Familiares de Alexander Martínez, un adolescente de 16 años al que un policía municipal mató de un disparo en la cabeza en junio de 2020 en Oaxaca, informaron que el gobierno estatal tendrá que reparar el daño tras su homicidio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo tiene bien ubicado el contrato que celebró en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua –que tenía la representación para vender en México la tecnología de la empresa NSO Group, desarrolladora del spyware Pegasus--, sino tiene muy presentes los 139 millones 199 mil pesos que entregó a esa compañía entre mayo y diciembre de 2019.

Un juez federal libró una cuarta orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, esta vez por lavado de dinero y delincuencia organizada, este segundo delito amerita prisión preventiva de oficio.

Gómez Mont está prófuga desde el año 2021 y en esta ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión por un supuesto fraude fiscal por 3 millones 631 mil 745.01 pesos en el año 2017, por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Emilio Ricardo Lozoya Austin es, junto con Rosario Robles, uno de los funcionarios de más alto nivel que el gobierno federal mantiene sujeto a proceso penal por actos de corrupción.

«La suspensión de la medida de excarcelación de mi agresor es temporal, mientras se revisa la impugnación de la audiencia», informó la saxofonista y sobreviviente de un ataque con ácido María Elena Ríos, luego de que se difundiera la revocación de la prisión domiciliaria contra el exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual de la agresión.

«La jueza Martha Santiago Sánchez resolvió un recurso de apelación tras la resolución de arbitrariedades y corrupción por parte de Teódulo Pacheco Pacheco al otorgarle prisión domiciliaria a Vera Carrizal. La resolución fue que por el momento no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario, no es definitivo», explicó Ríos en su cuenta de Twitter.

“Este gobierno se comprometió a resolver el caso de Ayotzinapa, está a dos años de concluir su mandato y no ha hecho nada, más que sacar un reporte, solamente está diciendo lo mismo que el otro presidente”, criticaron normalistas de Ayotzinapa, a ocho años y cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal en Iguala, Guerrero.

En un mítin en el Antimonumento a los 43 en Acapulco, los normalistas cuestionaron “dónde está el apoyo del gobierno”, si “han pasado más de ocho años y no han aparecido” sus compañeros, desaparecidos la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, informó que 12 de los 30 reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 1 de enero durante un violento motín, han sido recapturados.

El Subsecretario detalló que todavía 14 reos están prófugos de la justicia desde el pasado 1 de enero, mientras que cuatro han sido abatidos hasta la fecha.

Rosario Robles, quien fue Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo un amparo con el fin de que un Juez vuelva a revisar su proceso penal por la “Estafa Maestra“, con lo que se abre la posibilidad de cancelarlo.

La decisión fue tomada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México (CdMx), dejando sin efectos la resolución de un Juez de amparo que rechazó la valoración sobre el porvenir del caso legal de Rosario Robles.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) concluyó en su investigación que la desaparición de la joven de 16 años, María Ángela Olguín, fue “voluntaria” y que “no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente”.

Ulises Lara López, vocero de la dependencia, explicó que tras “una exhaustiva investigación”, la FGJ-CdMx pudo determinar que la desaparición de la adolescente afuera de unos baños públicos en la estación del Metro Indios Verdes fue “voluntaria”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 26 de enero de 2023, que sólo le tiene confianza a un máximo de 3 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN”, ya que, según dijo,, “la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial”.

“Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto, ahí está el Consejo de la Judicatura”, urgió el político tabasqueño.

Durante diciembre del año 2022 se perdieron en total 912 mil 014 empleos en México, tanto de carácter formal como informal, luego de ligar dos meses de crecimiento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicha cifra contrasta con los 455 mil 538 mil puestos que se lograron generar un año antes, en diciembre de 2021, cuando el mercado laboral estaba en un proceso de recuperación de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acusó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber pedido a los senadores de su partido: “descuarticen al INE”, en referencia a que se aprobara la reforma legal electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.

La defensa de Genaro García Luna ha tenido tres triunfos importantes durante el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en medio de una batalla judicial con los fiscales para acotar testimonios, principalmente de cooperantes.

Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), no sólo enfrenta las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que lo tienen en un juicio en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, además tiene otros procesos en México ​​por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.

El número de episodios de desplazamiento forzado causado por la violencia y de personas afectadas por este fenómeno en México rompió récords en 2021, advierte un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dado a conocer este martes.

La organización civil —que documenta el problema desde 2016— alerta que en 2021 registró 42 episodios de desplazamiento, casi el doble de los que hubo en 2020, cuando fueron 24. Igualmente, la cifra supera las de 2016 (28), 2017 (25), 2018 (25) y 2019 (28).

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera ‘cantaleta’ y ‘politiquería’ las críticas sobre la militarización de las funciones de seguridad pública y la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura pública, entre otras labores. Pero es real el aumento de asignaciones al Ejército durante su mandato, y que en la principal corporación de seguridad federal, la Guardia Nacional, predominan mandos y estructura militar.

Informes como ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 - 2020’ de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), contabilizan al menos 80 actividades de índole civil que se transfirieron a las Fuerzas Armadas tan sólo en los dos primeros años de gobierno de López Obrador.

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, dijo que en la primera semana del periodo ordinario de sesiones se votará la eliminación de la cláusula de vida eterna que forma parte del plan B de la reforma electoral.

“Estuve en la reunión de la Junta de Coordinación Política y, se acordó someter en la primera semana, revisar esta parte que nos regresan las y los diputados, y que tiene que ver con la reforma electoral”, dijo Armenta Mier en conferencia de prensa.

Dos agentes de la DEA, un expolicía de Chicago, dos agentes federales de Aduanas y un exvendedor de drogas callejero de origen dominicano fueron los seis testigos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la tercera audiencia de esta semana en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna.

De este menú de testigos incriminadores que testificaron ante el jurado calificador y el juez Brian Cogan, ninguno, con su palabras, fotografías o videos, mostraron la conexión que se esperaba con García Luna.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que revele el contrato por "servicio de monitoreo remoto de información" celebrado en abril de 2019 con la empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de la compañía israelí NSO Group, que desarrolló el spyware Pegasus.

Se trata del mismo contrato –número DN-10 SAIT-1075/P/2019– que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a transparentar el pasado 5 de octubre, bajo el argumento de que su administración no tiene “nada que ocultar” en materia de inteligencia. Ya han transcurrido cerca de cuatro meses y la Sedena ha hecho caso omiso a las instrucciones del mandatario.

Genaro García Luna, operó a favor de fracciones del Cártel de Sinaloa que se encontraban en disputa durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal, señaló el periodista José Reveles.