La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados y específicamente el artículo 30-B fue calificada por José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), como un intento del gobierno de “servirse con la cuchara grande”, otorgando a las autoridades fiscales un poder desproporcionado que, bajo el pretexto de la recaudación, abre la puerta a la vigilancia masiva y a la censura indirecta.

El artículo 30-B otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades para tener acceso permanente y en tiempo real a los datos de las plataformas digitales. Para José Flores Sosa, esto no es una simple auditoría, sino la creación forzosa de una “puerta trasera” en los sistemas de las empresas.

En entrevista para Aristegui en Vivo, el experto en seguridad digital alertó sobre la ausencia total de supervisión o control judicial para la vigilancia del gobierno hacia las plataformas digitales que abarcan desde streaming, como Netflix, hasta apps de citas e incluso redes sociales donde se lleven a cabo transacciones, por ejemplo, Facebook.

“Ahora no solo es que las autoridades acceden a información o conectan bases de datos, las autoridades pueden transferirse entre sí esa información“, alertó. Explicó cómo el SAT podría obtener datos, como un número de teléfono usado para registrarse en una plataforma, y luego cruzarlo con otras bases de datos, como la CURP biométrica, para revelar la identidad real de una persona.

Puso como ejemplo a la plataforma X (antes Twitter). Al ofrecer servicios transaccionales como las suscripciones premium, podría ser objeto de esta ley. Si las autoridades consideran que hay un incumplimiento, podrían ordenar el bloqueo total de la plataforma en el país. “La suspensión completa de todo X en este caso claramente va a generar una problemática o una lesión a nuestro derecho a la libertad de expresión, va a ejercer un momento de censura”, afirmó.

La organización Artículo 19 señaló en un comunicado que la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que incluye reformas al Código Fiscal de la Federación, vulnera derechos digitales de la ciudadanía.

La organización destacó que dentro de la legislación sobresale el Artículo 30-B, que establece que las autoridades Fiscales pueden ingresar a la información de contribuyentes permanentemente.

“Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales (…) deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

A pesar de la presión de que hay menos ingresos y aumentan los gastos públicos, como Pemex, las pensiones y los programas sociales, y de los señalamientos de diversos organismos financieros sobre la necesidad de una reforma fiscal para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró que el gobierno de Claudia Sheinbaum no presentará una reforma fiscal.

Durante la presentación del reporte de finanzas públicas correspondiente al segundo trimestre de 2025, el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, descartó que el paquete económico del próximo año incluya la reforma fiscal que contemplaría cambios tributarios.

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, aseguró este miércoles que “no va a haber una reforma fiscal profunda que represente más impuestos” para la ciudadanía, esto gracias a que prevé un buen manejo del presupuesto que permita reorientarlo para lo que se necesite en cuestiones de financiamiento de programas que se busquen impulsar.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México añadió que, gracias a soluciones como la digitalización de aduanas y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de la creación de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno, se podrá mejorar la recaudación de recursos.

Organizaciones que defienden la rendición de cuentas y la igualdad en materia fiscal, exigieron al próximo Gobierno federal una nueva Reforma Fiscal progresiva que incluya reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias.

Esta demanda de una nueva Reforma Fiscal no es fortuita y se enmarca en un contexto de baja recaudación de impuestos en México. Por ejemplo, los ingresos tributarios recaudados en 2022 fueron el equivalente al 16.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual se mantuvo en el último lugar de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​s (OCDE), donde el promedio de recaudación es del 34 por ciento.

José Ignacio Martínez Cortés, Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) en la UNAM, aseguró que el paquete de iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado lunes a la Cámara de Diputados requiere de una reforma fiscal que pueda financiarlas.

Durante una entrevista para Aristegui en Vivo, Martínez hizo hincapié en que la propuesta presentada por el LACEN va más allá de una simple reforma tributaria, proponiendo una reforma fiscal que podría generar ingresos anuales significativos para impulsar las transformaciones requeridas.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la miscelánea fiscal para el 2022, la cual incluye nuevas disposiciones que podrían afectar al financiamiento de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas de escasos recursos.