Después de que la empresa mexicana Televisa anunció que estaba bajo investigación por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, por segunda jornada consecutiva, se desplomaron sus acciones, un 5% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y poco más de 11% en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde también cotiza.

El pasado viernes 30 de agosto, al cerrar la jornada, la compañía emitió un comunicado en el que informaron que tenían conocimiento sobre una investigación de las autoridades estadunidenses en relación con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) entregó, el 2 de septiembre de 2024, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República, un documento en el que le manifestaron a sus integrantes, su desacuerdo con la reforma al PJF, por “incumplir” distintos compromisos adquiridos con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México y Estados Unidos tienen una estrecha relación que ha dado pauta a la construcción de una agenda estrechamente vinculada sobre temas políticos, económicos, comerciales, ambientales, energéticos, de seguridad, de migración, así como de la gestión de su frontera común, entre otros”, destacó la JUFED, en un comunicado.

Más de 300 rarámuri de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, en el municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fueron desplazados de manera forzada luego de que “un centenar de civiles armados los han amenazado y expulsado de sus casas”, informaron organizaciones de derechos humanos e indígenas en la Sierra Tarahumara.

Los desplazados llegaron a la población de Cinco Llagas, donde permanecen como refugiados en el domo de la escuela. “Estas personas, que huyen de la violencia que amenaza sus vidas, ahora enfrentan la falta de alimentos y de un lugar seguro en el cual resguardarse”, denunciaron las organizaciones, que presentaron una solicitud formal a las autoridades federales y estatales para atender la emergencia y garantizar la vida de la víctimas.

Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumaron al paro indefinido de labores como forma de protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con las votaciones, alrededor de mil 72 personas fueron partícipes en el debate para la suspensión de actividades, donde 951 votaron a favor, 116 en contra y cinco abstenciones dentro del máximo Tribunal. Los resultados fueron entregados a la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, para darlo a conocer en el Pleno.