La administración de Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), asignó un contrato millonario por adjudicación directa a una compañía que el mismo gobierno federal acusó de pertenecer a la red de empresas fantasma que presuntamente colaboraron con el proveedor del software espía Pegasus.

En diciembre de 2019, el INM adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por supuestas razones de seguridad nacional.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dejó México desde principios de julio, y desde entonces no ha regresado al país, de acuerdo con la Fiscalía General de República (FGR).

Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que en la audiencia realizada este jueves −en la que se presentó de manera virtual para conocer los cargos en su contra−, los fiscales informaron al juez que el panista habría salido del país a través de un vuelo con destino a Texas, Estados Unidos, y que no había reingresado a territorio nacional.

La violencia exacerbada de los últimos 15 años y las deficiencias institucionales de los servicios forenses, que dependen en su mayoría de las fiscalías del país, han generado una acumulación de al menos 52 mil personas sin identidad, alertó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

En su informe “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, basado en la recopilación de datos solicitados a autoridades de todo el país a través de la plataforma de transparencia, el colectivo de familiares de personas desaparecidas en México revela que del total de cuerpos no identificados, 60% se encuentran en “fosas comunes, en cementerios públicos”, 7% están resguardados en servicios forenses, 5% en universidades y sólo 1% en centros de resguardo forense.

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, podría ser acusado de delincuencia organizada luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá autorizó la excepción al principio de especialidad que, de quedar firme, permitirá al gobierno mexicano imputarle dicho el delito adicional a los otros cuatro ilícitos por los cuales fue concedida su extradición en diciembre de 2017. 

De acuerdo con el principio de especialidad reconocido por el Derecho Internacional y plasmado en el Tratado de Extradición entre ambos países desde 2004, México solo puede juzgar a Borge por aquellos delitos que fueron materia de la solicitud de extradición, la cual fue autorizada el 14 de diciembre de 2017 por el gobierno de Panamá, luego de su detención en aquel país, el cinco de junio de ese mismo año.

Marat y Asel, pareja originaria de Kirguistán, radicada en Miami, Estados Unidos, denunció la retención de sus familiares en Cancún, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), con tratos degradantes y extorsión para darles comida.

El 15 de julio, 28 familiares y conocidos, entre ellos 17 menores de edad, volaron hasta Cancún para encontrarse con ellos y pasar vacaciones en el Caribe Mexicano. Con cuartos de hotel reservados, documentos en regla y vuelo programado de regreso, personal del Instituto decidió denegar el acceso al país.

Un grupo de legisladores panistas acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de Ricardo Anaya Cortés, para exigir la entrega del expediente de acusaciones en contra del excandidato presidencial.

Los senadores Julen Rementería, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda, Kenia López, Víctor Fuentes, así como el diputado Juan Carlos Romero Hicks, todos miembros de la Comisión Permanente, aseguraron al salir de la institución que les fue negado el acceso a la carpeta de investigación.

El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, exlíder del Cártel de Tijuana, se reservó, el martes 24 de agosto su derecho a declarar durante la audiencia de imputación donde fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y asociación delictuosa.

La audiencia se celebró la noche del martes a través del sistema de videoconferencia, la cual fue presidida por Enrique Beltrán Santes, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales con sede en Toluca, Estado de México. El capo sinaloense escuchó las imputaciones en una sala del Centro de Justicia Penal, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco y quien en 2001 fue designado como interino sin llegar a rendir protesta tras la nulidad de la elección estatal, es el nuevo Secretario de Gobernación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en julio lo había perfilado para su Gabinete por ser “trabajador, responsable, honesto, leal (y porque) tiene convicciones”.

Olga Sánchez Cordero dejará la Secretaría de Gobernación para volver a su escaño en la bancada de Morena en el Senado de la República.

En un video difundido en redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, le dio la bienvenida a Sánchez Cordero para incorporarse como senadora propietaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que presuntos pistoleros a bordo de unas 30 camionetas intentaron ingresar a territorio estatal por la ‘brecha del gas’, un camino de terracería paralelo al río Bravo y a la carretera federal 2 que comunica al estado con Nuevo León y Tamaulipas, pero fueron repelidos por sus elementos.

El intento de irrupción ocurrió el miércoles alrededor de las 19:00 horas —que dejó un saldo de tres policías estatales heridos de bala, "que no ponen en peligro su vida", y una patrulla incendiada-, fue repelido por 15 agentes en tres patrullas de la Policía de Acción y Reacción (PAR), grupo élite de la Policía del Estado, cuando patrullaban por las brechas cercanas a la frontera, en el municipio de Hidalgo, y detectaron el convoy que se dirigía de Nuevo León a Coahuila.

La ocupación informal en julio ascendió a 31.8 millones de personas, lo que representa el 56.4% de la población ocupada en el país, de acuerdo con datos del Inegi.

