A la empresa estadunidense un tribunal le negó su petición de anular la entrega de siete puertos a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, pero aún puede apelar a otras instancias judiciales y administrativas. En marzo último congresistas de EU pidieron a Trump intervenir.
Los conflictos que dirime la filial de la estadunidense Vulcan Materials Company tras el retiro de la concesión de explotación de material pétreo en Playa del Carmen, por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han escalado a otras instancias y reclamos.
Calica demandó la nulidad de la concesión de siete puertos quintanarroenses que efectuó en septiembre de 2023 la Marina a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), paraestatal encargada de la administración de la mayoría de los recintos portuarios en esta entidad.
La empresa promovió un juicio de nulidad administrativa ante la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada en la Ciudad de México, la cual a principios de marzo sentenció contra la empresa de origen extranjero, al exponer que la demanda es infundada porque no se demostró ninguna afectación directa por la entrega de estas infraestructuras marítimas.
“Resultan infundados los argumentos propuestos por la actora (...) Máxime, si la promovente no demostró que las áreas concesionadas interfirieran con los títulos que le fueron otorgados”, se lee en la sentencia 24994/23-17-11-5 de juicio ordinario de nulidad administrativa.
Calica buscó anular las concesiones a favor de la paraestatal quintanarroense publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de septiembre de 2023.
Se trató de la entrega de dos recintos portuarios ubicados en Cozumel, uno en Cancún, tres en Isla Mujeres y uno más en Chetumal, todos de vocación turística y donde se registran los más altos índices de ocupación hotelera en el país.
La transnacional alegó afectaciones en su zona de concesión portuaria de Punta Venado, ubicada al sur de Playa del Carmen, desde donde enviaba material pétreo a Estados Unidos, también parte de la disputa que mantiene con las autoridades mexicanas.
En 2022, por órdenes de López Obrador, la empresa dejó de exportar roca triturada proveniente de calizas extraídas bajo diversos métodos en suelo mexicano, entre ellos los explosivos, que finalmente dejaron un grave daño al acuífero y selva maya, tal como ha dado a conocer Proceso en el seguimiento del tema.
Según el expediente, la empresa argumentó que no fue consultada durante el procedimiento de entrega de las concesiones portuarias, que consideró poco claro.
La Secretaría de Marina rechazó los dichos de la minera, según la sentencia. Sostuvo que algunos de los recintos portuarios se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia, como el muelle La Aguada, ubicado en Chetumal, cerca de la frontera con Belice, por lo que no afectan ninguno de sus intereses.
Los recintos portuarios más cercanos al puerto Punta Venado se ubican a unos 20 kilómetros de distancia. Se trata de la terminal marítima de pasajeros del muelle de San Miguel y la terminal marítima de transbordadores, ambos en Cozumel. Éstos guardan estrecha relación con el abastecimiento de insumos a la isla y la actividad turística de recepción de cruceros.
La Apiqroo reportó en 2024, 4.6 millones de pasajeros que arribaron a Cozumel en cruceros, cifra que lo ubica dentro de las más altas a nivel internacional; incluso por varios años ha ocupado el primer lugar de este rubro en todo el mundo.
Frentes abiertos
Este nuevo conflicto iniciado por la empresa estadunidense no ha terminado, porque aún se encuentra a tiempo de apelar a otras instancias judiciales y administrativas.
El reclamo que mantiene Calica es constante: autoridades mexicanas han afectado sus intereses en suelo nacional.
A principios de marzo pasado —precisamente cuando fue emitida esta sentencia— 36 congresistas estadunidenses solicitaron formalmente al presidente Donald Trump su intervención en el conflicto que mantiene Vulcan Materials Company contra el gobierno de México por el control de los terrenos utilizados para extraer material pétreo.
En la misiva se subrayó que estos predios ubicados en la península de Yucatán se encuentran en un sitio estratégico para los intereses económicos y de seguridad estadunidenses, por lo que requieren vigilancia y protección.
También se destacó que están a un lado de la vía del Tren Maya, inversión que fue atribuida por los congresistas al Partido Comunista Chino; aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con tono de disgusto durante la conferencia matutina del 10 de marzo, aclaró que fue edificado con recursos públicos, y anuncio el envío de una carta aclaratoria por este tema.
Calica obtuvo de la Federación, en abril de 1987, la concesión para construir y operar el puerto Punta Venado, a unos 10 kilómetros del sur de Playa del Carmen, a un lado de los terrenos del ahora parque ecoturístico Xcaret.
Meses antes, Vulcan Materials Company, en sociedad con ICA, consiguió la autorización para la explotación de material pétreo en los terrenos ahora convertidos en reserva natural decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2001, Vulcan compró la parte de ICA, su único socio, quedando así con el control total de la concesión de extracción de material pétreo y zona portuaria.
El puerto Punta Venado ha sido crucial para su actividad, pues desde ese punto envió durante más de tres décadas a Estados Unidos los millones de toneladas de roca triturada extraídas de suelo mexicano, material de gran valor en la industria de la construcción.
Actualmente también mantiene un pleito por el control de Punta Venado, que se suma al litigio principal por la suspensión de explotación de piedra caliza sobre alrededor de dos mil 200 hectáreas por el decreto de septiembre de 2024 que creó el Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto sobre su propiedad, y que prohíbe cualquier actividad minera.
La disposición ha sido ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que Calica no volverá a extraer materiales en esa zona, pese a que sus terrenos no están expropiados y siguen inscritos a nombre de la empresa en el Registro de la Propiedad y el Comercio del municipio de Playa del Carmen, lo que fue constatado por este reportero.
Calica dirime el pleito más fuerte en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde pelea desde 2019 bajo las reglas del T-MEC, en busca de que el gobierno de México le pague más de 1,500 millones de dólares por los cierres efectuados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que escalaron por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
