La transnacional ha activado el mecanismo de atracción ante la Corte de un amparo en revisión que resuelve el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, donde mantiene la batalla legal contra actos emanados de diversas dependencias federales.
La transnacional ha activado el mecanismo de atracción ante la Corte de un amparo en revisión que resuelve el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, donde mantiene la batalla legal contra actos emanados de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina y la Dirección Jurídica de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el expediente consultado, la empresa señala que la orden de restricción de dicho puerto provino de la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 2 de mayo de 2022, de la que derivó también la clausura que ejecutó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 5 de mayo de 2022, hace tres años.
Proceso dio a conocer en abril que la empresa de origen estadounidense buscó anular la entrega en concesión de siete puertos de vocación turística a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), paraestatal que maneja puertos en esta entidad.
Argumentó que esta entrega de terminales marítimas, entre ellas las de Cozumel, donde arriban anualmente más de cuatro millones de turistas en creceros, se efectuó sin consulta con afectación a sus intereses particulares. Punta Venado y Cozumel están a unos 20 kilómetros de distancia separados por un canal marítimo del Mar Caribe.
En este contexto, busca ahora que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte la atracción del amparo promovido en un juzgado federal de Quintana Roo. En caso de ser aceptado, será el pleno de la Corte que resolverá en meses venideros, aunque con los nuevos ministros que resulten de la elección judicial, el otorgamiento de la protección a la empresa y le restituyen así el manejo del puerto de Punta Venado y la exportación de productos desde ese punto.
Añeja concesión
Calica obtuvo la concesión en abril de 1987 para el manejo y aprovechamiento de bienes nacionales, materializados con la construcción y explotación del puerto de Punta Venado, desde donde por más de tres décadas envió los millones de toneladas de material pétreo a los Estados Unidos, utilizado en la industria de la construcción de ese país.
En este mes de mayo se cumplen tres años de la clausura definitiva de extracción de material pétreo en el predio La Rosita, que forma parte de las dos mil hectáreas propiedad de la minera, ubicadas al sur de Playa del Carmen, frente al reconocido parque ecoturístico Xcaret.
Anteriormente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Calica registró los primeros reveses del permiso de explotación. Entre 2017 y 2018 se le clausuró la zona del predio El Corchalito.
Lo anterior derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Calica reclama una compensación de más de mil 500 millones de dólares, además de intereses y gastos procesales.
El caso lo resuelve desde 2019 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones (Ciadi).
Actualmente Calica enfrenta la declaratoria de área natural protegida sobre sus terrenos, que le impide extraer de manera definitiva calizas. Claudia Sheinbaum ha asegurado que los terrenos siguen siendo de la empresa estadounidense, aunque no puede ejecutar labores de impacto ambiental.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