La informalidad laboral incrementó 1.4 puntos porcentuales respecto a julio de 2020, afectado más a las mujeres.

Ricardo Anaya Cortés había dado a entender que no atendería la cita de un Juez federal que lo busca por las acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero siempre sí acudió. Fue por Zoom, una plataforma de videoconferencias. El dato fue confirmado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con un breve reporte del órgano, esta mañana dio inicio la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos, según declaró en 2020 el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar la versión pública de la carpeta de investigación abierta en torno al colapso del puente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 3 de mayo, así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Asimismo, el Instituto determinó que a fin de fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas, la FGR deberá incluir los nombres de las personas servidoras públicas o exservidoras públicas imputadas que se mencionen en la carpeta de investigación, así como proteger los nombres de los denunciantes que no sean funcionarios, esto debido a confidencialidad derivada del derecho a la protección de datos personales.

No hay razón para cuestionar la imparcialidad de los integrantes de la comisión que organizará el proceso electoral interno del Partido Acción Nacional (PAN), pero existen dudas razonables al respecto, ya que algunos panistas ponen en tela de juicio, aún siendo legal y legítimo por estatutos, que el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés Mendoza, designara a la comisión electoral y no pidiera licencia o renunciara a su cargo, a pesar de aspirar a la reelección.

Ello sucede en un momento complicado para el partido, ya que en la última semana, el exlíder nacional del PAN (2014-2017) Ricardo Anaya Cortés tuvo que salir de México porque asegura que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel, por señalamientos de corrupción que también han denunciado en su momento excompañeros de partido.

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) aseguró que presentó en tiempo y forma las garantías financieras para el cumplimiento del acuerdo reparatorio por el que debe pagar a Petróleos Mexicanos (Pemex) la cantidad de 216 millones 664 mil 40 dólares por la venta a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados en 2014, cuando Emilio Lozoya era director de la petrolera.

En un comunicado, AMHSA señaló que la garantía de pago son los activos de la empresa y las acciones en poder del Grupo Acerero del Norte (GAN). Mencionó que el 55% de las acciones del grupo pertenecen a la familia el empresario Alonso Ancira Elizondo y que se integraron en un fideicomiso constituido en Estados Unidos, mientras que el 45% restante, propiedad de Xavier Autrey Maza, se canalizaron a un fideicomiso en Banca Afirme.

La noche del miércoles 25 de agosto, una mujer fue plagiada por un grupo de hombres armados quienes la interceptaron cuando se encontraba a las afueras de una sucursal de la tienda ABSA, localizada a escasa distancia del Centro Cívico de Mexicali.

Alrededor de las 20:00 horas, las autoridades recibieron el llamado de emergencia para reportar lo ocurrido a las afueras de la citada tienda de origen oriental, ubicada en los alrededores del bulevar Adolfo López Mateos.

Autoridades ejidales y e integrantes de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya en Campeche denunciaron que continúan “siendo presionados, hostigados y criminalizados al solicitar a las autoridades transparencia y apertura al diálogo en torno al proyecto de construcción del denominado Tren Maya”.

Representantes de los ejidos Don Samuel, División del Norte y sus Anexos, Pejelagarto, Miguel Aleman, y Miguel Colorado, expresaron su preocupación “por el hecho de que las autoridades, en vez de cumplir con su obligación de brindar seguridad a las personas de las comunidades y garantizar nuestro derecho a ejercer la defensa de nuestros recursos naturales, la tierra y el territorio, estén filtrando información sensible sobre las denuncias presentadas por miembros de la comunidad”.

El empresario Javier Garza Calderón, fundador de la asociación civil Empresarios por la Cuarta Transformación, denunció ayer que Ricardo Anaya busca vender una casa de su propiedad que posee en Atlanta, Estados Unidos.

En un mensaje que subió a sus redes sociales, detalló que el excandidato presidencial del PAN literalmente está rematando su propiedad al venderla a mitad de precio de su valor real.

Carolina Martínez Franco, quien es esposa de Ricardo Anaya Cortés, se hizo de una casa en el exclusivo fraccionamiento Club Campestre en Querétaro un mes después de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le habría entregado seis millones 800 mil pesos al panista para que votara a favor de la Reforma Energética, reveló esta mañana el diario Milenio.

De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, quien tuvo acceso a la declaración patrimonial de Ricardo Anaya realizada en 2015, la cual es parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada a partir de la denuncia de Emilio Lozoya, el panista declaró que dicho inmueble, de 846 metros cuadrados de terreno, fue una “donación” de la madre de su esposa.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, comparece a través de videoconferencia en la audiencia inicial de imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de un juez federal para imputarle los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La audiencia es presidida desde el Reclusorio Norte  por el juez especializado en el sistema penal acusatorio, Gustavo Aquiles Villaseñor, con la asistencia de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte acusadora.