La OEA advirtió que seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el Ejecutivo federal, y los otros tres ya habían sido nombrados por el expresidente, lo que genera dudas razonables sobre la autonomía del máximo tribunal.
En su informe preliminar, la misión afirmó que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, señala el documento, que también cuestiona la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.
Aunque el informe destacó el desarrollo pacífico de la jornada electoral, expresó preocupación por la baja participación ciudadana y la falta de condiciones de accesibilidad en varias casillas.
“La Misión destaca que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad y reconoce el trabajo de las y los integrantes de las casillas, así como de los funcionarios electorales”, señaló la OEA. No obstante, alertó que “la participación para la elección fue de aproximadamente 13%; se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”.
Según la OEA, el proceso electoral “se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”.
Esta elección fue resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que estableció el voto popular como mecanismo de selección para jueces, magistrados y ministros en todo el país. “No existe precedente en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegida mediante sufragio universal”, subrayó la Misión.
En la elección se votó por nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 de Salas Regionales, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se llevaron a cabo elecciones judiciales locales en 19 estados y elecciones municipales ordinarias en Durango y Veracruz.
Los primeros resultados de la inédita elección judicial apunta a que el oficialismo controlará las principales instancias del nuevo Poder Judicial, con candidatos afines dominando los puestos en la Suprema Corte y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, señala el informe.
Baja participación y alta nulidad de votos
El organismo transmitió su preocupación ante los votos nulos y no marcados, que representaron el 10.80% de la elección y estipuló que se debió al plazo tan breve en el que se desarrollaron estos comicios.
Aunque la campaña de las inéditas elecciones judiciales contó con la difusión por parte de los candidatos y el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que días previos a la votación se multiplicaron las denuncias debido al reparto de “acordeones” con listados de candidatos aconsejados para votar.
De ser comprobada esta acción, la MOE en su informe expresó su reprobación al ser una “coacción al voto”, por lo que el órgano se mantendrá al tanto de las investigaciones que deben llevar a cabo las autoridades competentes.
Durante la jornada electoral, la Misión reportó retrasos en la apertura de casillas. “A las 09:00 horas se había instalado el 41,73% de las casillas. A las 11:00 horas […] el 92,18%, cifra que se elevó al 99,7% hacia las 13:30 horas”, detalló el informe. Sin embargo, el organismo subrayó que “algunas [casillas] carecían de facilidades para el acceso y movilidad de personas con discapacidad” y que “no existía un mecanismo que garantizara el voto autónomo de las personas con algún tipo de discapacidad visual”.
Además, observó que “cada elector demoró entre 10 y 20 minutos para sufragar”, y en algunos casos, “personas adultas mayores se demoraron hasta una hora”. El INE optó por no realizar el conteo de votos en casillas, como tradicionalmente ocurre, sino enviar directamente las boletas a los Consejos Distritales. Tampoco se implementó un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo cual representó un cambio significativo en el modelo habitual.
La Misión también registró una controversia por la presencia de integrantes de las fuerzas armadas en la sesión permanente del Consejo General del INE. “La presidenta del instituto posteriormente aclaró que habían sido invitados por ella, [pero] otros consejeros manifestaron públicamente su desacuerdo con esta decisión e indicaron que no habían sido debidamente informados”.
Asimismo, advirtió que este modelo incentiva que las decisiones judiciales se tomen con fines electorales y no en criterios técnicos, al permitir la reelección y establecer mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito.
“La falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia y que la necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado y no con base en criterios jurídicos”.
“La Misión tomó nota de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresaron sus preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial”, consideró el reporte.
Para las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios en todo el país y, de no modificarse el calendario electoral, aumentaría el riesgo de influencias partidistas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
