El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano.
“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, escribió Centro Prodh en su cuenta de X.
“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, añadió.
Rechazamos el inédito pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado respecto del #ComitéCED sobre desapariciones, en el que se pide a la #ONU que sancione a su presidente. https://t.co/tqSMbLKAre
— Centro Prodh (@CentroProdh) April 8, 2025
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Este martes, con 71 votos a favor de la mayoría oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el Senado aprobó el pronunciamiento contra el funcionario de la ONU.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña anunció que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.
Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo:
“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?
“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México
[…]
Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
