediante mecanismos rigurosos y en estricto apego a la ley, promoviendo un sistema tributario más justo y equitativo en México.

De acuerdo con un comunicado oficial del SAT, estas auditorías representan apenas el 0.02 por ciento del total de contribuyentes registrados en el padrón, que supera los 66 millones.

El enfoque se centra en perfiles de alto riesgo que violan obligaciones fiscales para evitar el pago de impuestos o obtener beneficios indebidos, lo que incluye grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, así como importadores. Específicamente, se prevén mil 200 revisiones a grandes contribuyentes (6.3 por ciento del universo de 15 mil 873), 12 mil a PyMEs (0.02 por ciento de 66.8 millones) y tres mil a empresas de comercio exterior (2.5 por ciento de 116 mil 467).

La autoridad tributaria recalcó que solamente se auditará a contribuyentes que incurran en conductas de alto riesgo para no pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales.
"A partir de la identificación de dichas conductas, se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo", explicó el SAT en su anuncio, enfatizando que sólo se audita a quienes exhiben estos patrones para evitar el uso selectivo de recursos y garantizar certidumbre jurídica a los cumplidores.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del SAT por fortalecer la recaudación fiscal. Al cierre de 2024, las auditorías y la eficiencia recaudatoria ya habían impulsado un incremento del 33% en términos reales, alcanzando un billón de pesos en regularizaciones. Para 2026, el objetivo es consolidar un "piso parejo" en el cobro de contribuciones, beneficiando el bienestar nacional al reducir desigualdades en la carga fiscal.

¿Cuáles son los criterios para elegir contribuyentes que serán auditados?

El SAT informó que para el año 2026 someterá a una auditoría a las y los contribuyentes que incurran en conductas sospechosas que coincidan con los siguientes criterios:
  • Realizar operaciones con factureras o nomineras.
  • Reportar pérdidas fiscales recurrentes.
  • Simular o abusar de deducciones.
  • Obtener ingresos que no son declarados.
  • Abusar de estímulos fiscales.
  • Presentar inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
  • Importar productos con precios por debajo del mercado, que incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
  • No pagar retenciones por empleados.
  • Realizar operaciones en paraísos fiscales.
  • Solicitar devoluciones improcedentes.
  • Pagar menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
En caso de que la autoridad tributaria detecte a contribuyentes que incurren en alguna de las prácticas antes mencionadas se dará prioridad para auditar a quienes presenten mayores calificaciones de riesgo.

El SAT detalló que de las 16 mil 200 auditorías que estima llevar a cabo durante el próximo año, mil 200 serán para grandes contribuyentes, 12 mil para pequeños y medianos contribuyentes, y tres mil a empresas dedicadas al comercio exterior.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.