La Fiscalía del Estado de México explicó los diferentes modus operandi de las redes dedicadas al ‘huachicol de agua’ para revenderla hasta un 60 % más cara.
Además del robo de combustible —la práctica conocida coloquialmente como huachicol—, en México comienza a tener cada vez más relevancia la sustracción de recursos naturales escasos, como el agua.
Tan solo en el Estado de México, el pasado fin de semana las autoridades de la fiscalía mexiquense informaron que hicieron operativos hasta en 48 municipios para desmantelar, junto a las fuerzas armadas, redes dedicadas a la sustracción ilegal y al comercio ilícito de agua.
Las autoridades realizaron este operativo bajo el nombre ‘Operación Caudal’, a partir del cual intervinieron 51 pozos y 138 tomas clandestinas de agua y aseguraron 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, además de otros 37 vehículos diversos. También detuvieron a 7 sujetos en flagrancia robando agua.
La Fiscalía del Estado de México explicó a Animal Político que las redes delictivas dedicadas al ‘huachicol de agua’ tienen tres fuentes principales de las que extraen el recurso natural, para luego venderlo a precios muy por encima del mercado legal, hasta un 60 % más caro, y además sin potabilizar, lo cual supone un riesgo para la salud de los consumidores.
Una de esas fuentes son los pozos que los mismos grupos delictivos perforan sin permiso alguno y extraen el agua. “La venden como si fuera agua potable, pero no lo es. Solo le echan cloro, pero venden el agua sucia”, explicaron en la fiscalía.
Otra fuente son los pozos para los que sí existen permisos de extracción, pero solo para el autoconsumo y de uso domiciliario. Sin embargo, las redes delictivas lo que hacen es “sobreexplotar” estos pozos. “De ahí están sacando a cada rato el agua en pipas para venderla y obtener ganancias”.
La Fiscalía del Estado de México explicó a Animal Político que las redes delictivas dedicadas al ‘huachicol de agua’ tienen tres fuentes principales de las que extraen el recurso natural, para luego venderlo a precios muy por encima del mercado legal, hasta un 60 % más caro, y además sin potabilizar, lo cual supone un riesgo para la salud de los consumidores.
Una de esas fuentes son los pozos que los mismos grupos delictivos perforan sin permiso alguno y extraen el agua. “La venden como si fuera agua potable, pero no lo es. Solo le echan cloro, pero venden el agua sucia”, explicaron en la fiscalía.
Otra fuente son los pozos para los que sí existen permisos de extracción, pero solo para el autoconsumo y de uso domiciliario. Sin embargo, las redes delictivas lo que hacen es “sobreexplotar” estos pozos. “De ahí están sacando a cada rato el agua en pipas para venderla y obtener ganancias”.
Y la tercera fuente es la más parecida al ‘huachicol’ de combustible. Es decir, estos grupos identifican una red oficial de tubos de agua y la ‘pinchan’ para ir sacando el recurso y luego revenderlo.
La Fiscalía del Edomex explicó que el costo regulado de una pipa de agua es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros. Sin embargo, en municipios como Ecatepec, identificaron que se llega a vender un 60 % más cara a los consumidores. En otros municipios, como Cuautitlán, el sobrecosto es del 41.4 %, en Tlalnepantla, 32.4 %, y en Toluca, el 10 %.
“No solo revenden el agua mucho más cara, sino que todo lo que obtienen de esa venta es ganancia íntegra porque es agua robada. Es decir, obtienen ganancias a costa del recurso natural del Estado”, subrayaron en la Fiscalía. También apuntaron que, además de ser agua robada, los diferentes grupos que la comercializan de manera ilegal obligaban a la ciudadanía a comprar el líquido solo a transportistas agremiados a alguna organización que ellos señalan, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.
En un comunicado tras el operativo del fin de semana, la fiscalía acusó que en la red de ‘huachicol de agua’ hay organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); ‘Los 300’ y/o ‘Unión 300’; ‘Libertad’; ‘25 de Mayo’; ‘22 de Octubre’, y ‘Chokiza’, así como comisariados ejidales y particulares en complicidad con autoridades.
“Para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas ‘salchichas’, sin que contaran con los permisos obligatorios”, apuntaron.
‘No somos huachicoleros’
El lunes, más de 200 trabajadores de purificadoras y transportistas de agua realizaron bloqueos en la Ciudad de México y en el vecino Estado de México, tras el ‘Operativo Caudal’.
Los manifestantes acusaron que el operativo los deja sin sustento, así como a sus familias, y defendieron que solo son transportistas de agua, y que no están cometiendo ningún acto ilícito.
🚨 #Atención | Trabajadores de #purificadoras y #piperos bloquean vialidades en CDMX y Edomex tras el cierre de pozos e inmuebles ligados a una presunta red de comercio ilícito de agua.
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2025
La Fiscalía realizó operativos en 189 inmuebles de 48 municipios.https://t.co/7O6QRhLfBA
“No somos huachicoleros, somos piperos”, eran algunas de las consignas pintadas en lonas que los camiones lucían durante los bloqueos carreteros que estrangularon durante la mañana los accesos a la capital mexicana y al estado vecino.
Los inconformes exigen la reapertura de los pozos clausurados, o la instalación de puntos de abastecimiento a un precio justo.
“El Edomex es de los estados más avanzados en materia de agua. Ahora mismo, ya es un delito su distribución y comercialización sin permiso, y esto incluye a todo el que participe en esa actividad. Es decir, que si un pipero está distribuyendo agua robada, o extraída de manera irregular para su venta, también está cometiendo un delito”, señalaron en la Fiscalía e instaron a los piperos a trabajar repartiendo agua extraída de los puntos oficiales establecidos.
Las autoridades recordaron que en el Artículo 145 del Código Penal del Estado de México se prevén entre dos y seis años de prisión y 52 días de multa para quien distribuya agua potable a través de pipa, “sin contar con el permiso de distribución o dictamen de factibilidad correspondiente, expedidos por la autoridad competente”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.




