El gobierno mexicano hizo un avalúo oficial y resultó en 6 mil o 7 mil millones de pesos, y es lo que se pagaría a la empresa estadunidense, sostuvo.
“Miren lo que hacen, a ver si esto lo pueden hacer en Florida, ¿por qué lo vienen a hacer aquí? (…) Está destruyendo la selva” y acusó que se les dio permiso de manera indebida para llevarse materiales como la grava para mejorar las carreteras de Estados Unidos.
“Estamos hablando del norte de Quintana Roo, de las zonas más bellas del mundo y ahí tienen este banco de material. Es una destrucción del medio ambiente; lo que pasa es que los ambientalistas no decían nada”, señaló.
El actual gobierno ha encontrado evasivas y negativas por parte de la empresa estadunidense, por lo que el jefe del Ejecutivo recurre a los mismos argumentos: “Dicen que van a recurrir a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, hay una cláusula donde estamos obligados los gobiernos a no destruir el territorio, a cuidar el medio ambiente”.
“Ya estamos trabajando en eso, pero la verdad se les envío la propuesta el avalúo y una arrogancia, lo tuvieron sin respuesta tres meses y ahora van a fingir que están siendo amenazados. Nada, no es ninguna amenaza, es imponerse sin razón, es para una demanda internacional”, les respondió.
El Ejecutivo federal recordó que en un inicio su administración buscó un acuerdo y que incluso recibió respuesta de la firma en torno a que esperarían un estudio para determinar cómo se usaría el terreno para otros fines, porque la propuesta del gobierno fue usar la zona impactada para el turismo, con un puerto para cruceros, además de destacar que el resto de las 2 mil 300 hectáreas es selva alta y hay manglares, al contrario de lo que sostiene la firma extranjera.
Simularon detener las operaciones cerca de un mes “y yo traía la idea de que estaban cumpliendo con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando iba para allá a supervisar del Tren Maya. No imaginaron que iba a ir un martes o miércoles y que pasó y veo que seguían destruyendo, dinamitando”.
Aun con ese incumplimiento, el gobierno insiste en un acuerdo formal de comprarles el terreno “y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y les preocupa mucho el cambio climático”; para el acuerdo, el gobierno mexicano hizo un avalúo oficial y resultó en 6 mil o 7 mil millones de pesos y que es lo que pagarían.
También advirtió que el gobierno no se moverá de esa cifra porque la hizo la institución encargada de esa labor y porque “estaríamos cayendo un acto de corrupción”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.
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